Meloni y Frederiksen: la securitización de la migración en la Unión Europea

El pasado 10 de agosto de 2026, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, lideresas de los Ejecutivos de Italia y Dinamarca respectivamente, dieron un paso político relevante dentro de la Unión Europea: ambas primeras ministras publicaron una declaración conjunta para reclamar un endurecimiento de la política europea frente a la cuestión migratoria, haciendo especial mención a la inmigración irregular. El punto, quizás, más interesante, no es tanto la alianza entre ambos Estados –que también–, sino la convergencia de intereses en dos corrientes políticas que normalmente no tenderían a presentarse de forma conjunta ante una política migratoria europea que divide cada vez menos al continente.

¿Qué dijeron las dos únicas mujeres primeras ministras de la UE?

Meloni y Frederiksen rechazaron lo que comúnmente se ha denominado en medios de comunicación como “inmigración descontrolada”, aprovechando el auge del pico de preocupación y atención mediática sobre el tema tras la crisis migratoria sucedida en Ceuta (España) días atrás, la cual ha elevado la tensión diplomática y política entre Roma y Madrid, convirtiendo la gestión de las fronteras exteriores en una cuestión todavía más sensible entre los socios UE.

En conjunto, las premier de Italia y Dinamarca defendieron el refuerzo de las devoluciones y las deportaciones; la creación de centros de retorno en terceros países, fuera del territorio comunitario (véase, por ejemplo, Albania); el endurecimiento de la respuesta europea frente a la inmigración irregular; la vinculación de la gestión migratoria con la seguridad interna europea; y, la protección de lo que describen cómo los valores y la herencia cultural cristiana de Europa.

 A su vez, destaca el señalamiento directo de las mandatarias hacia la inmigración ilegal como “fuente de impacto negativo en las sociedades europeas” y como causante de una mayor “presión de los servicios públicos y la erosión de la confianza en las instituciones”. Además, hacen mención indirecta a la potencial relación entre la inmigración irregular y el cometimiento de crimenes violentos, el tráfico de drogas o la violencia sexual, cuestiones considerablemente transversales en cuanto a debates sobre políticas y posiciones europeas trata.

Lo curioso: Meloni y Frederiksen, conservadora y socialdemócrata, unidas

La unión entre Roma y Copenhague es, cuanto menos, curiosa para aquel que desconozca las posturas migratorias de estos Estados europeos. Si bien ambos gobiernos pertenecen a dos familias políticas distintas, lo cierto es que el tema migratorio es un espacio común de entendimiento en materia de seguridad, fronteras y migración.

Dinamarca lleva años desarrollando una de las políticas migratorias más restrictivas del continente. De hecho, ya había cooperado con Roma en 2025, impulsando cambios en el marco europeo de migración y seguridad (Declaración conjunta presentada ante la Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa, el 10 de diciembre de 2025) (ECHR and migration, Steering Committee for Human Rights).

En consecuencia, podemos observar que la cuestión migratoria ya había atravesado las tradicionales divisiones izquierda-derecha europeas, que no españolas. Este último hecho es, probablemente, el aspecto más importante del movimiento del día 10, puesto que rompe con los discursos migratorios de otros Estados UE, como España e Irlanda.

Una perspectiva de seguridad internacionalista

La visión italo-danesa supone una consolidación de una visión securitizadora de la migración. Así pues, el punto de partida de la mayor parte de políticas comunitarias iniciadas desde el período post-COVID (lo que supuso una visión securitizadora en ámbitos como la industria, los minerales críticos, la alimentación o las cadenas de suministros, entre muchos otros), exacerbado por la invasión rusa de Ucrania en 2022, fecha que puso sobre las mesas de Bruselas cuestiones en defensa, energía y alianzas internacionales de seguridad (Informe sobre prospectiva estratégica de 2022).

Partiendo de este supuesto, la inmigración irregular deja de ser exclusivamente una cuestión humanitaria, económica o social y pasa a convertirse en un problema para la seguridad de los Estados (este hecho es un gran punto de ruptura con Madrid).

Meloni y Frederiksen, relacionan la cuestión con la delincuencia, el tráfico o la violencia. Si bien estas afirmaciones no son inciertas, lo cierto es que no impactan de forma unitaria ni común en los 27 Estados de la Unión, por lo que la carta de las mandatarias no aporta datos que permitan establecer causalidades generales entre la inmigración irregular y la delincuencia de forma clara.

