Europa ante la transición energética y la presión migratoria: desafíos y estrategias 2026

Escrito por: Andrea Bastida y José Manuel Jiménez Vidal

La energía se ha convertido en un eje central de la política económica e internacional europea durante el siglo XXI. La Unión Europea es una de las regiones globales más industrializadas, pero también una de las más dependientes de terceros Estados: importa en torno más del 60% de la energía que consume. Esta dependencia estructural ha condicionado notablemente las decisiones de la organización, especialmente tras la invasión de Ucrania en 2022 y el surgimiento de conflictos en Oriente Medio, lo que ha alterado profundamente el equilibrio energético continental.

Durante décadas, la Federación Rusa ha sido el principal proveedor de gas natural a Europa, llegando a suministrar alrededor del 40% del gas importado por la UE. Países como Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania o Bulgaria dependen intensamente de los gasoductos rusos –Bulgaria permite el paso de gas ruso mediante el gasoducto Balkan Stream, una extensión del Turk Stream que procede de Turquía y finaliza en Serbia, hecho permitido por la normativa europea de cruce de fronteras, aunque finalmente mucho de este gas acaba en Hungría–. La guerra y las sanciones han reducido drásticamente los flujos, obligando a Europa a diversificar proveedores y acelerar la transición energética. Sin embargo, sustituir el gas ruso por gas natural licuado –GNL– procedente de los Estados Unidos o Catar ha encarecido los costes energéticos –cerca del 24% – y afectado a la competitividad industrial europea.

En este nuevo escenario, Argelia ha ganado peso como suministrador de gas, posicionándose como el segundo Estado suministrador de gas de la UE tras Noruega, especialmente para España –antes del corte de suministros por los roces diplomáticos derivados del Sáhara Occidental y Marruecos– e Italia a través del gasoducto Transmed. No obstante, Argelia también mantiene límites productivos y un aumento interno de consumo, lo que ha hecho reducir los márgenes exportadores de sus recursos. Asimismo, la estabilidad política y las tensiones diplomáticas pueden afectar a estos flujos, especialmente teniendo en cuenta las dinámicas regionales entre Argel y Rabat con socios clave como Francia, Alemania o las mencionadas España e Italia. 

A ello se suman actores como Azerbaiyán, que abastece al sur de Europa mediante el corredor del Cáucaso, el cual pasa por: Georgia, Turquía, Grecia, Albania e Italia; y Noruega, hoy el principal proveedor de gas tras la reducción rusa, regido por el precio de mercado europeo. Incluso Nigeria ha incrementado las exportaciones de hidrocarburos y GNL hacia el mercado europeo, especialmente al alemán, francés y español. Mientras, en Hispanoamérica, la situación de Venezuela, bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la caída de Nicolás Maduro, muestra cómo la inestabilidad política puede limitar el potencial energético de un país con enormes reservas petroleras, por lo que otros socios como Chile (hidrógeno verde), Brasil, Argentina y México han tomado la delantera.

Europa no solo se enfrenta a la mera dependencia externa, sino también a sus propias infraestructuras. La península ibérica, por ejemplo, tiene una alta capacidad de regasificación y un gran desarrollo y potencial en energías renovables como la eólica, solar o el hidrógeno verde, pero sus interconexiones con el resto de Europa son sumamente deficientes en porcentajes, lo que la convierte en una isla energética. Proyectos como el eje Barcelona-Milán han encontrado también obstáculos técnicos y políticos, en dicho caso por cuestiones relacionadas con Francia. Este contexto dio lugar a la llamada “excepcionalidad ibérica”, la cual permitió a España y Portugal limitar de forma temporal el precio del gas para reducir la factura eléctrica entre un 28-57% respecto a otros socios de la UE.

