Elecciones Costa Rica: resultados, giro a la derecha y nuevo mapa político

Las elecciones generales de Costa Rica de 2026, celebradas el 1 de febrero, marcan la decimoctava cita electoral del país en el marco de su democracia moderna –instauración de la Segunda República tras la Constitución de 1949–, tras las elecciones anteriores en 2022. Este proceso permite a la ciudadanía escoger tanto a su presidente como a los miembros de la Asamblea Legislativa, consolidando la práctica democrática como un elemento central de la vida política del país hispanoamericano. La regularidad de los comicios y la alternancia en el poder son características distintivas del país, lo que refuerza, nuevamente, la estabilidad institucional del mismo.

Costa Rica se distingue en la región por su solidez y credibilidad de su sistema electoral e institucional. El Tribunal Supremo de Elecciones, organismo autónomo y altamente confiable, es responsable de organizar y supervisar los comicios, asegurando transparencia, imparcialidad y legitimidad en cada etapa del proceso. La independencia del TSE y el respeto ciudadano por sus decisiones han generado un clima de confianza que permite que los resultados reflejen de manera firme y fiel la voluntad del electorado, reforzando a San José como referente democrático de calidad en América del Sur.

El sistema electoral costarricense combina la elección directa de presidente, que puede requerir una segunda vuelta si ningún candidato supera el 40% de los votos válidos, con un modelo proporcional para la asignación de diputados en la Asamblea Legislativa. Esta combinación asegura la representatividad política y la pluralidad partidaria. En este sistema proporcional, los escaños se distribuyen según el porcentaje de votos que cada uno obtiene en las siete circunscripciones provinciales con listas cerradas, lo que garantiza que fuerzas minoritarias tengan representación o pueden alcanzar la misma. Esto, permite garantizar el equilibrio y la legitimidad del Ejecutivo, que requiere un amplio respaldo ciudadano, con la representatividad y la pluralidad legislativa, asegurando que diversas corrientes puedan influir en la toma de decisiones.

Resultados electorales 2026: panorama nacional y legislativo

Los resultados provisionales de los comicios presidenciales de 2026 en Costa Rica, con un 96,18% de las juntas nacionales procesadas y más de 2,494,611 votos recibidos, permiten ya una lectura política sólida y medianamente estable del escenario electoral total. El nivel de avance del escrutinio hace muy improbable un cambio sustancial en el orden de las fuerzas, por lo que la incertidumbre del conteo restante queda disipada en favor de las tendencias estructurales. Estos hechos, se enmarcan dentro de un país con alto grado de confiabilidad institucional, siendo Costa Rica, el segundo país del mundo hispanohablante en la clasificación mundial por índice de democracia. 

La participación electoral ha alcanzado, de momento, el 69,10% (equivalente 2,480,032 votos), con un abstencionismo del 30,90% (de un padrón de 3,588,935 electores), cifras que confirman una movilización relevante del electorado, aunque sin llegar a niveles tan elevados como en comicios previos. Este comportamiento sugiere que la elección ha sido competitiva y significativa, pero pone de manifiesto la persistencia de un aumento de la abstención estructural que afecta a casi un tercio del padrón costarricense. Aún así, el volumen de votos emitidos otorga legitimidad democrática clara al proceso y al resultado que de él derive, siendo, como hemos mencionado, un faro democrático en la región.

En este contexto, el partido Pueblo Soberano ha emergido como la fuerza claramente dominante de la elección, con el 48,33% de los votos válidos. Se trata de un resultado muy cercano a la mayoría absoluta, lo que evidencia tanto un respaldo social amplio como un resultado transversal, además, más que suficiente, en términos estrictos, para hablar de una victoria rotunda e incuestionable en primera vuelta, teniendo en cuenta que el umbral legal exige superar el 40% –artículo 138 de la Constitución Política de Costa Rica–, por lo que no cabe posibilidad de realizar una segunda vuelta. La ventaja sobre el segundo contrincante es contundente, cercana a los quince puntos porcentuales, lo que configura una elección asimétrica y consolida a Pueblo Soberano como el partido como el principal referente político del momento en el país hispanoamericano.

