Túnez tras la Primavera Árabe: erosión democrática y concentración del poder bajo Kaïs Saied

Durante la pasada década, Túnez siempre fue presentado como la gran excepción de las Primaveras Árabes de 2011. Mientras buena parte de los procesos políticos abiertos en ese año terminaron en restauraciones autoritarias, guerras civiles o nuevas etapas de inestabilidad, en este caso se consiguió un sistema con elecciones competitivas, una nueva Constitución, alternancia real y una sociedad civil con un peso relevante. No fue ni mucho menos una transición ideal, pero sí pudo transformar un modelo marcado durante décadas por regímenes autocráticos -como el de Habib Bourguiba o,especialmente, el de Zine el-Abidine Ben Ali- por otro en el que el pueblo fuera quien eligiera a sus gobernantes, abriendo espacios de participación que otrora fueran limitados (Martínez Fuentes, 2015).

Quince años después, el retrato de aquel modelo ha acabado totalmente desdibujado. Túnez mantiene formalmente muchas instituciones propias de una democracia, pero lo preocupante es que todo ha cambiado alrededor de las mismas. Desde la llegada de Kaïs Saied a la Presidencia en 2019 y, especialmente, tras la ruptura institucional de julio de 2021, el país ha experimentado un retroceso democrático y en materia de derechos civiles y políticos que ha alterado profundamente el sistema surgido de la revolución (Elia, 2023).

Por eso mismo, explicar lo que Túnez es a día de hoy como una ruptura protagonizada por Saied no sería correcto, ya que existen gran cantidad de factores por los cuales ascendió y se consolidó como presidente plenipotenciario. Tanto las deficiencias heredadas de la década anterior como el cambio cualitativo vivido tras el 2021 han transformado el propio sistema de forma progresiva. Este proceso encaja bastante bien con una de las advertencias planteadas por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en Cómo mueren las democracias, publicada justo antes de que Túnez viviera todo este proceso: 

“Las democracias pueden fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder. Algunos de esos dirigentes desmantelan la democracia a toda prisa (...) pero, más a menudo, las democracias se erosionan lentamente, en pasos apenas apreciables” (Levitsky y Zliblatt, 2018, p.3).

De Ben Ali a la excepción tunecina

El final del régimen dictatorial empezó a casi 300 kilómetros de la capital, en Sidi Bouzid. El 17 de diciembre de 2010, Mohamed Bouazizi se prendió fuego después de que las autoridades locales confiscaran su puesto de venta ambulante tras años de dificultades económicas y enfrentamientos con la Administración. Su caso fue el detonante perfecto de unas protestas que se extendieron a la totalidad de la nación para mostrar su descontento en áreas como el desempleo, la corrupción, la falta de oportunidades y la represión política. Las movilizaciones se extendieron durante las siguientes semanas hasta llegar a la capital, la ciudad de Túnez. Por la presión social, Ben Ali abandonó el país rumbo a Arabia Saudí el 14 de enero de 2011 tras 23 años en el poder, dando comienzo a la Primavera Árabe, que se extendió por gran parte de países del Magreb y Oriente Próximo (Barrie, 2025).

Sin embargo, la salida de Ben Ali no resolvía todos los problemas de Túnez. Se podían convocar elecciones, pero conviene recordar que todas las normas, instituciones y prácticas seguían procediendo de un sistema construido precisamente para impedir los contrapesos y las competencias reales. Durante el régimen anterior, el Ministerio del Interior fue quien diseñó a imagen y semejanza la política electoral, por lo que el acceso efectivo al poder estaba bastante lejos de decidirse en unas urnas, al menos así. (Martínez Fuentes, 2015).

Los primeros meses posteriores a la revolución estuvieron marcados por una sucesión de organismos provisionales y negociaciones para realizar cambios efectivos dentro del sistema por este mismo motivo. En marzo de 2011 se creó la Alta Instancia para el Cumplimiento de los Objetivos Revolucionarios, la Reforma Política y la Transición Democrática (HIROR), que junto al Gobierno provisional participó en el diseño de las elecciones constituyentes de octubre de ese mismo año. Un concepto interesante es el que introduce Martínez Fuentes, relativo a este contexto: la “desinstitucionalización del autoritarismo” y el “aprendizaje democrático” como conceptos analizados bajo las variables de la universalidad, la equidad, el pluralismo y la imparcialidad electoral que marcaron este proceso (Martínez Fuentes, 2015).

