La fragilidad democrática peruana: una década de presidencias interrumpidas

Algunas semanas atrás publicamos un artículo donde analizábamos el debilitamiento de las democracias en América Latina. En aquel texto sosteníamos que, en el caso de Perú, “si bien se mantiene la continuidad electoral, la fragilidad institucional y las recurrentes crisis políticas impiden que los presidentes electos concluyan sus mandatos, colocando a su democracia en una situación de extrema vulnerabilidad”. 

Tres semanas más tarde de la publicación de aquel artículo, la destitución de la presidenta Dina Boluarte confirmó aquel diagnóstico: una vez más, el país sumó otro nombre a su larga lista de mandatarios que —por diversas razones— no lograron completar su período constitucional.

El comienzo de la deriva 

En julio de 2016, el presidente Ollanta Humala finalizó su mandato de cinco años y cedió el poder a Pedro Pablo Kuczynski, iniciando así una seguidilla de gestiones interrumpidas que, tras la caída de Boluarte, completan casi una década de inestabilidad política.

Kuczynski, quien debía gobernar hasta 2021, renunció apenas 19 meses después en medio de una crisis derivada de sus presuntas vinculaciones con el caso Odebrecht —el mismo escándalo de corrupción que llevó al suicidio de Alan García, dos veces presidente del Perú. Aunque no fue formalmente destituido, su renuncia buscó evitar una vacancia segura por parte de un Congreso dominado por su principal opositora, Keiko Fujimori. Su salida marcó el inicio de un ciclo de presidentes débiles y parlamentos dominantes.

Tras su renuncia, asumió Martín Vizcarra, cuya relación con el Congreso se deterioró tras su intento de disolución en 2019. Fue destituido poco más de dos años después, bajo la figura de “incapacidad moral permanente”, y reemplazado por Manuel Merino, quien duró apenas cinco días en el cargo antes de dimitir por la falta de legitimidad y apoyo social.

En noviembre de 2020, Francisco Sagasti encabezó un breve gobierno de transición destinado a estabilizar la crisis política y restablecer el orden democrático. Culminó su mandato interino en 2021, dando paso a elecciones generales.

En esos comicios triunfó Pedro Castillo, un outsider de izquierda que encarnó el descontento social y el rechazo a la élite limeña. Sin embargo, su gobierno se hundió rápidamente en el caos: rotación ministerial constante, denuncias de corrupción y choques permanentes con el Congreso. El 7 de diciembre de 2022 intentó disolver el Parlamento y establecer un gobierno de excepción, lo que fue interpretado como un intento de autogolpe. Horas después fue destituido y detenido.

Lo sucedió su vicepresidenta, Dina Boluarte, quien tres años más tarde correría la misma suerte, removida también por “incapacidad moral permanente” tras un gobierno marcado por protestas masivas, crisis de seguridad y acusaciones de corrupción.

La trampa institucional

La recurrencia de estas destituciones no puede entenderse únicamente como resultado de liderazgos frágiles o coyunturas políticas adversas. En el trasfondo existe un problema estructural: el uso reiterado y ambiguo de la figura de la “incapacidad moral permanente”, prevista en el artículo 113 de la Constitución peruana.

Esta herramienta, concebida originalmente como un mecanismo excepcional de control ético o moral, se ha transformado en un instrumento político que permite al Congreso remover presidentes con una interpretación extremadamente amplia y discrecional.

Desde 2018, la vacancia por incapacidad moral se ha convertido en una vía rápida para destituir mandatarios impopulares o incómodos, vaciando de contenido el principio de estabilidad presidencial. En lugar de fortalecer la responsabilidad política, el Congreso la ha utilizado como arma partidaria dentro de un sistema sin partidos sólidos ni contrapesos institucionales eficaces.

Consecuencias y desafíos

El resultado es una crisis de gobernabilidad crónica: presidentes con miedo a ser removidos, Congresos sin incentivos para cooperar y una ciudadanía que percibe que el voto ya no garantiza continuidad ni autoridad. En menos de diez años, Perú ha tenido siete presidentes, ninguno de los cuales logró completar su mandato constitucional.

El caso peruano revela los límites de un presidencialismo sin estabilidad partidaria ni mecanismos claros de control mutuo.

Revisar la figura de la vacancia moral no implica debilitar el control parlamentario, sino devolverle su sentido original y restablecer la previsibilidad institucional. Sin una reforma que precise sus alcances, el país corre el riesgo de seguir atrapado en un ciclo de presidentes efímeros, Congresos dominantes y, en el peor de los casos, un retorno paulatino a formas de poder ilegítimas o de facto.

Créditos foto: Cancillería del Perú.