La crisis en Malí (2012–2026): escalada de violencia, yihadismo y ofensiva coordinada en el Sahel

Desde hace una década la situación en Malí parece ser una constante espiral de violencia y de inseguridad motivada por los constantes golpes de Estado y la presencia de grupos afiliados a Al-Qaeda y el Estado Islámico, así como por movimientos separatistas tuareg y otros grupos criminales.

Antes de indagar en los hechos y en las consecuencias que surgen de la nueva ofensiva realizada el fin de semana del 25 y 26 de abril, hay que saber ciertos datos económicos, geográficos y demográficos que pueden ayudar a entender el tipo de país que es Malí. Geográficamente, ubicamos Malí en el corazón de África Occidental que es limítrofe con Argelia (al norte), Níger (este), Mauritania y Senegal (oeste) y Costa de Marfil, Guinea y Burkina Faso al sur, los cuales, en su gran mayoría, están siendo sacudidos por dinámicas similares de inestabilidad y de inseguridad.

Económicamente, se erige como el tercer país más pobre de África cuya gran parte de la escasa actividad económica que se desarrolla en el país, se realiza en la zona septentrional—bañada por el río Níger—a costa de un norte prácticamente desértico por su cercanía al desierto del Sáhara donde etnias como los tuaregs o los bereberes tienen una gran presencia pese a ser un grupo étnico minoritario dentro de la menestra étnica que es Malí.

La situación actual presenta cifras alarmantes y reflejan la magnitud de la crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa el país. Por ejemplo, las Naciones Unidas estiman que 5 millones de personas necesitan ayuda en Mali, pero su plan de respuesta solo alcanza a cubrir a 3.8 millones.

Si miramos más allá de Malí, la crisis de seguridad, tan solo en la región del Sahel,  representa actualmente cerca de la mitad de las muertes relacionadas con grupos armados a nivel mundial. Además, el año pasado, casi el 70% de las muertes por terrorismo en el mundo ocurrieron en solo cinco países, tres de los cuales están en el Sahel (incluyendo a Mali) conforme a lo recogido por el think tank Armed Conflict Location & Event Data y del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

Con ello, la situación en Malí ha alcanzado un punto crítico en abril de 2026 tras una ofensiva coordinada sin precedentes que ha puesto en jaque a la junta militar gobernante. Para comprender la magnitud de estos hechos, es necesario analizar el contexto de inestabilidad que el país arrastraba así como los factores que explican la reciente escalada bélica.

Una normalidad establecida en el tiempo: la crisis de inseguridad de Malí desde 2012

Desde el año 2012, Malí ha estado sumida en una profunda crisis de seguridad alimentada por grupos vinculados a Al-Qaeda y el Estado Islámico junto con las operaciones de grupos tuareg que se asentaban en el noreste del país. No obstante, la situación política se radicalizó tras dos golpes de Estado consecutivos en 2020 y 2021 que llevaron al poder a una junta militar liderada por el coronel Assimi Goïta.

Bajo su mandato, Malí adoptó una política nacionalista que resultó en la expulsión de las fuerzas francesas destinadas por la Operación Barkhane y de la misión de paz de la ONU (MINUSMA) en 2022 y 2023, respectivamente. En su lugar, la recién instaurada Junta Militar forjó una alianza estratégica con Rusia recurriendo al Grupo Wagner, que posteriormente fue absorbido por el Ministerio de Defensa ruso y rebautizado como Africa Corps.

A pesar de la promesa de la Junta liderada por Goïta de restaurar la seguridad y la estabilidad, la violencia contra civiles aumentó acompañada de acusaciones de abusos graves por parte del ejército maliense y sus aliados rusos. La fallida promesa de seguridad se observó con la ruptura de los Acuerdos de Argel de 2015—siendo este un pacto entre el gobierno maliense y los separatistas del Frente de Liberación Azawad (separatistas tuareg)—en enero de 2024 cuando el ejército maliense y los mercenarios rusos reiniciaron el conflicto armado con los tuareg en su afán de tomar las bases que la MINUSMA dejaba atrás con su expulsión del país en 2023.

