El Tratado de Waitangi (1840): origen de la soberanía británica y del conflicto colonial en Nueva Zelanda

El nacimiento de la urgencia

En torno al siglo XIX, el gobierno británico sufría dos presiones. Por un lado, existía una exigencia humanitaria de controlar la anarquía que reinaba en Nueva Zelanda, así como una preocupación estratégica ante el interés mostrado por Francia hacia las islas. Ante este contexto, Gran Bretaña decidió anexionar oficialmente Nueva Zelanda, eligiendo un tratado como medio para lograrlo. El Tratado de Waitangi apareció entonces como el documento fundador de la nación de Nueva Zelanda. Fue firmado en la Bahía de las Islas, el 6 de febrero de 1840, por el capitán William Hobson, varios residentes ingleses y unos cuarenta y cinco jefes maoríes.

Nueva Zelanda quedó anexionada tras éste a la Corona británica en calidad de Reino Independiente, consolidando la alianza político-económica entre europeos (conocidos como pakeha) y maoríes.Sin embargo, las interrelaciones entre unos y otros venían gestándose ya desde mediados del siglo XVIII

De la alianza comercial a la corona: el encuentro entre pakehas y maoríes 

Sería desde la expedición británica de James Cook en el 1769 cuando mercaderes británicos y la comunidad maorí comenzarían a generar relaciones comerciales estables y recíprocas, a partir de las cuales se les permitía a las compañías europeas gozar de los recursos de la isla, a cambio de protección y el acceso de la comunidad maorí a la industria pesquera. 

Dados los beneficios resultantes de la alianza con los pakeha, los jefes maoríes comenzaron a otorgar tierras y arreglar matrimonios con europeos a fin de usarlos como intermediarios con los barcos mercantes que pasaban por las islas. Sin embargo, el asentamiento de europeos en la isla permitió la propagación de múltiples enfermedades que provocaron una importante baja de la población maorí, tal y como ocurrió en la mayoría de los procesos de colonización europea. Desde la mirada de los locales, esto fue interpretado como una “invasión espiritual”, generando importantes roces con los colonos europeos. 

Por otra parte, el acceso de la comunidad maorí a armamento y pólvora, tanto a través de relaciones comerciales con mercaderes europeos como por la llegada de misioneros que intercambiaban moquetes a cambio de alimentación y refugio, tendió a transformar las disputas entre tribus e incentivar una fuerte lucha armamentística entre jefes maoríes. Así, para abastecerse de armamento, muchos jefes fueron cediendo tierras a comerciantes y exploradores europeos, generando múltiples conflictos, entre los cuales destacó la guerra de mosquetes en 1821.

Tras más de una década de conflicto y con apoyo de algunos mediadores foráneos que habían logrado generar relaciones de confianza con los locales, las tribus decidieron constituirse en una confederación conocida como “Tribus Unidas de Nueva Zelanda”, declarando su independencia de la Corona inglesa en 1835. Esta estrategia, no obstante, no logró liberar tensión entre las tribus ni avanzar hacia una organización gubernamental –desde el punto de vista occidental–, por lo que los mediadores europeos (el Reverendo Williamns y James Busby, representante de la Corona británica) comenzaron a promover la posibilidad de anexionar Nueva Zelanda a la Corona británica como Reino Independiente, hecho que concluyó con la firma del Tratado de Waitangi en 1840. 

El  6 de febrero se realizó la primera firma del Tratado por algunos de los jefes maoríes de la isla Norte y el representante de la Corona, difundiéndose posteriormente entre el resto de las tribus y logrando la firma de más de 540 jefes maoríes. Todas estas firmas fueron convocadas en base a un documento original en inglés firmado por la Reina Victoria del Reino Unido. No obstante, cabe destacar que, a pesar de sus implicaciones institucionales para la época, el Tratado cuenta históricamente con un estatuto jurídico limitado en términos de derecho internacional. 

Controversias

El gran problema radica en la firma de dos versiones simultáneas, tanto en inglés como en maorí, contando ambas con puntos discordantes derivados de  la traducción inadecuada de ciertos conceptos fundamentales. El primer claro ejemplo fue el uso de la palabra kawanatanga, la cual aparece en el Tratado para reemplazar el concepto de soberanía. Si bien la versión maorí sostiene la aceptación  de la permanencia  británica a costa de la protección permanente por parte de la corona, mantendrían supuestamente la rangatiratanga tribal (la autonomía sobre su propia tierra), así comola propiedad de la tierra maorí durante el tiempo que desearan conservarla. Asimismo, la versión en lengua maorí estipulaba que se les conferían y garantizaban a los maoríes exactamente los mismos derechos que poseían los ciudadanos británico. Por su lado, la versión británica postulaba que los maoríes transmitían la “soberanía” sobre su tierra a la corona a cambio de la protección británica, una soberanía que no existía en la cosmovisión maorí. 

