Senegal endurece la persecución LGTBIQ+: una decisión política que redefine derechos, soberanía y poder

Existen decisiones políticas que van más allá de decidir si dar luz verde o no a un cambio en el país. La decisión adoptada por la Asamblea Nacional de Senegal en marzo de 2026 no ha sido una simple reforma del Código Penal, ha resultado en una señal política nítida de cómo un Estado puede redefinir sus prioridades cuando percibe el rédito interno de ciertos debates. En uno de los países democráticos relativamente estables de África Occidental, el poder ha optado por convertir la persecución de la diversidad sexual en una bandera de reafirmación moral, soberana y electoral, convirtiéndose en la cristalización de una lógica política que entiende que ciertos derechos son negociables si se refuerza con ello la cohesión mayoritaria.

El 11 de marzo, los diputados aprobaron un texto que duplica la pena máxima por relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, eleva las multas y castiga también la “promoción”, el “apoyo” o la “financiación” de la homosexualidad, la bisexualidad y la “transexualidad”. Este último punto no es menor: introduce una dimensión expansiva de la represión que ya no se limita al ámbito privado, sino que alcanza el discurso, la asistencia, la visibilidad e incluso la solidaridad. La votación fue de 135 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. Ese resultado, tan aparentemente técnico, es en realidad uno de los elementos más elocuentes de todo el proceso. No hubo confrontación, no hubo un bloque de resistencia, no hubo siquiera una minoría organizada que asumiera el coste político de posicionarse en contra. Dos semanas después, seguía pendiente de la firma del presidente Bassirou Diomaye Faye, aunque en términos políticos la ley está “aprobada”.

Ese dato, por sí solo, ya explica mucho más de lo que parece a primera vista. No hubo un solo bloque parlamentario resistente, ni una disidencia política de gran alcance en las instituciones públicas, ni tan siquiera un debate que reflejase la complejidad del derecho que estaba en juego. Lo que se produjo fue una convergencia silenciosa pero sólida entre poder ejecutivo, mayoría legislativa, sectores islamistas organizados y un clima social previamente alimentado por detenciones, campañas de agitación moral y una retórica que presenta a las personas LGTBIQ+ como una amenaza cultural importada. En ese sentido, la ley no crea el problema, sino que lo formaliza, lo ordena y lo legitima desde arriba.

El propio primer ministro, Ousmane Sonko, defendió el endurecimiento de la ley ante la Asamblea y culpó a Occidente de promover los derechos LGTBI en Senegal, enmarcando el debate no en términos de libertades o derechos fundamentales, sino de defensa nacional frente a influencias externas. Este desplazamiento discursivo es clave: transforma una cuestión de derechos en una cuestión de soberanía, lo que dificulta enormemente cualquier oposición interna, ya que cuestionar la ley puede interpretarse como alinearse con intereses extranjeros. Esa mezcla de moral religiosa, populismo soberanista y utilidad política es, probablemente, la clave más precisa para entender lo ocurrido.

Pero quizá lo más inquietante no sea la dureza de la reforma en sí, sino la naturalidad con la que ha sido asumida. No ha habido una ruptura visible, ni un momento de crisis institucional. Todo ha transcurrido con una cierta normalidad política, como si el endurecimiento de las penas formasen parte de un ajuste lógico del sistema. Y es precisamente esa normalidad la que resulta más perturbadora: cuando medidas de este calibre dejan de percibirse como excepcionales, el límite de lo aceptable ya se ha desmarcado.

Contexto estructural: un país que no protege unos derechos LGTBIQ+ casi inexistentes

Para comprender la gravedad de la reforma hay que empezar por una evidencia incómoda: Senegal no era un país simplemente “conservador” que de pronto haya dado un giro inesperado. Ya partía de una situación muy restrictiva para la población LGTBIQ+. Las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo estaban criminalizadas desde hace décadas bajo el artículo 319 de su Código Penal, con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 1,5 millones de francos CFA. Es decir, el problema no es que se haya introducido la criminalización, sino que se ha intensificado un marco que ya era profundamente hostil.

Human Dignity Trust seguía describiendo en marzo de 2026 a Senegal como un país donde existe evidencia sustancial de aplicación efectiva de esa ley y donde las personas LGBT sufren con regularidad discriminación, arrestos, violencia y amenazas. En el índice de Equaldex, que precisamente mide la libertad de las personas pertenecientes al colectivo en las diferentes partes del mundo, Senegal figura con una puntuación de apenas 4 sobre 100, con 5 sobre 100 en derechos legales y 3 sobre 100 en opinión pública, lo cual refleja que realmente la invisibilidad de estas comunidades es una estrategia de supervivencia en un entorno altamente hostil. 

