Nicaragua: una historia de represión, exilio y resistencia

Desde que Daniel Ortega volvió al poder en 2006, Nicaragua ha vivido un deterioro progresivo de su democracia, y una de sus víctimas más visibles ha sido la libertad de prensa. Lo que comenzó como un control paulatino del poder, se transformó en una feroz persecución contra periodistas, medios y voces críticas que se atrevieran a cuestionar al régimen.

Clasificación de Nicaragua según los indicadores sociopolíticos. Fuente: Reporteros Sin Fronteras.

La situación ha hecho que Nicaragua caiga en picada en el ranking mundial de libertad de prensa: del puesto 90 en 2018 al 163 en 2024. El país se ha convertido en uno de los peores lugares del continente para ejercer el periodismo. En palabras de RSF, lo que viven los periodistas nicaragüenses “se asemeja a una película de terror”. Pero lamentablemente, no es ficción.

Las protestas masivas de 2018 fueron el punto de quiebre. La represión fue brutal: asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones. El periodismo independiente, lejos de callar, se convirtió en testigo incómodo de los abusos. Desde entonces, ser periodista en Nicaragua se ha vuelto una profesión de alto riesgo. Las leyes creadas para silenciar disidentes —como la Ley de Ciberdelitos— han servido para encarcelar a comunicadores como Miguel Mendoza, por simples publicaciones en redes sociales.

A través del uso del poder judicial como arma política, el régimen ha allanado redacciones, confiscado equipos, retirado nacionalidades y obligado al exilio a decenas de periodistas. Los medios independientes prácticamente han desaparecido del país: más de veinte han cerrado, y los pocos que sobreviven lo hacen desde el extranjero o bajo extrema autocensura.

Casos emblemáticos como el de La Prensa, el diario más antiguo del país, reflejan esta ofensiva. Sus instalaciones fueron allanadas, su papel confiscado y su gerente encarcelado por cargos fabricados. Hoy, toda su redacción trabaja en el exilio. La portada en blanco que publicaron en 2019 es ya un símbolo de resistencia.

En un país donde la Constitución promete libertad de expresión pero el gobierno persigue hasta a los caricaturistas, el periodismo se ha convertido en un acto de valentía. Nicaragua es hoy un ejemplo trágico de cómo una prensa libre puede ser asfixiada con leyes, represión y exilio… pero también de cómo puede sobrevivir contra todo pronóstico.

En Nicaragua, ser periodista independiente se ha convertido en una profesión de alto riesgo, casi una misión clandestina. Entre 2018 y 2023, 49 medios de comunicación han sido cerrados, varios de ellos tras violentos allanamientos y confiscaciones. Durante 2022, la represión se intensificó: 31 medios cerraron, otros fueron sacados de la televisión por cable, y varios programas de opinión desaparecieron del aire por miedo a represalias.

La ofensiva gubernamental no se detiene ante nada: destrucción de antenas, confiscación de equipos, bloqueos económicos, clausura de frecuencias, vigilancia, detenciones y desapariciones forzadas. En julio de 2024, la periodista Fabiola Tercero Castro fue secuestrada por la policía y desde entonces nada se sabe de ella. Y en noviembre del mismo año, el veterano periodista Leo Cárcamo fue encarcelado nuevamente, tras años de ser perseguido por su labor informativa.

La Iglesia Católica también ha sido blanco: 19 medios católicos cerrados en una sola ola represiva. Mientras tanto, periodistas trabajan a escondidas, sin firmar sus notas y con temor a ser identificados solo por portar una cámara.

En este oscuro panorama, Reporteros Sin Fronteras ha destinado el 70% de sus fondos de emergencia en 2024 a ayudar a periodistas perseguidos, muchos obligados al exilio. Más de 700 comunicadores recibieron apoyo económico, legal o psicológico para huir de amenazas, cárceles o incluso la muerte.