La disputa territorial entre España y Marruecos: soberanía, guerra híbrida y estrategia geopolítica en Ceuta y Melilla

La crisis de Ceuta ha vuelto a colocar sobre la mesa una cuestión que durante años ha permanecido en un segundo plano de la relación hispano-marroquí: las reivindicaciones territoriales de Rabat sobre Ceuta, Melilla, el peñón de Vélez de la Gomera, el peñón de Alhucemas, el islote Perejil y las islas Chafarinas. Lo que inicialmente podía interpretarse como otra crisis migratoria y fronteriza se ha transformado en un acto de guerra híbrida y ha adquirido una dimensión geopolítica mucho más profunda. La cuestión ya no es únicamente quién controla una frontera, sino hasta dónde está dispuesto cada Estado a defender el status quo territorial del Mediterráneo occidental.

La posición española es jurídicamente inequívoca. Los Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla establecen expresamente que ambas ciudades forman parte integrante de la Nación española. El artículo 1 del Estatuto de Ceuta define la ciudad como “parte integrante de la Nación española”, al igual que el Estatuto de Melilla. A escala internacional, España comunicó además a Naciones Unidas, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que Ceuta, Melilla, Alhucemas, Vélez de la Gomera y las Chafarinas son parte integrante del Reino de España y están sometidas a su plena soberanía.

Por tanto, desde la perspectiva española, no existe una cuestión territorial pendiente que deba ser negociada con Rabat. La reivindicación marroquí plantea precisamente el problema contrario: intenta introducir en la agenda bilateral una cuestión que Madrid considera cerrada. Y ahí reside una de las claves estratégicas del conflicto. El objetivo no tiene porqué ser conseguir una modificación inmediata de las fronteras. Puede consistir, en una primera fase, en mantener viva la reivindicación hasta convertirla en una cuestión política permanente.

Una reivindicación con un largo recorrido

Marruecos mantiene históricamente una visión territorial que no se limita a Ceuta y Melilla. Desde la independencia del país, determinados sectores políticos y nacionalistas han defendido la recuperación de los territorios que consideran vinculados al espacio marroquí. Esa concepción se ha proyectado sobre el Sáhara Occidental, las ciudades españolas en el norte de África y los pequeños enclaves y territorios españoles situados frente a la costa marroquí. 

La diferencia entre estos casos resulta fundamental. La cuestión del Sáhara Occidental posee un marco específico dentro de Naciones Unidas y continúa siendo objeto de un proceso político internacional. Ceuta y Melilla, en cambio, se encuentran plenamente integradas en el sistema constitucional español. No son territorios administrados por España bajo un mandato internacional pendiente de resolución. Son ciudades españolas con instituciones propias y ciudadanía española.

Precisamente por ello, la reivindicación de Rabat tiene un importante componente estratégico. Al insistir en que Ceuta y Melilla son territorios “ocupados” o pendientes de recuperación, Marruecos intenta modificar el marco desde el que se interpreta la frontera. La disputa deja de ser una simple cuestión administrativa y pasa a presentarse como una cuestión de soberanía nacional.

En agosto de 2026, esta cuestión volvió a ocupar el discurso político marroquí en plena crisis de Ceuta. La evolución posterior mostró cómo una grave crisis inicialmente vinculada a la inmigración ilegal podía desplazarse rápidamente hacia el terreno de la soberanía y del nacionalismo.

La pregunta decisiva: ¿a qué espera Marruecos?

La cuestión más interesante desde un punto geopolítico no es únicamente qué reclama Marruecos, sino qué horizonte estratégico puede perseguir al mantener la reivindicación en el transcurso del tiempo.

Una hipótesis de análisis razonable es que Rabat no necesite modificar ahora sus fronteras. El coste de una confrontación abierta con España sería elevado. España es miembro de la Unión Europea y de la OTAN, mantiene una importante relación económica con Marruecos y constituye uno de sus principales interlocutores europeos. Una crisis militar directa provocaría además una internacionalización inmediata del conflicto. En consecuencia, la alternativa resulta mucho más sofisticada: esperar.

Esperar a que cambien los gobiernos, evolucionen las alianzas, aumente el peso económico y militar marroquí, se transforme la política europea hacia el norte de África o aparezcan nuevas circunstancias que permitan reabrir cuestiones que hoy parecen políticamente imposibles.

Esta lógica no implica necesariamente que Marruecos tenga un calendario concreto para ocupar Ceuta y Melilla. No existen todavía pruebas para sostener la afirmación, aunque sí indicios. Se trata, más bien, de una estrategia de posicionamiento a largo plazo: mantener la reivindicación, reforzar la identidad nacional alrededor de ella y aprovechar las oportunidades que pueda ofrecer un cambio futuro del equilibrio regional.

