Eritrea y Etiopía: Incautan 56.000 municiones en Amhara y crece la tensión en el Cuerno de África

La policía de Etiopía recientemente informó de la incautación de más de 56.000 rondas de munición en la región norteña de Amhara, denunciando la implicación del régimen de Eritrea en el cargamento enviado para abastecer las milicias rebeldes locales, en un contexto de tensión interna por parte de Etiopía, y bilateral, en un nuevo capítulo con el estado eritreo, lo cual ha alimentado preocupaciones de un posible conflicto en el Cuerno de África.

Según el relato policial, publicado en un post de Facebook, el vehículo viajaba desde Mekele, capital de la región de Tigré, con el apoyo del Frente Popular de Liberación de Tigré, una formación que además mantuvo un conflicto con el gobierno federal etíope entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022. La munición incautada incluía cartuchos para fusiles Kalashnikov, y para ametralladoras Bren y DShK, destacando que el envío fue presuntamente realizado por el “Gobierno de Shabiya”, en referencia al partido del gobierno de Eritrea.

Esta escalada de tensión supone un episodio más de la histórica rivalidad entre Eritrea y Etiopía, pues recientemente también el presidente eritreo acusó al partido gobernante en Etiopía (Partido de la Prosperidad) de haberles “declarado la guerra” en una entrevista de la televisión estatal eritrea, y además los responsabilizó de haber desplegado tropas en la frontera recientemente, en un cruce de acusaciones histórico y habitual en la dinámica de las relaciones bilaterales de ambos países.

La tensión entre Addis Abeba y Asmara se ha intensificado en el último año de forma más significativa respecto a periodos anteriores, sobre todo tras la declaración del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, en la que mencionaba la ambición de Etiopía sobre la recuperación del acceso al mar Rojo, algo que Eritrea consideraba como una amenaza a su soberanía.

Esto demuestra la dinámica defensiva y aislada que muestra Eritrea respecto a sus relaciones con otros Estados, especialmente con su vecino etíope, y evidencia cómo la percepción constante de amenaza externa ha sido utilizada por el régimen eritreo como un elemento legitimador de su estructura política interna. La securitización del entorno regional no sólo condiciona su política exterior, sino que también refuerza un modelo estatal profundamente militarizado, en el que la cohesión nacional se articula en torno a la disciplina, el sacrificio y la vigilancia permanente. En este contexto, el conflicto y la tensión geopolítica funcionan como herramientas discursivas que permiten al Estado justificar la prolongación del servicio nacional indefinido, la restricción sistemática de derechos civiles y la ausencia de reformas políticas sustantivas. Así, la política exterior defensiva de Eritrea no puede entenderse como un fenómeno aislado, sino como una extensión directa de un aparato estatal que prioriza la supervivencia del régimen y el control social por encima de la apertura política o la integración regional.

La economía de Eritrea: entre la opacidad estadística y el control estatal

El análisis económico eritreo resulta un reto estadístico debido a la ausencia y la desactualización de los datos existentes. Esta falta de transparencia no es accidental, sino estructural, y se encuentra realmente ligada al carácter del régimen político. Incluso, en Eritrea la población nacional es estimada (entre 3,53 y 3,54 millones de personas según modelos demográficos del Banco Mundial), lo cual hace entender cuán grande es el hermetismo si es necesario realizar una construcción estimada en base a tendencias de sus habitantes, aunque también se explica debido a que no existen censos regulares accesibles.

Del mismo modo ocurre con el PIB, estimado entre 2 y 2,3 mil millones USD, según el Banco Africano de Desarrollo o el FMI, destacando nuevamente en la provisionalidad y la liquidez de estas cifras. El crecimiento económico estimado se situaba en 2,9% en 2023, lo cual no debe interpretarse para nada como un indicador de dinamismo, sino como el reflejo de una economía pequeña, poco diversificada y altamente dependiente de ciertas circunstancias coyunturales. Por otro lado, no encontrar un índice Gini fiable y la imposibilidad de elaborar diagnósticos de desigualdad mediante herramientas estadísticas convencionales son señales de su sistema económico y político, pero no impiden comprender la estructura social resultante, en la que el poder económico se encuentra centralizado en la élite político-militar asociada al People’s Front for Democracy and Justice, partido gobernante en Eritrea. 