Ante estos retos, se consolida un “nuevo mundo” energético basado en renovables. La energía eólica y solar ya superan en generación eléctrica a los combustibles fósiles en muchos países de la Unión como Suecia, España, Luxemburgo, Portugal, Croacia, Finlandia, Austria y Dinamarca, entre otros. Destaca la expansión de la eólica marina en el Mar del Norte y el Atlántico, con enormes parques offshore que pueden abastecer a millones de hogares, especialmente relevantes para Países Bajos, Bélgica, España, Alemania o Dinamarca. La mareomotriz crece en Francia, Luxemburgo encabeza la biomasa, la eólica flotante posiciona nuevamente a España como líder y la energía undimotriz hace destacar a Irlanda. Sin embargo, la intermitencia de fuentes exige inversiones masivas tanto en almacenamiento como en redes eléctricas funcionales, además de dependencias excesivas por falta de infraestructuras o dependencias excesivas de combustibles fósiles como Malta y Chipre.

Un debate es el de sobre si la energía es verdaderamente “verde”. Las renovables reducen emisiones, pero requieren de minerales críticos y grandes infraestructuras para su desarrollo, actividad y producción. En paralelo, la energía nuclear divide a Europa. Francia mantiene una muy fuerte apuesta nuclear –56 reactores–, con alrededor del 70% de su electricidad procedente de mencionada fuente, considerándola clave para su soberanía energética y descarbonización, narrativa a la que se adhieren Chequia, Finlandia, Bélgica, Bulgaria, Hungría, Rumania, Eslovenia –quien comparte la energía nuclear con Croacia– o Eslovaquia entre otros. En contraste, España ha optado por cerrar progresivamente sus centrales nucleares, mientras que Italia muestra voluntad de reabrir el debate nuclear tras décadas de rechazo. Por su parte, Polonia, Alemania, Rumania, Chequia y Grecia continúan dependiendo en gran medida del carbón, aunque impulsan nuevos proyectos nucleares y renovables para reducir emisiones.

Finalmente, la posibilidad de una nueva crisis del petróleo, provocada por las tensiones y conflictos en Medio Oriente y el cierre de las cadenas arábigas de suministros, como Adén y Ormuz, recuerda que el mercado energético mundial sigue siendo muy vulnerable. Europa se encuentra en una nueva encrucijada histórica: reducir su dependencia externa, invertir en investigación y producción interna, modernizar sus infraestructuras y equilibrar la seguridad energética de forma sostenible. La transición no es exclusivamente tecnológica, también lo es política y económica, y definirá el papel europeo en el próximo orden mundial.

Debate migratorio del Parlamento Europeo

Los flujos migratorios hacia Europa en las últimas décadas han estado profundamente determinados por crisis humanitarias en distintas regiones de Oriente Próximo, desplazamientos forzosos derivados de conflictos armados y las estrategias internacionales de gestión migratoria. Desde el inicio de la Revolución Siria en 2011 y la posterior escalada de la guerra, varios países europeos comenzaron a registrar un incremento de personas que buscaban protección internacional, alcanzando su punto álgido a partir de 2015, en lo que se considera la mayor crisis de refugiados en el continente desde la Segunda Guerra Mundial.

En los primeros compases del conflicto sirio, entre abril de 2011 y octubre de 2012, alrededor de 23.500 ciudadanos sirios solicitaron protección internacional en Europa, principalmente en Alemania y Suecia, aunque también en Austria, los Países Bajos, Francia y el Reino Unido. Con el tiempo y la prolongación de la guerra, el número de desplazados superó los 13 millones, entre refugiados y desplazados internos, lo que obligó a la Unión Europea y a sus Estados miembros a reforzar la asistencia humanitaria y los mecanismos financieros tanto dentro como fuera del continente.

No obstante, los desplazamientos forzosos en la región tienen antecedentes más amplios. El caso palestino constituye uno de los procesos de refugio más prolongados del mundo, desde la Nakba de 1948, que provocó el desplazamiento forzoso de más de 700.000 personas tras la creación del Estado de Israel. A estas dinámicas se suman conflictos posteriores, como los de Irak, así como las consecuencias regionales de la guerra siria, que afectó especialmente a países vecinos como Líbano, receptor de un elevado número de refugiados desde 2011 pese a sus limitadas capacidades institucionales y económicas, y Jordania, que también asumió un papel clave en la acogida de desplazados.