Así, se creó un sistema con mejoras para la creación de partidos y dificultades para que una única fuerza monolopolizara el poder. No obstante, esto también generó problemas para alcanzar acuerdos, especialmente en casos como el ocurrido en 2013. Los asesinatos de los líderes opositores Chokri Belaid y Mohamed Brahmi, las fuertes diferencias entre islamistas y seculares y el deterioro de la situación política llevó al sistema a ponerse de nuevo contra las cuerdas. Esta situación provocó que adquiriese protagonismo el Cuarteto para el Diálogo Nacional, formado por la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), la patronal UTICA, la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos y el Colegio de Abogados, que desbloquearon el proceso constituyente y prepararon las siguientes. Tal fue su actuación que se les concedió el Premio Nobel de la Paz de 2015 por su contribución a la construcción de una democracia pluralista (Comité Noruego del Nobel, 2015).

Así, en enero de 2014 llegó la nueva Constitución con la estipulación de una separación de poderes entre Presidencia, Gobierno y Parlamento, un amplio reconocimiento de derechos y libertades y un sistema de amplios contrapesos. También se celebraron elecciones legislativas y presidenciales competitivas y la Instancia Superior Independiente para las Elecciones se reforzó y se independizó del Ejecutivo (Martínez Fuentes, 2015). 

El cambio se observa claramente en el Electoral Democracy Index de V-Dem, que mide cuestiones relacionadas con la limpieza de las elecciones, el sufragio o las libertades de asociación y expresión. Túnez pasa de 0,33 puntos en 2011 a 0,76 en 2012. Esto no implica que de la noche a la mañana Túnez se haya convertido en una democracia funcional, pero sí destaca el cambio significativo de un sistema a otro. (V-Dem, vía OurWorldinData, 2026).

Aquellos avances tampoco resolvieron todas las deficiencias del nuevo sistema. El Tribunal Constitucional previsto en 2014 nunca llegó a constituirse por la falta de acuerdo sobre sus integrantes, mientras la dificultad para formar gobiernos estables fue aumentando el desgaste político (Elia, 2023). La transición había cambiado quién podía competir por el poder y las reglas para hacerlo, pero no había eliminado los bloqueos institucionales ni resuelto buena parte de los problemas económicos y sociales que llevaron a los tunecinos a las calles en 2011.

Kaïs Saied y la ruptura de 2021

El desgaste acumulado en los años anteriores fue, finalmente, una consecuencia particular en las elecciones de 2019. Kaïs Saied, profesor de Derecho Constitucional por la Universidad de Túnez, se presentó como candidato independiente con un discurso muy crítico hacia las formaciones tradicionales y la arquitectura política surgida tras 2011. Su propuesta, alejada de los grandes partidos, giraba alrededor de su propia posición como outsider: pretendía crear una democracia desde abajo, donde los consejos locales tuvieran un mayor peso y los partidos perdieran parte del protagonismo adquirido en la década anterior. Así, Saied ganó claramente las elecciones, consiguiendo el 72,7% de los votos en la segunda vuelta de las presidenciales de 2019 y con un apoyo masivo de los jóvenes -recibió más de un 90% de los votos de la franja de 18 a 25 años- (Elia, 2023).

Su llegada coincidió con uno de los momentos de mayor fragmentación del sistema. El Parlamento que salió de aquellas elecciones no tenía mayorías claras, los gobiernos se sucedieron con dificultades y el enfrentamiento entre Presidencia, Primer Ministro y Asamblea fue aumentando progresivamente. A todo esto se sumaron la crisis económica, el desempleo y, desde 2020, el impacto de la pandemia del COVID-19 (Elia, 2023). Realmente esto no justifica todo lo que ocurrió después -incluso la pandemia es una circunstancia aplicable a todos los países del mundo- pero sí ayuda a entender que realmente esa fragmentación fue la causa de que la población viera en Saied la posibilidad de salir del descontento general y el bloqueo que padecía el sistema.

