Golpe de Estado en Guinea-Bissau: entre urnas y fusiles

El mediodía del 26 de noviembre de 2025 quedará en la mente de todos los bisauguineanos como el día en el que volvieron a situarse en el centro del mapa internacional por razones que no sorprenden en su forma, pero sí en su velocidad, precisión y sincronía, pero que generan una ruptura institucional de considerable envergadura. Todo este proceso sucede apenas tres días después de haber celebrado elecciones presidenciales y legislativas. Unas elecciones que, según observadores internacionales de varias misiones internacionales, incluyendo la Unión Africana, CEDEAO o CPLP, se produjeron “de manera pacífica y sin interrupciones”, destacando que la presencia de las fuerzas de seguridad permitió unos comicios “libres y transparente”, con un “importante respeto a los derechos humanos”.

Sin embargo, la calma de las elecciones duraron hasta el mediodía del 26 de noviembre, tornándose en estallido, y la calma, en una tormenta anunciada cuya magnitud aún no sabemos. Umaro Sissoco Embaló denunció haber sido detenido en su despacho junto a otros mandos civiles que pasaremos a analizar posteriormente.

Pero realmente, para comprender plenamente lo ocurrido, es indispensable considerar los antecedentes históricos del país, los patrones recurrentes de intervención militar y fragilidad institucional, así como los factores estructurales que multiplican el riesgo de rupturas políticas en momentos de disputa electoral para entender este hecho como un caso que no es aislado, sino otro eslabón en la larga cadena de crisis que define la política guineana.

Antecedentes de Guinea-Bissau: una democracia frágil acostumbrada a los golpes

Guinea-Bissau ha atravesado una evolución marcada desde su independencia en 1974 llena de golpes y episodios violentos que dañaron su legitimidad constitucional. Sin ir más lejos, el primer golpe fue en 1980, sólo seis años después de constituirse como estado independiente, cuando Joao Bernardo Vieira depuso al entonces presidente Luís Cabral, transformando al ejército en mero árbitro del poder estatal e imposibilitando la unión planteada entre Guinea-Bissau y Cabo Verde. A lo largo de estas décadas existieron grandes crisis internas que desembocaron en intentos de golpe y derrocamientos sucesivos, a menudo vinculados a rivalidades militares, control de recursos y redes informales de poder.

Otro de los episodios que define esta historia fue la guerra civil de 1998-1999, fruto de las tensiones entre facciones del ejército y gobierno, culminando con la caída de Vieira y dejando nuevamente un país inestable en términos democráticos. Posteriormente, en 2003 hubo otro golpe encabezado por Veríssimo Correia Seabra, quien depuso al presidente Kumba Ialá, a causa del estancamiento económico, la inestabilidad política y la insatisfacción militar. Nueve años después, en 2012, una nueva intervención militar interrumpió el proceso en curso, arrestando a figuras como el primer ministro en el momento, en un contexto de fuerte desconfianza entre ejército y civiles. Entre esos eventos y hasta la actualidad se ha contribuido a la consolidación de un círculo de ruptura institucional constante, según diversos expertos.

En este ámbito, si bien el sistema en la teoría estaba planificado para un equilibrado control entre el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con un Presidente que actúa como Jefe de Estado, y un gobierno con un primer ministro que ejercen funciones legislativas y detentan el gobierno del país, con un mecanismo definido de vías legales e institucionales para la competencia política, el control del poder y cambios de gobierno efectivos en base a un sistema semipresidencialista, la práctica sin embargo ha consistido en una vulneración persistente de este equilibrio, debido a una serie de factores estructurales.

En primer lugar, las instituciones estatales presentan debilidades crónicas, con escasa presencia efectiva fuera de la capital, limitada capacidad para implementar políticas públicas en el territorio y una fuerte dependencia de recursos externos e informales, lo que debilita la gobernabilidad y limita la autoridad del Estado. La gobernanza es débil: según el Banco Africano de Desarrollo (2022–2026), Guinea-Bissau figura entre los países con los indicadores más bajos de desempeño del sector público, transparencia y control de la corrupción en África Occidental, lo que se traduce en una administración pública ineficaz y en dificultades para aplicar leyes y regulaciones fundamentales.

En términos socioeconómicos, el país enfrenta desafíos estructurales significativos. Alrededor del 65 % de la población sufre pobreza multidimensional, con privaciones severas en salud, educación, servicios básicos, vivienda e infraestructura, afectando especialmente a las zonas rurales, donde reside la mayoría de los guineanos. La economía depende en gran medida de la agricultura de subsistencia y de ayudas internacionales, mientras que el Índice de Percepción de la Corrupción (2024) sitúa al país con solo 21/100, reflejando la extensión de prácticas corruptas y la infiltración de redes ilícitas en el aparato estatal.

