Balotaje presidencial en Colombia: triunfo de Abelardo de la Espriella y giro hacia un modelo de Estado mínimo tecnificado

Introducción

Las últimas elecciones generales celebradas en Colombia durante el segundo trimestre de 2026 suponen un punto de inflexión en la trayectoria política del Estado hispanoamericano y un nuevo giro de espectro en el hemisferio americano. Tras una legislatura encabezada por la izquierda de Gustavo Petro, caracterizado por una agenda reformista ambiciosa, una creciente y clara polarización política y tensiones entre las instituciones nacionales –especialmente entre el Ejecutivo y el Legislativo–, el electorado ha optado por un giro hacia la derecha disruptiva liderada por Abelardo de la Espriella.

Los resultados no son meramente una alternancia ideológica al uso, sino una plena reconfiguración del contrato político colombiano. En términos de Huntington, se trata de un reajuste del orden político tras una etapa de sobrecarga de demandas sociales y de debilidad institucional. Como de costumbre, el sistema político ha reaccionado, como ya anticipó Juan Linz, a las tensiones propias del presidencialismo americano en contextos multipartidistas fragmentados mediante un giro hacia opciones percibidas como decisionistas o centralizadoras. 

De la Espriella ha logrado la victoria en una segunda vuelta tremendamente ajustada, legitimada por una mayor participación ciudadana, la cual ha alcanzado el 63,60% y los 26,095,102 votos válidos. Con 12,959,515 votos, el partido “Defensores de la patria”, del binomio De la Espriella-José Manuel Restrepo ha alcanzando llegar al Palacio de Nariño, dejando ligeramente atrás al “Pacto Histórico” del binomio Iván Cepeda-Aida Quilcué con 12,708,695 votos.

En conjunto, es observable un paralelismo entre los resultados colombianos con lo que Pippa Norris denomina como “cultural backlash”. Es decir, una reacción electoral frente a ciclos percibidos como demasiado transformadores e inestables –hecho observado en contextos electorales pasados en tiempos recientes, como Chile, Perú o Costa Rica–.

Lectura de los resultados electorales

La segunda vuelta celebrada el pasado 21 de junio de 2026 demuestra una reestructuración del voto en tres dinámicas: un voto urbano competitivo, un realineamiento de las regiones intermedias o “bisagra” y la persistencia de ciertos bastiones periféricos con menor capacidad decisoria.

Así pues, el triunfo de De la Espriella responde a la formación de una coalición heterogénea que combina tanto a sectores empresariales y financieros con clases urbanas medias, regiones intermedias afectadas por la incertidumbre económica de Petro y votantes desencantados del ciclo reformista previo. Este comportamiento es consistente con el modelo que Anthony Downs estableció en 1957, según el cual los votantes no responden de forma exclusiva a la ideología, sino a las evaluaciones de utilidad y eficacia gubernamental percibida.

En tal forma, en el reconocido eje cafetero y la región andina intermedia, el voto ha resultado particularmente decisivo. Dichas zonas funcionan como espacios de voto de equilibrio, donde la estabilidad económica y la percepción de gobernabilidad pesan más que la propia ideología partidista. Hirschman interpretó este desplazamiento como una forma de “exit” frente a la pérdida de confianza en la capacidad del Estado para sostener trayectorias de bienestar firmes. 

En las regiones aledañas al mar Caribe, el voto se ha comportado de forma pragmática. Más que una adhesión partidista, han predominado las ideas racionalistas orientadas a las expectativas de inversión, infraestructura y flujo de recursos –recordemos que la región es un núcleo principal del sector secundario y terciario colombiano, con epicentros de carácter internacional como Cartagena de Indias–. Lijphart, entendía este fenómeno como una parte de las democracias segmentadas, donde las élites locales negocian su inserción en el centro del poder.

En contra, las áreas del Pacífico y la Amazonía han mantenido una mayor continuidad con el proyecto progresista de la administración saliente, aunque con un menor peso en el resultado nacional. Esta resistencia periférica responde a los modelos de estatalidad centralizada, caracterizándose por ser las áreas con menor IDH del país (Mapa de los departamentos de Colombia por el índice de desarrollo humano, distribuido por categorías [(información del 2023, publicada en 2025)].

En las grandes urbes, especialmente en Bogotá, el resultado muestra una gran polarización, visible de forma clara entre barrios según su poder adquisitivo. Sin embargo, la victoria del discurso de orden y eficiencia se inscribe en un contexto de incertidumbre creciente, que Bauman ya conceptualizó como “modernidad líquida”: una sociedad donde la volatilidad institucional incrementa la demanda de estabilidad y control.