El partido ganador ha logrado cumplir con los datos expuestos por casi la totalidad de encuestadoras costarricenses respecto a la candidatura presidencial, superando incluso el porcentaje que todas ellas les daban, convirtiendo a Laura Fernández Delgado en la 50ª presidenta electa de la República de Costa Rica y a Francisco Gamboa Soto como vicepresidente de la nación. 

Liberación Nacional, con un 33,44% de los votos, se ha consolidado como la segunda fuerza del país y como núcleo central de la oposición. Aunque su votación es significativa y refleja una cierta base electoral, el resultado evidencia incapacidades para disputar realmente el liderazgo de los comicios o la posibilidad de ser una oposición contundente frente al primer puesto. La distancia respecto al partido ganador tampoco sugiere un escenario de polarización equilibrado, sino más bien un predominio claro de la fuerza vencedora sobre la otra, lo que condiciona la dinámica política que se irá desarrollando posteriormente.

A partir del tercer lugar, el sistema pluralista de partidos muestra una fragmentación y atomización marcada. Ninguna de las dieciocho fuerzas restantes logra alcanzar el 5% de los votos –siendo Coalición Agenda Ciudadana el más votado con un 4,85% – y la mayoría de las mismas se sitúan incluso por debajo del 1%, lo que plasma un tercer polo prácticamente inexistente y poco competitivo. Esta dispersión electoral indica dificultades que los partidos costarricenses han tenido para articular proyectos alternativos de alcance nacional y refuerza la lógica bipartidista del voto útil, concentrado mayoritariamente en las dos principales fuerzas de oposición –evento similar observable en contextos políticos de democracias hispanoamericanas del momento, como Chile o Argentina–. El peso político queda, por tanto, ligado a las alianzas y apoyos indirectos de la oposición, dejando de lado la capacidad real de disputar el poder ejecutivo y muy deteriorado su mismo peso en el ámbito legislativo.

La presencia de numerosos partidos con porcentajes inferiores al 1% acentúa la microfragmentación del sistema. Aunque formalmente existe el pluralismo, en la práctica muchas de las agrupaciones funcionan como opciones testimoniales, con escasa incidencia en el resultado general. Este fenómeno sugiere un sistema partidario que, pese a su diversidad nominal, tiende a concentrar efectivamente el poder electoral en pocas fuerzas con capacidades de movilización masivas. 

Distribución provincial del voto presidencial en Costa Rica.

Respecto al bajo nivel de votos nulos y blancos, los cuales apenas superan el 1% (en torno a 27,264 votos) del total, refuerza la idea de un electorado mayoritariamente decidido y con claridad frente a la oferta política. No se observa un uso del voto inválido como mecanismo de protesta, lo que apunta a unas elecciones definidas por la competencia entre proyectos –aunque en la práctica escasos– que por el rechazo generalizado al sistema.

En conjunto, los resultados describen un escenario de predominio claro de Pueblo Soberano, una oposición relevante pero distante encabezada por Liberación Nacional y un sistema fragmentado y debilitado en los niveles intermedios. A continuación, presentamos una tabla con los partidos políticos, votos válidos y porcentajes a nivel nacional:

Partido político	Ideología	Votos válidos	Porcentaje (%)
Pueblo Soberano	Derecha	1,191,727	48,30%
Liberación Nacional	Centroizquierda	825,041	33,44%
Coalición Agenda Ciudadana	Centro reformista	119,700	4,85%
Frente Amplio	Progresismo	92,826	3,76%
Unidad Social Cristiana	Centro-derecha	68,732	2,79%
Nueva República	Derecha conservadora	53,797	2,18%
Avanza	Centro	43,968	1,78%
Unidos Podemos	Centro-derecha	21,126	0,86%
Liberal Progresista	Derecha liberal	11,179	0,45%
Progreso Social Democrático	Socialdemocracia	8,809	0,36%
Nueva Generación	Centro	5,992	0,24%
Centro Democrático y Social	Centro	5,659	0,23%
Integración Nacional	Centro-izquierda	4,433	0,18%
Justicia Social Costarricense	Centro-izquierd	3,414	0,14%
De la Clase Trabajadora	Obrerismo	2,737	0,11%
Unión Costarricense Democrática	Centro	1,995	0,08%
Esperanza Nacional	Centro	1,801	0,07%
Esperanza y Libertad	Centro-derecha	1,550	0,06%
Aquí Costa Rica Manda	Nacionalismo	1,442	0,06%
Alianza Costa Rica Primero	Nacionalismo	1,419	0,06%

Con base en los datos agregados de votación y asignación de escaños legislativos (todavía en recuento), el panorama de la nueva Asamblea Legislativa se caracteriza por una clara concentración del poder parlamentario en dos fuerzas principales, con una presencia relevante pero secundaria de partidos medianos y una representación muy limitada del resto del espectro.

Pueblo Soberano (PPSO), encabezado por Fernández Delgado, se consolida como la primera fuerza legislativa del país al obtener 1,185,446 votos, equivalentes a 31 de los 57 escaños nacionales. Este resultado le otorga una posición de dominio de la Asamblea, quedando muy por encima de la mayoría absoluta. Alcanza pues, por sí solo, el control total del órgano legislativo, en el cual dispondrá de una capacidad decisiva completa para marcar la agenda parlamentaria, condicionar la formación de mayorías y liderar procesos legislativos con apoyos puntuales.

En segundo lugar se ubica Liberación Nacional (PLN) nuevamente, con Álvaro Ramos Chaves como principal figura de la oposición, que obtiene 819,992 votos, equivalentes a 17 escaños legislativos, perdiendo dos escaños frente a las elecciones de 2022. Aunque la distancia respecto a Pueblo Soberano es más que considerable, el PLN se mantiene como fuerza opositora, con un bloque parlamentario donde podrá hacer cierta influencia y marcar de forma decisoria ciertas votaciones, especialmente en aquellas que requieran consensos amplios o mayorías cualificadas.

Muy por detrás de estas dos fuerzas, Coalición Agenda Ciudadana, vinculada al PAC y representada por Claudia Dobles Camargo, con 119,010 votos, se encuentra en la pugna por un único diputado electo con Partido Acción Ciudadana y el Partido Unidad Social Cristiana. Este resultado confirma el fuerte retroceso del espacio progresista y socialdemócrata tradicional y su transformación en una fuerza marginal dentro del Parlamento, con una capacidad de incidencia casi inexistente y dependiente de forma completa de alianzas coyunturales con bancadas mayores.

Por su parte, el Frente Amplio, con Ariel Robles Barrantes como referente, ha obtenido 92,249 votos, traducibles a 7 diputados, sumando un escaño frente a 2022, pese a haber perdido casi el 50% de su electorado. Este dato es revelador, ya que muestra una cierta eficiencia en la conversión de votos en escaño –favorecida por la circunscripción territorial empleada mediante el método del cociente, subconsciente y residuo mayor, variación del sistema Hare, reduciendo la proporcionalidad pura, favoreciendo el umbral efectivo en provincias con pocos escaños y beneficiando a partidos nacionales–, lo que ha permitido al Frente Amplio consolidarse como una bancada de tamaño medio con peso político real. Aunque su porcentaje de votos es reducido, su número de diputados le permitirá actuar como un actor “bisagra” en discusiones puntuales y reforzar la visibilidad progresista en el debate legislativo.

