Etiopía: crónica de una libertad de prensa en peligro

Desde la llegada de Abiy Ahmed al poder en 2018, la libertad de prensa en Etiopía ha seguido un camino de avances y retrocesos. Si bien sus primeros años estuvieron marcados por la liberación de periodistas encarcelados y la reapertura de medios prohibidos, el estallido del conflicto en Tigray en 2020 revirtió gran parte de estos progresos. La censura, los arrestos de periodistas y los bloqueos informativos se han intensificado, especialmente en coberturas sensibles como los derechos humanos y las tensiones étnicas. Según Reporteros Sin Fronteras, Etiopía ocupa el puesto 130 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024, reflejando un claro deterioro en el acceso a información independiente.

Clasificación de Etiopía según los indicadores sociopolíticos. Fuente: Reporteros Sin Fronteras

A pesar de que la Constitución etíope reconoce la libertad de prensa, la realidad dista mucho de esta garantía legal. El gobierno ha utilizado leyes secundarias como la Ley de Ciberdelitos (2020) y la Ley Antiterrorista (2009) para criminalizar a los periodistas, restringiendo la publicación de información que pueda ser considerada "amenazante para la unidad nacional". Además, el poder judicial carece de independencia y suele ser instrumentalizado para perseguir a los medios críticos con el régimen. Casos como la detención de Temesgen Desalegn en 2023 y el cierre temporal de Addis Standard evidencian la presión estatal sobre la prensa independiente.

El contexto económico también limita la pluralidad informativa en Etiopía. La crisis inflacionaria, la escasez de divisas y la dependencia de la publicidad estatal han creado un ecosistema mediático dominado por medios progubernamentales. Mientras que los medios estatales como Ethiopian Broadcasting Corporation reciben financiación constante, los medios independientes enfrentan restricciones en la obtención de licencias y exclusión de campañas publicitarias, llevándolos a la autocensura o al cierre definitivo. Esta dinámica ha debilitado el pluralismo y la sostenibilidad financiera del periodismo en el país.

El periodismo en Etiopía también está condicionado por el complejo entramado social del país. Con más de 80 grupos étnicos y una historia de tensiones intercomunitarias, la cobertura mediática se ha visto influenciada por narrativas regionales. Esto ha generado desconfianza entre audiencias de diferentes comunidades y ha convertido a los periodistas en objetivos de ataques tanto por parte del Estado como de grupos armados. La autocensura se ha convertido en un mecanismo de supervivencia, ya que los reporteros que abordan temas como la corrupción o los conflictos armados enfrentan hostigamiento y campañas de desprestigio.

El contexto de seguridad es uno de los mayores desafíos para los periodistas etíopes. Desde 2021, más de 60 reporteros han sido arrestados, y muchos otros han enfrentado agresiones físicas, amenazas de muerte o desapariciones forzadas. Las restricciones gubernamentales incluyen el bloqueo de Internet y la prohibición del acceso de corresponsales extranjeros a zonas de conflicto, lo que ha dificultado la cobertura de abusos a los derechos humanos. Frente a este panorama, numerosos periodistas han optado por el exilio, mientras que otros continúan ejerciendo bajo un clima de represión y censura que sigue socavando el derecho a la información en Etiopía.

En conclusión, Etiopía atraviesa un profundo retroceso en términos de libertad de prensa, caracterizado por la censura sistemática, la criminalización del periodismo y la hostilidad institucional hacia los medios independientes. Sin una reforma estructural que garantice la autonomía de los medios y el cese de las políticas represivas, el país seguirá siendo un territorio donde el ejercicio periodístico representa un riesgo significativo y el acceso a información veraz y diversificada continuará estando severamente restringido.