Naturaleza del nuevo proyecto político: el Estado mínimo tecnificado

El nuevo gobierno de De la Espriella se articula en torno a una doctrina: la construcción de un Estado reducido en tamaño, pero altamente eficiente y tecnológicamente hábil. Esta combinación lo acerca a lo que Rodrik denomina como “globalización con anclaje institucional nacional”, donde la apertura económica se mantiene, pero bajo un fuerte control interno de eficiencia y disciplina fiscal.

El eje estructural del nuevo modelo es la reducción del aparato estatal –ampliamente expandido por el Ejecutivo anterior– y la simplificación institucional –similar a las declaraciones de gobiernos regionales como el de Nayib Bukele en El Salvador o Javier Milei en Argentina–. En términos weberianos, se puede llevar a cabo una lectura donde se observaría una transición de una burocracia expansiva orientada a la provisión de bienes públicos hacia una burocracia optimizada por rendimiento, donde la legitimidad deriva de la eficiencia práctica más que de la inclusión teórica.

En el plano económico, el proyecto apuesta por la desregulación, la reducción de los impuestos corporativos y la atracción de inversión extranjera. Este enfoque se inscribe dentro de la tradición neoliberal descrita por David Harvey, aunque mantiene una particularidad; la incorporación de tecnologías con capacidades extensivas de control y auditoría estatal. 

Otro de los elementos distintivos es la digitalización estatal. El nuevo líder colombiano ha apostado en su campaña por la implementación del blockchain en la contratación pública, junto con sistemas de inteligencia artificial aplicados a la administración tributaria. Esta “gobernanza algorítmica” (Rouvroy y Berns), conforma un modelo en el que la decisión pública se automatiza parcialmente mediante sistemas predictivos basados en datos masivos.

No obstante, esta transformación trae consigo tensiones graves. Ya en 1988, autores como Migdal advertían que los procesos de fortalecimiento técnico del Estado pueden crear déficits de legitimidad si no van acompañados de redes sociales e institucionales que sostengan su aceptación –algo hoy día complejo, especialmente teniendo en consideración la deslegitimación de las instituciones democráticas alrededor del mundo y la polarización política motivada mediante desinformación, nuevas tecnologías incorporadas a las estratégias de gobernanza y una creciente amalgama de problemáticas socioeconómicas con consecuencias políticas–.

Reconfiguración del Estado y economía política del ajuste

La reforma del Estado colombiano implicará una reducción del tamaño de la administración pública, la fusión de entidades y la eliminación plena de ciertas estructuras redundantes. Este proceso responde a una lógica de racionalización extrema, en la que el criterio es la eficiencia fiscal.

Desde la economía política, este modelo busca resolver lo que Rodrik denomina el “trilema de la globalización”: no es posible maximizar simultáneamente soberanía, democracia profunda y globalización económica. El nuevo gobierno de derecha ha optado por priorizar la competitividad y apertura económica, incluso a costa de ciertos niveles de redistribución. Mientras, el gobierno previo había primado la profundización de la democracia, sacrificando buena parte del bienestar socioeconómico que hoy encabeza De la Espriella.

Polanyi es un autor quizás pertinente para la interpretación de esta dinámica –comúnmente confundida con la mera alternancia política o con el encasillamiento ideológico de ciertas materias–: la expansión del mercado tiende a generar contramovimientos sociales que buscan reequilibrar la protección social. El éxito del nuevo modelo dependerá de su capacidad para evitar una reacción correctiva de este tipo –reacción que llevó a Gustavo Petro al poder en 2022 tras un gobierno conservador liderado por Pedro Duque, focalizado en la expansión del mercado y la atracción de inversiones–.

Consecuencias internacionales: geografía de la reorientación geopolítica y alineamiento occidental

En el plano internacional, el cambio de gobierno supone un reposicionamiento estratégico de Colombia dentro del sistema hemisférico americano. El país ha decidido reforzar su alineación con Estados Unidos y consolidar su participación en mecanismos regionales, como el Escudo de las Américas.

Este movimiento se ajusta a la teoría de Kenneth Waltz, según la cual los Estados pequeños o medianos –entiéndase como capacidad estatal total, no meramente económica– tienden a alinearse con potencias hegemónicas –actualmente EEUU, China y la Unión Europea– para maximizar la seguridad en entornos anárquicos –entiéndase entorno anárquico un continente americano encabezado por potencias terceras a EEUU u occidente–.

La intensificación de la cooperación en seguridad y narcotráfico –vital para el país andino– debe interpretarse dentro del marco de los complejos regionales de seguridad de Buzan, donde Iberoamérica funciona como un sistema interdependiente de amenazas transnacionales, como la trata de personas, el tráfico de drogas y armas o la explotación.

