Afganistán: voces silenciadas
- nacionesenruinas
- 8 sept 2025
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El objetivo que planteamos mediante el siguiente artículo es analizar de forma objetiva e integral la situación de la mujer afgana bajo el actual gobierno talibán, retomado en 2021. Para ello, abordaremos el contexto histórico, político y social que ha llevado a la instauración de un sistema profundamente restrictivo para los derechos femeninos, así como las consecuencias humanas y las formas de resistencias que todavía persisten pese a la represión.
Afganistán ha sido, durante las últimas décadas, escenario de cambios, imposiciones y gobiernos muy drásticos en cuanto al estatus y la libertad de las mujeres. La llegada de los talibanes al poder, tanto en 1996 como en 2021, ha marcado un retroceso grave respecto a los avances logrados durante los años de intervención internacional.
Contexto histórico
Durante la monarquía de Zahir Shah –1933-1973–, Afganistán inició tímidas reformas modernizadoras. En las áreas urbanas, especialmente en Kabul, mujeres y hombres comenzaron a compartir espacios educativos. A partir de la Constitución de 1964, se les reconoció el derecho al voto y a ocupar cargos públicos. En las décadas de 1960 y 1970, mujeres afganas trabajan como médicas, profesoras, funcionarias y hasta parlamentarias.
Sin embargo, este panorama de apertura estaba limitado a las ciudades; en zonas rurales y tribales, las costumbres tradicionales restringían severamente la vida femenina. La invasión soviética ––1979-1989— y la posterior guerra civil entre facciones muyahidines —1989-1996— agravaron la situación: la violencia generalizada redujo la movilidad de las mujeres y debilitó los servicios educativos y sanitarios. Las conquistas urbanas de las décadas anteriores quedaron prácticamente destruidas.
Con la llegada de los talibanes al poder en 1996, se impuso una visión ultraconservadora del islam. Las mujeres fueron excluidas casi totalmente de la vida pública:
Se prohibió su educación en todos los niveles.
El trabajo femenino quedó reducido a excepciones mínimas –como enfermería—.
Las mujeres debían usar el burka y no podían salir sin acompañante masculino.
Este período significó un colapso para el desarrollo social y generó una fuerte condena internacional por el retroceso en derechos y libertades civiles, tanto a mujeres como a hombres.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la coalición internacional encabezada por Washington derrocó al régimen talibán. Se creó un nuevo marco constitucional que garantizaba derechos formales a las mujeres. En los siguientes años:
Más de 3,5 millones de niñas fueron matriculadas en escuelas.
Universidades y academias reabrieron al alumnado femenino.
Las mujeres llegaron a ocupar el 27% de los escaños parlamentarios y ministerios.
Los medios de comunicación dieron visibilidad a periodistas y presentadoras.
Sin embargo, los logros tuvieron ciertos límites: en zonas rurales dominadas por las insurgencias talibanes, la educación femenina seguía siendo peligrosa, con ataques a escuelas y amenazas a maestras. Además, la corrupción y la dependencia de la ayuda internacional, especialmente occidental, hicieron que muchos programas fueran insostenibles sin respaldo externo.
La retirada de las tropas internacionales en agosto de 2021 permitió a los talibanes recuperar el poder en pocas semanas, dejando imágenes impactantes en escenarios como el aeropuerto de Kabul. A pesar de las promesas iniciales de un “gobierno inclusivo”, rápidamente reinstauraron políticas severamente restrictivas:
Suspensión de la educación secundaria y universitaria para niñas y mujeres.
Prohibición del trabajo femenino en la administración pública y sector privado.
Represión de manifestaciones y disolución de asociaciones femeninas.
En menos de seis meses, se había revertido gran parte de los avances conseguidos durante casi dos décadas de intervención internacional, instalando nuevamente un régimen de segregación de género.
Marco legal y político
Los talibanes han instaurado un sistema normativo basado en su interpretación rígida y excluyente de la sharia –ley islámica–, que difiere de las interpretaciones más flexibles aplicadas en otros países musulmanes. Su visión se caracteriza por la supremacía masculina en todos los ámbitos de la vida, el control absoluto de la conducta social y la eliminación de cualquier participación femenina en la toma de decisiones.