El concepto de securitización es interpretable como un fenómeno social que pasa a construirse políticamente como una amenaza que requiere medidas extraordinarias. En consecuencia, la cuestión fundamental sería si Europa está tratando la migración como un fenómeno que gestionar o como una amenaza a contener. Obviamente, la declaración de Meloni y Frederiksen apunta de forma directa hacia lo segundo.

Asimismo, hay una dimensión institucional y europea relevante. Las dos lideresas están intentando desplazar el debate desde la política migratoria nacional hacia una respuesta comunitaria.

Su propuesta de establecer centros de retorno en terceros países pretende externalizar parte del control migratorio fuera de las fronteras de la UE. Italia ya había previamente intentado avanzar en esa dirección con su controvertido modelo de centros en Albania (véase Gjader), aunque su funcionamiento encontró importantes obstáculos jurídicos y operativos derivados de los altos costes de mantenimiento, el cumplimiento de los derechos humanos. El reto, por tanto, reside en compatibilizar la búsqueda de soluciones ante la presión migratoria con el respeto al Derecho de la Unión y a principios como la solidaridad y la no devolución (Campos Guerra, E. (2025).

Por lo tanto, el debate ya no es únicamente sobre cuántos inmigrantes puede aceptar Europa, sino dónde empieza y dónde termina la frontera efectiva de la Unión Europea. Si la UE externaliza progresivamente sus procedimientos de retorno y control migratorio hacia terceros Estados, estaría construyendo una pseudo especie de frontera europea extraterritorial, lo que conlleva un movimiento estratégico relevante.

Y aquí entra España

La referencia a Ceuta no es una mera casualidad. La crisis de finales de julio ha convertido a España en un elemento central de la discusión migratoria. La situación ha provocado tensiones entre Madrid y Roma y ha abierto incluso debates sensibles dentro de la cooperación Schengen.

Lo cierto es que tanto Ceuta como Melilla no son únicamente fronteras españolas; son fronteras exteriores de la UE (Código de Fronteras Schengen, Reglamento (UE) 2016/399 ). Por ello, cualquier crisis migratoria allí tiene potencial para escalar y convertirse en un problema europeo de seguridad fronteriza, soberanía, cooperación policial o política exterior, pese al beneplácito o no del Ejecutivo español.

Asimismo, en materia migratoria se perfilan dos modelos dentro de Europa. España, junto con otros Estados favorables a una respuesta comunitaria basada en la solidaridad, la cooperación con terceros países y la gestión ordenada de los flujos, defiende mantener el problema dentro del marco común de la UE. Italia y Dinamarca, en cambio, impulsan un modelo más restrictivo, centrado en el control fronterizo, el retorno y la externalización mediante centros de repatriación en terceros países. La cuestión relevante es que este segundo enfoque parece estar ganando terreno: la alianza entre Meloni y Frederiksen demuestra que la convergencia migratoria ya no responde exclusivamente a la división entre izquierda y derecha, sino a una creciente preferencia europea por el control, la disuasión y la soberanía nacional.

Conclusiones

Frederiksen y Meloni convergen en que la Unión Europea precisa de un control restrictivo y efectivo en materias fronterizas, deportaciones, seguridad, control migratorio e identidad europea. Esto demuestra que el eje político europeo puede desplazarse, inclusive cuando los movimientos no son correspondidos dentro de las mismas familias políticas europeas.

Europa ya no puede visualizarse como un eje entre la izquierda y la derecha. El contexto internacional, la transversalidad de cuestiones clave y la percepción de problemáticas comunes favorecen la aparición de nuevas líneas de fractura política: posiciones más o menos abiertas y menos controladas (y viceversa), cosmopolitas frente a soberanistas, progresistas contra conservadores y, en definitiva, combinaciones que escapan a categorías tradicionales. Y ahí pueden coincidir políticos procedentes de familias ideológicas diferentes, aunque para algunos sea tan extraño como contemplar un eclipse solar.

Créditos foto: Giorgia Meloni y Mette Frederiksen. Publicación conjunta en Instagram, 10 de agosto de 2026.