Migraciones internacionales y seguridad identitaria: un análisis global de la percepción del inmigrante como amenaza en el siglo XXI

Las migraciones son un suceso continuo en la historia. Desde los inicios de la humanidad, las personas se han desplazado por diversos motivos, como guerras o catástrofes climáticas, dando lugar a un mestizaje e hibridación cultural, las cuales han dado lugar a las sociedades actuales. Ejemplo de ello son las expansiones de los Homo Erectus y Sapiens, hace aproximadamente 1.8 millones y 60.000 años respectivamente, desde África hacia Europa, Asia y Oceanía, dando lugar a un mestizaje con otras poblaciones, como los Neandertales o Denisovanos, dando lugar al ser humano actual en sus diferentes variantes.

De manera posterior a estas primeras migraciones, podemos encontrar los movimientos indoeuropeos y, posteriormente, en las épocas romana y medieval, las migraciones bárbaras (siglos IV-VI d.C.), vikingas (siglos VIII-XI d.C.) y mongolas (siglos XII-XIV d.C.), así como los movimientos de esclavos desde África hacia América (siglos XV-XIX). Tras ello, entre el siglo XIX e inicios del siglo XX tuvo lugar la migración transoceánica de más de 60 millones de europeos hacia América. Posteriormente, a inicios del siglo XX acontecieron migraciones del campo a la ciudad y, tras ellas, transfronterizas, por diversos motivos políticos y económicos. Es importante destacar que desde finales del siglo XX viene produciéndose un nuevo fenómeno conocido como la migración transcontinental, en el cual destacan las migraciones entre poblaciones regionales, mayoritariamente en el académicamente conocido “Sur global”.

Sin embargo, en la actualidad, en buena parte del mundo estos movimientos migratorios son percibidos como una amenaza para la seguridad. Dicho término, aunque ambiguo y debatido, fue definido por Barry Buzan cómo liberarse de la amenaza y ser capaz, bien sean los estados o las sociedades, de mantener independencia en lo que se refiere a su identidad y a su integración funcional, frente a fuerzas de cambio consideradas como hostiles. En consonancia con lo anterior, Buzan, Waever y de Wilde desarrollaron un esquema que divide la seguridad en cinco dimensiones: militar, económica, política, identitaria y medioambiental. 

Es importante destacar que los estudios de seguridad son de interés para la ciencia política por varias razones. En primer lugar, se trata de una necesidad vital para los individuos, llegando a anteponer frente a sus derechos civiles. Thomas Hobbes, desde un punto de vista extremo basado en la idea de que “el hombre es un lobo para el hombre”, lo ejemplificó mediante la idea del Leviatán, metáfora mediante la que describe al Estado, donde los ciudadanos cederían el poder a un soberano absolutista en busca de la misma. Por otro lado, la ciencia política estudia el poder, mediante el cual se logra la seguridad, siendo visible en el incremento del poder duro por parte de los países a medida que crece su riqueza, aunque esta, desde otra visión, se puede lograr también mediante la cooperación. 

Se añade la premisa de qué o a quién, así como el cómo y con qué medios, es preciso proteger, se resuelve mediante un proceso político, pues la política busca gestionar la escasez, conjugando las distintas presiones externas e internas, siendo igual en el caso de la defensa. Finalmente, las relaciones de poder negativas, como la guerra o el terrorismo, forman parte de la disciplina, pues son herramientas para influir en el proceso político. Tal como afirma el politólogo Charles Tilly en su libro Coerción, capital y estados europeos (1990) “Durante miles de años, la guerra ha sido la actividad política dominante”.

Los movimientos migratorios habitualmente son considerados como una amenaza para la seguridad identitaria, la cual se entiende como la capacidad de las sociedades de hacer frente a amenazas y vulnerabilidades que afectan a su cultura e identidad como comunidad. Estas amenazas, además de las migraciones, pueden venir de la influencia de otras culturas sobre la población local, como es el caso de Canadá y la influencia cultural de Estados Unidos (competencia horizontal), o que dichos ciudadanos dejen de identificarse como miembros de la comunidad política en favor de procesos de integración supranacionales, como la Unión Europea, o secesionistas, caso de Cataluña o el Kurdistán (competencia vertical). Debe ser resaltado que las diferentes facetas de la seguridad se ven dialécticamente interrelacionadas, puesto que los movimientos migratorios suelen venir de amenazas a la seguridad política, como un golpe de estado, medioambiental, como los desplazamientos causados por catástrofes naturales.

