Cuba no será Venezuela: por qué una eventual transición cubana no debería analizarse bajo la óptica de la transición venezolana.

En las últimas semanas volvió a instalarse una comparación que, a primera vista,  parece tentadora: leer a Cuba con la misma lógica con la que muchos interpretaron  el caso venezolano. La crisis energética de la isla, el colapso de su red eléctrica, la  apertura de conversaciones con Washington y las versiones sobre presiones  estadounidenses para apartar a Miguel Díaz-Canel alimentaron esa lectura. Sin  embargo, el paralelo es engañoso. Cuba atraviesa una crisis severa y Washington  endureció su presión, pero incluso en este contexto el propio jefe del Comando Sur  aclaró públicamente que Estados Unidos no está preparando una invasión u  ocupación de la isla.

La pregunta, entonces, no es si Cuba puede atravesar una transición, sino por qué  esa eventual transición no debería analizarse bajo el mismo patrón con el que se  interpretó el caso venezolano. La respuesta, a mi juicio, está en una serie de  diferencias estructurales que vuelven al caso cubano una excepción dentro de la  política hemisférica de Estados Unidos y la diferencian sustancialmente del caso  venezolano.

Veamos las diferencias centrales entre ambos casos 

Venezuela fue un problema material; Cuba es, sobre todo, un problema político e ideológico dentro de la política doméstica estadounidense 

La primera diferencia es la más evidente. Venezuela fue, y sigue siendo, un  problema atravesado por una lógica material mucho más clara. El petróleo explica  una parte decisiva del cálculo. No por casualidad, luego del cambio político en  Caracas, Washington emitió una licencia amplia para permitir transacciones con  PDVSA con el objetivo explícito de atraer inversión, aumentar producción y  estabilizar la oferta energética en un contexto internacional convulsionado. Allí  hubo ideología, sin duda, pero también hubo barriles, infraestructura y precio del  combustible.  

Cuba es distinta. No ofrece a Estados Unidos un premio material comparable. Su  valor no está en los hidrocarburos ni en la escala de su economía, sino en su  proximidad geográfica, en su carga simbólica y en el lugar singular que ocupa dentro  de la política doméstica estadounidense.

El peso de Cuba en la política doméstica estadounidense  

La segunda diferencia radica en el frente interno estadounidense. Cuba moviliza  memoria histórica, exilio, identidad política y actores específicos del sistema  estadounidense con una intensidad que Venezuela nunca alcanzó. En ese marco  debe leerse el peso de Marco Rubio, que en marzo sostuvo que las últimas reformas  económicas cubanas no son suficientes y que el problema remite al propio núcleo  de poder en La Habana. Esa afirmación no resuelve por sí sola el dilema cubano,  pero sí ayuda a entender que, en este caso, la dimensión ideológica no es una  cuestión retórica sino parte del motor del conflicto. 

Dicho de otro modo: mientras Venezuela pudo ser tratada en determinados  momentos con criterios más transaccionales, Cuba continúa siendo, para parte del  establishment estadounidense, un símbolo pendiente de resolución.

La rigidez institucional de la política hacia Cuba

A la dimensión política se suma una tercera diferencia: la cuestión institucional. La  ley Helms-Burton no solo endureció el embargo, sino que lo codificó dentro de una  arquitectura legal orientada a respaldar un “gobierno de transición” y luego un  “gobierno democráticamente elegido” en Cuba. El texto prevé asistencia a un  gobierno transicional, facilita el paso hacia una democracia representativa y una  economía de mercado, y establece criterios concretos para considerar que una  transición existe, entre ellos la legalización de la actividad política, la liberación de  presos políticos, la disolución de órganos de seguridad y el compromiso con  elecciones libres en un plazo no mayor a dieciocho meses.

Esto importa porque demuestra que, en el caso cubano, la política estadounidense  no depende solo del humor de una administración sino que se encuentra  condicionada por la institucionalización previa del conflicto.

La estructura de control del régimen

Cuba y Venezuela no tienen la misma arquitectura de poder. El régimen cubano  conserva una densidad estatal, una capilaridad burocrática y una tradición de  disciplinamiento social más centralizada que la venezolana. Allí donde Venezuela  derivó en una gobernabilidad híbrida, con mayor fragmentación entre aparato  estatal, redes clientelares, servicios de seguridad, actores armados y zonas de  autonomía irregular, Cuba sigue respondiendo en mayor medida a una lógica más  cerrada y vertical.

Por supuesto que esto no convierte al sistema cubano en invulnerable pero vale  remarcar que presionar a un régimen centralizado no es lo mismo que operar sobre  un sistema fragmentado y poroso. El tipo de presión al que puede ser sometido y el  tipo de desenlace que podría producirse son diferentes en ambos casos.

La transición cubana no implicaría una democratización inmediata per se 

Si hubiera ruptura en Cuba, el escenario no será una democratización rápida sino  una secuencia mucho más áspera, tortuosa y cargada de tensiones.  

