Visados climáticos: migración y seguridad ante el cambio climático

Oceanía se encuentra en la primera línea de los efectos del cambio climático. Las aguas del Pacífico Sur, que durante siglos han sostenido la vida de comunidades insulares, se están convirtiendo ahora en una nueva amenaza a tener en cuenta. El nivel del mar aumenta a un ritmo de entre 3 y 4 milímetros anuales, según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, una cifra que aunque para nosotros modesta, se traduce en costas erosionadas, acuíferos y terrenos contaminados por la sal y territorios sumergidos.

Países como Tuvalu, Kiribati, las Islas Marshall o Vanuatu enfrentan un futuro incierto. En algunos atolones de Kiribati, la pérdida de tierra habitable y fértil ya fuerza la reubicación interna de población. En Tuvalu, las mareas altas —king tides para los locales— inundan los cultivos y viviendas varias veces al año, mermando el desarrollo de la zona. Por su parte, Vanuatu, sufre con creciente frecuencia ciclones devastadores, como el Harold en 2020 o el Lola en 2023, que destruyen infraestructuras y economías locales constantemente.

Ante este escenario, los habitantes insulares del Pacífico ya no solo hablan de adaptación hacia las nuevas condiciones, sino de migración climática: el desplazamiento de personas forzadas por los efectos directos del cambio climático. Este fenómeno plantea nuevas cuestiones sobre conceptos como la soberanía, la ciudadanía o los derechos humanos que afectan directamente a casi 3 millones de personas en la región. Entre las posibles respuestas ha surgido una idea innovadora, aunque no exenta de controversia: el visado climático.

¿Qué es un visado climático?

El visado climático –o climate visa para nuestros colegas anglosajones– es un mecanismo migratorio propuesto para permitir la entrada, residencia o trabajo a personas desplazadas debido al impacto directo del cambio climático. No se trata de una categoría jurídica formalmente reconocida, sino de una innovación política que busca llenar un vacío del derecho internacional.

A diferencia del asilo político o de los visados humanitarios tradicionales, los visados climáticos no exigen persecución individual ni conflicto armado. El factor determinante es la degradación ambiental o la pérdida de habitabilidad. Sin embargo, esta diferencia los coloca en un limbo legal: la Convención de Ginebra de 1951 no reconoce al “refugiado climático” como sujeto de protección, lo que realmente deja a millones de personas sin amparo internacional válido.

Por ello, los visados de este tipo se conciben como mecanismos voluntarios o bilaterales, más que como obligaciones legales. Constituyen una respuesta parcial y todavía experimental frente a una crisis de dimensiones civilizatorias.

¿Cuándo y cómo surgen estos visados?

El debate sobre los visados climáticos comenzó a consolidarse en la década de 2010, cuando las primeras evidencias científicas mostraron que algunos Estados del Pacífico podrían volverse inhabitables antes de mediados de nuestro siglo.

Nueva Zelanda fue el pionero en plantear esta posibilidad. En 2017, su gobierno, liderado por el ministro de Cambio Climático James Shaw, discutió la creación de una “visa por razones climáticas” destinada a los habitantes del Pacífico, especialmente de Tuvalu y Kiribati, proponiendo otorgar 100 visados anuales. Aunque la medida no llegó a implementarse formalmente, abrió un debate global sobre las obligaciones morales y regionales ante los desplazamientos de la zona. Tanto Kiribati como Tuvalu rechazaron la propuesta, expresando que no iban a ser considerados como “refugiados climáticos”, lo que hizo abandonar el enfoque neozelandés sobre la visa específicamente por el concepto de “refugiado climático”.

Asimismo, ya existían programas que anticiparon esta lógica. El Pacific Access Category, creado en 2002, otorga cada año un número limitado de visados de residencia permanente a ciudadanos de Tonga, Tuvalu, Kiribati y Fiyi. Aunque no se define como tal como “visado climático”, se ha interpretado como una vía indirecta de adaptación migratoria frente a los impactos del cambio climático.

Australia, por su parte, ha abordado el tema más cautelosamente. Pese a ser uno de los mayores emisores per cápita de CO2 del mundo, su política migratoria se mantiene restrictiva. Ha ofrecido ayuda al desarrollo y programas de resiliencia, pero evita compromisos de reubicación masiva, hecho que junto a Nueva Zelanda, ha sido mejor recibido por países insulares.

El impulso político detrás de estas propuestas combina realismo humanitario y diplomacia regional: los países del Pacífico buscan reconocimiento y protección; los países desarrollados del entorno buscan evitar un colapso humanitario que podría desestabilizar una región vulnerable a cambios bruscos en términos demográficos.