El problema central era este, que no existía en maorí una palabra para expresar sovereignty (es decir soberanía completa y exclusiva). Aún así, el papel de los misioneros fue clave para la firma. Por aquella época, muchos maoríes se habían convertido al cristianismo, y las palabras de los misioneros tenían gran peso.

No obstante, las creencias no garantizaban justicia y las diferencias terminaron generando múltiples repercusiones y conflictos entre locales y colonos, principalmente derivadas de las transacciones de tierras que la Corona comenzó a implementar a partir de nuevos aparatos institucionales que regulaban la compra y explotación de las tierras en la isla. 

Sumado a ello, en 1852 se promulgó una nueva constitución que estableció un sistema de gobierno representativo dividiendo el territorio en seis provincias (eventualmente diez), con superintendentes y consejos elegidos, y una Asamblea General compuesta por un Consejo Legislativo designado por la Corona y una Cámara de Representantes electos cada cinco años. Solo podían ser representantes aquellos hombres mayores de 21 años que poseían, arrendaban o alquilaban propiedades de mayor valor. Dado que gran parte de los maoríes poseían sus tierras de forma comunal, casi todos quedaron excluidos de la posibilidad.

La ampliación de las instituciones que tendieron a reforzar el poder de la Colonia británica en el territorio generaron reacciones entre los jefes maoríes quienes, al ver amenazado su poder ancestral, se revelaron ante los colonos principalmente en la Isla del Norte, generando diferentes conflictos bélicos conocidos como “las Guerras de Nueva Zelanda”, desde 1845 hasta 1872, aproximadamente. 

Para poder asegurar su soberanía, la Corona promulgó la Ley de Tierras Nativas en 1862 y estableció la Corte de Tierras Nativas en 1865, con el propósito de identificar a los propietarios y así individualizar la propiedad de la tierra que para la comunidad maorí era de tipo colectiva. Esta ley, vigente hasta mediados del siglo XX, permitió la compra de tierras por parte de colonos y la consiguiente fragmentación de la propiedad de la tierra maorí, debido a la capacidad de la corte de descomponer en unidades cada vez más pequeñas las tierras antes colectivas. 

Repercusión e impacto

En 2008, siete Iwi (unidades sociales más grandes dentro de la cultura maorí, equivalentes a tribus), en representación de unas 100.000 personas, firmaron un tratado de compensación con el estado por las injusticias surgidas del tratado de Waitangi. Según este, el estado entregará a las tribus unas 176.000 hectáreas de terrenos forestales, y sus derechos de explotación, tasados en unos 316 millones de dólares estadounidenses. La licencia de explotación de los terrenos estará a nombre de la empresa semiestatal CNI Isi Holdings Limited, con un 13.3% de participación estatal, y el restante 86,7% de participación maorí. 

Hoy en día, los académicos aún debaten si la diferencia de traducción fue un error o una intención. Los historiadores Paul Moon y Sabine Fenton afirman que Henry Williams tradujo deliberadamente de forma ambigua, para satisfacer a ambas partes sin que los maoríes lo percibieran como una cesión de soberanía. Por otro lado, otros expertos señalan el carácter de Williams y su alto mana (creencia) en la sociedad maorí, basada en la confianza y no en el engaño, siendo el problema las limitaciones de conceptos intraducibles. 

No obstante, la mayoría de académicos rechazan tanto el simple engaño como el error inocente. En su lugar, utilizan la expresión ‘arrogancia imperialista’: Gran Bretaña asumía que sus conceptos jurídicos eran universales y no tomó en serio la cosmovisión maorí. El hecho de que el tratado fuera interpretado y aplicado únicamente en favor de Gran Bretaña es un hecho innegable. Por su incalculable valor histórico y documental como pieza fundacional, el Tratado de Waitangi fue oficialmente inscrito por Nueva Zelanda en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO en 1997. 

Conclusiones

Tras la firma del tratado, la historia maorí fue una sucesión de penalidades. Lo que inicialmente fue planteado como una alianza recíproca y una promesa de ciudadanía, finalmente derivó en una imposición institucional y territorial que priorizó la soberanía de la Corona británica. Las fallas, deliberadas o accidentales, en la traducción del texto despojaron a las tribus de su autonomía ancestral, sumiéndolas en décadas de guerras, pérdidas poblacionales y fragmentación de su propiedad comunal. A pesar de que los acuerdos de compensación económica del siglo XXI y su reconocimiento internacional por la UNESCO busca reparar estos daños, el Tratado de Waitangi permanece como el reflejo de un profundo conflicto histórico entre la cosmovisión indígena y la arrogancia imperialista.