La etnia rohingya: masacrada, expulsada y apátrida. El gobierno de Myanmar y las acusaciones de genocidio

Myanmar, investigada y en espera de una resolución de la Corte Internacional de Justicia

El pasado 12 de enero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), celebró la primera audiencia del procedimiento impulsado el 11 de noviembre de 2019 por Gambia en contra de Myanmar, proceso referido a los actos genocidas que el ejército y las fuerzas de seguridad llevaron a cabo en contra de la etnia minoritaria rohingya en 2016 y 2017 en el Estado birmano de Rakhine. 

A día de hoy, si bien la CIJ no ha acuñado de manera definitiva el suceso como genocidio, si que en base a testimonios de supervivientes y a las alegaciones de Gambia, ha determinado que Myanmar tiene como obligación proteger a la minoría rohinyá habitante en el país de cualquier acto genocida, así como preservar las evidencias relacionadas con las acciones denunciadas, como son las aldeas y poblaciones rohingyas calcinadas.

Tras esta breve descripción sobre la posición de la CIJ, es necesario analizar y explicar detalladamente la persecución y masacre sufrida por la comunidad rohingya en Myanmar. Suceso condicionado principalmente por motivos étnicos y religiosos pero con un importante contexto histórico.

Rencillas del pasado, legado del colonialismo británico

La marginalización de la etnia rohingya es una clara herencia del imperialismo británico en la región durante los siglos XIX y XX, visto que las fuerzas británicas al asentarse en territorio birmano trajeron consigo un elevado número de migrantes rohingyas provenientes de la India, relocalización desarrollada con el objetivo de incrementar la productividad agrícola en un territorio escasamente habitado como consecuencia de previos éxodos y persecuciones étnicas. 

El asentamiento de la comunidad rohingya y su estrecha colaboración a nivel administrativo con el régimen ocupante, supuso una gran fisura entre la comunidad budista autóctona y la población migrante musulmán, que al ocupar cargos de poder se vió como una extensión más del dominio colonial británico. Finalmente, con la ocupación japonesa del país durante la Segunda Guerra Mundial y la expulsión del Imperio Británico, la etnia rohingya comenzaría a verse amenazada por otras etnias mayoritarias en la región, que a diferencia de esta no se mantuvieron afines a la potencia europea durante el conflicto Británico-Japonés. 

Rohingyas, una historia de persecución, vulnerabilidad de una minoría

Las principales presiones sobre los rohingyas llegaron pasada la marcha de los japoneses en 1945. Entre ellas, caben destacar la Operación Dragón King en 1978, una campaña de arrestos, intimidación y violencia por parte del gobierno birmano hacía la supuesta población inmigrante, un evento que forzó la huida a Bangladés de más de 200.000 rohingyas; y la Ley de Ciudadanía 4/1982, la cuál determinó que toda aquella persona que hubiera llegado a partir de la ocupación británica en 1824 no tenía condición de ciudadano, estableciendo así un cambio legislativo que sentenció a millones de rohingyas a la apatridia, despojándolos en un mero instante de derechos básicos y existencia a nivel legal. Como anexo a la propia ley, Myanmar, no valora a la etnia rohingya entre los 135 grupos étnicos oficialmente reconocidos a nivel estatal. 

Tal marco de discriminación perduraría en las siguientes décadas dando pie a múltiples éxodos rohingyas, incluso en 2012. Sin embargo, el máximo apogeo llegaría en los años 2016 y 2017, en los que tras largas campañas de odio fundamentadas étnica y religiosamente por parte de las fuerzas armadas de Myanmar y monjes budistas pertenecientes al grupo nacionalista 969 (liderados por Ashin Wirathu), el propio ejercito birmano llevaría a cabo una persecución y masacre a gran escala hacía la etnia musulmana rohingya en todo el estado de Rakhine (llegando a más de 24.000 muertos), donde en base a testimonios de supervivientes, se produjeron asesinatos, violaciones, mutilaciones y quema de poblaciones de forma masiva. 

Por parte del gobierno de Myanmar, liderado en ese momento por la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi, ganadora del premio Nobel de la Paz, se justificó la intervención militar en base a los ataques realizados por el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ESRA) el 25 de agosto de 2017 a múltiples bases militares en el país, provocando la muerte de 13 militares y policías. De tal manera, que en palabras del gobierno, la respuesta militar suponía una persecución exclusiva hacia las fuerzas terroristas de ESRA. Sin embargo, múltiples fuentes gráficas y testimoniales desacreditan tal postura, recalcando una vez más las atrocidades sufridas por la comunidad rohingya, y los discurso de desafección y odio llevado a cabo en esas fechas por líderes budistas y militares, en los que incluso se llegó a negar la existencia de una comunidad rohingya. 

En tal clima de inseguridad máxima, entre 2016 y 2017 más de 700.000 rohingyas huirían al país vecino de Bangladés (nación de mayoría musulmana), donde el gobierno en colaboración con entidades humanitarias los acogerían en campos de refugiados en la ciudad de Cox’s Bazar, instalándose primordialmente en el campo de Kutupalong (convirtiéndose así en el mayor campo de refugiados del mundo).  

Una población dividida, secuelas de un éxodo forzado por la violencia

Si bien las principales persecuciones ocurrieron en 2016 y 2017, la comunidad rohingya en estos años ha seguido encontrándose en una situación de alta vulnerabilidad, tanto en el propio Myanmar quienes se quedaron o migraron a nivel interno, como quienes buscaron cobijo en territorio bangladesí. 

