Australia: ¿Diversidad a la carta?

Las relaciones económicas y sociales en Oceanía es algo que lejos queda de los temas centrales de estudio en Europa. Sin embargo, en la región, Australia juega un papel centralizador no sólo como potencia económica principal, sino como líder de un entramado migratorio del cual obtiene beneficios indirectos.

Durante décadas, Australia promovió políticas antiinmigración discriminatorias contra población “no blanca”. De hecho, en 1901, se aprobó la Ley de Restricción de la Inmigración, con el objetivo de proteger a la población “blanca” de la contaminación racial. Sin embargo, la economía australiana ha sido un motor de crecimiento constante, provocando una necesaria apertura a los migrantes. De tal forma, al principio se introdujeron mecanismos para evitar la llegada al país de personal cualificado “no blanco”, como pruebas de dictado en lengua europea a personal no cualificado y no europeo, en búsqueda de denegar las entradas —vigente hasta 1958—. Entonces, ¿Cómo ha sido y ha afectado esta política tan dura al país?

Asimilables sí, diferentes no

En consecuencia a las políticas, aquellos migrantes no británicos o europeos —los cuales sí eran asimilables al Estado— eran expulsados o restringidos de la “Australia Blanca”. No obstante, estas leyes no se aplicaron con la misma presión a las Islas del Pacífico, debido a la aprobación de la Ley de Trabajadores de las Islas del Pacífico de 1901 —por la presencia neozelandesa—. Pero, igualmente, a excepción de Nueva Zelanda, el resto de naciones insulares de la zona, junto a personas de naciones “no blancas” sufrían las consecuencias de la Ley de Naturalización de 1903, por la cual, no podían obtener la nacionalidad australiana.

10 libras por un pasaporte VIP

Incluso tras la II Guerra Mundial, en búsqueda de atraer a mayor población pero proteger la etnia blanca australiana, el gobierno promovió la política “Ten Pound Poms” con la que británicos y europeos blancos podían emigrar al país pagando sólo 10 libras —política vigente hasta 1982—. No fue hasta la década de 1960 que las políticas migratorias australianas se relajaron para promover el asentamiento de extranjeros —inicialmente británicos— y su naturalización.

Multiculturalismo con condiciones

Sin embargo, pese a que las políticas se relajaron, la política migratoria del país siempre ha estado marcada por fuertes presiones internas y la tensión entre la seguridad nacional y los compromisos con el Derecho Internacional Humanitario. Así pues, entre 2001 y 2007, Australia optó por implementar el “Plan Pacífico”, plan que afectó en materia migratoria y en el mercado laboral y fiscal regional.

Seguridad Nacional: el justificante ideal

Tras la década de los 90´s Australia focalizó su posición migratoria hacia la seguridad nacional, dejando atrás las políticas pro-refugiados derivadas de los “boat people” –pateras de refugiados– provenientes del Sudeste Asiático tras la Guerra de Vietnam, el abandono de la política “Australia Blanca” y la firma de la Convención sobre los Refugiados. Pero detrás del giro justificado en la seguridad, se encontraban cuestiones económicas ligadas al gasto público de las políticas de asimilación migratoria de personas “no válidas” o “menos productivas”. En consecuencia, el temor de que los inmigrantes supusieran una carga para el Estado o fueran una competencia laboral, en vivienda o puestos públicos para los australianos —obviamente descontando a los aborígenes—, fomentó la creación de un sistema de migración restrictivo.

Australia inició pues, una política restrictiva, marcada por el 11-S y el Caso Tampa. Éste último, sucedió en 2001 y fue el desencadenante de la Solución Pacífico. En agosto de ese mismo año, 433 inmigrantes afganos fueron rescatados por un barco mercante noruego —MV Tampa— en su viaje desde Indonesia a Australia. Sin embargo, el gobierno de Canberra denegó la entrada al país de los migrantes, violando la devolución de migrantes en situación de peligro, generando una crisis diplomática con Noruega, Indonesia y Afganistán y radicalizando las campañas políticas nacionales bajo el eslogan “decidiremos quién entra a este país y bajo qué condiciones”. Finalmente, tras negociaciones con otros socios, Nueva Zelanda no recibió refugiados del Tampa, siendo estos enviados a Nauru, tras tratar con Australia, implementando el mencionado plan.