El cambio definitivo y hasta hoy irreversible llegó el 25 de julio de 2021. Acogiéndose al artículo 80 de la Constitución, que permitía adoptar el estado de excepción y otorgar poderes extraordinarios al Presidente de la República en situaciones de crisis extrema o peligro inminente para el Estado, Saied destituyó al primer ministro Mechichi, congeló el Parlamento, levantó la inmunidad de sus diputados y asumió buena parte del poder ejecutivo. En este contexto, adquirió relevancia una de las deficiencias mencionadas previamente: el Tribunal Constitucional era el único que podía intervenir en la aplicación y continuidad de aquellas medidas, pero nunca llegó a conformarse, por lo que, hecha la ley, hecha la trampa. Dos meses después, el Decreto 117 prolongó la suspensión parlamentaria y permitió al presidente asumir funciones legislativas y gobernar a base de decretos (Elia, 2023).

El Parlamento fue disuelto definitivamente en marzo de 2022 y, el 25 de julio, una nueva Constitución fue aprobada con más del 94 % de los votos, aunque con una participación cercana al 30 %. El texto reforzó considerablemente las atribuciones presidenciales: Saied podía nombrar y destituir al Gobierno, contar con iniciativa legislativa, gobernar por decreto en determinadas circunstancias y mantener medidas excepcionales sin los anteriores límites temporales (Elia, 2023). La ruptura de 2021 había dejado entonces de ser únicamente una respuesta a la crisis para convertirse en una nueva forma de organizar el poder, convirtiendo lo excepcional en perenne.

Elecciones sin competencia

Una característica bastante particular fue que el cambio no eliminó las elecciones. Estas continuaron celebrándose, aunque bajo condiciones radicalmente diferentes a lo que puede determinarse como una democracia. En septiembre de 2022, Saied aprobó mediante decreto una nueva ley electoral basada en circunscripciones uninominales y candidaturas individuales, que impedían a los aspirantes competir bajo las siglas de partidos. Además, se eliminó la financiación pública de las campañas políticas, reduciendo considerablemente el papel de unas formaciones políticas que el propio presidente llevaba años criticando (Gobe, 2024). En realidad, estos conceptos no eran nuevos en el discurso de Saied: conocía perfectamente el sistema político, legal y constitucional tunecino y sabía cómo aplicar las ideas de su “democracia desde abajo” para sustituir a la democracia representativa construida desde 2011. Este era su proyecto.

La respuesta de la ciudadanía fue muy limitada. Las dos vueltas de las elecciones legislativas celebradas entre diciembre de 2022 y enero de 2023 apenas superaron el 11% de participación. Algo parecido ocurrió posteriormente con las elecciones destinadas a construir las nuevas estructuras locales: un 11,66 % acudió a las urnas en diciembre de 2023 y un 12,53 % durante la segunda vuelta de enero de 2024 (Gobe, 2024). En un sistema con una represión brutal contra la libertad de expresión, con una asfixia constante a la oposición política -con investigaciones penales fraudulentas y arbitrarias contra oponentes y críticos-, la única forma de mostrar descontento es con la abstención (Amnistía Internacional, 2023). Esto no significa que todo aquel que se abstuviera rechazase a Saied, pero sí deja una contradicción interesante entre un modelo que fue presentado como una devolución del poder al pueblo, y el escaso interés del mismo en participar en las nuevas instituciones. 

El siguiente paso fueron las presidenciales del 6 de octubre de 2024. De las 17 candidaturas presentadas, la Instancia Superior Independiente para las Elecciones terminó permitiendo únicamente tres. Además, tres aspirantes inicialmente excluidos consiguieron que el Tribunal Administrativo reconociese su derecho a competir, pero la ISIE mantuvo la lista original. Apenas nueve días antes de las elecciones, el Parlamento modificó también la legislación para retirar a este tribunal sus competencias sobre los litigios electorales. Ayachi Zammel, uno de los dos únicos candidatos que finalmente pudieron enfrentarse a Saied, llegó además a las elecciones detenido y después de recibir varias condenas relacionadas con los avales presentados para su candidatura (Human Rights Watch, 2024).