Presionar sin cruzar la línea roja

La verdadera capacidad de Marruecos se encuentra en la enorme interdependencia existente con España y no en su discurso territorial.

España necesita a Marruecos para cuestiones esenciales de seguridad: control migratorio –deteriorado–, lucha contra las redes de tráfico de personas, cooperación policial, terrorismo y estabilidad del Mediterráneo occidental. Marruecos, por su parte, necesita profundamente las relaciones económicas, comerciales y diplomáticas con España y la UE. Esta interdependencia genera una situación paradójica. Marruecos es simultáneamente socio estratégico y potencial fuente de presión y conflictos de diversos ámbitos para el Reino de España.

La frontera constituye el principal punto de contacto. La capacidad marroquí para controlar –o no controlar suficientemente– los movimientos hacia Ceuta y Melilla proporcionan a Rabat una herramienta de influencia extraordinariamente sensible. No significa que cada episodio migratorio sea una operación deliberadamente organizada por el Estado marroquí –como parece que fue la llegada masiva de inmigrantes ilegales a Ceuta, alentada por redes sociales y autoridades locales—. De hecho, el Gobierno español –con contradicciones internas y en oposición a la voz de la mayoría de su pueblo— ha evitado atribuir públicamente la crisis a una operación orquestada por Rabat ante la “ausencia de pruebas concluyentes”, lo cual ha sido muy criticado y todavía se encuentra en investigación.

Pero desde el punto de vista estratégico, existe una diferencia importante entre demostrar una operación estatal y reconocer que un Estado vecino posee capacidad estructural para influir sobre una variable crítica de seguridad. Marruecos dispone de esa capacidad.

La frontera como instrumento de influencia

La crisis migratoria de 2026 ha demostrado hasta qué punto una alteración de la frontera puede producir efectos que van mucho más allá del control migratorio.

Cuando miles de personas llegan simultáneamente a Ceuta, el problema deja de ser exclusivamente policial. Se convierte en una cuestión de alojamiento, salud, seguridad, protección de menores, financiación pública, orden público y gestión política. Y, finalmente, se transforma en una cuestión nacional. Eso convierte la frontera en un potencial instrumento de coerción indirecta. 

La presión no necesita adoptar una forma militar para generar costes. Puede producirse mediante episodios de tensión fronteriza, crisis migratoria, declaraciones políticas, campañas diplomáticas, disputas marítimas o presión sobre determinados intereses económicos.

Esta es precisamente una de las características de la competición geopolítica contemporánea; la frontera entre política exterior, seguridad interior y guerra híbrida resulta cada vez más difusa.

Sin embargo, conviene evitar una conclusión automática. Que una herramienta pueda ser utilizada como mecanismo de presión no demuestra que haya sido utilizada con esa finalidad en todos los episodios. La distinción entre capacidad, intención y evidencia es clave para observar los movimientos del contrario.

¿Por qué afecta y debe preocupar a la soberanía española?

La cuestión territorial tiene una dimensión jurídica, pero también una dimensión profundamente política.

Cuando un Estado reivindica de forma reiterada un territorio que otro Estado considera parte integral de su territorio nacional, el problema no es solo la posibilidad de una futura alteración fronteriza. También existe el riesgo de que la disputa se normalice. Ese proceso puede describirse como una erosión progresiva del statu quo.

Hoy la soberanía española sobre Ceuta y Melilla constituye una realidad jurídica e institucional. Mañana, si la cuestión se introduce de forma permanente en negociaciones bilaterales, discursos políticos, organismos internacionales y campañas de opinión pública, podría empezar a presentarse como una disputa territorial pendiente. España tiene, por tanto, un incentivo estratégico evidente para no aceptar que la cuestión de la soberanía sea utilizada como moneda de cambio.

El propio Gobierno español ha reiterado esta posición durante la crisis. El 3 de septiembre, Pedro Sánchez afirmó que el Ejecutivo “no renunciará jamás” a la soberanía española de Ceuta y Melilla. Días antes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había reafirmado el compromiso del Gobierno con la soberanía y la integridad territorial española y había defendido la necesidad de una respuesta coordinada con las instituciones europeas. Pese a ello, la compleja y mala gestión de la situación en Ceuta ha mermado y disipado las palabras del Ejecutivo en el sentir popular.

 Vélez de la Gomera y las Chafarinas: pequeños territorios de España con un gran valor

La discusión pública se concentra inevitablemente en Ceuta y Melilla. No obstante, desde una perspectiva algo más estratégica, sería un error ignorar el peñón de Vélez de la Gomera, el peñón de Alhucemas, el islote Perejil y las islas Chafarinas.

Su población es prácticamente inexistente y su dimensión territorial es reducida. Su importancia procede de otro elemento: representan presencia soberana española directamente proyectada sobre la costa norteafricana.