Para 2025, el grupo yihadista Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM)—la filial de Al-Qaeda en el Sahel—realizó un acto de "yihad económica" donde trataba de estrangular el suministro de combustible y alimentos, provocando un desabastecimiento y desafiando a la junta militar y su apoyo ruso, agravando así la crisis interna del país.

La ofensiva de abril de 2026: una alianza imprevista desestabiliza Malí...de nuevo

La reciente ofensiva comenzó el fin de semana del 25 y 26 de abril de 2026 y se caracteriza por una alianza táctica improbable entre dos enemigos históricos, como lo eran el Frente de Liberación Azawad—separatistas de etnia tuareg—y el JNIM, filial de Al-Qaeda en la región. Ambos grupos coordinaron sus esfuerzos para atacar simultáneamente múltiples puntos estratégicos del país con el objetivo de derrocar al régimen de Goïta.

Entre los eventos desarrollados durante el fin de semana, sin duda es de especial relevancia el asesinato del general Sadio Camara, quien ocupaba la posición de Ministro de Defensa y la de principal interlocutor entre Malí y Moscú, siendo el cerebro detrás del despliegue de mercenarios rusos en el Sahel. Camara fue asesinado en su domicilio en la ciudad de Kati tras un atentado de un comando insurgente con un camión bomba suicida y un posterior tiroteo.

Al mismo tiempo que el convoy de yihadistas fulminaba al general Camara en el norte, la ofensiva logró un hito simbólico: la toma de la ciudad de Kidal. La caída de Kidal representa un gran golpe para el ejército maliense y las fuerzas del Africa Corps, ya que fue en noviembre de 2023 cuando consiguieron vencer a las tropas rebeldes del FLA, quienes habían controlado la ciudad por casi una década.

Los hombres del Africa Corps y el ejército maliense, dejando atrás vehículos blindados y suministros, se vieron obligados a retirarse apresuradamente gracias a la mediación de Argelia en las negociaciones de la retirada. Tras la retirada de las tropas rusas y malienses, los yihadistas del JNIM lanzaron un comunicado en el que deseaban tener ‘una relación equilibrada en el futuro’ con Moscú.

La ofensiva no finaliza ahí, sino que incluiría ataques coordinados en múltiples puntos del país reportándose combates intensos en Gao, Mopti, Sévaré, Bourem, Tessalit y Léré, logrando el sitio o la captura total de la ciudad. Los rebeldes del FLA han manifestado su intención de avanzar hacia Gao y la ciudad santa de Tombuctú para consolidar el control del norte y dividir el territorio de Malí en dos.

En Bamako—la capital de Malí—se registraron explosiones y tiroteos en el Aeropuerto Internacional Modibo Keita y en los puestos militares periféricos, con lo que obligó a las autoridades a imponer un toque de queda de 72 horas y provocó el cierre temporal de escuelas en el sur de la ciudad.

Días más tarde, el martes 28 de abril, los combatientes de Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) anunciaron formalmente el bloqueo total de Bamako, advirtiendo que “nadie volverá a entrar a la capital”, siendo este bloqueo todavía más agresivo que el vivido en 2025. El grupo vinculado a Al-Qaeda ha cortado rutas principales, como la autopista Bamako-Kéniéba, dejando a cientos de civiles y transportistas varados sin acceso a agua, alimentos ni combustible.

El Frente de Liberación de Azawad: en busca de la autodeterminación de Azawad

El Frente de Liberación de Azawad es una organización de separatistas tuareg del norte de Malí que busca la autodeterminación y la independencia de la región que el grupo denomina ‘Azawad’, comprendiendo las regiones de Tombuctú, Kidal y Gao, regiones que se han visto afectadas por la última ofensiva del FLA de abril de 2026.

Verdaderamente, esta organización representa la actualidad de una larga historia de rebeliones tuareg en el país desde la época de la independencia maliense en la década de los 60, habiéndose formado formalmente en noviembre de 2024 tras la fusión de varios movimientos rebeldes anteriores.

El Frente de Liberación Azawad se define a sí mismo como un movimiento político y nacionalista, a diferencia de sus aliados tácticos yihadistas con motivaciones principalmente religiosas. Los miembros del FLA pertenecen predominantemente a las minorías étnicas tuareg y árabe del norte, quienes comparten vínculos culturales más estrechos con las poblaciones de Argelia, Mauritania y Níger que con la mayoría bambara del sur de Malí.