La distribución de diputaciones refleja un sistema legislativo claramente asimétrico. Pueblo Soberano domina la Asamblea, Liberación Nacional articula una oposición insuficiente para equilibrar el poder del oficialismo, y el resto de fuerzas quedan relegadas a un papel complementario. Este escenario anticipa una legislatura en la que las posiciones privilegiadas para gobernar primarán, pero donde la negociación parlamentaria seguirá siendo necesaria –como en toda buena democracia–, especialmente ante decisiones y reformas.

Distribución de escaños parlamentarios por partido.

Comparativa con la Asamblea Legislativa saliente: cambios y tendencias

Comparando los resultados legislativos de Costa Rica entre 2022 y 2026 se observa un cambio profundo en la distribución de poder en la Asamblea Legislativa, que refleja tanto la consolidación de nuevas fuerzas políticas como la caída de partidos tradicionales.

En 2022, el Partido Liberación Nacional (PLN) encabezaba la Asamblea con 19 diputados, seguido por el Partido Progreso Social Demcocrático (PPSD) con 10 escaños y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) con 9. Otros partidos menores como el Frente Amplio tenían 6 diputados y el Partido Liberal Progresista también otros 6, mientras que el Partido Nueva República contaba con 7 diputados. Esta distribución mostraba un parlamento fragmentado, con los tradicionales PLN y PUSC manteniendo relevancia, pero con espacio para fuerzas emergentes, alianzas y espectros de izquierda moderada.

En 2026, el panorama ha cambiado drásticamente. La derecha hegemónica concentra el poder parlamentario, logrando una ventaja histórica en escaños y votos. El PLN y el PUSC pierden un porcentaje muy significativo de diputados, creando una oposición debilitada, el PPSD desaparece como fuerza institucional en favor del PPSO y los pequeños partidos quedan reducidos a mínimos o desaparecen, siendo marginalizados. El único que mejora sus resultados es el Frente Amplio, y no por número de votantes, sino por reparto de escaños.

Factores del giro a la derecho en Costa Rica

En las elecciones de 2026, Costa Rica ha experimentado un claro giro hacia la derecha, resultado de una combinación de factores vinculados tanto al gobierno saliente como al contexto social y político del país. La administración de Rodrigo Chaves, que comenzó con un fuerte impulso como outsider político y promesas de lucha contra la corrupción y la ineficiencia del Estado, terminó desgastándose debido a su estilo confrontativo y polarizador.

La gestión de Chaves, aunque inicialmente vista con esperanza, generó tensiones con instituciones públicas, medios de comunicación y organismos autónomos, y no logró consolidar resultados concretos en áreas clave como seguridad y economía. Esta percepción de falta de eficacia y su exposición mediática controversial erosionaron la confianza en su partido como vehículo político sostenible.

El Partido Progreso Social Democrático (PPSD), altamente dependiente de la figura de Chaves, no ha logrado institucionalizarse ni construir una base sólida más allá de su líder. La combinación del desgaste de su gestión y la ausencia de un proyecto político autónomo ha provocado que el partido pierda capacidad de movilización y respaldo ciudadano, dejando un vacío que podía ser ocupado por nuevos liderazgos, especialmente de la derecha.

Laura Fernández Delgado, actual segunda mujer presidenta de la historia de Costa Rica, emerge como sucesos natural de este espacio político. Su trayectoria en el gabinete del gobierno de Chaves, donde ocupó cargos clave como Ministra de Planificación Nacional y Ministra de la Presidencia, le permitió conseguir una imagen de capacidad técnica y conocimiento de la administración pública. Fernández Delgado fue presentada como la continuadora de la agenda de Chaves, pero con un perfil más moderado y confiable, capaz de capitalizar tanto a votantes de base del gobierno saliente como a aquellos sectores desencantados con la gestión directa del mismo. Su candidatura representa una estrategia clara de continuidad, pero con renovación de liderazgo, proyectando eficiencia sin carga mediática o política que sí afectaron a su antecesor.