En relación con organismos multilaterales, Colombia probablemente adoptará próximamente una postura más instrumental. La ONU pierde centralidad como espacio normativo expansivo –un golpe a la organización, quién se había apoyado en buena forma en el gobierno de Petro como eje en la región–, mientras que el FMI y el Banco Mundial ganan relevancia como actores técnicos de financiamiento y estabilización macroeconómica. Este enfoque se alinea con la visión de Ikenberry, que describe las instituciones internacionales como herramientas de orden liberal más que como entidades normativas autónomas.

Un elemento a considerar será el posicionamiento de la nueva administración respecto a la gobernanza de la vecina Venezuela de Delcy Rodríguez y la gestión de los refugiados venezolanos en territorio colombiano. Asimismo, la opositora María Corina Machado ha celebrado el acceso al poder de De la Espriella, por lo que se puede esperar una probable buena colaboración interregional en el eje Ecuador-Colombia-Venezuela, pudiendo aprovechar la inestabilidad que ahora protagoniza Brasil con sus próximas elecciones, disputadas entre Lula da Silva y el heredero Flávio Bolsonaro. Asimismo, queda en el aire la posible participación de Colombia –miembro de la OCDE– en la cumbre del G20 de 2026 en Miami. 

En Hispanoamérica, el país adopta una estrategia de diferenciación selectiva, distanciándose de gobiernos ideológicamente opuestos a Washington –y ahora también a Bogotá–, priorizando el pragmatismo con actores regionales clave –como Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay, Panamá, Bolivia, Costa Rica, El Salvador o Estados Unidos– y motivando los acuerdos bilaterales en materia energética, migratoria y comercial. No obstante, no se espera un cambio disruptivo extremo en áreas de cooperación como la OEA.

Riesgos estructurales del nuevo ciclo

El nuevo modelo presenta tres tensiones fundamentales. En primer lugar, existe el riesgo de una brecha entre la eficiencia estatal y la legitimidad democrática. Un Estado altamente tecnificado pero socialmente poco integrado puede enfrentar déficits de aceptación ciudadana –algo que en Colombia puede darse fácilmente, teniendo en cuenta que los datos de acceso a internet y medios digitales son desiguales según las regiones–.

En segundo lugar, la reducción del Estado puede debilitar las capacidades redistributivas en un país caracterizado por la desigualdad estructural persistente, sobre todo si se hacen sin tener en consideración vulnerabilidades clave, como el impacto de catástrofes naturales, el desarrollo económico, el índice de desarrollo humano o el progreso en áreas como el comercio o la expansión de infraestructuras e inversiones.

Por último, la dependencia de capital externo –principalmente norteamericano y europeo– y ciclos globales –dependiente de los flujos del mercado global y sus contracciones– puede aumentar la vulnerabilidad económica de un país en expansión comercial. 

Estos riesgos son coherentes con las advertencias de Migdal y Polanyi sobre los límites de los procesos de liberalización intensiva sin mecanismos compensatorios sólidos. Sin embargo, las referencias de otros países de la región pueden anticipar muestras de lo que se aplicará en Colombia, tanto en los casos positivos como en los negativos.

Conclusión

El triunfo de Abelardo de la Espriella marca el inicio de un ciclo de reconfiguración del Estado colombiano basado en tres ejes: la reducción del Estado, la tecnificación del aparato público y la reorientación pro-mercado del modelo económico. Colombia deja atrás el modelo reformista progresista que ha caracterizado la región sudamericana durante el lustro 2021-2026, quizás por falta de autocrítica, la excesiva burocratización del gobierno saliente, los daños económicos causados o la frustración sociopolítica generada localmente y motivada internacionalmente.

En términos históricos, Colombia entra en una fase de transición de un modelo expansionista del Estado social hacia un modelo reduccionista del mismo. Este cambio no es técnico exclusivamente, sino político, en tanto que redefine el equilibrio entre Estado, mercado y ciudadanía en un sistema presidencialista históricamente soberanista con un peso presidencial excesivo para muchos.

Siguiendo a Fukuyama, el desafío central será mantener simultáneamente dos dimensiones que tienen a entrar en tensión: la capacidad estatal y la legitimidad política. El éxito o no de este ciclo dependerá de si el Estado logra construir un nuevo equilibrio entre eficiencia, cohesión social y gobernabilidad en un contexto de alta complejidad territorial, donde De la Espriella gobierne “para todos y no haya vencedores ni vencidos” (De la Espriella, discurso tras la victoria electoral en segunda vuelta, 21 de junio de 2026).

Crédito foto: Defensores de la Patria (https://defensoresdelapatria.com).