Elecciones Tanzania: legalidad, control y erosión democrática

Las elecciones generales del 25 de octubre en la República Unida de Tanzania han marcado un punto de inflexión en la trayectoria política del país. Aunque Tanzania mantiene formalmente un sistema pluripartidista desde 1992, el dominio ininterrumpido del Chama Cha Mapinduzi (CCM) desde 1977 ha configurado un ecosistema político en el que las instituciones, las redes clientelares y el aparato estatal han girado históricamente alrededor del partido gobernante. Ante este contexto, la reelección de la presidenta Samia Suluhu Hassan –con un resultado oficial del 97,95% de los votos– plantea interrogantes profundos sobre la compatibilidad entre la legalidad formal tanzana y la legitimidad democrática de sus procesos.

Marco político condicionado

Tras la muerte del presidente John Magufuli en 2021, Samia Suluhu Hassan asumió el cargo en un clima lleno de interrogantes. Durante su primer periodo, impulsó el programa de las “4Rs” –reconciliación, resiliencia, reforma y reconstrucción–, restableciendo algunos derechos políticos anulados durante el periodo de Magufuli –como la prohibición de mítines políticos vigente desde 2016– y propició el retorno de líderes opositores exiliados. Sin embargo, a partir de 2024, el Gobierno profundizó un giro de control institucional más rígido, ampliado mediante reformas legales, nuevas regulaciones administrativas y el fortalecimiento de los aparatos de vigilancia.

Asimismo, la Tanzania de Hassan se encuentra a día de hoy en un proceso de aceleración demográfica y, sobre todo, económica, marcada por las inversiones en turismo –especialmente en Zanzíbar y la zona norte del país (zona con presencia de safaris)– y en las exportaciones de productos alimentarios –como el café, el té, las especias o las frutas– y minerales –como el cobre o minerales y piedras preciosas–, contando con socios comerciales como India y China. Sin embargo, su PIB per cápita sigue siendo muy escaso –1,091€ anuales, puesto 170 de 196–, al igual que su IDH –puesto 167 de 196–, lo que muestra un país poco desarrollado, donde las desigualdades entre áreas rurales, el litoral urbano y las áreas turísticas marcan el panorama político y social.

Fundamentos legales del proceso electoral de 2025

El sistema electoral tanzano se sistema en tres pilares normativos esenciales sobre los que se han construido las decisiones más controvertidas del proceso de 2025:

1. La Constitución de 1977, que establece la forma de Estado, el sistema presidencialista y los requisitos para ser candidato. El artículo 39 exige que los aspirantes a la Presidencia sean ciudadanos por nacimiento, tengan al menos 40 años, no posean antecedentes penales y sean nominados por un partido legalmente registrado. En la práctica, esta nominación partidaria funciona como primer filtro para excluir a actores no alineados.

2. El National Elections Act y el Presidential Elections Act, que conceden a la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC) amplias facultades y competencias para registrar votantes, examinar nominaciones, administrar centros de votación, validar   rechazar candidaturas y proclamar resultados. Aunque el marco legal define a la INEC como “independiente”, en la práctica sus miembros son designados por el Ejecutivo, lo que limita completamente su autonomía.

3. El Political Parties Act, que regula el registro, supervisión y conducta de los partidos. La ley otorga al Estado amplias competencias para suspender organizaciones políticas por incumplimientos administrativos o de conducta, especialmente en períodos electorales. 

Inhabilitaciones, controles y exclusión de la oposición

Uno de los puntos más críticos ha sido la descalificación de CHADEMA, principal partido opositor, tras no firmar el código de conducta electoral en el plazo fijado por la INEC. Desde una perspectiva meramente legal, la comisión actuó dentro de sus atribuciones, pues los reglamentos electorales habilitan denegar candidaturas que incumplan procedimientos administrativos esenciales. Sin embargo, el carácter decisivo de este requisito –junto a que el código debía firmarse en una lotería pública organizada con poca antelación– generó la impresión de ser una maniobra diseñada para limitar la competencia real.

A esto se añade la inhabilitación de otros candidatos, incluidos líderes de ACT-Wazalendo, y la imposibilidad de que Tundu Lissu –uno de los principales líderes opositores de Tanzania– pudiera competir al enfrentar procesos judiciales por supuestos delitos contra la seguridad del Estado. El artículo 39, al exigir que un candidato no tenga procesos penales pendientes, permite que causas controvertidas bloqueen su aspiración política sin necesidad de una sentencia firme. La conjunción actual entre persecución judicial, requisitos constitucionales y la amplia discrecionalidad administrativa producen un escenario en el que la competencia electoral ha quedado, en la práctica, anulada.