Además del desgaste del gobierno y la debilidad organizativa del PPSD, factores sociales y contextuales contribuyeron al giro hacia la derecha. La percepción de inseguridad, el aumento de la violencia vinculada al crimen organizado (recomendable observar el artículo de Naciones en Ruinas al respecto (añadir link)) y el cansancio con los partidos tradicionales generaron un terreno fértil para propuestas más conservadoras o pragmáticas, especialmente en el ámbito de la seguridad. La polarización política, junto con un electorado urbano y conservador dispuesto a respaldar reformas estructurales y discursos de corte más populistas, reforzó la ventaja de Delgado.

Impacto de la tendencia regional, lecciones de América Latina

Además de los factores internos costarricenses, el giro de Costa Rica se da dentro de un contexto político continental donde las fuerzas conservadoras y de derecha han ganado en múltiples países. Entre 2025 y 2026 se ha podido observar un patrón de victorias electorales de líderes y partidos de derecha o conservadores en Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Honduras, y un impulso similar en otros procesos regionales, lo que muestra un desplazamiento general del electorado hacia propuestas más duras respecto a orden público, gestión económica y administrativa y seguridad, así como una demanda en los cambios de gestión tras años de gobiernos progresistas o de izquierda dominantes durante la primera mitad de la década.

Este cambio no es aislado: líderes como Donald Trump, con un retórica fuerte sobre el crimen, inmigración y relaciones bilaterales, han reforzado –tanto política como simbólicamente– la narrativa conservadora en la región, promoviendo la alianza con gobiernos afines y enfatizando discursos de mano dura y restablecimiento del orden social. Al mismo tiempo, la influencia de figuras como Nayib Bukele en El Salvador, con políticas de seguridad extraordinariamente firmes y una fuerte presencia mediática, sirviendo como modelo para candidatos que capitalizan el temor al crimen y la ineficacia de respuestas estatales previas.

Esta ola no significa que todos los países se vuelvan homogéneamente de derecha, pero sí indica una tendencia regional fuerte hacia opciones políticas que prometen orden, alianzas más estrechas con Washington y respuestas más directas y menos burocráticas a problemas estructurales, una tendencia en la que Costa Rica encaja con el ascenso de Laura Fernández Delgado y su agenda político-electoral más enfocada en las crisis institucionales, la inseguridad y la mano dura. Hechos que, probablemente, veremos reflejados en los próximos meses en Brasil, Haití y Colombia en sus procesos electorales y cambios de gobierno.

Conclusiones

Las elecciones de 2026 consolidan a Costa Rica como un referente democrátic regional, pero también reflejan un momento de cambio profundo en la orientación política del país, con un giro claro hacia la derecha y la consolidación de Pueblo Soberano com fuerza hegemónica. La elección evidencia que la ciudadanía ha priorizado continuidad en reformas y mano dura frente a inseguridad y crisis institucional, mientras castiga la gestión desgastada de Chaves y la incapacidad del PPSD de institucionalizarse como partido duradero.

El Parlamento resultante anticipa una legislatura asimétrica, dominada por un bloque oficialista fuerte y una oposición reducida a una función de contrapeso parcial. Esto permitirá al gobierno de Fernández Delgado impulsar con facilidad se agenda, aunque la necesidad de negociaciones puntuales con minorías subraya que la democracia costarricense sigue dependiendo del equilibrio institucional y de la representación plural, incluso cuando el voto se concentra en pocas fuerzas.

Finalmente, este giro no ocurre en aislamiento: Costa Rica se inserta en un contexto regional de reconfiguración política, donde la ola conservadora en América Latina, influida por modelos populistas de derecha como los de Trump o Bukele, refuerza tendencias de seguridad, orden público y eficiencia administrativa. Esto sugiere que la política costarricense, aunque institucionalmente sólida, es sensible a tendencias globales y regionales, reflejando cómo las democracias de la región se adaptan y responden a los desafíos sociales, económicos y de gobernabilidad contemporáneos.