La economía de Eritrea se sustenta en tres pilares fundamentales, de los cuales depende: una agricultura de subsistencia, un sector minero con expansión limitada y las remesas enviadas desde la diáspora, que constituyen uno de los principales recursos financieros del país. Por otro lado, el sector privado tal y como es concebido en sociedades con economías diversificadas no existe, estando las actividades productivas supeditadas a empresas estatales o, más comúnmente, a conglomerados asociados al ejército y el partido único gobernante.

En último lugar, el National Service, teóricamente concebido como un servicio militar de dieciocho meses, pero transformado en la práctica en una manera de realización de trabajos forzosos de forma indefinida, proporciona mano de obra barata y controlada que sostiene desde proyectos de infraestructuras hasta labores agrícolas. El traslado obligatorio de los estudiantes al campamento de Sawa en el último año de secundaria, moldea la educación juvenil bajo parámetros castrense, siendo imposible eludirlo bajo ninguna circunstancia. El efecto económico del mismo es desastroso, pues se elimina a los jóvenes del mercado de trabajo y de formación, limitando su formación, inhibiendo la inversión privada y expulsando la migración irregular, penada en Eritrea hasta con 5 años de cárcel. El sistema educativo es uno de los ámbitos más condicionados por la lógica militar. 

La arquitectura del autoritarismo eritreo

La política eritrea constituye uno de los sistemas más singulares del siglo XXI. Ésta no sólo viene por la concentración extrema del poder, sino también de la forma en la que la historia interviene constantemente en la construcción estatal de Eritrea, en el sentido en el que la lucha por la independencia se ha convertido en un fundamento permanente de legitimidad.

El punto de partida político eritreo se encuentra en la organización que condujo a la guerra de independencia: el Eritrean People’s Liberation Front (EPLF). Este movimiento armado adoptó desde su inicio una perspectiva disciplinada y jerárquica. La guerra de independencia contra Etiopía durante tres décadas desarrolló una cultura organizativa tanto para la sociedad eritrea como para el EPLF, marcada por la disciplina férrea, el hermetismo y la autosuficiencia nacional. Tras la independencia en 1993, el EPLF se transformó en el People’s Front for Democracy and Justice (PFDJ), liderado por Isaias Afwerki.

Eritrea no posee una doctrina ideológica formalizada comparable a otros totalitarismos, sí bien es cierto que posee una serie de principios inherentes a la conformación social y política de su Estado, como la autosuficiencia nacional, la unidad absoluta frente a amenazas externas, con Etiopía en el centro de sus tensiones dentro del discurso oficial; el sacrificio colectivo como condición de ciudadanía, la hostilidad al pluralismo, visto como una división peligrosa que destruiría la unidad nacional; la supremacía social y moral de la élite revolucionaria, vista como guardianes de la nación, en la que existe un liderazgo sin contrapesos ni mecanismos de rendición de cuentas.

Los datos internacionales corroboran el carácter autoritario y todos estos rasgos previamente comentados. Según el Freedom in the World 2024 de Freedom House, Eritrea obtiene una calificación “no libre”, con 3 de 100. Dentro de esta valoración, recibe 1 de 40 en Derechos Políticos y 2 de 60 en Libertades Civiles, debido a la ausencia casi total de garantías individuales. La evaluación coincide con la del Índice de Democracia de The Economist (2024) que le da 1,97 sobre 10, situándolo en la categoría de régimen autoritario.

En siguiente lugar, un rasgo característico de Eritrea es que no tiene constitución, pues la aprobada en 1997 nunca fue implementada. Su suspensión indefinida en nombre de la seguridad nacional según el gobierno, ha consolidado un orden jurídico en el que no hay separación de poderes ni garantías fundamentales, ni elecciones nacionales. En este contexto, existe una facilidad de toma de decisiones sin rendición de cuentas, contrapesos y separación de poderes, adquiriendo las decisiones presidenciales un rango de norma efectiva.

