La dictadura de Pinochet en Chile: golpe de Estado, represión y legado político y económico

“Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”. 

– Salvador Allende, en su último discurso a la nación desde el Palacio de La Moneda antes del bombardeo; 11 de septiembre de 1973. 

Introducción al caos

El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende e instauró una dictadura militar que se extendería hasta el 11 de marzo de 1990. Durante casi diecisiete años, el régimen no sólo ejerció un control autoritario basado en la represión sistemática de los derechos humanos, sino que ejecutó una profunda refundación estructural del país. Esta transformación combinó la implementación pionera del modelo económico neoliberal con el diseño de una nueva institucionalidad política cuyas secuelas, tensiones y debates sobre la memoria histórica continúan moldeando al Chile contemporáneo.

Contexto y antecedentes: una frustrada vía al socialismo 

En septiembre de 1970, Salvador Allende Gossens, líder del partido socialista, venció las elecciones presidenciales y encabezó el gobierno de la Unidad Popular (UP), una coalición de izquierdas que buscaba transitar hacia el socialismo por la vía democrática e institucional. Este proyecto se desarrolló en el convulso contexto de la Guerra Fría, donde la Doctrina de Seguridad Nacional promovida por Estados Unidos consideraba cualquier avance del marxismo en América Latina como una amenaza estratégica (Velásquez, 2002). A través de la famosa Escuela de las Américas en Panamá, donde miles de oficiales y militares latinoamericanos fueron instruidos en técnicas de contrainsurgencia y guerra psicológica, Washington moldeó el pensamiento de las Fuerzas Armadas de la región. Así, en Chile, diversas fuentes afirman que el propio gobierno y la CIA apoyaron activamente a la oposición chilena y financiaron acciones destinadas a desestabilizar la economía y el ambiente político del país.

Sumido en una profunda crisis política, social y económica, el gobierno de Salvador Allende ya había vivido un levantamiento militar en 1973, el “tanquetazo”, sofocado por el general que más tarde llevaría a cabo su propio golpe: Augusto Pinochet. Además de por la intervención de Pinochet, dicho golpe no tuvo éxito porque, por aquel entonces, el Ejército era una institución que, a diferencia de lo que sucedía en otros países de la región, no gozaba de mucha estima entre las élites civiles de la sociedad chilena.

Biografía de Pinochet y toma del poder: de la lealtad a la ambición  

Desde  temprana edad, Augusto Pinochet ya mostraba cierta vocación e interés en asuntos militares, lo que desembocó en su alistamiento en la Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins a los 17 años. Tras su ingreso, el joven militar escaló puestos y comenzó a acumular diversos títulos y cargos como oficial del Estado Mayor, comandando misiones en varios destinos militares y estrenándose como docente en la Academia de Guerra y la Escuela Militar, donde impartió clases de Geografía Militar y Geopolítica. En 1968 se le confió el puesto de jefe del Estado Mayor de la II División del Ejército y tres años después se convertiría en el general de la misma.

Pinochet, ya en el pico de su carrera militar, se situaría como segundo oficial al mando del Ejército, detrás de Carlos Prats, quien compaginaba el cargo de Comandante en Jefe con distintas funciones en los gobiernos de la Unidad Popular. Independientemente de la opción ideológica a la que las urnas confirieran el mandato para dirigir el país, la fidelidad del cuerpo militar a la esfera de gobierno se veía supeditada a su disciplina y apoliticidad, posición que en un principio Pinochet también mantendría. De esta forma, Augusto se dio a conocer dentro de las esferas de la coalición del gobierno, llegando incluso a contar con la confianza de Allende.  

El 21 de agosto de 1973, Pinochet convocó al generalato chileno para votar y aprobar una moción que pedía la renuncia total de sus cargos a Prats, por la deriva del gobierno hacia la proposición de abrir la “vía chilena hacia el socialismo”. Consecuentemente, Augusto Pinochet fue nombrado nuevo Comandante en Jefe del Ejército por parte de un Allende que no lograba ver la conspiración golpista que semanas después le arrebataría el poder y la vida. 

En la mañana del 11 de septiembre de 1973, en un contexto político, social y económico explosivo (con el PIB en caída libre y con constantes presiones y provocaciones de derecha a izquierda que tenían paralizado al Gobierno democráticamente elegido y hacían temer por un grave enfrentamiento civil a la vuelta de la esquina) se declaró el golpe de Estado. Sin embargo, la idea de llevar a cabo un golpe comenzó a gestarse meses antes y la elección de la fecha no fue aleatoria pues tanto el vicealmirante de la Armada, José Toribio Merino, como el comandante de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, tuvieron en cuenta el traslado del Fuerzas Armadas a Santiago para celebrar las Glorias del Ejército. 

