Desafíos de la democracia en América Latina

Con la vuelta de la democracia en Chile el 11 de marzo de 1990 se cerraba el ciclo de dictaduras militares que —en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por los Estados Unidos, principalmente a través de sus organismos de defensa e inteligencia, y con la participación cívico-militar local— habían signado el destino político de gran parte de América Latina. Estas dictaduras se justificaban en la necesidad de combatir al denominado “enemigo interno”, término utilizado para definir a cualquier asociación civil o movimiento cuya ideología se contrapusiera con los valores occidentales capitalistas promovidos por Washington. En la práctica, su alcance fue mucho más amplio: alcanzó a partidos políticos, asociaciones sindicales, estudiantiles e incluso religiosas. Durante este periodo, y con matices entre países, el factor común fue la violación sistemática de las libertades constitucionales y de los derechos humanos.

Con el abandono de la Doctrina de Seguridad Nacional en la región, coincidente con la finalización de la Guerra Fría y el inicio del denominado “Nuevo Orden Mundial”, tuvo lugar un renacer democrático que —no exento de crisis y dificultades— constituyó el ciclo de democratización más extendido de la historia latinoamericana.

¿Qué cambió?

La vuelta de la democracia en muchos países de la región estuvo acompañada por la renovación de la esperanza de poder romper con las dinámicas de pobreza y exclusión que, durante décadas, marcaron a América Latina. Sin embargo, la falta de respuestas efectivas por parte de los gobiernos en materia de desigualdad, exclusión y oportunidades, combinada con el avance de la corrupción y la desconfianza en la legitimidad de los procesos electorales, profundizó la desconfianza ciudadana en la democracia y, sobre todo, en los valores republicanos. Este escenario favoreció la emergencia de liderazgos personalistas y populistas, tanto de izquierda como de derecha.

De acuerdo con un informe del Georgetown Americas Institute, pueden identificarse síntomas claros de deterioro democrático en varios países de la región. Entre los más relevantes, el estudio señala la polarización y fragmentación extrema, el debilitamiento institucional y el surgimiento de movimientos autoritarios o la transformación de gobiernos electos democráticamente en regímenes cada vez más autoritarios. En estos casos, mandatarios surgidos de las urnas han comenzado a debilitar contrapesos fundamentales como la libertad de prensa, la autonomía del poder judicial y los organismos de control.

Para graficar lo descripto hasta aquí, veamos algunos casos:

El caso más emblemático es el de Venezuela. Durante los últimos años de la presidencia de Hugo Chávez y, sobre todo, tras la llegada al poder de Nicolás Maduro, el país entró en una espiral descendente de represión, ataques a la prensa y vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos. Como consecuencia directa, y de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, casi 8 millones de venezolanos han abandonado el país desde la llegada de Maduro al poder.

En El Salvador, la deriva autoritaria se evidencia en la concentración del poder ejecutivo por sobre el legislativo y el judicial, la vigilancia y hostigamiento a partidos de la oposición, las arbitrariedades del estado de excepción aplicado en el combate a las pandillas, el hostigamiento a los medios independientes y las reformas constitucionales que habilitan la reelección presidencial indefinida. En 2025, El Salvador recibió una calificación de 47/100 en términos de libertades políticas y civiles, seis puntos menos que el año anterior.

Similares prácticas estatales se observan en Nicaragua, donde la represión a disidentes, la concentración del poder, el cierre de ONGs y universidades, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la creación de fuerzas policiales paraestatales han llevado esta calificación al nivel de 14/100 en libertades políticas y civiles, apenas un punto por encima de Venezuela.

Bolivia, por su parte, atraviesa un proceso de normalización institucional tras años de inestabilidad que comenzaron con la renuncia de Evo Morales en medio de un intento de golpe de Estado y su posterior inhabilitación para competir en elecciones. En los comicios más recientes, el MAS —partido que dominó la política boliviana durante casi dos décadas— quedó fuera del ballotage, que se definirá en octubre entre dos candidatos de derecha. El desafío central para Bolivia es hoy recomponer su delicada situación económica en un marco de extrema fragilidad institucional.