Desde la perspectiva política, Guinea-Bissau en la práctica es un sistema bastante débil: las restricciones sobre las libertades políticas, la participación ciudadana limitada y la debilidad de los mecanismos de control institucional erosionan la democracia. El Democracy Index 2024 le otorga un puntaje de 4.08/10, clasificándolo como un “régimen híbrido”, donde la autoridad formal del Estado coexiste con estructuras de poder informales y conflictos internos que dificultan la consolidación de un sistema político estable y transparente.

Los días previos al golpe

A pesar de que las elecciones del 23 de noviembre fueran pacíficas y libres según los observadores internacionales, y quizá la noticia cogiese por sorpresa a más de uno- escritor incluido- realmente el golpe del 26 de noviembre no fue repentino, pues en los meses, semanas e incluso días previos se acumulaban señales claras de tensión y crisis. Por ejemplo, en 2022 se denunció un intento de golpe cuando, mientras Embaló lideraba una reunión de gabinete, un grupo armado rodeó el Palacio de Gobierno y abrió fuego, provocando varias muertes. Aunque el gobierno atribuyó el ataque a narcotraficantes, realmente diversos analistas y opositores cuestionaron fuertemente esta versión. También denunció otro intento de golpe en diciembre de 2023. Todo esto, recordemos, tres años y medio después de que el 27 de febrero de 2020 tomara posesión.

Tras ese evento, la situación institucional lleva dando signos de deterioro significativo. La Asamblea Nacional Popular fue de facto disuelta, el Parlamento dejó de funcionar regularmente y la judicialización de los conflictos políticos se paralizó de forma parcial, erosionando la confianza de la ciudadanía y los actores políticos, y la alternancia política se tornó en incertidumbre: cambios de primer ministro, aplazamientos electorales, falta de coordinación entre los tres poderes y la percepción de la inestabilidad se volvieron una constante.

Incluso, en las semanas anteriores a las elecciones de noviembre de 2025, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Guinea-Bissau denunció un intento de golpe por parte de generales y otros altos mandos militares, que fueron detenidos de forma inmediata. Este hecho señalaba que ciertos sectores militares no confiaban ni en la estabilidad del gobierno, no en la posibilidad de dirimir conflictos mediante la democracia, lo cual genera un peligro considerable.

Las elecciones programadas para el 23 de noviembre de 2025, lejos de ofrecer un espacio de estabilidad, aparecían como un momento de riesgo elevado: por un lado, representaban una oportunidad para consolidar el poder político; por otro, eran una prueba crítica para una institucionalidad ya debilitada, con parlamento disfuncional, justicia parcialmente paralizada y ejército dividido. La combinación de detenciones de oficiales, fractura interna del ejército, conflictos entre poderes y precariedad institucional creó un ambiente en el que el recurso a la fuerza militar dejó de ser un tabú y se convirtió en una opción latente y factible.

26 de Noviembre de 2025, mediodía. El Golpe

El presidente de Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, poco después de la 13:00, denunció un golpe de Estado militar, asegurando que se encuentra bajo arresto junto a varios altos cargos, entre ellos el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Biague Na Ntan, en medio de las tensiones derivadas en las elecciones del pasado fin de semana, cuyos resultados se hubieran conocido mañana jueves 27 de noviembre, y cuya victoria estaba siendo reclamada tanto por Embaló como por su competidor, Fernando Dias da Costa (quien fue el único opositor que se pudo presentar, pues el principal opositor, Domingo Simoes Pereira, fue descartado por las autoridades) desde la jornada del 24, lo cual generó una doble legitimidad autoproclamada y tensiones evidentes.

Así, en unas declaraciones concedidas a la revista “Jeune Afrique” ha afirmado que el golpe se ha saldado con la detención del número dos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mamadou Toure, y el ministro del Interior, Botché Candé, y que quien encabeza este golpe es el jefe del Ejército de Tierra. La denuncia vino en consonancia con vídeos publicados en redes sociales que mostraron edificios en la capital, y con la noticia del diario guineano ‘O Democrata’ que indicó que se habían realizado disparos en los alrededores del Palacio de la República y la sede de la Comisión Nacional de Elecciones, sin lamentar de momento víctimas mortales.