Ese vacío jurídico se combina con un entorno social especialmente tenso. El problema no es solo que el Estado castigue; es también que no protege. En Senegal no existe un sistema robusto de garantías frente a la discriminación por orientación sexual o identidad de género, y la criminalización penal actúa como legitimación simbólica de la violencia social. Cuando el derecho penal define a un grupo como sospechoso por su mera existencia, el mensaje que llega a la calle es devastador: denunciar, acosar, señalar o expulsar socialmente a esas personas deja de parecer una barbaridad y pasa a percibirse como una conducta moralmente justificada. Por eso la frontera entre represión legal y linchamiento social es tan fina que, en ciertos contextos, se desvanece.

Pero lo verdaderamente relevante es que esta situación no puede entenderse de forma aislada del funcionamiento general del Estado. Senegal mantiene, formalmente, una estructura democrática competitiva, con alternancia política reciente y cierto pluralismo institucional. Sin embargo, esa dimensión convive con prácticas que evidencian una aplicación selectiva de los derechos y las garantías. Es ahí donde aparece la clave: no se trata de un Estado incapaz, sino de un Estado que decide cuándo proteger y cuándo no hacerlo. Dicho de otra forma, Senegal puede proyectar una imagen de estabilidad institucional y, al mismo tiempo, activar dinámicas restrictivas cuando determinados equilibrios —morales, sociales o políticos— se perciben como amenazados. 

Ese trasfondo es fundamental, porque permite entender que la ofensiva contra la comunidad LGTBIQ+ no surge como una anomalía puntual, sino como la extensión lógica de una cultura política en la que los derechos pueden modularse en función del contexto. La población LGTBIQ+, en este escenario, no es solo un colectivo vulnerable: es también un sujeto político instrumentalizable, cuya persecución no desestabiliza el sistema, pero sí refuerza determinados consensos sociales. Es en este punto donde se encuentra la cuestión principal, no es un fallo del sistema, sino una decisión que el aparato social y político es capaz de absorberlo sin colapsar. 

¿Se persigue porque “en el islam es pecado”? Sí, pero no es la única justificación

La justificación al anterior planteamiento responde a una explicación cómoda, prácticamente intuitiva, pero vacía en su fondo, y no es por su escasa veracidad, sino porque es incompleta. Efectivamente, Senegal es un país cuya población es abrumadoramente musulmana (en torno a un 95-97% de su población profesa el islam), por lo que la religión es una estructura vertebradora de la vida social. Los líderes religiosos, los marabús o las leyes comunitarias orientan en la práctica espiritual, y también moldean comportamientos y definen las normas, diferenciando lo aceptable de lo que moralmente no lo es. Por eso, la homosexualidad no se percibe únicamente como una cuestión privada o individual, sino como una desviación del orden moral compartido, una ruptura de un equilibrio que se considera colectivo.

Los datos lo reflejan con crudeza: diversas encuestas ya mostraban que más del 90% de la población rechazaba la aceptación social de la homosexualidad. Pero el dato, por sí solo, no explica el fenómeno. Explica el clima, no la arquitectura del poder que se construye sobre él. Entre considerar algo moralmente reprobable y convertirlo en delito, es evidente que hay un salto cualitativo orquestado por la política, que es quien traduce la legitimidad en ley, y cuando se endurece. 

La cuestión LGTBIQ+ en Senegal ha sido absorbida por un marco discursivo más amplio: el de la soberanía cultural. La defensa de estos derechos se presenta no como una demanda interna, sino como una imposición externa, una agenda occidental que amenaza la identidad nacional. En ese relato, aceptar derechos no equivale a ampliar libertades, sino a ceder; resistirse no es discriminar, sino protegerse. Ahí radica su eficacia política: el debate deja de girar en torno a derechos y se desplaza hacia un terreno emocional donde cuestionar la ley implica, simbólicamente, cuestionar la nación. Ousmane Sonko lo expresó con claridad al señalar a quienes denuncian la represión como aliados de intereses extranjeros.

Los hechos recientes evidencian hasta dónde puede llegar ese proceso. Detenciones masivas en Dakar bajo acusaciones de “actos contra natura”, acompañadas incluso de imputaciones relacionadas con el VIH, han generado un efecto paralizante no solo en la comunidad, sino también en redes sanitarias y de apoyo. Como advirtió Human Rights Watch, el miedo ya no se limita a quienes son perseguidos, sino que alcanza a quienes intentan asistirlos. Y más allá de lo institucional, el caso de Kaolack en 2023- en el que un cadáver fue exhumado, arrastrado y quemado por la sospecha de homosexualidad- muestra el punto extremo de esa deshumanización. Cuando la diferencia pierde incluso el derecho al descanso, la cuestión ya no es por qué ocurre, sino qué lo ha hecho posible: no solo creencias, sino decisiones políticas que convierten la dignidad en materia penal.