Tras retomar el poder en 2021, el movimiento abolió de facto la Constitución afgana de 2004, que reconocía formalmente la igualdad entre hombres y mujeres y garantizaba el derecho a la educación y al trabajo. En su lugar, el país se rige por decretos emitidos por el líder supremo, Hibatullah Akhundzada, y por normas dictadas por ministerios controlados exclusivamente por hombres. Esto implica que:
No existe un marco legal que reconozca derechos civiles, políticos o sociales.
La autoridad religiosa está por encima de cualquier principio normativo o legal.
Las decisiones se aplican sin posibilidad de apelación o supervisión independiente.
Afganistán es hoy el único país del mundo sin representación femenina en el gobierno o el parlamento. Durante la época republicana —2001-2021—, las mujeres habían alcanzado hasta un 27% de los escaños legislativos, un récord en la región. Bajo los talibanes, todas esas figuras fueron apartadas, y los cargos públicos quedaron monopolizados por clérigos y combatientes masculinos del movimiento talibán.
El sistema impone la figura del mahram –acompañante masculino–, como requisito no solo para la movilidad, sino también para acceder a derechos básicos: abrir una cuenta bancaria, viajar o incluso recibir atención médica en algunos casos. Esto coloca a las mujeres en un estatus de dependencia legal perpetua, similar a la tutela vitalicia.
En cuanto a la justicia, se administra en tribunales de la sharía, sin procedimientos estandarizados ni garantías procesales. Las mujeres rara vez pueden presentar denuncias o defenderse por sí mismas; en la práctica:
Casos de violencia doméstica, abusos o matrimonios forzados no se investigan.
La palabra de la mujer tiene menor valor jurídico que la del hombre.
Las sentencias dependen de la interpretación local de los jueces talibanes.
En consecuencia, el vacío legal y la ausencia de mecanismos de protección convierten a las mujeres en sujetos jurídicos invisibles, subordinados a la autoridad masculina y sin capacidad de recurso frente al Estado.
Educación
Desde el retorno de los talibanes al poder en 2021, la educación femenina secundaria y universitaria ha sido prácticamente eliminada. En la práctica, esto se plasma en:
Cierre de escuelas y universidades femeninas: miles de instituciones educativas que antes recibían a niñas y jóvenes mujeres fueron clausuradas. En muchas provincias, los edificios permanecen vacíos o han sido reasignados para otros usos exclusivos para hombres.
Prohibición de matriculación femenina: se suspendió la inscripción de nuevas estudiantes a partir del sexto grado, bloqueando el acceso a educación avanzada y profesional.
Limitaciones a la educación mixta o a distancia: los programas que intentaban ofrecer clases en línea o en entornos mixtos fueron suspendidos por temor a la “influencia occidental” y la interacción entre sexos.
La UNESCO y otros organismos internacionales estiman que millones de niñas afganas han quedado sin acceso a la educación, lo que genera efectos devastadores a corto y largo plazo:
Económicos: la exclusión femenina del sistema educativo reduce la fuerza laboral calificada y limita el crecimiento económico del país, al impedir que las mujeres ocupen cargos profesionales o generen ingresos.
Sociales: la escolarización femenina está directamente ligada a la disminución de matrimonios infantiles y al aumento de la participación ciudadana; su ausencia refuerza ciclos de pobreza y dependencia.
Culturales: la prohibición afecta la transmisión del conocimiento, la creatividad y la diversidad cultural, consolidando un entorno donde las mujeres permanecen invisibilizadas en la esfera pública y cultural del país.
Las consecuencias a futuro que esta interrupción educativa supondrá podría afectar a toda una generación de mujeres, limitando no solo su desarrollo personal sino también la estabilidad y el progreso de Afganistán como sociedad. La falta de educación también aumenta la vulnerabilidad frente a matrimonios forzados, explotación laboral y violencia de género, perpetuando un ciclo de desigualdad estructural.