Por el contrario, a diferencia de otros regímenes cerrados, Eritrea no ha establecido aún de forma oficial una línea sucesoria clara, lo que refuerza la dependencia de la élite del PFDJ hacia el presidente y mantiene un equilibrio interno basado en la incertidumbre y la supervivencia.

El control social es otro de los puntos relevantes del aparato político del sistema, pues, en el ámbito informativo por ejemplo la prensa independiente en Eritrea directamente no existe. Ocupa el último lugar (180/180) con una puntuación de 11,32 puntos en el informe de Reporteros Sin Fronteras World Press Freedom Index. Sin embargo, la vigilancia no sólo se limita al ámbito mediático, sino que la libertad de asociación está altamente restringida, y no permite la entrada de organizaciones civiles independientes. ONGs, sindicatos e incluso grupos religiosos se encuentran dentro del control estatal, pues se reconocen solamente cuatro confesiones, siendo cualquier otra práctica perseguida y sólo se permite si es compatible con el proyecto nacional. Otra de las aristas principales es la represión política, que en el caso de Eritrea es selectiva pero contundente. 

Un caso destacable fue el de los G-15, un grupo de quince opositores que en 2001 exigieron reformas democráticas, siendo fuertemente reprimidos, desaparecidos y detenidos, de los cuales su paradero sigue siendo desconocido 24 años después. Lo mismo ocurrió con periodistas que apoyaron desde los medios estatales tímidamente la apertura. La represión es sostenida e implacable, aunque silenciosa. Todo este entramado cuenta con una red de vigilancia interna, con comités comunitarios, informantes y organismos supervisores que monitorean actividades políticas, interacciones sociales, desplazamientos y comunicaciones. 

En último lugar queda la élite gobernante, sostenida gracias a los principios de lealtad, dependencia y temor. Los altos funcionarios del PFDJ (muchos de ellos veteranos de guerra) no pueden cambiar la orientación de las líneas maestras del país. Permanecen cohesionados por el respeto histórico a la figura del presidente, por el pensamiento de que la independencia fue una conquista demasiado costosa como para arriesgarla con experimentos pluralistas, y porque perderían sus privilegios y serían perseguidos en caso de proponer una apertura del régimen.

Mientras tanto, la sociedad del país africano vive atrapada en una contradicción: un Estado férreo que limita libertades esenciales, pero que al mismo tiempo exhibe ciertos avances sociales parciales. Un ejemplo claro es el acceso a Internet —solo utilizado por un 27% de la población, según Internet Society (2024)— el cual sigue siendo uno de los más bajos del mundo, con velocidades medias de apenas 4,25 Mbps y una conectividad tan restringida que solo 0,4% de los eritreas utiliza redes sociales (DataReportal 2024). La vigilancia estatal, los filtros técnicos y la falta de proveedores privados hacen prácticamente imposible un debate público libre, lo cual, unido a que desde 2001 no existe prensa independiente en el país, generan un caldo de cultivo perfecto para que no existan voces disidentes.

El sistema educativo es uno de los ámbitos más condicionados por la lógica militar. El traslado obligatorio de los estudiantes al campamento de Sawa en el último año de secundaria —donde se combinan exámenes, entrenamiento y reclutamiento— moldea la formación juvenil bajo parámetros castrenses. Al mismo tiempo, la vida diaria se desarrolla bajo controles documentales, puestos militares y restricciones internas que afectan incluso desplazamientos cortos. Para los jóvenes en edad de reclutamiento, salir del país es casi imposible.

La comparación con Corea del Norte, informal pero limitada

El apelativo “la Corea del Norte africana” fue por primera vez acuñado por Martin Plaut, analista político de la BBC, cuando en su libro Understanding Eritrea (Plaut, M. 2016) usó una comparativa entre ambos países para ejemplarizar el control monopólico del poder político del país africano, así como su aislamiento internacional y las restricciones a las libertades civiles. Antes de comenzar a desarrollar el contenido, cabe recordar que este nombre es una metáfora analógica, utilizada como atajo descriptivo para enfatizar rasgos visibles en ambos regímenes, pero es empobrecedora si pretende una equivalencia total, pues Eritrea y Corea del Norte encuentran trayectorias históricas, institucionales y geopolíticas evidentemente diferentes.