El orden democrático en Venezuela se fue degradando progresivamente pero su  población políticamente activa cuenta con memoria del ejercicio democrático. En  Cuba eso no sucede desde la revolución, lo que constituye un peldaño adicional en  el camino hacia la democratización.

Además, en caso de caer el régimen primero debería darse una etapa de  reordenamiento jurídico e institucional que deberá controlar el aparato coercitivo,  redefinir las reglas económicas, afrontar la reconstrucción administrativa, la apertura condicionada al capital y la estabilización mínima del funcionamiento  estatal. Recién después podría comenzar una transición política más estructurada.

Helms-Burton, de hecho, ya imagina algo parecido al distinguir entre “gobierno de  transición” y “gobierno democráticamente elegido”. Entre ambos momentos  podrían surgir vacíos de liderazgo y disputas con actores que conserven parte del  poder residual del régimen que deberán ser saldadas. Por ello la etapa de  reconstrucción podría no ser rápida ni fácil para su población.

La reacción social en Cuba

Otro punto que no debe sobreestimarse es el nivel de resistencia social. Cuba  arrastra una combinación asfixiante de apagones, desabastecimiento, deterioro  sanitario, fatiga acumulada y emigración masiva.

Una sociedad exhausta podría no plantear la resistencia que la épica sobre la que  descansa el discurso oficial pretende. Es pertinente aclarar que un bajo nivel de resistencia no equivale de ninguna manera a legitimar el nuevo orden. Podría haber  pasividad, resignación o cálculo de supervivencia sin que eso se traduzca en apoyo  positivo a un actor externo o a una autoridad transicional desconocida.

El valor material inmediato y la capacidad de reconstrucción basada en el  factor humano

Cuba no justifica, en cuanto al valor material, un esfuerzo equivalente al  venezolano, aunque sí presenta una ventaja relativa en otro plano: su capital  humano.

Cuba sigue mostrando indicadores educativos relativamente robustos en  comparación a la media regional, aun en medio del deterioro económico. Esa  herencia no garantiza por sí sola una transición exitosa, pero sí puede facilitar una  reconversión más rápida si existieran reglas estables, inversión, asistencia técnica  y acceso a financiamiento.

Desde luego, tampoco aquí conviene exagerar. El capital humano cubano convive  con dos límites: envejecimiento demográfico y fuga de población. La educación  facilita pero no sustituye al capital, al marco jurídico ni a la confianza.

Hipótesis prospectiva sobre la crisis terminal del régimen cubano 

A partir de esas diferencias, una eventual transición cubana necesariamente  diferirá del patrón venezolano.

El hecho de que no exista hoy evidencia pública de una ocupación en preparación  no significa que toda coerción militar deba descartarse. Entre la no intervención y  la invasión total existe una gama amplia de opciones: acciones sobre  infraestructura crítica, golpes de precisión sobre nodos militares o de inteligencia y  operaciones limitadas orientadas a quebrar la cohesión del mando.  

La experiencia reciente en Irán mostró, además, que en determinados teatros la  lógica de neutralización de liderazgos puede reaparecer como instrumento de  presión o de guerra por lo que excluir de antemano esta hipótesis sería ingenuo. La  propia aclaración del Comando Sur sobre la inexistencia de preparativos para una  invasión ayuda a delimitar el punto: si Washington interviniera, es más probable que  lo hiciera de manera acotada.

La principal diferencia respecto a Venezuela es que -por lo expuesto durante el  artículo- no sería suficiente con destituir a Díaz-Canel y avanzar en las  negociaciones con las segundas líneas. Un cambio de régimen “de raíz” es  condición necesaria para avanzar en los términos que Washington requiere, tanto  en términos jurídicos como políticos.

Entonces, si el objetivo estadounidense es precipitar un cambio, la alternativa es el  patrocinio o eventual imposición de una figura que administre la isla y lleve adelante  los cambios necesarios. Un liderazgo transicional respaldado desde Washington tendría una ventaja operativa, aunque arrastraría desde el primer día un serio  problema de legitimidad puertas adentro de la isla.

Conclusión

La principal conclusión que surge de este análisis es que Cuba no puede ser  pensada con el mismo patrón interpretativo aplicado a Venezuela. En un caso  predominó una lógica de utilidad material inmediata; en el otro pesan con mucha  mayor fuerza la ideología, la política doméstica estadounidense, la proximidad  geográfica, la memoria histórica y la rigidez institucional del conflicto. En ese  marco, una eventual crisis terminal del régimen cubano no debería proyectarse  como una simple réplica de escenarios sino como una secuencia más compleja,  posiblemente orientada al desplazamiento del núcleo gobernante, al respaldo de  una autoridad de transición externa con ya una fase previa de reorganización  jurídica e institucional antes de cualquier apertura democrática sustantiva. Pero  incluso si ese proceso llegara a concretarse, la cuestión de fondo seguiría abierta:  la viabilidad del orden posterior dependerá de la legitimidad y la arquitectura  política con las que se intente construir su reemplazo.