Elecciones Santo Tomé y Príncipe: reelección de Carlos Vila Nova y desafíos democráticos tras la crisis de 2025

Las últimas elecciones presidenciales celebradas el pasado día 19 de julio de 2026 en Santo Tomé y Príncipe han vuelto a constituir un hito democrático en la evolución política del archipiélago africano (Freedom House, 2025). Aunque la presidencia posee competencias limitadas dentro del sistema semipresidencial santotomense, los comicios han adquirido una trascendencia especial al celebrarse tras una prolongada controversia institucional originada por la destitución del Gobierno en enero de 2025. La victoria del presidente Carlos Vila Nova en la primera vuelta garantiza la continuidad de la jefatura del Estado, si bien las circunstancias políticas que precedieron a las elecciones ponen de manifiesto los desafíos existentes en la relación entre los distintos poderes del Estado.

Contexto político e institucional santotomense

Desde la instauración del pluralismo político en 1990, Santo Tomé y Príncipe ha sido una de las democracias más estables del África subsahariana. La alternancia política mediante elecciones competitivas, la limitada participación de las Fuerzas Armadas en la vida pública (Bertelsmann Stiftung, 2024), un historial relativamente reducido de violencia política y su escasa población y pequeño territorio han diferenciado al país de otros Estados regionales.

Sin embargo, durante el año 2025 el sistema institucional afrontó una de sus situaciones más complejas. El 6 de enero, el presidente Carlos Vila Nova destituyó al primer ministro Patrice Trovoada y a su gabinete, argumentando la necesidad de responder a problemas de gobernabilidad, prolongadas ausencias del jefe del Ejecutivo y dificultades para impulsar la acción gubernamental.

La decisión fue rechazada por Trovoada, quien sostuvo que el presidente había excedido sus competencias constitucionales. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia consideró que la destitución resultaba incompatible con el marco constitucional, aunque determinó que la resolución judicial no tendría efectos retroactivos con el objetivo de preservar la continuidad institucional.

Fragmentación política y reconfiguración del Ejecutivo

La crisis institucional desembocó en una creciente fragmentación interna de la Acción Democrática Independiente (ADI), formación que disponía de la mayoría parlamentaria. La organización quedó dividida entre el sector encabezado por Patrice Trovoada y otro grupo favorable al nuevo primer ministro, Américo Ramos, cuyo nombramiento fue respaldado por el presidente Vila Nova.

Antes de la designación de Ramos, el jefe del Estado había encargado la formación de gobierno a Ilza Amado Vaz, quien presentó su dimisión pocos días después al considerar que las circunstancias políticas dificultaban el desarrollo eficaz de la acción ejecutiva.

La permanencia de Ramos fue posteriormente respaldada mediante una resolución aprobada por la Asamblea Nacional, circunstancia que ha permitido mantener el funcionamiento ordinario de las instituciones hasta la pasada convocatoria electoral.

Unas elecciones en un sistema semipresidencial africano

El presidente de Santo Tomé y Príncipe es elegido mediante sufragio universal para un mandato de cinco años bajo un sistema de doble vuelta. En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta de los votos válidos en la primera ronda, los dos aspirantes más votados concurren a una segunda votación.

Aunque el jefe del Estado desempeña funciones principalmente representativas, la Constitución le atribuye competencias relevantes en materia de mediación institucional, promulgación legislativa, política exterior y determinados nombramientos, lo que convierte a la presidencia en un actor significativo dentro del equilibrio político del país (Constitución de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, 1990).

Para estas elecciones se habían registrado 142,191 electores, de los cuales aproximadamente un 14% corresponderían a ciudadanos residentes en el extranjero –principalmente Portugal, Angola y Gabón–, reflejando el peso demográfico de la diáspora santotomense.

La campaña electoral

El proceso electoral estuvo condicionado por varios acontecimientos que modificaron la configuración inicial de la competición. 

El Tribunal Constitucional invalidó la candidatura de Nino Monteiro, mientras que el líder del Movimiento para la Liberación de Santo Tomé y Príncipe / Partido Social Demócrata, Jorge Bom Jesus, anunció su retirada después de que su partido decidiera respaldar oficialmente la candidatura del presidente Carlos Vila Nova. Al producirse fuera del plazo legalmente establecido, su nombre permaneció en las papeletas electorales, aunque la formación ya había manifestado públicamente su apoyo al presidente en ejercicio. En consecuencia, la contienda terminó concentrándose fundamentalmente entre Carlos Vila Nova y Nito Abreu, representante de Acción Democrática Independiente.

Resultados y participación

Los resultados provisionales otorgaron la victoria a Vila Nova con 31,596 votos (55,94%), superando el umbral necesario para evitar la segunda vuelta electoral. Por su parte, Nito Abreu obtuvo 23,394 votos (41,42%), mientras que Miques Joao Bonfim alcanzó el 1,58% y Eugénio Tiny el 1,07% de los sufragios válidos (RFI, 20 de julio de 2026).

Uno de los elementos más relevantes de la jornada fue el reducido nivel de participación electoral. Con aproximadamente 58,300 votos emitidos sobre un censo superior a los 142,000 electores, la abstención se situó en torno al 60%, lo que constituye un indicador preocupante del grado de movilización política y de la confianza ciudadana en las instituciones representativas nacionales.

Conclusión e implicaciones políticas

La reelección de Carlos Vila Nova proporciona continuidad a la jefatura del Estado en un momento de elevada sensibilidad institucional. No obstante, el resultado electoral no modifica por sí mismo los debates jurídicos surgidos tras la destitución del Gobierno en 2025 ni elimina las tensiones existentes dentro del sistema política santotomense.

Desde una perspectiva comparada, las elecciones de 2026 muestran la capacidad de las instituciones para canalizar las controversias políticas mediante mecanismos constitucionales y electorales, evitando escenarios de ruptura institucional observados en otros países africanos durante los últimos años. A su vez, la elevada abstención y la persistencia de divisiones entre los principales actores políticos evidencian que la estabilidad democrática depende tanto de la celebración periódica de elecciones como de la consolidación de consensos institucionales y de la confianza ciudadana en el funcionamiento del Estado (Diamond, 1999).