Un Estado que incumplía sus propios compromisos

International Federation for Human Rights recordó expresamente que Senegal es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde 1978, y que la reforma, que en aquel momento se estaba gestando, choca con derechos como la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la igualdad ante la ley, también protegidos por la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Ese incumplimiento no comenzó el día de la votación parlamentaria. Ya antes de la reforma el Estado había dado señales claras de hostilidad institucional. En julio de 2025, el Gobierno forzó de hecho la cancelación de un evento sobre cuestiones LGTBI organizado por Naciones Unidas y el Ministerio neerlandés de Exteriores, advirtiendo de posibles represalias contra organizadores y participantes y rechazando toda “promoción del fenómeno LGBTQI”. 

Tampoco era la primera vez que se intentaba elevar el castigo. Reuters informó de un intento fallido en 2022, mientras Human Rights Watch recordó que en 2022 y 2024 hubo ya iniciativas para incrementar las penas previstas por el artículo 319. Lo que cambió en 2026 no fue tanto la idea como la coyuntura política: la llegada al poder de Faye y Sonko en 2024 abrió una ventana de oportunidad para que una promesa electoral se convirtiera en ley. Eso demuestra que la reforma no fue una reacción improvisada a un supuesto problema nuevo; fue la culminación de una campaña política sostenida.

Además, los precedentes muestran un patrón de instrumentalización sanitaria y moral extremadamente peligroso. En los arrestos de febrero de 2026 aparecieron combinadas las acusaciones por “actos contra natura” y por transmisión voluntaria del VIH. HRW subrayó que usar preservativos, lubricantes o tratamientos contra el VIH como indicios incriminatorios, forzar pruebas de VIH o exponer públicamente el estado serológico viola la privacidad y socava la prevención sanitaria. 

La reforma: por qué es más grave de lo que parece

Conviene destacar que esta medida no pasó por referéndum, sino que fue parte de una votación parlamentaria en la Asamblea Nacional, aprobada por 135 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. Esa precisión no es menor, porque revela que el endurecimiento no emergió de una consulta popular formal sino de una mayoría institucional que decidió blindar por ley este endurecimiento, el cual aún se encuentra pendiente de ser ratificado por el presidente.

En cuanto al contenido, la reforma modifica de forma sustancial el alcance represivo del sistema. Hasta ahora, el artículo 319 castigaba los llamados “actos contra natura” con hasta cinco años de cárcel y multa. El nuevo texto eleva el castigo a entre cinco y diez años de prisión y permite multas de hasta 10 millones de francos CFA. Los motivos por los que puede ser condenado un ciudadano senegalés bajo este artículo incluyen homosexualidad, bisexualidad, “transexualidad”, zoofilia y necrofilia, una equiparación deliberadamente degradante que deshumaniza a las personas LGTBIQ+ al colocarlas en el mismo plano discursivo que conductas no consentidas o radicalmente distintas desde el punto de vista jurídico y ético. Además, un punto relevante, como previamente ha sido señalado, continúa sancionando a quienes “promuevan”, “apoyen” o “financien” esas prácticas, lo cual es muy relevante en tanto que la ley pasa a perseguir también palabras, redes de solidaridad, trabajo asociativo, defensa de derechos y, previsiblemente, parte de la prevención sanitaria dirigida a poblaciones clave. 

También es jurídicamente muy grave la reducción del margen judicial. La nueva versión impide al juez conceder condena suspendida o reducir la pena por debajo del mínimo (Reuters, 2026). Es decir, la pretensión no es sólo la persecución, sino el endurecimiento de su aplicabilidad, la limitación de su discrecionalidad y el encarcelamiento como un automatismo práctico, pretendiendo ejemplarizar más allá de la ilegalidad, y con menor posibilidad de defensa. 

En el plano político, la responsabilidad principal recae sobre el Ejecutivo y sobre la mayoría asociada a PASTEF, a quienes se les atribuye la medida como el cumplimiento de una promesa de campaña, de ahí la justificación del texto por parte de Sonko ante la Asamblea, pidiendo el apoyo de todos los partidos. Además, según  reportes, en las semanas previas a la votación, partidarios del proyecto participaron en manifestaciones en Dakar al grito de “No to homosexuality!”.