Por otro lado, el propio Simoes Pereira pone en duda la denuncia de Embaló y ha afirmado en declaraciones a ‘Jeune Afrique’ que las informaciones apuntan a un grupo de militares que irrumpió en la sede del CNE para forzar a su presidente a leer unos resultados que daban por vencedor a Embaló, insistiendo en que Dias fue ganador de la primera vuelta. Cabe recordar que Simoes Pereira fue candidato del partido que llevaba liderando desde 1974 Guinea-Bissau, el PAIGC-CV, lo cual, aunque parezca un detalle sin importancia, es relevante, pues nos muestra la ausencia de alternancia de este partido durante más de cuarenta años.

En suma, esta última declaración fue tumbada hace poco más de una hora, en el momento en el que Dinis N’Tchama, portavoz del Ejército, dio un mensaje a la población retransmitido por la cadena de televisión pública TGB, argumentando que el Golpe de Estado busca restaurar la seguridad nacional y el orden público, afirmando que la junta asume todos los poderes del Estado. Ha recalcado además que los militares descubrieron un plan de desestabilización en marcha y un intento de manipulación electoral, tras los cuales estarían el presidente, algunos políticos y capos de la droga, según el portavoz. Anunció también el retorno a la normalidad constitucional, anunciando el cierre de las instituciones públicas guineanas, así como el cierre de la frontera terrestre, marítima y aérea, la suspensión del acceso a redes sociales y el establecimiento de un toque de queda de 21:00 a 6:00.

La acción militar fue relámpago, ordenada y eficaz. La suspensión electoral impide la proclamación de resultados, y borra cualquier validación legal de cualquier nuevo gobierno, transformando el proceso democrático en un vacío institucional. En la nada más absoluta.

Implicaciones y consecuencias inmediatas

Este golpe ha abierto una fase crítica para Guinea-Bissau de la cual poco sabemos a día de hoy, pero de la cual sí se puede asegurar que generará efectos profundos y multidimensionales.

Primero, en el plano institucional, la suspensión de este proceso electoral representa un colapso de la arquitectura democrática, dañada previamente. No hay resultados, no hay presidente, no hay gobierno civil, no hay calendario electoral. El país acaba de romperse hacia una deriva militar cuyas intenciones reales, estructura interna, ideología y visión de gobierno no están claras. La instauración de una junta como se ha anunciado genera un evidente proceso de retroceso, y cualquiera de las opciones futuras son perjudiciales para la imagen de Guinea-Bissau.

Segundo, la seguridad ciudadano y el bienestar de la población están en evidente riesgo. Los disparos, el despliegue de tropas, los bloqueos de calles, el cierre de fronteras terrestres, aéreas y marítimas, el toque de queda, o la prohibición de las redes sociales, pueden provocar graves problemas de seguridad ciudadana y de orden público, así como la interrupción al acceso a servicios básicos y la posibilidad de generar desplazamientos internos en una región bastante malograda en este aspecto. En un país con instituciones débiles y un sistema sanitario endeble de por sí, la prolongación de la crisis va a acentuar la fragilidad social y económica.

Tercero, en el ámbito regional e internacional, se necesita una respuesta inmediata. La CEDEAO (y ECOWAS en este contexto) han intervenido ya en situaciones similares en este país, exhortando a la restitución del orden constitucional. La presión diplomática, sanciones y llamados a la mediación y vuelta al orden pueden tener un papel clave para restablecer la situación, aunque la eficacia de estas medidas dependerán en gran parte de la contundencia y cohesión internacional, de la voluntad de los golpistas y la capacidad de oposición civil de movilizar respaldo interno y externo.

Lo que se observa hoy en Guinea-Bissau, es una madeja de urgencias, problemas, vacíos y contradicciones. Sabemos con certeza lo que ha ocurrido, no de la manera que ha sucedido de forma total, pero, sobre todo, no conocemos las intenciones ni quiénes van a controlar el país. Tampoco sabemos a largo plazo qué efectos sobre la institucionalidad va a generar este golpe. Por eso, la prensa, los medios de comunicación y las asociaciones debemos monitorear esta situación con atención y cautela, en parte por lo que también puede significar la restauración de otro régimen militarizado más en la zona, y siempre con nuestra atención dirigida a la población civil, que hoy se encuentra más expuesta que nunca, a la vez que está exhausta de situaciones recurrentes.

Si se restaurara el orden constitucional, la transición servirá como prueba de que el país puede romper el ciclo de golpes y retornos violentos que lleva soportando desde su independencia, pero si no ocurriese, existe un grave riesgo de prolongar el vacío institucional y agravar la crisis de gobernabilidad. En Guinea-Bissau, la situación no ha acabado, sino que no ha hecho más que empezar.

Créditos: Patrick MEINHARDT / AFP.