Plan Pacífico

La Solución Pacífico se sustentó bajo tres pilares: la intercepción de embarcaciones, la exclusión de territorios nacionales australianos del sistema migratorio y la externalización de los procesamientos de refugiados a terceros países de la zona, como Nauru y Papúa Nueva Guinea mediante la firma de acuerdos bilaterales. Australia financió con millones de dólares la creación, mantenimiento y puesta en marcha de centros de detención en el extranjero, pagando a países para recibir y procesar refugiados vulnerables. Finalmente, la implementación de estas políticas supuso el abandono del Plan Pacífico, por no ser económicamente sostenible.

Esta política, afectó negativamente a Australia y su imagen, perjudicando al crecimiento del PIB australiano, el cual se estancó en un crecimiento de tres a cuatro puntos porcentuales anuales, así como de la llegada de turistas, con una disminución notable en los primeros años de aplicación de las materias migratorias en más de 100,000 turistas pérdidos por año. 

Además, mientras Australia ponía en marcha sus políticas de exclusión raciales, beneficiaba mediante planes y programas migratorios a aquellos que consideraba que podían aportar más económicamente al país, utilizando la migración como una herramienta de crecimiento económico laboral y evitando a los que se supone que son una “carga fiscal estatal” del sistema.

Australia manda, el resto…¿obedece?

Asimismo, las economías pequeñas de la zona dependen de Australia, por lo que las negociaciones sobre migración fueron muy asimétricas y provocaron cuestiones sobre la subordinación humanitaria por temor a represalias financieras australianas. La llegada de migrantes a pequeñas islas como Nauru trajo consigo la llegada de problemas sociales y presiones sobre los recursos del país, introduciendo nuevas problemáticas a una nación de apenas 12,000 habitantes tenga en su territorio a 2,200 inmigrantes. El mismo caso sucedió en Papúa, donde surgieron problemáticas por las condiciones humanitarias de los migrantes, especialmente en la isla Manus.

Australia no ha promovido el desarrollo sostenible de las economías de los países que han colaborado con ella en materia migratoria. Canberra ha utilizado su poder de potencia hegemónica regional, para beneficiarse de pequeñas naciones, sin recursos necesarios ni condiciones adecuadas. En consecuencia, muchas personas quedan desatendidas, Australia impone,  paga y dicta en qué condiciones se detienen a estas personas, y, se nutre de un poder asimétrico donde la dependencia provoca problemas no sólo para los migrantes, sino también para los países subordinados.

Derechos humanos: opcionales según la marea

Australia ha firmado tratados internacionales, incluido el de la Convención sobre los Refugiados de 1951, pero su aplicación real ha sido tan selectiva como su política de admisión migratoria. Mientras en foros internacionales el país presume de democracia, derechos humanos y “fair go”, en la práctica ha sido pionero en reinterpretar obligaciones humanitarias para proteger más las urnas que a las personas. Organismos como ACNUR y Amnistía Internacional han denunciado las condiciones inhumanas de detención en Nauru y Manus, describiéndolas como cárceles al aire libre donde el suicidio y la desesperanza se volvieron rutina.

La opinión que no se escucha

Las voces de quienes viven la migración quedan en segundo plano. La percepción ciudadana, los debates mediáticos y las experiencias diarias de las comunidades migrantes ofrecen un nuevo panorama. Encuestas muestran que muchos australianos valoran la diversidad cultural en la vida cotidiana, aunque apoyen políticas restrictivas en abstracto, mientras, los migrantes enfrentan retos cotidianos de integración, discriminación y precariedad laboral que raramente aparecen en informes oficiales.

Cifras con cara humana

Los números en pérdidas cobran mayor importancia cuando se ven en términos humanos. Por ejemplo, al igual que en cualquier aspecto, una disminución de visitantes afecta directamente a los empleos en hostelería y restauración, aumentando la inestabilidad social y laboral de cientos de hogares; al mismo tiempo, comunidades dependientes del turismo sufren cierres de negocios y menor acceso a servicios. Así, los impactos económicos golpean la vida diaria de personas y familias que conviven con la política migratoria y sus efectos tanto directos como indirectos.

Manifestaciones antiinmigración de 2025

Australia está experimentando un repunte de las manifestaciones y propuestas políticas de corte anti-inmigración durante este año. El 31 de agosto se realizaron las marchas conocidas como “March for Australia” en las principales urbes del país, convocando a más de 45,000 personas entre todas ellas. Estos eventos fueron promovidos por figuras como Pauline Hanson, Bob Katter y grupos nacionalistas, algunos vinculados al National Socialist Network. Los manifestantes exigían reducciones drásticas en las políticas migratorias, aunque se negó el total extremismo ideológico por parte de los organizadores.