Los líderes principales del grupo son figuras que han sido clave en las anteriores reclamaciones de autodeterminación del FLA. Por un lado, su líder Alghabass Ag Intalla, de 54 años, es el jefe tradicional del FLA y pertenece al clan noble tuareg de Kidal y, por otro, encontramos a Bilal Ag Cherif, quien con tan solo 49 años ha dirigido movimientos separatistas anteriores y ha tenido una voz activa en las negociaciones de paz pasadas.

Los objetivos del FLA en Malí son fundamentalmente territoriales y políticos, centrados en conseguir la soberanía del norte del país. Su meta principal es conocida: establecer una nación independiente llamada Azawad en el norte de Malí. Por tanto, para completar ese Estado autoproclamado, buscan el control total de las ciudades de Kidal, Gao, Menaka y Tombuctú.

El movimiento, que lucha contra lo que consideran décadas de marginación política y económica por parte del gobierno central de Bamako, ha conseguido un avance fundamental tras la toma de ciudades estratégicas como Kidal en abril de 2026 manifestando incluso su afán de establecer una gobernanza conjunta en la región con los yihadistas del JNIM eliminando la presencia administrativa del Estado maliense.

Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin: el culpable de la expansión del terrorismo en el Sahel

Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin—en español ‘Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes’—es actualmente la organización insurgente más prominente de Malí y la filial oficial de Al-Qaeda en la región del Sahel. Con una fuerza estimada de 10.000 combatientes, el JNIM se ha consolidado como un actor central en la expansión del terrorismo y la inestabilidad en África Occidental.

JNIM no es un grupo aislado, sino una coalición estratégica de cuatro organizaciones yihadistas: Ansar Dine, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, la Katiba Macina y Al-Mourabitoun, que formaliza la presencia de Al-Qaeda en el Sahel. Esta coalición de grupos está encabezada por Iyad Ag Ghaly—un veterano combatiente tuareg y antiguo líder de Ansar Dine vinculado históricamente a Al-Qaeda desde 2010—y su segundo, Amadou Koufa, antiguo líder de la Katiba Macina enfocado en la expansión yihadista en el centro de Malí.

JNIM ha evolucionado de ser una guerrilla rural para convertirse en una amenaza capaz de sitiar centros urbanos y coordinar ataques a gran escala por toda la región. Así pues, el grupo controla vastas zonas rurales, especialmente en el norte y centro de Malí, pero su alcance se extiende a las zonas fronterizas de Níger y Burkina Faso.

A diferencia de la retórica yihadista global más extrema y pese a rendir lealtad a Al-Qaeda, el JNIM opera con una agenda profundamente local suavizando sus reglas religiosas en algunas zonas para ganar legitimidad local y mantener su alianza con los separatistas del FLA. En ciertos territorios, aplican una ley islámica—o sharía—más ‘suave’ (con ciertas similitudes a Mauritania) enfocándose en combatir los abusos del ejército maliense y sus aliados rusos.

Tal y como se ha mencionado, utilizan tácticas como el bloqueo total de ciudades como el bloqueo sucedido en 2025 en la capital, Bamako, para asfixiar económicamente al régimen, forzar concesiones y obligar al gobierno a negociar. 

No obstante, el JNIM no es el único grupo terrorista operando en la zona, sino que tiene una competencia proveniente del ISSP o del Estado Islámico en la Provincia del Sahel. La competencia entre ambos ha transformado las zonas rurales y urbanas de Malí en escenarios de violencia extrema donde el civil es el blanco principal de tácticas de ‘castigo colectivo’.

Esta rivalidad, lejos de limitarse a enfrentamientos ideológicos, se traduce en una lucha por el control territorial y social que destruye la seguridad de la población y pone a los civiles en zonas en disputa en riesgo de ser asesinados simplemente por su ubicación geográfica, independientemente de su afiliación política o religiosa. 

Un golpe muy duro para el Kremlin: la fiabilidad del Africa Corps en el limbo

Uno de los grandes perdedores, además de la Junta Militar liderada por Asssimi Goïta, es la Rusia de Vladímir Putin, quien se presenta como el principal aliado de seguridad de la Junta Militar tras reemplazar a las fuerzas francesas y la misión de paz de la ONU (MINUSMA) tras su salida del país.