Trabajo y economía
El acceso de las mujeres al empleo público y privado ha sido severamente restringido, revirtiendo los avances alcanzados entre 2001 y 2021. Las medidas incluyen:
Exclusión del empleo público: las mujeres han sido removidas de ministerios, oficinas gubernamentales, instituciones educativas y organismos locales.
Limitación en el sector privado: la mayoría de los trabajos formales en empresas y comercio quedan vetados a las mujeres. Solo se permiten ciertas excepciones, principalmente en el ámbito sanitario femenino, como médicas, enfermeras o personal de clínicas que atienden exclusivamente a mujeres y niñas.
Prohibición de empleo en ONG y organizaciones internacionales: En muchas provincias, se ha bloqueado la participación de mujeres en organizaciones de educación, desarrollo o asistencia humanitaria, restringiendo además el funcionamiento de programas de ayuda dirigidos por y para mujeres.
Estas restricciones han tenido efectos inmediatos y severos sobre la economía y sociedad afgana. Miles de mujeres con familias monoparentales o viudas, que sostenían a sus hogares tras la guerra o la pérdida de sus esposos, han quedado sin ingresos, aumentando la pobreza extrema.
También, ha habido una reducción del ingreso nacional. La exclusión de la mitad de la población adulta del mercado laboral ha reducido la productividad y limitado la recuperación económica del país. Asimismo, ha habido un repunte de la informalidad laboral: algunas mujeres buscan trabajar clandestinamente, ya sea en cooperativas locales, talleres en casa o servicios de enseñanza privada. Estas actividades generan un riesgo para quienes las imparten, ya que pueden ser perseguidas o sancionadas por las autoridades, representando una forma de resiliencia y resistencia frente a la exclusión.
Vida cotidiana y movilidad
Bajo el régimen talibán, la vida cotidiana de las mujeres afganas está casi totalmente controlada, restringiendo tanto su libertad física como su participación en la comunidad. Entre las normas principales impuestas podemos encontrar:
Mahram obligatorio: ninguna mujer puede salir de su hogar sin un mahram –padre, hermanos, hijo adulto o esposo—. Esta norma aplica para actividades básicas como ir al mercado, acudir al hospital o realizar trámites administrativos.
Prohibición de transporte público y viajes solitarios: el uso de autobuses, taxis o trenes queda limitado a acompañadas por hombres, dificultando enormemente la independencia y la capacidad de desplazamiento para las mujeres.
Las mujeres deben cubrirse completamente con burka o niqab, incluyendo rostro y manos, siempre que estén en espacios públicos.
La violación de las normas de vestimente puede acarrear amonestaciones, arrestos o castigos físicos impuestos por patrullas de moralidad talibanas, conocidas como “Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio”.
Quedan prohibidas de espacios públicos como parques, gimnasios, cafés o baños públicos aquellas mujeres no acompañadas, limitando su derecho al esparcimiento, la práctica deportiva y la socialización.
Las actividades educativas informales o reuniones culturales entre mujeres son restringidas, bajo amenaza de intervención policial o intimidación.
Estas restricciones reducen drásticamente la autonomía femenina y fomentan el aislamiento. Las mujeres dependen completamente de la voluntad de los hombres para cualquier actividad externa, su participación comunitaria, el acceso a redes de apoyo, redes sociales o la interacción social ya no existen en la práctica.
Los efectos a largo plazo, incluyen aislamiento social, estrés psicológico, pérdida de habilidades profesionales y educativas, y un aumento de la vulnerabilidad frente a la violencia doméstica o la explotación. Hechos que costará décadas revertir para las mujeres afganas.
Salud y derechos reproductivos
El acceso a la salud de las mujeres se ha visto profundamente restringido bajo el régimen talibán. La obligatoriedad de contar con un mahram para salir y la segregación de género impiden que muchas mujeres sean atendidas por médicos hombres, mentiras que la escasez de médicas –resultado de la prohibición educativa femenina– agrava la crisis sanitaria.