Durante los primeros años de la crisis, la estrategia europea se orientó hacia la externalización de la gestión migratoria, promoviendo que gran parte de los desplazados permaneciera en países limítrofes al conflicto. Sin embargo, la afluencia masiva de personas a Europa en 2015 evidenció las limitaciones del sistema de Dublín y la presión sobre los sistemas nacionales de asilo en países de primera entrada como Grecia e Italia. Al mismo tiempo, Estados miembros como Alemania, Suecia o Austria recibieron un elevado número de solicitudes, intensificando el debate político sobre fronteras, distribución de responsabilidades y reforma del sistema común de asilo, mientras se cuestionaba la capacidad de los países del sur y este de Europa para gestionar la crisis sin recursos adicionales.

Esta dinámica ha generado posturas polarizadas en el Parlamento Europeo. Grupos como la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), los Verdes/Alianza Libre Europea (Greens/EFA) o The Left defienden vías legales de migración, protección de refugiados y mecanismos obligatorios de reparto entre los Estados miembros, aunque algunos criticaron el Pacto de Migración y Asilo de 2024 por considerarlo demasiado restrictivo. Renew Europe y el Partido Popular Europeo (PPE) adoptan una posición intermedia, apoyando el pacto al combinar control fronterizo con un sistema europeo común de asilo. En contraste, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y Identity and Democracy (ID) han rechazado estas medidas, defendiendo políticas más estrictas basadas en el control de fronteras y la defensa de la soberanía nacional.

Ante este paradigma, ¿cómo consigue la UE reducir la presión migratoria sin renunciar a sus compromisos legales y humanitarios? Una de sus estrategias clave ha sido la creación de “estados colchón”: países vecinos que absorben parte de la presión antes de que los flujos lleguen al continente. Turquía actúa como principal colchón en el Mediterráneo Oriental, mientras Marruecos, Túnez, Libia y Egipto desempeñan un papel similar en el Mediterráneo Central y Occidental, especialmente hacia España e Italia. Los Balcanes Occidentales, con Serbia a la cabeza, funcionan como zona de amortiguación en la ruta de los Balcanes, y Mauritania y Senegal son socios estratégicos en la ruta atlántica hacia las Islas Canarias. Incluso Bielorrusia ha sido utilizada recientemente como punto de tensión en la frontera este con Polonia.

Estos estados colchón funcionan mediante externalización de fronteras: la UE financia y refuerza los controles, pacta acuerdos de readmisión y promueve la contención en origen, de manera que los migrantes permanezcan en estos países de tránsito. Gracias a estas medidas, la entrada de migrantes irregulares en la UE cayó más del 25 % en el último año según datos de la propia Comisión Europea, aunque Alemania, Francia, España e Italia siguen siendo los principales destinos, y rutas como los Balcanes Occidentales o el Mediterráneo Central continúan siendo críticas.

Por si fuera poco, el auge de extremismos políticos ha intensificado la presión social. Italia, por ejemplo, ha tenido que gestionar tensiones con Albania ante flujos irregulares, mientras que los gobiernos combinan planes de regularización con políticas de deportación. Estrategias como el Plan Mattei han buscado gestionar la llegada de ciudadanos albaneses y otros grupos de manera ordenada, equilibrando seguridad y derechos fundamentales.

En conjunto, estas medidas, estrategias de contención y debates políticos evidencian que la migración sigue siendo uno de los retos más complejos de la Unión Europea, y lo seguirá siendo en los años venideros ante la delicada situación actual en Oriente Medio, marcada por tensiones crecientes en países como Irán tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel. Más allá de acuerdos, estados colchón y planes de regularización, la UE debe conciliar seguridad, solidaridad y respeto a los derechos humanos en un contexto de flujos continuos y opiniones políticas polarizadas. La pregunta que queda abierta es si será capaz de construir un modelo sostenible que responda tanto a las necesidades de los Estados miembros como a las de quienes buscan protección y una vida digna en Europa.