Eritrea ha sido en ocasiones llamada “La Corea del Norte africana”, pero este enfoque es un tanto limitado. Por un lado, es cierto que existen similitudes entre ambos países, como un liderazgo personalista compartido, la ausencia de pluralismo político y un control férreo sobre la sociedad, así como una militarización poblacional severa, y una censura mediática absoluta donde los ciudadanos tienen acceso limitado a información externa.

Sin embargo, las diferencias entre ambos son notables, y es necesario recalcar que la expresión es puramente mediática, útil para medir la severidad del autoritarismo eritreo, pero sería altamente simplista si no tuviéramos en cuenta las diferencias considerables entre ambos países, como por ejemplo que Eritrea no ha desarrollado un culto al líder ni una ideología nacional como el régimen norcoreano sobre el Juche, pues se basa en la legitimidad del ahora PFDJ como movimiento de liberación nacional, así como el control social, bastante más cotidiano y basado en la militarización, la supervisión y la restricción más que en la saturación ideológica, en el caso norcoreano, basado en un sistema social totalmente coordinado por la asignación estatal, mientras que Eritrea tiene unos servicios muy limitados que dependen de programas humanitarios internacionales.

Por otro lado, en la dimensión económica Eritrea y Corea del Norte presentan un enfoque diverso respecto al aislamiento, siendo el primero bastante más centrado en la ausencia de estadísticas, aunque con ciertas aperturas según qué actores regionales, de los cuales se permiten importaciones, comercio transfronterizo y programas de cooperación, aunque bastante limitados.

En último lugar, en el campo migratorio, como es evidente Corea del Norte no presenta apenas emigración por sus altas y peligrosas restricciones para abandonar el país, al contrario que Eritrea, que debe afrontar un desafío migratorio en el que cientos de miles de ciudadanos se han marchado del país en búsqueda de oportunidades.

Política exterior: diferencia discursiva, prácticas similares

El hecho acaecido recientemente con Etiopía no es un caso aislado, sino que se inscribe en una dinámica consolidada por eritrea que combina periodos de tensión manifiesta y aislamiento estratégico, con el objetivo de apuntar a un objetivo enemigo, con momentos de apertura calculada, siempre subordinados a la percepción que tiene el régimen de sus intereses de seguridad nacional. Esta conducta se modifica en un contexto regional complejo como es el Cuerno de África, en el cual las diferentes disputas territoriales no resueltas, rivalidades históricas y aspiraciones económicas divergentes y chocantes configuran un entorno altamente volátil y hostil, por lo que la forma de estabilizarse dentro del régimen descansa en la tendencia persistente a evitar compromisos multilaterales profundos o alineamientos duraderos con instituciones regionales como la Unión Africana o la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, siendo éstos considerados como influencias externas que pueden restringir su soberanía o introducir presiones internas. Es más, recientemente Eritrea anunció su retirada formal de IGAD, argumentando que el bloque había fallado en su mandato y no ofrecía beneficios estratégicos significativos, subrayando su preferencia por relaciones bilaterales selectivas frente a compromisos multilaterales amplios.

Otro frente dentro de la política exterior Eritrea es la desconfianza y tensión con Etiopía, hecho introducido previamente. A pesar de la firma del Acuerdo de Paz Histórico en 2018, que puso fin a décadas de hostilidades armadas, las relaciones bilaterales han sido francamente frágiles y plagadas de acusaciones cruzadas de provocación y violación de acuerdos. En 2025, las tensiones se han reactivado en torno a intereses estratégicos, como la salida al Mar Rojo por parte de Etiopía, y con la sospecha de reactivación militar y apoyo a facciones internas desestabilizadoras del país vecino en el caso eritreo, lo cual ha intensificado el clima de desconfianza, dificultando respuestas diplomáticas cooperativas.