Además, su posición geográfica convierte cualquier incidente en un problema potencialmente sensible. Son territorios españoles situados a escasa distancia de Marruecos y, precisamente por su reducido tamaño, poseen una vulnerabilidad física mucho mayor que Ceuta o Melilla. Estos pequeños enclaves e islotes podrían convertirse en elementos simbólicos de una posible disputa territorial, si bien están defendidos por las Fuerzas Armadas españolas. 

El 2 de septiembre: cuando Ceuta unió a España por una cuestión de Estado

El acontecimiento políticamente más relevante de esta crisis no se ha producido en ninguna cancillería, sino en las calles españolas.

El 2 de septiembre de 2026, coincidiendo con el Día de Ceuta, cientos de miles de personas se movilizaron en la ciudad y en más de 260 municipios españoles para reclamar una respuesta ante la crisis migratoria y defender la posición española. En Ceuta, las estimaciones difundidas situaron la asistencia alrededor de las 20,000 personas; en Madrid y otras ciudades como Valencia, Murcia, Toledo, Málaga, Salamanca, Sevilla o Zaragoza, entre muchas otras, se produjeron concentraciones masivas.

La importancia de estas movilizaciones no reside en el número de participantes. Su significado estratégico es mucho mayor: la cuestión de Ceuta ha dejado de ser exclusivamente un asunto diplomático y se ha convertido en un asunto de política nacional.

Las manifestaciones combinaron varias demandas: defensa de la soberanía, mayor control fronterizo, críticas a la gestión del Gobierno y reclamaciones relacionadas con el retorno de inmigrantes. La oposición política aprovechó también la jornada para aumentar la presión sobre el Ejecutivo y sus socios. El fenómeno resulta especialmente relevante porque demuestra que cualquier futura escalada con Marruecos tendría consecuencias políticas y sociales internas inmediatas.

Rabat no negocia solo con el Gobierno español. En una cuestión territorial, termina interactuando indirectamente con la opinión pública española, con las Comunidades Autónomas afectadas, con la oposición parlamentaria y con las instituciones europeas que, de momento, todas ellas, cierran filas de forma unánime con la soberanía española.

La movilización del 2 de septiembre ha producido un efecto que Marruecos difícilmente puede ignorar: ha mostrado el elevado grado de sensibilidad que existe en España alrededor de Ceuta y Melilla.

El barómetro publicado el 7 de septiembre por 40dB para EL PAÍS y la Cadena SER refleja precisamente esta evolución. El 90% de los encuestados responsabiliza a Marruecos de la crisis de Ceuta, mientras que aproximadamente dos tercios consideran incuestionable la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Además, existe un amplio respaldo a una mayor implicación de la Unión Europea. 

Además, la presión exterior puede estar produciendo una reacción interna de cohesión alrededor de la defensa territorial. Si Rabat pretendiera utilizar la cuestión migratoria para aumentar la presión sobre Madrid, el efecto podría terminar siendo parcialmente contraproducente: cuanto mayor sea la percepción de vulnerabilidad, mayor puede ser la demanda española de reforzar las fronteras, aumentar la presencia estatal y europeizar la defensa de Ceuta y Melilla.

El factor europeo

Aquí aparece la dimensión más importante de todo el problema. Ceuta y Melilla son españolas, pero su posición geográfica las convierte también en un asunto europeo. Ambas se encuentran en el extremo meridional de la frontera exterior española y, por extensión, dentro del debate europeo sobre migración, seguridad fronteriza y estabilidad del Mediterráneo.

El propio Ministerio de Exteriores ha situado la crisis en el ámbito europeo y ha defendido una mayor cooperación con las instituciones comunitarias. Esto resulta fundamental porque una crisis grave en Ceuta o Melilla tendría efectos que superarían rápidamente el marco bilateral.

Una escalada podría afectar simultáneamente a la política migratoria europea, al control de las fronteras exteriores, a la cooperación antiterrorista, a las relaciones comerciales entre la UE y Marruecos y a la estabilidad del Mediterráneo occidental.

Además, el problema aparece en un momento en el que Europa necesita mantener relaciones relativamente estables con sus vecinos meridionales. Marruecos es un socio fundamental para la Unión Europea en materias como migración, comercio, energía y seguridad. Convertir la cuestión territorial en un conflicto abierto perjudicaría a ambas partes.

Por eso, desde Bruselas existe un incentivo evidente para evitar una escalada, pero también para impedir que una disputa territorial pueda convertirse en una fuente permanente de inestabilidad en una frontera exterior europea.

Marruecos no necesita una guerra

La hipótesis de una invasión militar de Ceuta o Melilla es, a día de hoy, menos plausible que una estrategia de presión política y diplomática.