Sobre la postura de los distintos partidos, la información verificable disponible apunta sobre todo a la iniciativa del gobierno y a la ausencia de oposición efectiva dentro del hemiciclo, del cual el partido PASTEF representa un 81,8% de los asientos (130 de 165). El resultado de 135 votos a favor, sin votos en contra, muestra que la resistencia parlamentaria fue marginal o inexistente. Hubo tres abstenciones, pero no un bloque alternativo visible que defendiera una postura de derechos. Con el material disponible, lo riguroso es afirmar eso y no inventar un mapa ideológico preciso de cada grupo parlamentario, porque realmente no existe una política de bloques.

Hay, además, una dimensión sanitaria demoledora. Según datos gubernamentales, la prevalencia nacional del VIH en Senegal es de 0,3%, pero entre hombres que tienen sexo con hombres alcanza el 49% en algunas zonas de Dakar. UNAIDS advirtió que la reforma amenaza servicios vitales de prevención, tratamiento y atención, mientras que asociaciones como HRW añadieron que el miedo a ser identificado puede paralizar a trabajadores comunitarios y empujar a la gente a esconderse. En un contexto así, castigar el “apoyo” a la homosexualidad puede equivaler, en la práctica, a sabotear los instrumentos básicos de salud pública dirigidos a una población especialmente vulnerable. La ley, por tanto, no solo reprime: también enferma.

Una ley que degrada el sistema político y social y fomenta la represión

Lo que está ocurriendo en Senegal tendrá consecuencias inmediatas y profundas para la comunidad LGTBIQ+. La primera será el miedo. Miedo a ser denunciado por un vecino, por un familiar, por un policía, por un antiguo compañero sentimental o simplemente por aparecer en el teléfono equivocado. Miedo a acudir a un centro sanitario, a contactar con una asociación, a aceptar ayuda psicológica, a pedir medicación, a alquilar una casa, a conservar un empleo, a asistir a un funeral. Cuando la ley castiga no solo una conducta, sino también el apoyo, el entorno entero se convierte en territorio hostil. Y en ese territorio, la supervivencia cotidiana pasa a depender del silencio, la clandestinidad y, para algunos, del exilio.

La segunda consecuencia será sanitaria. Senegal puede destruir en pocos meses parte de los avances que ha logrado en prevención del VIH entre poblaciones clave. Si la sospecha de homosexualidad se convierte en puerta de entrada al sistema penal, muchas personas desaparecerán del radar de los servicios comunitarios. Ya no se tratará solo de estigma social, sino de riesgo penal directo. En ese contexto, cada campaña de salud podrá leerse como una trampa, cada preservativo como posible prueba, cada contacto comunitario como una amenaza. Una ley que se presenta como defensa de la moral puede terminar disparando exactamente aquello que dice combatir: sufrimiento, abandono, enfermedad y muerte evitable.

La tercera consecuencia afectará al conjunto de la sociedad senegalesa. Cuando un Estado aprende que puede consolidar poder castigando a una minoría impopular, rara vez se detiene ahí. El verdadero alcance de esta reforma no está solo en las personas LGTBIQ+; está también en la normalización de una idea mucho más amplia y corrosiva: que los derechos dependen de la mayoría, que la dignidad puede ser sometida a votación parlamentaria y que la ley puede utilizarse para purificar simbólicamente la nación.

Hay además un efecto internacional que no debe subestimarse. Senegal había conservado durante años una imagen externa de estabilidad, mediación y relativa excepcionalidad democrática en África Occidental, por lo que estas acciones, sumadas a las previamente señaladas como la cancelación del evento de la ONU, las advertencias de Volker Türk y UNAIDS, dañan esa imagen. Además, se expone una controversia bastante interesante, en la que un Estado puede celebrar alternancia electoral y crecimiento económico, pero seguir fracasando en lo más básico si no garantiza que sus ciudadanos no sean perseguidos por lo que son.

La reflexión, por incómoda que resulte, es que aquí no hay nada “auténtico” ni “soberano” que defender cuando se convierte a una minoría en enemigo nacional: eso no es cultura, es poder en su forma más básica. No responde a una necesidad moral, sino a una lógica política muy reconocible: cuando faltan respuestas estructurales -sobre desigualdad, corrupción o falta de oportunidades- se construye un culpable accesible, visible y vulnerable. Senegal no está solo endureciendo una ley; está decidiendo quién merece vivir sin miedo y quién debe aprender a hacerlo en silencio. Y cuando un Estado traza esa línea, ya no está protegiendo a su sociedad: está empezando a fracturarla desde dentro.