Nicaragua y la consolidación del régimen Ortega-Murillo: autocracia, represión y fin de las elecciones

“Qué se olviden, aquí no volverá a haber elecciones, no volverá a haber elecciones para que ellos (oposición) intenten atrapar el gobierno, atrapar el poder” estas fueron las palabras con las que Daniel Ortega—presidente de Nicaragua que durante tres décadas ha gobernado el país— sepultaba prácticamente la aparente normalidad democrática que su Gobierno ha querido mantener durante su periodo en el poder (BBC News Mundo, 2026). 

Ante los ojos de expertos e instituciones internacionales, Nicaragua habría consolidado su transición de un “régimen híbrido” hacia una autocracia consolidada y una dictadura de carácter dinástico-familiar tal y como indican Good et al. (2026) y Argueta (2026). El estatus democrático actual del país se caracteriza por el desmantelamiento absoluto de los contrapesos institucionales, la supresión de los derechos políticos y la institucionalización de la represión (Sánchez, 2026) (Paolanti & Saccoliti, 2025). 

Una buena forma de medir la calidad de una Democracia es acudir a los índices globales de democracia donde, Nicaragua, presenta un deterioro sostenido que sitúa al país en los niveles más bajos de calidad institucional a nivel mundial. 

Por ejemplo, en Varieties of Democracy, el informe ubica al régimen sandinista en el puesto 175 de 179 naciones evaluadas, clasificando a Nicaragua como una “autocracia consolidada” al nivel de Corea del Norte, Eritrea o Myanmar.  Otro índice importante es el emitido por la Freedom House, quienes consideran a Nicaragua un Estado “No libre” tras observar claras recesiones en los apartados relacionados con elecciones creíbles, pluralismo y partidos políticos y libertades civiles. 

Ahora bien, el proceso de autocratización en Nicaragua no ha sido un evento súbito, sino una transición deliberada y sistemática descrita por Sabatini (2023) como un deslizamiento “gradual, y luego repentino” hacia el totalitarismo. Expertos como Levitsky y Zibblat (2018) en la obra Como mueren las Democracias, establecen que el desmantelamiento democrático se inicia de manera imperceptible y gradual mediante la realización de diferentes prácticas que socavan las instituciones y los guardarraíles de la democracia. 

El signo más evidente del autoritarismo nicaragüense es el control absoluto de todas las ramas del Estado por parte del Ejecutivo. La captura y la subordinación de las instituciones al Ejecutivo se produjo cuando, en 2025, se reformó el artículo 132 de la Constitución formalizando la “coordinación” de la Presidencia de los poderes Legislativo, Judicial y Electoral, eliminando de facto la independencia de poderes (Global Centre for the Responsibility to Protect, 2026) (The Global State of Democracy, 2026). 

Además, se instituyó la figura de “copresidentes” para Daniel Ortega y Rosario Murillo—la mujer del presidente ex-guerrillero—, otorgándoles igual autoridad y legalizando una estructura de poder familiar (Heredia, 2026). Al mismo tiempo, Nicaragua ha pasado de tener elecciones cuestionadas—tal y como sucedió en el 2021— a la supresión total de la competencia política. El reciente anuncio en julio de 2026 donde Ortega declara el fin de los comicios marca un abandono definitivo incluso de la apariencia democrática demostrando la intención de perpetuarse en el poder de forma indefinida (Reuters, 2026) (R. Ramdin, 2026). 

Asimismo, se ha observado la erradicación del espacio cívico y cualquier forma de pluralismo gracias a que, el régimen sandinista, ha operado bajo la premisa castrista de “dentro de la revolución todo, fuera nada”, asfixiando cualquier forma de autonomía social (Larralde, 2021). Como resultado, desde 2018 se han cancelado más de 5.670 ONG, eliminando el tejido asociativo del país. Igualmente, al menos 61 medios de comunicación han sido cerrados o confiscados; situación similar ocurre con las universidades donde se ha revocado el estatus legal de numerosas universidades y se ha centralizado la acreditación académica bajo una oficina controlada por el gobierno para evitar el pensamiento crítico (Argueta, 2026) (Global Centre for the Responsibility to Protect, 2026). 

Por último, el mantenimiento del orden autocrático se apoya en una política de Estado de represión sistemática que conduce a violaciones de derechos humanos, denunciadas por el  Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU. El GHREN reporta que, tanto dentro como fuera del país, se ha extendido un sistema de vigilancia y asesinato de exiliados a la vez que se dan privaciones arbitrarias de la nacionalidad, donde al menos 452 personas han sido despojadas de su ciudadanía (CIDH, 2026) (R. Ramdin, 2026).

A nivel regional e internacional, la posición del país en el tablero global se ha reconfigurado bajo una lógica de resistencia estática y confrontación permanente donde el régimen prioriza su supervivencia frente a los objetivos nacionales de desarrollo (Martínez, 2026). 

En este contexto, la política exterior nicaragüense ha quedado reducida a una lógica transaccional y de confrontación permanente. El quiebre con el Sistema Interamericano—con su retirada de la OEA en 2023— y el alineamiento táctico con potencias como Rusia, China e Irán representan una sustitución de alianzas que intercambia soberanía territorial y recursos por protección diplomática puntual (R. Ramdin, 2026) (Martínez, 2026). 

Igualmente, la institucionalización de la represión transnacional —manifestada en la apatridia arbitraria y el acoso al exilio— ratifica el quiebre absoluto del país con el derecho internacional y la arquitectura global de los derechos humanos.

En conclusión, Nicaragua encarna un fenómeno de autodesconexión geopolítica donde la noción de soberanía ha sido distorsionada para justificar la marginación. Al erigirse como un punto ciego en la agenda del desarrollo, la transición energética y la seguridad regional, el régimen ha condenado al Estado a una irrelevancia estratégica en el escenario global, erigiéndose como una entidad presente en la geografía centroamericana, pero ausente del tablero donde se articulan los consensos geopolíticos del siglo XXI.