Afganistán se encuentra entre los países con mayores tasas de mortalidad materna e infantil del mundo, una situación que se ha deteriorado desde 2021. La falt de atención adecuada durante el embarazo, el parto y la infancia temprana pone en riesgo la vida de miles de mujeres y niñas obligadas a matrimonios, sexo y embarazos forzados sin ningun garantía de seguridad, con aprobación social masculina y religiosa y sin posibilidad de acceso a métodos anticonceptivos o aborto. Además, las restricciones contribuyen a problemas de salud mental, aumentando la ansiedad, el aislamiento y la sensación de abandono en la población femenina.
Violencia de género y represión
La violencia contra las mujeres en Afganistán combina represión institucional y social. Las autoridades talibanes aplican castigos físicos, detenciones arbitrarias y, en algunos casos, desapariciones de mujeres que desafían las normas.
Se han documentado matrimonios forzados y tempranos, así como el uso de la violencia sexual como instrumento de control, para silenciar a mujeres y disuadrilas de participar en la vida pública. La ausencia de un marco legal que proteja a las víctimas hace que estas situaciones queden en gran medida invisibilizadas, perpetuando un ciclo de abuso y vulnerabilidad.
Resistencia y voces femeninas
A pesar del riesgo, las mujeres no han desaparecido totalmente del escenario público. En Kabul y otras urbes, han organizado protestas por el derecho a estudiar y trabajar, a menudo dispersadas mediante violencia.
Periodistas, profesoras y activistas continúan trabajando clandestinamente, manteniendo redes secretas de educación y apoyo para niñas y mujeres jóvenes. Estas iniciativas no solo preservan el derecho a la educación, sino que también sostienen espacios de resiliencia comunitaria, ofreciendo acompañamiento psicológico, cultural y social frente a la exclusión sistemática.
Muchas mujeres reciben el apoyo de sus maridos, hijos o hermanos, quienes en numerosos casos se han posicionado en contra del régimen. En particular, aquellas que ocupaban cargos de alto nivel y percibían salarios elevados, como educadoras, médicas o políticas, han optado por exiliarse o continuar su labor de manera clandestina, amparadas por la protección y confianza de sus familiares cercanos, un hecho que resalta la importancia de las redes de apoyo masculino en la supervivencia y resistencia femenina.
Reacción internacional
Organismos internacionales como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado de manera constante las violaciones a los derechos de las mujeres en Afganistán. Sin embargo, la presión internacional enfrente limitaciones:
La falta de reconocimiento oficial al régimen dificulta la diplomacia directa.
Las sanciones económicas afectan a la población en general, no a los líderes.
La dependencia de Afganistán hacia el exterior obliga a equilibrar la denuncia de violaciones con la provisión de asistencia vital para la población.
El gobierno talibán es actualmente reconocido por Rusia de forma exclusiva. Sin embargo, algunos países han establecido relaciones diplomáticas funcionales con el régimen. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos o China han acreditado embajadores, y Pakistán, Irán, Kazajistán o Turkmenistán han aceptado enviados diplomáticos designados por Kabul.
Perspectivas futuras
Si el régimen se sigue consolidando, Afganistán podría enfrentar una generación completa de mujeres sin acceso a educación o empleo, con consecuencias catastróficas para el desarrollo social, económico, cultural e internacional del país. La desigualdad y la exclusión institucionalizada podrían perpetuarse todavía más por décadas completas.
No obstante, existe una pequeña resistencia interna e iniciativas clandestinas de educación y apoyo, respaldadas por algunos casos de cooperación internacional, constituyendo una ligera esperanza para preservar derechos y empoderamiento femenino en medio de una tormenta de adversidad. Sin embargo, lejos queda ese final y mucha lucha y esfuerzo humano requerirá el fin de los talibanes y el régimen actual.
La situación de la mujer afgana es probablemente la más restrictiva del mundo contemporáneo. Los retrocesos sufridos desde 2021 borran los avances previos, generando una alerta histórica sobre la fragilidad de los derechos conquistados.







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