En primer lugar, en referencia a la población refugiada en Cox’s Bazar, debemos matizar que su situación en el país se está recrudeciendo paulatinamente, visto que: el apoyo humanitario se ha visto fuertemente reducido en los últimos años; siguen en condición de apatridia y su libertad de movimiento en Bangladés se restringe a los propios campos de refugiados; no se han producido avances en materia de repatriación; y su permanencia en el país choca de manera directa con los intereses locales y regionales de la población autóctona, pues la presencia de la población rohingya ha incrementado el precio de productos básicos, ha aumentado el vandalismo, ha agravado el desempleo y dificulta de manera notoria el posicionamiento de Cox’s Bazar como uno de los principales destinos turísticos costeros del país.  

En segundo lugar, aquellos rohingyas que han permanecido en Myanmar, se han visto expuestos directamente a los cambios de regímenes y tensiones de poder acontecidos en el país (especialmente en el estado de Rakhine) desde el golpe de estado del año 2021. Golpe en el cuál el Tatmadaw (Fuerzas Armadas de Myanmar), liderado por el comandante en jefe de las fuerzas armadas, Min Aung Hlaing, derrocó al gobierno elegido democráticamente en las elecciones de 2020 presidido por la reelegida Aung San Suu Kyi (líder de la Liga Nacional para la Democracia). 

Dicha imposición de un nuevo régimen, condicionó el fortalecimiento y surgimiento de múltiples grupos étnicos y políticos armados contrarios al régimen, casuística que ha fragmentado notoriamente todo el territorio nacional, llegando incluso al punto en el que el gobierno central aún preservando Naypyidaw y otras grandes ciudades, actualmente no controla de forma efectiva ni un tercio del país. En particular, centrándonos en el estado de Rakhine, dónde a día de hoy siguen estando la mayor parte de rohingyas en el país, este se encuentra controlado por el ya previamente mencionado Ejército de Salvación Rohingya de Arakán. 

No obstante, ambas potencias se encuentran inmersas en un cruento conflicto por el dominio del territorio, dentro del cuál la minoría rohingya se encuentra plenamente afectada, pues por un lado, dentro del estado de Rakhine tiene como un nuevo sistema opresor y agresor al ESRA (que no es de corte musulmán a pesar de su conexión con la religión, sino supuestamente laico), mientras que por otro lado, el propio gobierno de Myanmar, aún no reconociéndoles como ciudadanos y negándoles derechos básicos ha estado estos últimos años reclutando de manera forzada a rohingyas para la contienda. Esta vulnerabilidad estructural a la que se encuentran expuestos los rohingyas, ha provocado un incremento de los refugiados en Bangladés llegando a estar por encima de 1,2 millones de personas. 

Posibles escenarios a medio-largo plazo. Apatridia, aún lejos de una solución 

En este marco de incertidumbre y brutalidad lleva navegando sin rumbo la comunidad rohingya desde hace décadas. No obstante, se pueden llegar a vislumbrar a medio plazo un par de posibilidades de retorno de la comunidad rohingya a Myanmar. 

La primera de ellas consistiría en una victoria militar por parte del gobierno central respecto a ESRA, con el consecuente fortalecimiento de su figura,  ya de por sí se reforzada tras la victoria del partido PUSD, afín a la cúpula militar, en las elecciones generales de enero del 2026 respecto a las dos cámaras legislativas (elección muy criticada por la comunidad internacional a causa de la falta efectiva de garantías). En pocas palabras, un gobierno fuerte y estable, podría desarrollar y concretar acuerdos de cooperación con el régimen de Bangladés en pos de una repatriación escalonada de la población rohingya a Myanmar. Ya sea emplazándola de manera temporal en campos de refugiados (que sería la opción más plausible), ya sea ofreciéndoles plena libertad de movimiento y asentamiento.

La segunda posibilidad, aún tal vez algo más inverosímil, sería la derrota y disolución de una Junta Militar cada vez más debilitada en estos últimos años tras sus múltiples derrotas en el campo de batalla, tanto por parte de fuerzas prodemocráticas como por grupos basados en origen étnicos como ESRA. En tal futuro posible contexto de reestructuración estatal, podría incorporarse un nuevo régimen soberano con la voluntad de acordar la repatriación de los refugiados rohingyas a Myanmar desde un Bangladés ya extenuado a nivel político y social,  al tener que mediar con discursos de cierto corte populista en contra del acogimiento de los refugiados rohingyas; así como a nivel económico, al mantener una población tan numerosa que no quiere llegar a incorporar en el Estado (pues restringe la movilidad de los refugiados exclusivamente a los campos e impide su inserción laboral). 

 A pesar de estas dos hipótesis de retorno, la comunidad rohingya tiene un obstáculo aún mayor a superar, la obtención de una ciudadanía que acabe con su situación de apatridia, un bache que posiblemente no esté cerca de resolverse hasta al menos haber vuelto a Myanmar. 

Una sentencia que podría valer por dos, la importancia del precedente

A modo de apunte final, volviendo al proceso actual al que se encuentra sometido Myanmar, subrayar que en el caso de que la Corte Internacional de Justicia calificase las persecuciones y masacre sufridas por la comunidad rohingya como genocidio (al considerarlas como estrategia propia de una limpieza étnica), tal matización podría sentar un precedente importante y afectar notablemente el juicio al que Israel se encuentra sometido en este momento en referencia a la violencia continuada y repetida sobre el pueblo palestino en Gaza, pleito iniciado por la denuncia de Sudáfrica el pasado 29 de diciembre de 2023.