Medios de comunicación, control digital y legislación restrictiva

El proceso electoral ha estado fuertemente influido por la aplicación del Media Services Act de 2016, una ley que ha regulado la concesión de licencias, habilitado sanciones administrativas y permitido suspender medios por “información contraria al interés público”. Aunque concebida como una herramienta de regulación, su redacción ambigua facilita restricciones a la prensa crítica. Durante la campaña, varios medios han denunciado presiones, investigaciones administrativas y amenazas de retirada de licencia.

Junto con la mencionada ley, el Cybercrimes Act de 2015 y algunas otras normas complementarias sobre comunicaciones electrónicas permitieron al Gobierno perseguir la “difusión de información falsa”, controlar redes sociales y restringir plataformas digitales. Durante los días previos y posteriores a la elección, el acceso a internet se redujo drásticamente debido a la aplicación de la ley a la población –a excepción de funcionarios públicos–; la ley permite suspender servicios “por razones de seguridad pública”, aunque la proporcionalidad de la medida es cuestionable, según organizaciones locales e internacionales.

Día de la votación

El 25 de octubre transcurrió bajo una presencia policial intensa, respaldada legalmente por las normativas de orden público que autorizan la movilización de fuerzas de seguridad en “situaciones de riesgo”. Sin embargo, la utilización de la fuerza durante las manifestaciones en Dar es Salaam, Mbeya y Tunduma excedió dichos márgenes. Se documentaron detenciones sin orden judicial, uso de gases lacrimógenos y disparos para dispersar a manifestantes, prácticas que vulneran tanto las garantías constitucionales de libertad de reunión como los estándares internacionales ratificados por Tanzania.

A nivel electoral, se reportaron casos de relleno de urnas, emisión de votos múltiples y expulsión de observadores. Tales prácticas contravienen de forma directa la National Elections Act, que garantiza la integridad del voto secreto y la presencia de observadores acreditados en los centros. La situación se vio agravada por la restricción de internet, que impidió la verificación ciudadana y bloqueó la circulación de denuncias.

Observación internacional

Un elemento que ha caracterizado a los comicios tanzanos de 2025 ha sido la ausencia o falta de misiones de observación internacional. Aunque algunas delegaciones regionales sí lograron desplegar equipos durante días previos, el proceso de acreditación fue notablemente tardío y restringido. La normativa que regula la presencia de observadores en Tanzania deja abierto un amplio margen de discrecionalidad al Gobierno y la INEC, sin prever garantías de acceso pleno. La Unión Africana, en su informe preliminar, ha afirmado que las elecciones tanzanas no han cumplido con los estándares democráticos básicos, señalando irregularidades en el recuento, falta de transparencia y un ambiente intimidatorio.

Resultados oficiales

La proclamación de Samia Suluhu Hassan como vencedora con un porcentaje cercano al 98% se ajusta formalmente al mecanismo de mayoría simple establecido en la Constitución. Sin embargo, la falta de competencia, las restricciones legales y administrativas, y el clima de intimidación provocaron que el proceso careciera de legitimidad sustantiva. La participación oficial del 94% contrasta con informes de baja audiencia en áreas urbanas y con la apatía generalizada entre jóvenes y sectores urbanos.

Violaciones de derechos

En las semanas posteriores, organizaciones de derechos humanos han denunciado desapariciones, detenciones arbitrarias y un uso excesivo de la fuerza. Al amparo de leyes de seguridad y disposiciones contra el terrorismo, el Estado justifica parte de estas detenciones como medidas preventivas. Sin embargo, la ausencia de transparencia, sumado a la continuidad del apagón digital, dificulta la verificación real de víctimas y detenidos.

Conclusión

Las elecciones de 2025 en Tanzania muestran una brecha entre la legalidad formal y la legitimidad democrática. El Gobierno operó dentro de un marco normativo que, sea por diseño o interpretación, permite controlar candidatos, restringir información, regular medios y movilizar fuerzas de seguridad. Pero la forma en que estas leyes se están aplicando, debilitan la competencia electoral, reducen el espacio cívico y erosiona la confianza y legitimidad de la ciudadanía con y para el sistema democrático y de derecho.

El desafío al que aboca Tanzania no reside en la reforma de leyes, sino en que la Constitución y la normativa electoral sirvan y garanticen protecciones hoy ausentes, que no restrinjan la pluralidad política. En un país con un fuerte crecimiento económico pero profundas desigualdades, la consolidación de un sistema político cerrado podría generar tensiones sociales crecientes y motivar movimientos terroristas o secesionistas. El futuro depende de la sociedad tanzana, de sus logros en la articulación de espacios de exigencia democrática y en que las instituciones recuperen una autonomía y credibilidad perdida.

Créditos foto: Scottish Government - International leaders sign joint statement at COP26.