En base a lo anteriormente expuesto, a lo largo de este artículo se realizará un análisis global de los movimientos migratorios y su impacto sobre la seguridad identitaria de los diferentes casos de estudio, uno por continente, con el fin de ejemplificar de manera práctica como estas migraciones son percibidas por parte de la población de los países receptores. En el caso de África, se abordará en el caso de Sudáfrica, mientras que en Asia resulta llamativo el caso del Líbano. Por otro lado, Francia y Estados Unidos corresponden a los casos de Europa y América, respectivamente. Finalmente, Australia es un ejemplo, poco conocido, de la situación en Oceanía.

Sudáfrica: desde la apertura posterior al apartheid hasta las leyes restrictivas

Sudáfrica es uno de los mayores polos de atracción de inmigrantes en África, junto con otros países como Marruecos, Kenia y Nigeria, debido a que se trata de uno de las principales economías del continente. La mayoría de los inmigrantes proceden de los países del África Subsahariana, como Zimbabue, Mozambique o República del Congo, siendo mayoritariamente irregulares y de tipo económico, debido a las diferentes crisis económicas y políticas que asolan sus países, aunque también hay solicitantes de asilo. Se trata, en gran proporción, de mano de obra no cualificada que trabaja de manera informal en el sector servicios, compitiendo con la población local pobre por los mismos puestos de empleo.

Históricamente, tras el apartheid, el país llevó a cabo una política aperturista, y fuertemente influenciada por los ideales del panafricanismo, respecto a la inmigración. Destaca la Refugees Act 130 de 1998, una de las leyes migratorias más generosas del mundo, que permitía a cualquier persona solicitar asilo al llegar al territorio, aunque careciese de documentación, a la par que prohibía la devolución y garantiza acceso a los servicios básicos, como educación, sanidad o trabajo, mientras su solicitud era procesada. Por otro lado, respecto a la Immigration Act 13 de 2002, facilitó la entrada de trabajadores cualificados y reunificación familiar, con un fuerte enfoque en los derechos humanos.

Sin embargo, desde el año 2010, Sudáfrica ha girando su política migratoria hacia un modelo cada vez más restrictivo, debido al desempleo y la crisis económica estructural en la que lleva sumida el país en los últimos años, con la consecuente competencia por puestos no cualificados entre locales y extranjeros, lo que se une a la percepción de que los inmigrantes incrementan la delincuencia y la inseguridad. Por otro lado, predomina la visión de que los inmigrantes amenazan la identidad nacional y el proyecto político del país llevado a cabo por la Asamblea Nacional Africana, conocido como Nación Arcoíris, generando una fractura en el panafricanismo y xenofobia entre los africanos. Todo ello ha dado lugar a cambios legislativos que incrementan la temporalidad de los visados, así como de los permisos de trabajo, lo cual se une a las deportaciones arbitrarias y el incremento de los controles en las fronteras.

En base a lo anterior, se producen continuos linchamientos y persecución contra los inmigrantes, quienes son acusados de aumentar la criminalidad del país, mediante el tráfico de drogas, robos y asesinatos. Un ejemplo de ello es “Operación Dudula”, un movimiento sudafricano dedicado a perseguir a los inmigrantes, llevando a cabo acciones como el asalto a negocios regentados por inmigrantes, así como el bloqueo de su acceso a servicios básicos como la salud o viviendas sociales. A nivel político, los diferentes partidos del país utilizan la retórica antiinmigración con el fin de captar votos, lo cual incita a estos movimientos a continuar con sus acciones violentas, legitimando sus demandas.

El caso libanés y la amenaza de la inmigración siria al equilibrio político

En la actualidad, Líbano alberga a más de 1.5 millones de sirios, de confesión suní, siendo la mayoría de ellos refugiados de la guerra civil siria, la cual estalló en 2011, aunque previamente se concentraban en el país una cantidad relevante de inmigrantes económicos. A su vez, históricamente el país alberga a un número significativo de inmigrantes palestinos, siendo actualmente una cifra cercana a 250.000 personas. Cabe destacar que la política libanesa se diferencia de las respuestas humanitarias de otros países, pues impide deliberadamente la construcción de campos de refugiados, generando asentamientos informales donde los refugiados viven al borde la subsistencia.

Este flujo masivo de inmigrantes ha producido una agudización de la ya preexistente saturación de los servicios públicos, como el agua potable, la electricidad o la educación. Además, a nivel social, los inmigrantes sirios y palestinos son percibidos como una amenaza para la seguridad, debido a la posible radicalización latente, y el equilibrio religioso, puesto que el país se encuentra compuesto de cristianos maronitas, así como de musulmanes chiíes y suníes, lo cual supone una alteración de la demografía en favor de los suníes. Todo ello se ha manifestado en toques de queda e incidentes, como choques en zonas fronterizas, siendo ejemplo de ello la batalla de Arsal, donde Hezbolá y el Ejército libanés se enfrentaron a grupos yihadistas sirios que cruzaron la frontera, generando el temor entre la población libanesa de una posible expansión del conflicto hacia su país.