El resultado fue muy llamativo para la situación del país, lo que hizo bastante más descarada la manipulación electoral: Saied obtuvo el 90,69 %, frente al 7,35 % de Zammel y el 1,97 % de Zouhair Maghzaoui. Sin embargo, solamente participó el 28,79 % del electorado (ISIE, 2024). El porcentaje obtenido por Saied no demuestra por sí mismo un fraude electoral, pero en un modelo caracterizado por una apabullante abstención queda claro que estos porcentajes no demuestran un apoyo demoscópico real.

La evolución del Democracy Index de The Economist permite observar esta transformación desde otra perspectiva respecto al primer gráfico realizado por V-Dem, que marca desde 2020 una situación electoral significativamente delicada. En este caso, Túnez cae hasta los 4,71 puntos en 2024, entrando dentro de la categoría de “régimen híbrido”. Nuevamente, el índice no explica por sí solo toda la evolución vivida en los últimos años, pero sí expone una tendencia clara: el mantenimiento de elecciones no ha frenado el deterioro de otros elementos necesarios para que exista una competencia democrática efectiva. Además, se marca claramente un descenso acentuado tras la llegada de Saied en 2019, especialmente tras el autogolpe.

La comparación con el resto del Magreb permite situar en el contexto geográfico la situación de Túnez. En 2024, Marruecos aparece ligeramente por encima de Túnez con 4,97 puntos, mientras Mauritania alcanzaba 3,96; Argelia, 3,55; Egipto, 2,79; y Libia, 2,31. Evidentemente, esto no significa que todos estos sistemas sean equivalentes ni que Marruecos haya sustituido a Túnez como modelo democrático regional. Lo que sí muestra es que aquella distancia que durante buena parte de la década de 2010 permitió hablar de una verdadera “excepción tunecina” de un país que salió reforzado de la Primavera Árabe, se terminó esfumando.

Los últimos años como consolidación del sistema

Cuando se habla de Túnez en la actualidad, la palabra deterioro sale de lo meramente electoral. Uno de los ámbitos donde más claramente se observa la progresiva concentración de poder es la justicia. Saied disolvió el Consejo Superior de la Magistratura y lo sustituyó por un órgano provisional mucho más expuesto a la intervención presidencial. Pocos meses después, el 1 de junio, destituyó por decreto a 57 jueces y fiscales bajo acusaciones relacionadas con corrupción, terrorismo o mala conducta. El Tribunal Administrativo ordenó posteriormente la reincorporación provisional de 49 de ellos, aunque la decisión no llegó a aplicarse. A día de hoy, las críticas a la independencia judicial continúan. En abril de 2026, por ejemplo, Anas Hmedi, presidente de la Asociación de Magistrados Tunecinos, fue condenado a un año de prisión por su participación en la huelga judicial de 2022 contra aquellas destituciones (Amnistía Internacional, 2026).

La represión tampoco se ha dirigido exclusivamente contra el partido Ennahda, el problema trasciende del enfrentamiento entre el Gobierno y el islamismo político. Rached Ghannouchi, antiguo presidente del Parlamento y una de las principales figuras del partido, lleva encarcelado desde 2023 y ha visto aumentada su condena recientemente a 20 años, por una de las diferentes causas abiertas contra él. En el otro extremo se encuentra Abir Moussi, líder del Partido Desturiano Libre -de carácter secular y anti-islamista- y una de las mayores adversarias de Ennahda, también encarcelada desde octubre de 2023 y condenada a diez años de prisión recientemente. Entidades como Amnistía Internacional han denunciado frecuentemente graves irregularidades en ambos procesos y los enmarca dentro de una persecución mucho más amplia contra la oposición (Amnistía Internacional, 2026).

Algo parecido ha ocurrido con derechos tan básicos como la libertad de expresión y opinión. El Decreto-Ley 54 de 2022, creado oficialmente para combatir ciberdelitos y la difusión de noticias falsas, ha terminado virando en uno de los principales mecanismos legales utilizados contra voces discordantes. La situación ha llegado a tal punto que el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos ha detectado a 29 periodistas investigados o procesados bajo esta ley en septiembre de 2025 (Amnistía Internacional, 2026). El deterioro ha sido advertido en indicadores internacionales como Reporteros Sin Fronteras, que situó a Túnez en el puesto 137 de 180 países del ranking mundial de libertad de prensa, calificando la situación de “difícil”. A pesar de que el retroceso en este derecho fundamental es generalizado en el mundo, sí que advierten que Túnez se suma a la tendencia mundial del lawfare contra los periodistas (Reporteros sin Fronteras, 2026).