El Gobierno Laborista condenó las marchas, advirtiendo que promovía la división social y señalando la presencia de grupos de extrema derecha. En respuesta, los Greens presentaron una moción en el Senado a favor de la cohesión social, mientras que figuras opositoras las contextualizan como reacción a protestas pro-Palestina.

Por otro lado, la coalición opositora ha propuesto reducir la migración permanente en un 25%, pasando de 185,000 a 140,000 personas anuales durante los próximos años, limitar el número de estudiantes internacionales y prohibir la compra de viviendas por parte de extranjeros o residentes temporales. Estas propuestas buscan aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario australiano, aunque expertos advierten de posibles consecuencias negativas en sectores educativos y económicos.

Problemas de los australianos con la inmigración actual

En primer lugar, Australia enfrenta una grave crisis de vivienda. Al igual que algunos países europeos, como Países Bajos o España, Australia se encuentra en niveles récord en precios de compra y alquileres. Muchos australianos sienten que el aumento rápido de la población migrante agrava la escasez de pisos y eleva los precios, dejando especialmente a jóvenes y familias fuera del mercado.

De igual forma, en ciudades como Sídney o Melbourne, la llegada de más población está implicando una mayor presión sobre centros sanitarios, transporte público y escuelas. Para el ciudadano medio, esto se traduce en más esperar, transporte abarrotado y una peor calidad de los servicios públicos.

Tras la pandemia, el gobierno australiano aumentó los niveles de migración. Entre 2023 y 2024, llegaron unas 518,000 personas —récord histórico— a un país de apenas 25 millones de habitantes. Así pues, entre 2024 y 2025, se han proyectado alrededor de unas 260,000-300,000 llegadas netas por año, todavía muy por encima de los niveles previos al COVID. A ojos de muchos australianos, el crecimiento es demasiado rápido para que la infraestructura y la sociedad lo absorban debidamente.

Hemos de tener en cuenta que Australia es un país con una población muy localizada. Pese a ser una de las naciones de la Tierra más grandes del planeta, su población se concentra mayoritariamente en menos de una decena de ciudades. En consecuencia, es una población muy “sensible” a cambios sociales bruscos, como el que está sucediendo actualmente.

Asimismo, aunque Australia necesita trabajadores en sectores clave como la sanidad, la construcción o la agricultura, hay quienes perciben que los inmigrantes presionan salarios a la baja  dificultan el acceso a ciertos empleos para los locales. 

Parte de la población teme que una inmigración demasiado rápida afecta a la “australian way of life” o a la cohesión de la comunidad aussie. Aunque el país ha sido históricamente multicultural, la velocidad y volumen de llegada sí están generando tensiones en una población relativamente pequeña. 

Muchos australianos no son “anti-inmigración” por ideología, sino por preocupaciones cotidianas. Se levantan y ven que no pueden pagar un alquiler, esperan meses por consultas médicas o se sienten extraños en barrios donde el cambio cultural ha sido muy rápido y brusco. Para ellos, la inmigración no es un debate abstracto, sino algo que afecta su vida diaria por culpa de gobiernos incompetentes que no han mantenido coherencia en sus políticas y gestiones respecto a la llegada de migrantes, similar a las problemáticas europeas. 

Diversidad de escaparate, exclusión de fondo

Hoy Australia se vende como una sociedad multicultural, con ciudades como Melbourne o Sydney celebrando festivales de comida internacional y promoviendo la imagen de “tolerancia”. Sin embargo, detrás del escaparate colorido, el sistema migratorio sigue respondiendo a criterios de productividad y conveniencia económica. El migrante ideal es el que paga, trabaja y no protesta; el resto queda reducido a cifras incómodas en campañas electorales. Así, la narrativa oficial oscila entre celebrar la diversidad y cerrar fronteras con el mismo entusiasmo, dependiendo de si se habla en un desfile cultural… o en un mitin político.

La frontera también está en la mente

La política migratoria australiana no es un bloque ni mucho menos homogénea ni eterno; es un campo en disputa constante. El país cuenta con un 31,5% de la población nacida en el extranjero, es decir, unas 8,6 millones de personas, llegadas principalmente de India, China, Nueva Zelanda, Filipinas y Vietnam. Aunque los gobiernos han mantenido un discurso restrictivo, cada vez más australianos empiezan a cuestionar esa visión excluyente. La creciente diversidad en las ciudades, el contacto cotidiano con comunidades y la presión de organizaciones civiles han sembrado debates internos sobre la necesidad de una política más humana y realista, que no por ello insegura o sin control. El dilema se vuelve complejo: balancear seguridad, economía y derechos humanos en una sociedad que ya no es –ni quiere ser– la misma “Australia blanca” del pasado.