ECOSOC: entre la vulnerabilidad y la innovación: explotación en campos de refugiados y desafíos de la regulación global de las finanzas digitales

Introducción

En el siglo XXI, dos dinámicas globales aparentemente dispares convergen en un único punto crítico: la vulnerabilidad humana en contextos de desplazamiento y la rápida expansión de las finanzas digitales. Por un lado, millones de personas viven en campos de refugiados, expuestas a riesgos como la explotación laboral, la trata y el abuso económico. Por otro lado, el crecimiento de las criptomonedas y las plataformas digitales ha transformado la forma en la que circula el dinero, generando nuevas oportunidades, pero también nuevos peligros. La intersección entre ambos fenómenos plantea una pregunta urgente: ¿cómo puede la regulación internacional de las finanzas digitales contribuir a prevenir la explotación en contextos de crisis humanitarias?

Organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados han advertido que la falta de sistemas financieros seguros en campos de refugiados incrementa la dependencia de redes informales, muchas veces vinculadas a abusos. Al mismo tiempo, tecnologías como Bitcoin o sistemas de pagos móviles ofrecen alternativas potenciales para mejorar la inclusión financiera. Sin embargo, sin regulación adecuada, estas mismas herramientas pueden facilitar el fraude, el blanqueo de capitales o nuevas formas de explotación.

Este artículo explora cómo ambos temas –prevención de la explotación humana en campos de refugiados y la regulación internacional de las finanzas globales– están profundamente interrelacionados. En consecuencia, focalizamos riesgos, oportunidades y propuestas, integrando experiencias observables en distintos puntos del mundo.

Vulnerabilidad estructural y economías informales en campos de refugiados

Los campos de refugiados, desde Cox´s Bazar en Bangladesh hasta instalaciones en Jordania o Kenia, funcionan como microeconomías donde el acceso a empleo formal es prácticamente inexistente. Según datos del UNHCR, más del 70% de los refugiados mundiales carecen de acceso a sistemas financieros formales, lo que los obliga a recurrir a redes informales para enviar o recibir dinero. Hoy en día, en torno a 42,5 millones de personas son refugiados a nivel global –siguiendo la mirada estricta de que hayan cruzado fronteras huyendo de conflictos o persecución–. Sin embargo, ampliando la mirada, más de 122 millones de personas están desplazadas forzosamente, incluyendo a refugiados, desplazados internos y solicitantes de asilo, lo que supone que 1 de cada 67 personas se encuentre en esta situación. La cifra se ha duplicado en la última década, especialmente en escenarios como Siria, Ucrania, Venezuela, Somalia, Myanmar o Sudán.

Esta situación ha generado un terreno fértil para la explotación. Por ejemplo, en algunos campamentos del Líbano, refugiados sirios han sido víctimas de intermediarios que cobran comisiones abusivas por transferencias de remesas. En otros casos, los empleadores locales aprovechan la falta de regulación para pagar salarios muy por debajo del mínimo o incluso retener documentos personales.

La ausencia de infraestructura financiera segura no solo limita la autonomía económica, sino que también aumenta la exposición a redes criminales. Estas, en muchos casos, operan mediante sistemas informales como el “hawala”, difíciles de rastrear y susceptibles de sufrir abusos. Entre los principales abusadores, se encuentran redes criminales transnacionales y grupos locales que operan en rutas migratorias concretas. Las mafias de tráfico de personas, las redes de fraude financiero y los actores híbridos, así como ciertas facciones de grupos terroristas o paramilitares, combinan el crimen con el control territorial y las reclamaciones económicas.

En consecuencia, milicias locales y redes controlan rutas, extorsionando a familias y cobrando hasta 5,000 dólares por persona, como sucede en Libia. En México, cárteles como el de Sinaloa han diversificado su actividad hacia el tráfico de migrantes, cobrando peajes y secuestrando migrantes refugiados para exigir rescates. Mientras, en el Sahel, países como Chad, Malí o Níger, sufren de redes que coordinan el transporte en el desierto con abandonos y estafas recurrentes tras los pagos iniciales, estafando miles de millones de dólares anualmente y asesinando a miles de personas.

En el caso terrorista, ISIS llegó a imponer impuestos y confiscaciones a personas desplazadas en Siria e Irak, facilitando rutas ilegales a cambio de dinero, a menudo mediante transferencias bancarias a sucursales en el extranjero. Coetáneamente, Boko Haram se ha encargado durante años de extorsionar a comunidades desplazadas, especialmente cristianas, obligándoles a pagar por permitir la movilidad o el acceso a recursos como el agua o las tierras de cultivo y pasto. Asimismo, Al Shabaab en Somalia ha cobrado tasas a desplazados y controlado economías locales en zonas de conflicto.