A su vez, Eritrea ha cultivado relaciones bilaterales selectivas e interesantes de analizar con otros actores regionales, como Egipto, con el objetivo de reforzar su posición estratégica y contrapesar presiones vecinas. Las reuniones de alto nivel entre Asmara y El Cairo en 2025 evidenciaron un interés compartido limitado en torno a la seguridad regional y la estabilidad que, sí bien no implican compromisos multilaterales profundos, sí muestran que Eritrea puede entablar vínculos pragmáticos, siempre y cuando sean de interés.

Este patrón de política exterior reactiva, unilateral y caracterizada por la cautela estratégica responde a las visiones del régimen de que la supervivencia estatal depende de mantener un control absoluto sobre su entorno, y a una interpretación histórica de amenazas externas, lo cual ha permitido que se perpetúe la tendencia a que la participación en organizaciones regionales sea mínima.

Un éxodo convertido en identidad nacional

Eritrea alberga uno de los éxodos migratorios más persistentes del continente, con más de 630,000 personas en la diáspora como refugiados o solicitantes de asilo según la UNHCR (2024). Según datos de 2020, más del 24% de la población reside fuera del país, siendo la diáspora una extensión de la estructura social nacional, reflejo de un fenómeno transversal en el que no sólo tiene que ver el contexto político, sino que también el deterioro económico, la ausencia de movilidad social y la escasez de oportunidades han obligado a los eritreos a migrar. Los países principalmente receptores de esta emigración son Sudán y Etiopía, seguido de Alemania, Estados Unidos y Suecia.

El caso de la selección de fútbol es un ejemplo paradigmático. En 2012, 15 miembros de la selección desaparecieron en Uganda tras un torneo de clasificación para la Copa África, y en 2015, 10 futbolistas solicitaron asilo en Botswana tras un viaje oficial. Esto llevó al Estado a tomar una decisión insólita en 2023: Eritrea se retiraba de las eliminatorias del Mundial 2026 habiendo comenzado la fase eliminatoria, para evitar un éxodo masivo de jugadores aprovechando la exposición internacional (según reportes de medios africanos y europeos). Los casos de deserción de futbolistas tuvieron un grave impacto en la sociedad y la simbología del país: los talentos internacionales se convertían en posibles fugas del sistema, e incluso quienes representaban al país en el escenario internacional sentían el peso de su propia nacionalidad.

El futuro de Eritrea: autoritarismo persistente

Más allá de los análisis prospectivos y de las interpretaciones externas, la realidad eritrea continúa marcada por una profunda continuidad entre pasado, presente y horizonte inmediato. El país permanece anclado en una estructura de poder personalista y altamente centralizada, en la que el Estado, el partido único y la figura del presidente Isaias Afwerki se confunden hasta volverse indistinguibles. Esta configuración no solo define el funcionamiento institucional, sino que moldea la vida cotidiana de la población, condicionando expectativas, trayectorias vitales y formas de resistencia silenciosa.

La persistencia de una militarización omnipresente, unida a una economía rígidamente intervenida y a un servicio nacional indefinido que actúa como eje del control social, sigue cerrando cualquier margen real de transformación política. En este contexto, la emigración masiva no es únicamente una consecuencia colateral del sistema, sino una respuesta humana y colectiva a la ausencia de alternativas dentro del país, una vía de escape frente a un Estado que absorbe el tiempo, la energía y el futuro de varias generaciones.

La reciente escalada de tensiones militares con Etiopía refuerza, además, esta dinámica interna. Lejos de abrir espacios de debate o reforma, el retorno de un discurso de amenaza externa sirve para justificar el endurecimiento del control, la prolongación del servicio militar y la subordinación absoluta de la sociedad a las prioridades de seguridad del régimen. La frontera vuelve así a convertirse en un argumento político, y el conflicto regional en un recurso para sostener la cohesión forzada del sistema.

Eritrea avanza, por tanto, hacia una prolongación de su inmovilismo político, sostenido tanto por la represión estructural como por una atención internacional intermitente. En este marco, cualquier cambio significativo no solo parece lejano, sino profundamente desconectado de la experiencia cotidiana de una población que vive atrapada entre la disciplina del Estado y el deseo persistente, aunque silencioso, de una vida distinta.