Países más afectados

Los Estados insulares del Pacífico son laboratorios de las crisis climáticas. En consecuencia, aquellas naciones insulares, generalmente carentes de una geografía escarpada y sin sistemas montañosos, corren el riesgo de sufrir impactos directos en economías primarias, poco desarrolladas y casi sin capacidad de resurgir propio, debido a la pequeña población que las habita, la falta de relevancia económica y el aislamiento internacional. De tal forma, los países más afectados serían:

• Tuvalu (altura máxima de 5 metros): nueve islas coralinas de apenas cuatro metros de altura sobre el nivel del mar. En algunos atolones, las mareas altas ya cubren carreteras o cementerios. El gobierno ha adquirido terrenos en Fiyi como posible refugio futuro. No entendamos la compra como una adquisición tradicional de territorio. En 2017, Tuvalu compró 5,000 acres de tierra a Fiyi para asegurar fuentes sostenibles de alimentos. De la misma forma, la Alta Comisión de Tuvalu en Fiyi adquirió en 2021 tres parcelas de terreno en Raiwi por 2,7 millones de dólares. Estas propiedades fueron compradas por Zhao Fugang, propietario del Yue Lai Hotel y vinculado al Partido Comunista Chino. Kiribati también ha adquirido unos 20 km2 en Fiyi, en Vanua Levu, una de las islas principales.

• Kiribati (altura máxima de 81 metros, media de 2 metros) : con 33 atolones dispersos, enfrenta la salinización de aguas y la pérdida de suelo fértil. Su expresidente Anote Tong fue uno de los primeros en defender públicamente la idea de la “migración con dignidad”.

• Islas Marshall (altura máxima de 10 metros): sufren inundaciones recurrentes y riesgos de desaparición total antes de 2050. Añade fuertes preocupaciones sobre restos nucleares soterrados en ciertos atolones.

• Vanuatu y Fiyi: aunque cuentan con territorios más altos, padecen ciclones devastadores y la erosión costera. Fiyi, paradójicamente, se perfila como país receptor de desplazados climáticos del Pacífico.

Más allá de los daños materiales, la crisis plantea dilemas de identidad nacional. ¿Qué ocurre si un país desaparece físicamente? ¿Puede seguir existiendo como Estado soberano sin territorio? Estas preguntas desafían los principios básicos del derecho internacional contemporáneo. Asimismo, problemáticas relacionadas con los problemas socio-económicos, psicológico-mentales o relativos a derechos políticos y a la adaptación de nuevas poblaciones a diversos contextos ponen sobre la balanza una serie de consideraciones complejas a resolver. 

De tal forma, tanto los países mencionados, como sus receptores sufrirán probablemente un desafiante destino. A su vez, países como Samoa, Tonga, las Islas Salomón, Palaos, Nauru o Los Estados Federados de Micronesia –con medias de altitud ubicadas entre los 50 a 100 metros (con excepción de Nauru –21– e Islas Salomón –200–) –,  también corren altos riesgos relacionados con problemáticas climáticas. Además, territorios no independientes como las Islas Cook, Wallis y Futuna, Niue, Samoa Americana, Tokelau, Guam o las Islas Marianas del Norte también son archipiélagos e islas que habrán de tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre la viabilidad de los visados climáticos para evitar vacíos legales que compliquen la situación de cientos de miles de personas.

Marco político y legal

En el plano internacional, los desplazamientos climáticos carecen de reconocimiento formal. La ONU ha abordado el tema en marcos complementarios, como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018, que menciona los “factores ambientales y climáticos” como causas de movilidad, pero sin crear obligaciones jurídicas.

El Acuerdo de París de 2015 incluyó una fuerza de trabajo sobre el desplazamiento climático dentro del Mecanismo Internacional de Varsovia sobre Pérdidas y Daños, orientada a mejorar la coordinación entre países, pero no a establecer derechos individuales.

Así, los visados climáticos se han convertido en instrumentos experimentales de política exterior, negociados de forma bilateral o regional. La cooperación entre Nueva Zelanda, Australia y los Estados del Foro de las Islas del Pacífico refleja esta tendencia: una mezcla de asistencia al desarrollo, acuerdos migratorios limitados y programas de resiliencia climática. 

El gran obstáculo sigue siendo jurídico: sin reconocimiento internacional del refugiado climático, cualquier iniciativa depende de la voluntad política de los Estados receptores y de la política interna de los emisores.

El papel de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea

Australia mantiene una postura migratoria dura y ambigua. Aunque destina fondos a proyectos de adaptación y resiliencia en el Pacífico –como el Pacific Step Up–, sus políticas migratorias son restrictivas. Canberra ha evitado hablar de “refugiados climáticos” y prefiere centrarse en asistencia técnica. La contradicción es evidente: uno de los países más emisores de CO2 rechaza asumir la responsabilidad directa de acoger a las víctimas de esos efectos, así como evitar el “error” que Tuvalu o Kiribati reprochaban a Nueva Zelanda clasificándolos como “refugiados climáticos”.