Una acción militar contra territorio español supondría un salto cualitativo de consecuencias imprevisibles. No solo enfrentaría a Marruecos con España, sino que obligaría a los aliados europeos y occidentales a posicionarse ante una agresión contra un Estado miembro de la UE y de la OTAN. Por eso, el escenario más plausible desde una perspectiva estratégica es otro: competición por debajo del umbral militar.

Presión migratoria. Diplomacia. Nacionalismo. Influencia económica. Campañas de opinión. Reivindicación histórica. Presencia militar. Diplomacia africana. Relaciones con Estados Unidos. Posicionamiento europeo. Todos ellos son instrumentos mucho menos costosos que una guerra y, utilizados conjuntamente, pueden modificar gradualmente el equilibrio de poder.

La cuestión fundamental es que Marruecos no necesita demostrar ahora que puede conquistar Ceuta. Necesita demostrar que puede influir sobre las condiciones bajo las cuales España gestiona Ceuta.

La espera como estrategia

Esta es probablemente la clave para comprender la política territorial marroquí. Marruecos puede esperar.

Puede esperar a que cambien los gobiernos españoles, a que evolucionen las relaciones transatlánticas, a que aumente su peso económico, a que se transforme la política europea hacia el Magreb o a que aparezca una crisis internacional que reduzca la capacidad española de concentrarse en el Mediterráneo occidental.

La historia de las relaciones internacionales demuestra que las disputas territoriales no necesitan resolverse inmediatamente para adquirir importancia estratégica. Pueden mantenerse durante generaciones hasta que cambia el equilibrio de poder.

El caso del Sáhara Occidental muestra además la importancia que Rabat concede a la acumulación progresiva de apoyos internacionales. La política exterior marroquí ha buscado durante años consolidar su posición diplomática en torno a su propuesta de autonomía para el territorio.

Ceuta y Melilla presentan una realidad jurídica completamente diferente, pero el principio estratégico puede ser comparable: mantener viva una reivindicación mientras se trabaja para mejorar la posición relativa del Estado que la formula.

El verdadero riesgo: una crisis gradual

Por eso, el principal riesgo para España no consiste necesariamente en una invasión marroquí. El escenario más preocupante sería una crisis gradual de soberanía.

Un episodio migratorio sería seguido por una declaración política; después, por una reivindicación diplomática; posteriormente, por una disputa marítima o fronteriza; más tarde, por una campaña de presión internacional. Ningún episodio individual tendría necesariamente la entidad suficiente para provocar una ruptura, pero la acumulación de todos ellos podría modificar progresivamente el entorno estratégico. La frontera podría convertirse así en un espacio permanente de negociación y presión. Y esa es precisamente la situación que España debe evitar y en la que parece que se encuentra.

Porque una soberanía territorial estable no depende únicamente de disponer de fuerzas de seguridad o de una presencia militar. Depende también de que exista una posición política coherente, una base jurídica sólida, respaldo social, apoyo internacional y capacidad para responder a las presiones sin generar una escalada innecesaria. España dispone de esos elementos, pero necesita utilizarlos conjuntamente.

La respuesta española debería pasar, por tanto, por reforzar simultáneamente tres dimensiones: la defensa efectiva de la soberanía, la internacionalización europea de la seguridad de Ceuta y Melilla y el mantenimiento de una relación funcional con Marruecos. No se trata de elegir meramente entre cooperación y firmeza.

Se trata de comprender que, precisamente porque Marruecos es un socio estratégico, España necesita una relación bilateral suficientemente sólida como para cooperar, pero suficientemente equilibrada como para impedir que la interdependencia se convierta en dependencia.

Conclusión

Ceuta, Melilla, Vélez de la Gomera, Alhucemas y Chafarinas constituyen uno de los espacios más sensibles de la geopolítica española. Su importancia no deriva de su extensión territorial, sino de su posición: son puntos de soberanía española frente a un Estado vecino con aspiraciones regionales expansionistas y una enorme capacidad de influencia sobre cuestiones esenciales para España.

La reivindicación marroquí no representa hoy una guerra inminente. El desafío es más sutil: la capacidad de Rabat para mantener abierta una cuestión territorial mientras utiliza instrumentos diplomáticos, económicos, migratorios y políticos para aumentar su margen de maniobra.

Las manifestaciones del 2 de septiembre demostraron, además, que la cuestión ha dejado de ser exclusivamente bilateral. Ceuta se ha convertido en una cuestión de identidad, seguridad y soberanía dentro de España. Y la reacción social obliga a entender que cualquier futura crisis tendrá una dimensión política nacional mucho mayor.

Marruecos puede esperar. España, en cambio, no puede limitarse a esperar. Debe anticiparse.

Porque en las disputas territoriales contemporáneas, la soberanía rara vez se pierde en un solo día. Mucho antes de que aparezca una frontera nueva sobre un mapa, alguien ha conseguido modificar la percepción de que aquella frontera era inamovible.