Se agrega, además, las restricciones al trabajo de los refugiados, pues se les prohíbe trabajar a cambio de mantener su condición. En caso de ser contratados, los refugiados perderían su estatus y pasarían a ser registrados como migrantes regulares, siendo sometidos al costoso e inflexible sistema de patrocinio laboral libanés, conocido como “Kafala”, donde el empleador actúa como tutor legal. A su vez, los sirios solo pueden ser empleados en la construcción, la agricultura y la limpieza, mientras que los palestinos pueden acceder a otras profesiones, como la industria o los empleos administrativos, aunque no pueden ejercer aquellas de alta cualificación, como la medicina.

Por otro lado, los refugiados, tanto sirios como palestinos, son vistos como una amenaza al frágil equilibrio político-confesional que rige el país, fruto de los Acuerdos de Taif, que pusieron fin a la guerra civil libanesa, acontecida entre 1975 y 1990, puesto que alteran el equilibrio demográfico que condicionó el acuerdo. En el caso concreto de los refugiados palestinos, es visible su influencia en el estallido de la guerra civil, pues la Organización para la Liberación de Palestina vulneró la soberanía libanesa y generó una amenaza existencial a la hegemonía de las élites cristianas, así como a la seguridad identitaria. Por otro lado, también han jugado un papel clave en los conflictos entre Líbano e Israel, como la denominada “Operación Paz para Galilea”, donde el país judío alcanzó Beirut, con el fin de destruir la infraestructura militar de la Organización para la Liberación de Palestina y decapitar a su cúpula, forzando la huída de su líder, Yasir Arafat, y miles de combatientes hacia Túnez.

Francia, el Magreb y África Subsahariana: una relación tensa

Respecto al caso francés, se trata de un referente europeo en cuanto a migraciones, puesto que es uno de los países que más cantidad de inmigrantes recibe, la mayoría de carácter económico, especialmente de sus ex-colonias en el Magreb, como Marruecos o Argelia, y África Subsahariana, los cuales han creado su familias, dando lugar a una gran cantidad de inmigrantes de segunda y tercera generación. La mayoría de los mismos se agrupan en barrios periféricos, los cuales han sido creados históricamente con la finalidad de mantener separados a los inmigrantes de la población local, creando zonas marginales. Se agrega, a su vez, el aumento de los flujos migratorios provenientes de Oriente Medio y Asia.

Desde una parte importante de la opinión pública francesa, estos migrantes son percibidos como una amenaza para la seguridad, vinculando su presencia con el aumento de la inseguridad en las calles, la criminalidad y la delincuencia, como es visible en la existencia de las conocidas como “no-go zones”. Por otro lado, se argumenta que la integración de los inmigrantes ha sido un fracaso, siendo ejemplo de ello frecuentes disturbios, como el caso de los acontecidos por la muerte de Nahuel en 2023 a manos de la policía. En respuesta a esta situación, el gobierno francés ha aprobado leyes que endurecen el asilo y agilizan las deportaciones.

Lo anteriormente expuesto es percibido, según diversas encuestas de opinión, como una amenaza para la identidad nacional del país galo, basado en la multiculturalidad, la asimilación y el uso del francés como lengua vehicular. Sin embargo, las mismas arrojan un dato paradójico, pues estas minorías, pese a la exclusión que afrontan, poseen un fuerte sentimiento de identidad francesa, aún enfrentando una fuerte exclusión social. Cabe destacar, a su vez, que la inmigración musulmana genera miedo en una parte de la población francesa, especialmente en lo relativo a una posible islamización de su cultura, la conformación de guetos culturales y la pérdida de los valores republicanos fundacionales. 

Todo ello ha sido capitalizado por los partidos de extrema derecha, que plantean su discurso en base a lo anteriormente expuesto y la teoría del Gran Reemplazo, basada en la suposición de que las élites europeas buscan sustituir a la población autóctona por inmigrantes con el fin de dinamitar la sociedad occidental. Así pues, partidos como Agrupación Nacional, de Marine Le Pen, o Reconquista, de Zemmour, han logrado un importante apoyo social, llegando a disputar la presidencia de la república a Macron, como fue visible en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año 2024, así como en los comicios de 2017.

