Nicaragua: el campo de batalla digital

En la era digital, donde la información circula de manera acelerada y masiva, la verificación de datos se ha convertido en una herramienta esencial para garantizar la veracidad y la transparencia del discurso público. Sin embargo, en países donde la libertad de prensa está gravemente amenazada, como es el caso de Nicaragua, esta práctica enfrenta obstáculos estructurales, políticos y culturales que dificultan su existencia y desarrollo.

Actualmente, según la International Fact-Checking Network (IFCN), no existen verificadores de datos registrados en Nicaragua: ni activos, ni en proceso de renovación, ni caducados. Del mismo modo, la plataforma del Duke Reporters’ Lab, una de las principales bases de datos de proyectos de verificación a nivel mundial, no reporta actividad alguna relacionada con el fact-checking en el país.

Esta ausencia es reveladora y está estrechamente vinculada al contexto político y social que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, cuando se desencadenaron masivas protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La represión estatal contra la prensa independiente se intensificó a partir de ese momento, y al menos 120 periodistas han debido exiliarse para evitar represalias, según la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

La falta de organizaciones verificadoras no se explica únicamente por la represión política. También influye la concentración de medios en manos del Estado, el bloqueo de acceso a fuentes oficiales, y la ausencia de políticas públicas que promuevan la transparencia informativa. En este clima, cualquier intento de crear iniciativas de verificación de datos queda neutralizado, ya sea por la censura directa o por la falta de condiciones para operar con independencia.

Además, Nicaragua sufre una crisis profunda de acceso a la información confiable, agravada por la limitada alfabetización digital y mediática de su población. El acceso a internet ha crecido en los últimos años, pero el consumo informativo está concentrado principalmente en plataformas como Facebook, donde proliferan las noticias falsas y los contenidos manipulados. En ausencia de proyectos de fact-checking institucionalizados, la desinformación circula sin contención ni filtros.

Otro factor determinante es la escasez de recursos y el temor a represalias. La verificación de datos requiere equipos capacitados, herramientas tecnológicas, financiamiento sostenible y libertad para investigar. Ninguna de estas condiciones se encuentra hoy garantizada en Nicaragua. Los medios independientes que aún resisten lo hacen con grandes dificultades económicas y bajo constante amenaza legal e institucional.

En definitiva, la inexistencia de fact-checkers en Nicaragua es reflejo de un ecosistema mediático deteriorado, en el que la desinformación no solo prolifera, sino que, en muchos casos, forma parte de una estrategia estatal de control informativo. Esta situación representa un serio obstáculo para el ejercicio del periodismo libre y para el derecho ciudadano a recibir información veraz.

La ausencia de verificación de datos en Nicaragua no es una casualidad, sino el resultado de un entramado de censura, exilio, precariedad y falta de voluntad política. Ante esta realidad, se vuelve urgente fomentar la alfabetización digital, apoyar a los medios en el exilio y fortalecer redes regionales e internacionales que permitan recuperar, desde afuera si es necesario, el derecho a la verdad en un país donde la información se ha convertido en un campo de batalla.