La toma del poder por los militares fue sangrienta y supuso el derrocamiento y la muerte de Allende, quien se quitó la vida tras rechazar el ultimátum de abandonar la Presidencia y partir al exilio. Consumada la sublevación, las emisoras de radio controladas por los golpistas difundieron llamamientos a acatar las disposiciones de la nueva autoridad castrense. 

Mientras los soldados sofocaban los focos de resistencia obrera en los cinturones industriales y miles de militantes de partidos de izquierda, sindicalistas y estudiantes eran arrestados y concentrados en improvisados centros de detención, Pinochet constituyó una Junta de Gobierno cuyos primeros actos fueron declarar el estado de sitio y el toque de queda, clausurar el Congreso, proscribir los partidos de la UP, dejar en receso a la restantes fuerzas e imponer una severa censura informativa. En política exterior, la primera decisión, adoptada ese mismo 11 de septiembre, fue romper las relaciones diplomáticas con Cuba. En Estados Unidos, la administración republicana de Nixon acogió con evidentes buenos ojos la destrucción del experimento de la UP, sin que exista certeza acerca del grado de conocimiento previo en implicación, ya fuera como instigadores o asistentes materiales, de la Embajada de Santiago y la CIA en el golpe de Estado. 

Anatomía del régimen militar

El nuevo régimen se caracterizó por un modelo autoritario, establecido sobre principios emanados de la extrema derecha, tales como el anticomunismo, la prohibición legal de los partidos políticos (extendida hasta 1987) y sindicatos, la limitación de la libertad de expresión y la carencia de democracia. Lo anterior se reflejó en las sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura, registrándose al menos 28.000 víctimas de prisión política y tortura, más de 2.200 ejecuados y 1.400 detenidos desaparecidos, aun siendo información difícil de contrastar. Sumado a esto, la medida sancionatoria que afectó al mayor número de opositores fue el exilio político, con más de 200.000 personas con sus familias, constituyendo el mayor movimiento emigratorio en la historia del país. Este éxodo masivo despojó al país de buena parte de su intelectualidad, sus artistas y sus líderes sociales. Figuras emblemáticas como “La Tencha” (viuda de Allende)  tuvieron que rehacer sus vidas lejos de casa, convirtiéndose en voces incansables para denunciar las violaciones de los derechos humanos. En el plano literario, personalidades como Isabel Allende o Luis Sepúlveda reflejaron en sus obras su dolor y compromiso con respecto al sufrimiento político. El exilio transformó la cultura chilena para siempre, con cicatrices aún vivas en las letras contemporáneas. 

A pesar de su composición interarmas, la Junta no era un órgano de poder colegiado y, desde el primer momento, Pinochet se destacó como el mandamás de sus integrantes, adquiriendo una deriva autoritaria que consumó con su investidura en 1974 como jefe supremo de la nación y titular de los poderes constituyente, legislativo y ejecutivo y, finalmente, como presidente de la República. Aunque originalmente tuvo un neto carácter militar, con el paso de los años fueron incorporándose colaboradores civiles al gobierno. 

En la etapa de “reconstrucción nacional” que se iniciaba, el poder impuesto era de tipo autoritario, impersonal y justo, así como nacionalista, realista y pragmático, sin cabida a fuerzas políticas de inspiración marxista o seculares. Por otra parte, al entender que el país era el escenario de una “guerra” no declarada en la que planteaba hostilidades un “enemigo interno”, las Fuerzas Armadas se legitimaban a sí misma para tomar las medidas que consideraran convenientes: esta era la esencia de la doctrina de seguridad adoptada. 

La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que bebió de la mencionada Escuela de las Américas, fue una policía secreta creada en 1974 y dirigida por el general Juan Manuel Contreras Sepúlveda (y colocada bajo la autoridad del jefe de Estado), con la misión de ejecutar una guerra sucia que tomó visos de exterminio al cobrarse la vida de centenares de personas cuyos nombres aparecían en las listas negras del régimen. Los secuestrados, torturados, asesinados y hechos desaparecer por la DINA eran antiguos miembros del círculo personal de Allende y dirigentes y cuadros del Partido Socialista, del Partido Comunista Chileno y el Movimiento de Izquierda Revolucionario. Tras su disolución en 1977 debido a presiones internacionales, sus funciones de control y aparato represivo continuaron bajo la Central Nacional de Informaciones (CNI). 