La paradoja estadounidense: una nación fundada por inmigrantes que reniega de los mismos

A la hora de abordar el caso de Estados Unidos, es fundamental comprender que dicha nación se fundó gracias a la inmigración, principalmente europea, a los que se agregan los esclavos traídos de África para trabajar en la agricultura. En la actualidad, la mayor parte de los migrantes que llegan a Estados Unidos provienen de América Latina, entrando al país por la frontera con México, aunque también  hay una parte proveniente de África y Asia, los cuales son mayoritariamente de carácter económico, aunque también llegan solicitantes de asilo y personas que huyen de sus países con motivo de la violencia de las pandillas o factores climáticos, como desastres naturales o inundaciones, entre otros.

Los inmigrantes son un pilar fundamental para la economía de Estados Unidos, aunque una gran parte de ellos se encuentran en situación irregular en el país, lo que favorece los abusos laborales. El mercado estadounidense absorbe tanto a profesionales altamente calificados, quienes se insertan en sectores tecnológicos, científicos y académicos mediante visados de trabajo, a la par que una masiva mano de obra de baja calificación, la cual es el motor invisible de sectores económicos vitales como la agricultura, la construcción, la hostelería y los servicios de cuidado, entre otros.

Sin embargo, pese a la importancia de los mismos en la economía, lo cierto es que una gran parte de la sociedad y opinión pública estadounidense vincula la inmigración con el aumento de la inseguridad, con un fuerte énfasis en el tráfico de fentanilo y las pandillas, como la MS-13. A su vez, las autoridades plantean que la inmigración supone una sobrecarga para los servicios públicos, así como una posible amenaza en lo que respecta al terrorismo, requiriendo de procesos de escrutinio rigurosos. Cabe destacar que, desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, se han acometido deportaciones masivas de inmigrantes mediante el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), en base a la idea de que suponen una amenaza para la seguridad nacional, llegando a darse casos de muertes de inmigrantes a manos de las autoridades, como el de Lorenzo Salgado.

Además, existe un sentimiento entre amplios sectores de la población estadounidense, lo cual es visible en la elección de Donald Trump como presidente, de que la inmigración es una amenaza para la seguridad identitaria del país la cual, según los mismos, está siendo erosionada. Desde esta visión, se parte de una concepción de la identidad del país basada en factores cívicos, como el respeto a la Constitución y las libertades civiles, junto a otros de carácter etnocultural, siendo la identidad blanca, cristiana y angloparlante algunos de los mismos. Se agrega, además, una importante extensión de la teoría del Gran Reemplazo, con un 32% de la población creyente en la misma, según el Public Religion Research Institute.

Australia y la la gestión selectiva de la diversidad en una isla-continente

La política migratoria australiana es una de las más estrictas del planeta, basada en un sistema de puntos, que prioriza la inmigración cualificada, y el procesamiento extraterritorial de las solicitudes, con campos de internamiento en terceros países como Nauru, no exentos de polémica debido a las condiciones de los internos. El país recibe una gran cantidad de migrantes económicos de países asiáticos, especialmente de la India, China o Filipinas, entre otros, cuya llegada en muchos casos es irregular, mediante embarcaciones desde Indonesia o Papúa Nueva Guinea. El resultado de décadas de esta política de ingeniería demográfica ha generado un mosaico social de extraordinaria complejidad, donde el censo oficial registra más de 250 ascendencias y ancestros distintos, y donde aproximadamente un tercio de toda su población residente nació fuera del país. 

A su vez, el país tiene un importante programa humanitario, en colaboración con ACNUR, mediante el cual se asientan miles de refugiados seleccionados en campamentos en el exterior. Sin embargo, Australia aplica una doctrina migratoria militarizada de tolerancia cero, visible en la Operación Fronteras Soberanas. En base a esta doctrina, cualquier personas que intenten llegar a las costas australianas en barco y sin visado será interceptada en el mar y trasladada a centros de detención en terceros países, como Papúa Nueva Guinea, bajo la premisa legal de que jamás se les permitirá asentarse en Australia, aunque se le reconozca posteriormente el estatus de refugiado.

En cuanto a la seguridad, a diferencia de los ejemplos anteriores, la percepción social respecto a la inmigración es positiva. Por un lado, la severa y polémica política de detención, sumada al estricto programa de visados, basado en puntos, ha generado confianza entre los ciudadanos hacia el Estado en cuanto al control fronterizo. A su vez, la seguridad en las calles es total, en contraste con los casos anteriormente mencionados lo cual, sumado a los bajos índices de violencia xenófoba y altercados raciales, refuerzan la percepción de paz social entre la ciudadanía. Pese a ello, lo cierto es que existe tensión respecto a la cohesión urbana e infraestructura, debido a que la llegada de inmigrantes ha generado enclaves culturales, donde conviven ciertas minorías, encareciendo el mercado inmobiliario y saturando el transporte público, especialmente en ciudades como Sidney y Melbourne.