El rol de Rusia en Malí se ha consolidado a través de una asociación estratégica que prioriza la supervivencia del régimen y la lucha contra la insurgencia a cambio de influencia geopolítica en la región y el acceso a recursos naturales valiosos.

Las estimaciones indican que hay aproximadamente 2.000 combatientes rusos del Africa Corps—anterior Grupo Wagner y reabsorbido por el Ministerio de Defensa tras la muerte de Prigozhin—desplegados en Malí cuyas funciones van desde el entrenamiento militar o la protección del régimen hasta el apoyo en operaciones de contrainsurgencia contra grupos yihadistas como el JNIM y separatistas como el FLA.

Precisamente la ofensiva coordinada del FLA y el JNIM ha supuesto un golpe severo para la imagen de Rusia como socio de seguridad fiable debido a que se vieron obligados a retirarse de la ciudad de Kidal, que se encuentra ahora bajo control del FLA. Sin embargo, los rusos no tardarían en responder lanzando ataques aéreos y usando helicópteros de combate para hostigar a las fuerzas rebeldes a las afueras de Bamako.

El jueves 30 de abril, el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov declararía formalmente que las fuerzas rusas permanecerán en Malí “para combatir el extremismo y el terrorismo” y continuarán prestando asistencia al gobierno actual.

Sin duda, la crisis actual pone a prueba la estrategia de Rusia en África ya que, si las fuerzas respaldadas por Moscú no logran proteger a sus aliados clave de forma efectiva, otros gobiernos de la región podrían reconsiderar su dependencia de la asistencia militar rusa, en especial los gobiernos de Burkina Faso y de Níger, que han estrechado lazos con el Kremlin durante los últimos años.

Una crisis humanitaria y social persistente de carácter regional y global

La reciente ofensiva en Malí ha reactivado una crisis humanitaria y social devastadora que trasciende sus fronteras, mientras la comunidad internacional reacciona con una mezcla de condenas diplomáticas y una ayuda humanitaria limitada.

Desde finales de 2023 y, tras la ofensiva de abril de 2026, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR por sus siglas), al menos 100.000 malienses han huido hacia Mauritania, donde se asientan en ciudades fronterizas como Dounkara y Fassala poniendo una presión extrema sobre los limitados recursos de agua, tierras de pastoreo e infraestructura básica como clínicas o escuelas. Estimaciones indican que el total de malienses desplazados hacia Mauritania asciende a 300.000 desde 2012.

Testimonios de los refugiados describen actos de violaciones flagrantes de los derechos humanos que han sido cometidos por todos los bandos, incluidos grupos yihadistas, el ejército maliense y sus aliados rusos del Africa Corps. Se reportan casos de decapitaciones, ejecuciones sumarias, violaciones, torturas... Sin embargo, todo ello no queda exento de denuncia y el 20 de abril de 2026, tres grupos de derechos humanos presentaron una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Africana contra el Estado maliense y sus aliados rusos por violaciones graves de los derechos humanos.

Los riesgos de desestabilización regional que presentaría una caída de Malí ante un protoestado yihadista son muy altos, pudiendo salpicar la violencia en todo el Sahel amenazando la estabilidad de Burkina Faso, Níger e incluso trasladándose a los estados costeros de Costa de Marfil, Ghana y Nigeria, donde ya se reportaron en noviembre de 2025 unos primeros ataques por parte del JNIM.

Para finalizar, la desestabilización de Malí representa una amenaza directa para la seguridad y los intereses de Europa en tanto que Malí corre el riesgo de convertirse en un país gobernado por afiliados de Al-Qaeda. Este hecho podría transformar el territorio en un imán para yihadistas de todo el mundo y en un centro de entrenamiento para planear y ejecutar ataques en suelo europeo.

Tampoco hay que olvidar que el colapso del estado maliense podría provocar una crisis migratoria masiva donde la violencia extrema ya ha desplazado a más de 2,5 millones de personas en la región. Una desestabilización de tal calibre podría generar nuevos flujos migratorios masivos que presionarían las fronteras europeas, afectando principalmente a España y los flujos migratorios provenientes de la ruta canaria.