La insidia criminal de la DINA no se detuvo en las fronteras de Chile. Su sección exterior ejecutó operaciones en el marco de la red de inteligencia Cóndor, incluyendo los asesinatos de dos notorios personajes que se habían exiliado a raíz del golpe de Estado: el general Prats y el ex ministro de Exteriores allendista Orlando Letelier. Los magnicidios fueron perpetrados por un expatriado estadounidense que trabajaba para la CIA. 

Impacto socioeconómico y transformación estructural: laboratorio neoliberal 

Durante este período, Chile experimentó una profunda transformación económica, social y cultural. En lo estrictamente económico, significó un cambio radical de orientación del papel del Estado, de un rol productor e interventor a uno de tipo subsidiario, inspirado en las doctrinas económicas neoliberales. En lo social, implicó el dominio sin contrapeso de los sectores empresariales junto con el aumento sostenido de la desigualdad de ingresos y de la precariedad e inestabilidad laboral de los sectores asalariados. En lo cultural, dio lugar al denominado “apagón cultural”, caracterizado por la represión y censura de ciertas manifestaciones culturales consideradas contrarias a la línea oficial, alcanzando dimensiones desconocidas en la historia del país. Asimismo, la educación se vio congelada por consideraciones exclusivamente políticas (Monsálvez, 2013).

Siguiendo la línea de la política económica, Pinochet delegó en un equipo de economistas formados en la Universidad Católica de Chile y seguidores de la Escuela de Chicago (de ahí el nombre que se les atribuyó: Chicago Boys) la complicada tarea de estabilizar una economía sumida en un severo desbarajuste. Desde 1975 se implantó una política basada en la apertura de mercados, reducción de aranceles, eliminación de control de precios, reducción de gasto público y privatización de empresas. Esta “terapia de choque” permitió a corto plazo reducir la inflación y sanear las cuentas públicas, pero provocó una fuerte contracción económica y un elevado coste social mediante el aumento del desempleo, la caída de salarios y el crecimiento de la pobreza.

Tras la recuperación iniciada al año siguiente, la economía experimentó un fuerte crecimiento, pero la elevada dependencia externa y el endeudamiento privado contribuyeron a la grave crisis de 1982. Al final, los Chicago Boys no fueron capaces de garantizar la prosperidad económica, y Pinochet optó por prescindir de ellos. A partir de 1985, Hernán Büchi impulsó una segunda fase de reformas neoliberales, combinando reducción del gasto público, privatizaciones, incentivos fiscales y devaluación del peso, lo que favoreció la recuperación económica. 

Dimensiones internacionales: un aislamiento inevitable 

La indefensión judicial y los atropellos cometidos por los Carabineros y el propio Ejército, que continuó movilizado como fuerza represiva, provocaron una amplia condena internacional y el paulatino aislamiento diplomático y descrédito del Gobierno. En el plano de sus afinidades ideológicas, Pinochet fue un gran admirador del general Francisco Franco, a cuyo entierro en noviembre de 1975 en Madrid asistió personalmente.

Las operaciones clandestinas de terrorismo de Estado, como los magnicidios mencionados anteriormente, se enmarcaron en un vasto dispositivo transnacional conocido como Operación Cóndor, en el que diversos organismos de inteligencia de las dictaduras militares del Cono Sur cooperaban para eliminar a sus opositores y enemigos políticos, como ocurrió con los exiliados chilenos en Argentina, bajo el beneplácito tanto de Perón como de Videla. No obstante, las relaciones chileno-argentinas se deterioraron tras la disputa sobre la posesión de las islas Picton, Lennox, Nueva y otras menores sitas entre la parte Oriental del canal de Beagle y el cabo de Hornos, finalmente adjudicadas a la soberanía chilena por la Corona británica. La tensión se disparó tanto que ambos Estados estuvieron a punto de entrar en guerra por la soberanía del mencionado Canal de Beagle, algo que sólo frenó una tormenta en el mar y la intervención apaciguadora del Vaticano.

Fin del régimen y transición a la democracia: una constitución con un matiz

Desde comienzos de la década de los ochenta, coincidiendo con la mencionada crisis económica, Pinochet afrontó numerosas protestas y manifestaciones que exigían su dimisión y un inmediato retorno a la democracia. Pese a la represión policial, las movilizaciones lograron intensificarse, tanto que se convocó la primera protesta nacional en una década y se creó la Alianza Democrática, el primer frente opositor multipartidista. 