Hasta 1973, el país se encontró regido por la política de Australia Blanca, mediante la cual se prohibía el ingreso de inmigrantes no europeos para preservar la identidad blanca, británica y anglosajona. Sin embargo, en la actualidad, esa visión ha sido sustituida por un orgullo institucional por el pluralismo moderno, donde el multiculturalismo se enseña en las escuelas como el núcleo definitorio del país. Finalmente, en cuanto a la identidad nacional, el 68% de la población del país considera que la apertura cultural y la diversidad migratoria no son un riesgo, sino una necesidad para la viabilidad económica del país, según las encuestas del Lowy Institute en 2022. No obstante, debido a la crisis de la vivienda, en los últimos años la cifra de personas que consideran que el número de inmigrantes es adecuado se sitúa entorno al 29%, lo cual ha favorecido el crecimiento de la intención de voto a partidos de extrema derecha, como One Nation, aunque el 73% sigue considerando que la diversidad cultural es positiva para el país.

Conclusiones: entre la hibridación inevitable y la fortaleza identitaria

El análisis global de los movimientos migratorios evidencia una tensión estructural entre dos fuerzas opuestas: la inevitabilidad histórica del desplazamiento humano como motor de hibridación cultural y la creciente tendencia contemporánea hacia la securitización y el blindaje identitario. Pese a que el mestizaje ha sido una constante desde la prehistoria, el actual sistema internacional percibe a los migrantes, basado en la idea de seguridad identitaria de Barry Buzan y la necesidad de protección estatal de Thomas Hobbes, percibe al migrante no como un agente que aporta a la sociedad, sino como una amenaza para la seguridad y la cohesión comunitaria.

Esta percepción de amenaza se manifiesta en la mayoría de los casos, adaptándose a las características socioeconómicas, demográficas y políticas de cada continente. Por un lado, en el caso libanés y sudafricano, naciones del Sur Global, es visible como la presión migratoria desborda la capacidad de gestión de unos estados de por sí débiles e ineficientes, agudizando la competencia por los servicios públicos, como la sanidad o la educación, así como en el caso de los empleos no cualificados. Mientras en Líbano la presencia masiva de refugiados sirios y palestinos precariza las condiciones laborales, bajo sistemas restrictivos como la Kafala, a la par que altera el frágil equilibrio político-religioso, en Sudáfrica ha supuesto el quiebre de los ideales panafricanistas y de la “Nación Arcoiris”, visible en movimiento xenófobos, como la Operación Dudula.

Por otro lado, en los casos de Francia y Estados Unidos es visible como, a pesar de su histórica tradición receptora y dependencia de la mano de obra extranjera, existe un conflicto cultural y demográfico. Las zonas marginales, la precariedad y las dificultades de integración bajo el paraguas del modelo republicano francés acontecen en paralelo al modelo etnocultural y nacionalista cívico estadounidense, estableciendo un paralelismo. En ambos casos, el temor a la erosión cultural, el aumento percibido de la criminalidad y la expansión de teorías como el Gran Reemplazo han alimentado discursos de extrema derecha y legitimado políticas de contención, tales como el endurecimiento del asilo o las deportaciones masivas.

No obstante, el modelo australiano demuestra que una sociedad plural y diversa es posible mediante la superación de doctrinas excluyentes como la “Australia Blanca”, finalizada en 1973, así como gracias a un férreo control estatal. La paz social convive con un estricto modelo de puntos, el utilitarismo económico y la doctrina militarizada de la Operación Fronteras Soberanas, que externaliza la gestión de las migraciones a terceros países como Nauru, y que prohíbe de por vida la entrada al país a quienes hayan intentado ingresar ilegalmente, aunque se les reconozca posteriormente el estatus de refugiado.

A modo de conclusión se puede establecer que las migraciones en la era contemporánea se encuentran en una encrucijada, pues se produce una colisión entre el modelo socioeconómico de la globalización y el temor a la pérdida de la identidad nacional. Como señaló Charles Tilly respecto al papel de la violencia política, los estados recurren con mayor frecuencia a herramientas de coerción y poder duro para gestionar este fenómeno. Así pues, las sociedades actuales se enfrentan al desafío de gestionar la hibridación cultural y étnica sin perder su identidad, así como evitando la construcción de fortalezas identitarias que, en su intento de preservar la identidad nacional y la cohesión social, erosionen los propios principios democráticos y humanitarios que las rigen.