Con el auge de las finanzas digitales, han surgido nuevas formas de explotación, como falsas agencias de reasentamiento que cobran dinero prometiendo visados o traslados a Europa o EEUU. También destacan estafas con criptomonedas, donde los refugiados son convencidos de invertir en esquemas falsos usando monedas digitales, o, intermediarios de remesas abusivas, con tasas muy elevadas. Estos casos se pueden observar en países como Turquía, Kenia y Líbano.

Aquí es donde surge el vínculo directo con las finanzas digitales: la falta de regulación específica y la supervisión en entornos digitales puede replicar –o incluso amplificar– dichas dinámicas de explotación si no se gestiona adecuadamente.

Finanzas digitales: inclusión con riesgos

Las finanzas digitales han sido promovidas como una solución de inclusión financiera en poblaciones vulnerables. Plataformas de pago móvil en Kenia, como M-Pesa, han demostrado que es posible integrar a millones de personas en el sistema financiero sin necesidad de bancos tradicionales.

En contextos de refugiados, algunas iniciativas han utilizado tecnología blockchain para distribuir ayuda humanitaria de forma transparente. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos ha implementado sistemas basados en blockchain en campamentos de Jordania, reduciendo costos y mejorando la trazabilidad de los fondos.

Sin embargo, estas innovaciones traen consigo la introducción de ciertos riesgos. Entre ellos, destaca el fraude digital; refugiados con bajo nivel de alfabetización son particularmente vulnerables a estafas, incluidas las relacionadas con criptomonedas. Además, activos como Ethreum pueden fluctuar drásticamente, aumentando la volatilidad y poniendo en riesgo los ahorros de personas que ya viven de forma sumamente precaria. A todo ello, se suma la falta de protección legal, ya que en la mayoría de países, las criptomonedas operan en un vacío regulatorio, lo que dificulta la recuperación de fondos en caso de fraude.

Un caso ilustrativo ocurrió en Nigeria, donde comunidades desplazadas comenzaron a utilizar criptomonedas para evitar restricciones bancarias. Si bien esto facilitó las transacciones, también dio lugar a esquemas piramidales dirigidos específicamente a estas poblaciones. Así, la tecnología que podría empoderar a los refugiados también puede verse convertida en un nuevo canal de explotación si no se implementan salvaguardas adecuadas.

Hacia una regulación internacional integrada

La clave para abordar ambos problemas de manera conjunta radica en una regulación internacional que combine protección humanitaria con supervisión fiscal y financiera. Esto implica la coordinación entre organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las agencias humanitarias.

Entre las propuestas más compartidas, destaca el desarrollo de sistemas de desarrollo de sistemas de identidad digital verificable permitiría a los refugiados acceder a servicios financieros sin depender de intermediarios. Estados como Estonia lideran este campo, ofreciendo modelos replicables a nivel global. Por otro lado, es necesario establecer estándares globales para plataformas de criptomonedas y pagos digitales, incluyendo protocolos contra el blanqueo de capitales, la protección del consumidor y la transparencia en tarifas –hechos todavía lejos de estar regularizados a nivel global–. La Unión Europea ha avanzado en dicho sentido, con regulaciones como MiCA –Markets in Crypto-Assets–, que podría servir como una referencia internacional que encamine una equiparación con otras regiones.

Además, las agencias humanitarias podrían colaborar con empresas tecnológicas para crear sistemas financieros diseñados específicamente para contextos humanitarios. Esto introduciría monederos digitales con límites de riesgo, educación financiera adaptada o supervisión en tiempo real por autoridades competentes. Un ejemplo emergente puede encontrarse en Uganda, donde programas piloto combinan transferencias digitales con formación financiera adaptada al contexto de los refugiados. De tal forma, la naturaleza transnacional tanto de la migración como de las finanzas digitales exige una serie de respuestas coordinadas, mínimamente regionales. Sin estándares comunes, los vacíos regulatorios seguirán siendo explotados por actores ilícitos, poniendo en relieve la cooperación como método de pugna.

Conclusiones

La intersección entre la explotación en campos de refugiados y la regulación de las finanzas digitales revela una realidad compleja pero abordable. Ambos fenómenos comparten un elemento central: la vulnerabilidad de poblaciones que operan en los márgenes de los sistemas formales.

Las finanzas digitales ofrecen una oportunidad sin precedentes para transformar la vida de millones de refugiados, proporcionando acceso a recursos, autonomía económica y mayor seguridad. Sin embargo, sin una regulación adecuada, estas mismas herramientas pueden convertirse en un gran instrumento de abuso.

La solución no reside únicamente en restringir o promover la tecnología, sino en diseñar marcos regulatorios que integren la protección humanitaria con la innovación financiera. Esto implica cooperación internacional, inversión en infraestructura digital segura y un enfoque centrado en los derechos humanos.

En última instancia, prevenir la explotación en campos de refugiados no puede desligarse de cómo se gestionan las nuevas formas de economía digital. Ambos desafíos deben abordarse de manera conjunta, reconociendo que en un mundo interconectado, la justicia económica y la dignidad humana son inseparables.