En 1980, tras un irregular plebiscito realizado sin registros electorales (destruidos en julio de 1974), fue aprobada una nueva constitución en la que Pinochet reafirmó su cargo como presidente de la República, mientras la Junta Militar de Gobierno se limitaba al poder legislativo. El texto constitucional estableció también una serie de disposiciones que, finalmente, permitieron el retorno a la democracia tras el plebiscito 5 de octubre de 1988. En dicho referéndum, el pueblo chileno le denegó a Pinochet un nuevo mandato y, en consecuencia, se convocaron elecciones democráticas al año siguiente, imponiéndose la candidatura presidencial de Patricio Aylwin. 

Así las cosas, el 11 de marzo de 1990 Pinochet, a los 74 años, traspasó la banda presidencial a Aylwin, convirtiéndose en uno de los pocos dictadores contemporáneos que primero asumía el resultado adverso del proceso electoral por él mismo convocado y, a continuación, ponía voluntariamente término a su férula política.

Legado y memoria histórica: fantasmas que aún resuenan

Tras el traspaso de poder a Patricio Aylwin, comenzó una tortuosa saga judicial que, iniciada en España y continuada en el propio Chile, registró varios procesos de incriminación por las graves violaciones de derechos humanos y por corrupción económica.

El 17 de marzo de 1998 (seis días después de estrenarse Pinochet como senador vitalicio) una comisión investigadora inició el estudio de una propuesta de juicio político fundada en la acusación de “comprometer gravemente el honor y la seguridad de la nación”, y sobre la base de una serie de declaraciones en las que el general había justificado la represión durante el régimen. No obstante, la Cámara de Diputados rechazó la acusación y el proceso no prosperó. 

 Sin embargo, desde hacía más de un año la justicia española venía investigando la posible responsabilidad penal de Pinochet en "los casos de ciudadanos, españoles o de cualquier otra nacionalidad, asesinados o desaparecidos" durante la dictadura. El 16 de octubre de 1998, mientras se encontraba en una clínica en Londres tras una intervención quirúrgica, las autoridades británicas dispusieron su arresto preventivo a requerimiento de los magistrados García Castellón y Baltasar Garzón. La orden de detención, cursada cinco días atrás a la Interpol, se fundamentaba en las declaraciones que señalaban a Pinochet como conocedor y coordinador de los crímenes cometidos en el ámbito de la Operación Cóndor.

Ante la expectación, el Gobierno británico aclaró que el pasaporte diplomático de Pinochet no le confería inmunidad frente a un requerimiento puramente judicial y policial. Garzón aclaró también que los delitos de los que se acusaba eran imprescriptibles y universales, por lo que todos los países del mundo estaban obligados a colaborar con las diligencias judiciales. Todas estas actuaciones pusieron de relieve el impacto del caso, que sentaba un precedente por su carácter extraterritorial y que era considerado por organizaciones no gubernamentales como un avance histórico en la persecución de antiguos dictadores violadores de los derechos humanos, independientemente de su condición y localización actuales. Tras 503 días de arresto domiciliario en la capital británica y una intensa batalla legal, el Gobierno de la Mancomunidad de Naciones determinó en marzo del año 2000 la liberación de Pinochet por motivos de salud, con su regreso a Chile hasta su fallecimiento en 2006.  

El balance luctuoso de casi diecisiete años de dictadura fue documentado institucionalmente tras el retorno de la democracia. El Informe de Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR), más conocido como Informe Rettig, publicado en marzo de 1991, tasó en 2.279 víctimas probadas entre muertos y desaparecidos por violación de los derechos humanos o como efecto de la violencia política. Años más tarde, en 2004, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (o Comisión Valech) ayudó a perfilar el cuadro de horrores pintado por el régimen pinochetista al reconocer como víctimas de la tortura en centros de detención a 28.459 personas.

Conclusiones: luces, sombras y cicatrices del puño de Pinochet 

Los casi diecisiete años de dictadura militar presidida por el general Augusto Pinochet marcaron uno de los períodos más traumáticos en la historia de Chile; una sociedad que vivió dividida el sangriento golpe de Estado de 1973, la persecución sistemática de los opositores ideológicos, el intento del régimen de perpetuarse en el poder tras una fachada constitucional y, finalmente, las dos derrotas en las urnas frente a la oposición democrática unida. 

Asimismo, el pinochetismo articuló un modelo social y económico de mimbres liberales que, virtualmente sin cambios, fue el que rigió también la posterior restauración democrática. De forma paralela, la Constitución de 1980, aunque sometida a futuras enmiendas, definió el marco institucional del país durante décadas.  Por último, la ancianidad y una demencia dudosa que fueron invocadas con éxito por los abogados del ex dictador, arrestado en su domicilio de manera intermitente, permitieron que no llegara a ser juzgado en causa alguna, falleciendo así a los 91 años en un hospital con múltiples querellas abiertas y acusaciones penales.