Finalmente, aunque no atraviesan una deriva autoritaria en sentido estricto, es necesario poner atención en lo que ocurre en Brasil, Argentina y Perú, los tres países más grandes de Sudamérica.

En cuanto a Brasil, recientemente se conoció la condena a 27 años de prisión para el expresidente Bolsonaro quien tras perder las elecciones presidenciales frente al actual presidente, Lula da Silva, encabezó un intento de golpe de estado que finalmente no prosperó.

Mientras que en Argentina recientemente se efectivizó la condena a prisión e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidente y una vez vicepresidente de ese país por causas de corrupción. Cristina Fernández de Kirchner es la principal líder del partido de la oposición y su condena e inhabilitación llegan en el marco de una campaña electoral que la tenía como candidata.

El caso argentino es particular porque si bien desde la vuelta de la democracia en 1983 el ejercicio electoral se realizó de manera ininterrumpida y sin mayores alarmas de fraude, las recurrentes crisis económicas, los casos de corrupción, la fragmentación y la tendencia hacia la polarización dieron por resultado una falta de interés en el ejercicio electoral. Al respecto, la participación de las últimas elecciones se encontró 19 puntos porcentuales debajo de la media histórica.

Colombia es una de las democracias más estables de América Latina. Mientras gran parte de la región se encontraba sumida en dictaduras Colombia logró mantenerse al margen de esa dinámica y, tras 1958, consolidó la alternancia democrática. En la actualidad, los informes internacionales de libertades políticas y civiles la ubican como un país “relativamente libre”, con una calificación de 70/100 en el índice de Freedom House.

Sin embargo, la estabilidad formal no elimina los desafíos estructurales. Desde hace décadas, el país enfrenta altos niveles de violencia política, la persistencia de grupos armados ilegales y un Estado con limitada capacidad de ejercer soberanía en áreas periféricas. A ello se suman la corrupción y la creciente polarización de la clase política, factores que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones.

De acuerdo con un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), desde 2016 han sido asesinados 74 candidatos a cargos de elección popular, siendo el caso más reciente y de mayor impacto el de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial para 2026, asesinado en junio de 2025. Los números se vuelven aún más alarmantes si se consideran también los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, donde la cifra asciende a 2.282 asesinatos en los últimos nueve años.

Estas cifras reflejan con crudeza la peligrosidad asociada a la vida política en Colombia, recordando que la democracia formal no siempre garantiza condiciones seguras para el ejercicio pleno de los derechos políticos y civiles.

Por último, Perú atravesó seis presidencias en apenas siete años, debido a renuncias y destituciones. Si bien se mantiene la continuidad electoral, la fragilidad institucional y las recurrentes crisis políticas impiden que los presidentes electos concluyan sus mandatos, colocando a su democracia en una situación de extrema vulnerabilidad.

Conclusión

A más de cuatro décadas del inicio de la tercera ola democrática en América Latina, la región enfrenta hoy un escenario ambivalente. Si bien la mayoría de los países mantiene elecciones regulares y procesos institucionales básicos, el deterioro de la calidad democrática es evidente: la polarización, la corrupción, la desconfianza ciudadana y el avance de liderazgos personalistas han socavado contrapesos esenciales. Casos como Venezuela y Nicaragua muestran regímenes autoritarios consolidados; otros, como El Salvador, evidencian un tránsito acelerado hacia la concentración del poder; mientras que democracias de mayor peso como Brasil, Argentina, Colombia y Perú exhiben vulnerabilidades serias que erosionan la confianza en el sistema.

El desafío inmediato de la región no es solo preservar las formas de la democracia, sino garantizar su contenido: que las instituciones respondan a los ciudadanos, que se respeten los derechos humanos y que el ejercicio político se traduzca en mejoras concretas para sociedades atravesadas por la desigualdad y la inseguridad. En definitiva, la democracia latinoamericana ya no se mide únicamente en urnas y mandatos cumplidos, sino en su capacidad de sostener libertades, generar confianza y ofrecer horizontes de dignidad y justicia a sus pueblos.