Kirguistán: el posible retorno de la pena capital

Kirguistán, república situada en la región de Asia Central, está debatiendo la reintroducción de la pena de muerte para los criminales que cometan crímenes contra mujeres y niños. La discusión se ha puesto en marcha tras las protestas, desarrolladas especialmente en la provincia de Issyk-kul tras el brutal asesinato de una chica de 17 años.

La pena de muerte en Kirguistán 

Kirguistán ha había aplicado la pena de muerte durante su época soviética y en los primeros años tras su independencia en 1991. La pena capital era usada en los crímenes más violentos, los asesinatos de los funcionarios y crímenes contra el Estado, y los delitos sexuales con resultado de muerte. En 1998, el presidente Askar Akayev, estableció una moratoria de dos años, la cual era renovada cada año, prohibiendo la pena de muerte. En 2007, Kurmanbek Bakiyev, firmó una ley que abolía formalmente la pena capital en la legislación penal, sustituyéndola por cadena perpetua. Sin embargo, su abolición definitiva no llegó hasta 2010, cuando el país ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (ICCPR), destinado a la abolición de la pena de muerte.

Modificaciones anteriores

Previamente, el 11 de septiembre de 2025, el Zhogorku Kenesh (Consejo Supremo de Kirguistán) aprobó una ley propuesta por Sadyr Zhaparov, el actual presidente de la República, que modifica ciertas leyes del Código de delitos y la ley de protección y defensa contra la violencia doméstica, reforzando las sanciones para prevenir estos actos. Las modificaciones principales fueron el aumento del arresto administrativo por violencia doméstica de 7 a 14 días, además de una supervisión electrónica impuesta por el Tribunal durante los 3 meses siguientes.

El caso de Aisuluu Mukasheva 

El pasado 27 de septiembre saltaron las alarmas por la desaparición de una chica en la región de Issyk-kul, y pese a las denuncias de los familiares, la policía apenas actuó. Tres días después su cuerpo fue encontrado sin vida con claros signos de tortura. El principal sospechoso, un hombre de 41 años, admitió ser el responsable del crimen, además de confesar la autoría de otros crímenes que no habían sido resueltos, como el de Kamila Duishebaeva en 2014, entre otros. Este crimen ha desatado protestas en muchos puntos del país asiático, demandando sanciones más duras para las personas que cometen crímenes contra las mujeres y los niños, llegando incluso a publicar una petición en el portal del gobierno.

Ante ello, el presidente, Sadyr Zhaparov, tras mostrar su pesar al recibir las noticias del crímen, encomendó al Jefe del Departamento de Apoyo Jurídico de la Administración Presidencial, Murat Ukushev, la elaboración de enmiendas legislativas para endurecer las penas por delitos contra niños y mujeres. Finalmente, las enmiendas propuestas incluían la pena de muerte por la violación y asesinato de niños y mujeres. Sin embargo, se está planteando someter el asunto a referéndum nacional, y solamente si la mayoría lo aprueba se modificará la Constitución y las leyes necesarias, así como revisar los acuerdos internacionales.

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (ICCPR) 

Tras la ratificación del ICCPR en 2010, Kirguistán prohibió la pena de muerte en su constitución (art.21), ya que toda persona tiene un derecho inalienable a la vida. No obstante, los casos de delitos graves contra niños y mujeres, especialmente las violaciones y los asesinatos, se están volviendo comunes. Según la Fiscalía General de la Nación, desde 2021 han sido reportados 178 asesinatos, de los cuales 24 de ellos eran menores y 513 violaciones, de los cuales 441 eran menores ( 172 casos no tenían ni 14 años). Por lo que se ha presentado un proyecto de ley para la derogación de la adhesión al ICCPR, con el objetivo de garantizar la salud y seguridad de los niños y las mujeres frente a ataques criminales. Si esta ley sale adelante, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá presentar el instrumento de derogación de la ley ante el Secretario General de las Naciones Unidas y así revocar la ratificación del protocolo, para poder seguir adelante con la reinstauración de la pena capital.

Críticas

La principal crítica que ha recibido este proyecto de ley ha venido del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, el cual pidió a las autoridades kirguisas que detengan inmediatamente los esfuerzos para reintroducir la pena de muerte, advirtiéndo que una medida así constituiría una grave violación del derecho internacional. Además declaró que aunque los delitos para los que se pide la reinstauración de la pena capital sean realmente atroces, la pena de muerte no ha demostrado tener algún papel significativo en la reducción del número de estos delitos. Por otra parte, insta a las autoridades kirguisas a centrar sus esfuerzos en la protección efectiva de la ley y un acceso adecuado a la justicia, por lo que se debería combatir estos crímenes desde un punto de vista centrado en las víctimas y un sistema bien dotado de recursos.

También ha habido descontento dentro del país, donde la clínica jurídica Adilet, una organización de derechos humanos en Kirguistán, también ha mostrado su oposición al proyecto, ya que lo califican de prematuro e inaceptable, ya que contradice los compromisos internacionales del país. Además, afirman que la redacción del proyecto permite la imposición de la pena de muerte ante la violación y asesinato de una persona contra cualquier persona, y no solamente en casos que involucren a mujeres y niños, por lo que amplía el ámbito de actuación de la pena de muerte y contradice los principios de humanidad y justicia consagrados en la Constitución.

Por último, varias organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos como International Partnership for Human Rights, International Federation for Human Rights o Civil Rights Defenders, entre otras, han criticado la medida, ya que solo fomentaría los abusos en un sistema jurídico plagado de corrupción y un estado de derecho débil. También han criticado la manera en la que las autoridades tratan estas situaciones, ya que la policía, muchas veces no registra las denuncias de las víctimas, no investigan las denuncias por abusos sexuales y los criminales se benefician de las blandas penas por estos delitos.

Además, estas organizaciones sostienen que el dolor de la familia de Aisuluu no debe instrumentalizarse con fines políticos. Para reducir los casos de violencia contra los niños y las mujeres, las organizaciones hacen un llamamiento a las autoridades kirguisas a realizar reformas, como el establecimiento de sistemas de prevención más fuertes, centros de crisis, líneas directas o refugios accesibles en el país; la capacitación del personal de primera respuesta (Policías, profesionales médicos y servicios sociales, entre otros) para sensibilizarse con estos casos de violencia; la persecución y castigo de los autores de acorde con la gravedad de los delitos; y la voluntad política para defender a las mujeres y a los niños, no solamente cuando haya fines políticos de por medio.

Conclusión 

El debate sobre la reintroducción de la pena de muerte en Kirguistán muestra un conflicto profundo entre la búsqueda de justicia para los peores crímenes contra mujeres y niños, así como el compromiso del país con los derechos humanos y las obligaciones internaciones. Aunque el caso de Aisuluu Mukasheva ha generado una gran indignación pública y presión a los políticos, las organizaciones locales e internacionales advierten que esto supondría un claro retroceso de los derechos humanos y ya se ha demostrado en otros países que la imposición de la pena capital no reduce el número de delitos, por lo que no acabaría con el problema en el país. Para combatir el problema, se debe fortalecer los mecanismos de protección, mejorar la respuesta policial y judicial y centrarse en el apoyo a las víctimas, en lugar de recurrir a medidas extremas, como la pena de muerte, la cual contradice la legislación y constitución kirguisa.

Créditos foto: Press Service of the President of Kyrgyzstan.