Uno de los nombres propios dentro de esta historia es el caso de Sihem Bendresine. Durante décadas fue una de las figuras más importantes en la defensa de los derechos humanos en Túnez y, después de 2011, incluso presidió la Comisión de la Verdad y la Dignidad, creada precisamente para investigar las violaciones que se cometían en los regímenes precedentes. En junio de 2026 fue condenada a 25 años de prisión por dos causas relacionadas con su trabajo al frente de la institución, aunque provisionalmente permanece en libertad mientras se recurre la sentencia. Human Right Watch considera que el proceso está relacionado con represalias por su actividad y advierte del impacto sobre la justicia transicional tunecina (Human Rights Watch, 2026). El caso ha sido muy mediático por lo que significa: una de las personas encargadas de investigar abusos ha sido condenadas por lo que hacía. Esto indica que el retroceso de derechos alcanza a quienes deben controlar el poder, a la pluralidad, a los periodistas y a una sociedad civil impotente que había sido uno de los pilares de la transición tunecina.

Entre el desgaste y la continuidad

A día de hoy, el sistema creado por Saied tampoco ha conseguido asentarse como establecido ni ha logrado eliminar totalmente las causas por las que en 2011 los tunecinos salieron a protestar. Durante este verano volvieron a registrarse importantes protestas en la capital, algunas impulsadas por Nafas, un nuevo movimiento creado con la intención de agrupar a detractores, independientes y ciudadanos alejados de los partidos tradicionales. Más de un millar de personas participaron en la movilización del pasado 20 de agosto y las consignas políticas se mezclaron con otros problemas cotidianos, a la par que preocupantes, como cortes de luz o agua, escasez de medicamentos, coste de vida o falta de oportunidades. Incluso apareció el Dégage de 2011, algo simbólicamente potente, aunque insuficiente para hablar de un riesgo al régimen (Associated Press, 2026; DW, 2026). 

La economía ayuda a entender parte de ese malestar, pero tampoco conviene exagerar el diagnóstico. Túnez no está en caída libre: el PIB creció un 2,3 % interanual en el segundo trimestre de 2026 y el desempleo general bajó ligeramente hasta el 14,9 %. El problema sigue concentrándose especialmente en los jóvenes, donde alcanza el 35,4 %, y entre los titulados universitarios, con un 26,6 % (INS, 2026). Es decir, Saied ha conseguido reforzar el control político del sistema, pero no ha solucionado buena parte de las causas que alimentaron el descontento social años atrás, lo cual es bastante contradictorio, ya que muchas de las medidas excepcionales adoptadas desde 2021 se justificaron como una forma de superar el bloqueo y devolver eficacia al Estado.

No obstante, hablar del fin de Saied por estas protestas sería igualmente bastante impreciso. La oposición sigue sin capacidad de reorganización y la Presidencia conserva una posición institucional claramente dominante, por lo que una alternancia política se ve un escenario lejano. Ahora bien, gobernar durante largos periodos de tiempo con una desafección política tan elevada no garantiza una estabilidad indefinida, especialmente cuando los problemas que alimentaron el malestar previo a 2011 siguen presentes. En este sentido, Túnez parece estar volviendo a la casilla de salida: el país no ha regresado al régimen de Ben Ali, pero no mantiene la democracia competitiva que durante años lo convirtió en referente. Mantener viva la memoria de lo ocurrido en 2011 resulta fundamental para entender de dónde venía Túnez, qué consiguió cambiar y cuánto se ha perdido por el camino. Tal vez así pueda romper ese letargo político y volver a identificar señales que durante años fueron normalizando. Tal y como advertía la reflexión de la cita inicial “las democracias se erosionan lentamente, en pasos apenas apreciables”.

Crédito foto: Kaïs Saïed, presidente de Túnez, en 2023. © Francesco Ammendola / Quirinale. Vía Wikimedia Commons. Fuente: Wikimedia Commons