Nueva Zelanda, en cambio, ha adoptado una posición más abierta. Bajo los gobiernos laboristas, se impulsó un debate público sobre visados climáticos y se fortalecieron los programas PAC y Recognised Seasonal Employer (RSE), que permiten a ciudadanos del Pacífico trabajar temporalmente en sectores agrícolas y de servicios. Aunque aún no existe una “visa climática” formal, el país se ha convertido en el faro moral y político de la región, aunque no sin cuestiones sin resolver.

Papúa Nueva Guinea, ocupa un rol intermedio: es simultáneamente vulnerable y potencial receptor, similar al caso de Fiyi, pero 25 veces más grande. Su territorio continental podría albergar a comunidades desplazadas de islas vecinas, pero enfrenta limitaciones económicas y de gobernanza que dificultan esa función. En conjunto, las tres naciones ilustran las tensiones entre solidaridad, soberanía nacional y realismo migratorio.

Funcionamiento actual y desafíos de los visados

Actualmente, no existe un visado climático plenamente operativo en Oceanía. Las iniciativas vigentes –como el PAC o el RSE neozelandés– funcionan como mecanismos indirectos, sin reconocer explícitamente la causalidad climática. De tal forma, sus principales desafíos son:

• Burocracia: la falta de categoría legal impide procesar solicitudes específicas por motivos ambientales.

• Economía: los países receptores temen el costo de la reubicación masiva, mientras los emisores carecen de recursos para financiar traslados o mantener sus economías locales por el éxodo de la población.

• Diplomacia: reconocer a los desplazados climáticos implicaría admitir la posible desaparición de Estados soberanos, un tema políticamente sensible. Además, abriría la puerta a otras regiones globales como el Sahel, Asia Central o América Central, hecho que genera recelo entre otros países alrededor del mundo. 

Además, el ritmo del cambio climático supera la velocidad de las respuestas políticas. Según estimaciones del Banco Mundial, para 2050 más de 12 millones de personas del Pacífico y del Sudeste Asiático –especialmente Filipinas e Indonesia– podrían verse desplazadas debido al aumento del nivel del mar. Los actuales programas de migración controlada serían claramente insuficientes y no cumplirían ni con las capacidades de los receptores ni con las demandas de los emisores.

Opiniones a favor y en contra

A favor, los defensores de los visados climáticos apelan a la justicia climática: los países responsables de la mayor parte de emisiones deben ofrecer protección a quienes sufren las consecuencias. Las organizaciones regionales y ONG´s como el Secretariado del Programa Ambiental del Pacífico –SPREP– destacan que la movilidad puede ser una estrategia de adaptación, no solo como una tragedia.

En contra, algunos líderes insulares temen que los visados fomenten una “solución fácil” para los países emisores, que preferirían reubicar personas en lugar de reducir emisiones. Además, la emigración masiva podría implicar pérdida de soberanía, desintegración cultural y dependencia económica.

Como expresó el expresidente de Kiribati, Anote Tong: “Migrar debe ser una opción de dignidad, no un éxodo forzado por indiferencia de otros”. El debate refleja una tensión ética: entre la responsabilidad compartida y el derecho a permanecer en la tierra propia.

Riesgos reales y riesgos mitigables

Algunos riesgos son ya inevitables: la subida del nivel del mar, la acidificación oceánica y la pérdida de tierras habitables y de cultivo. Ninguna política migratoria podrá revertirlos. Sin embargo, otros sí pueden mitigarse mediante políticas de adaptación local, al menos, parcialmente mediante:

• Construcción de diques y barreras naturales.

• Reforestación de manglares.

• Relocalización interna planificada.

• Cooperación técnica y financiera regional.

Los visados climáticos, en este contexto, deben considerarse una medida de último recurso, complementaria y no sustitutiva de la acción climática. Migrar no puede convertirse en la única opción para sobrevivir.

Perspectivas de futuro y justicia climática

El futuro de los visados climáticos dependerá de la política de los países del Pacífico para mantener el tema en la agenda internacional y de la voluntad de los Estados desarrollados para asumir su responsabilidad moral –normalmente nula–. 

Es posible que en la próxima década veamos el surgimiento de mecanismos y reivindicaciones regionales de movilidad climática más explícitos, inspirados en los programas del Pacífico, y quizás extendidos a otras regiones vulnerables como el Caribe o el Sahel.

Sin embargo, el desafío va más allá de la gestión migratoria –por sí compleja–: se trata de preservar la existencia política y cultural de naciones enteras. Como ha señalado la ONU, los pueblos del Pacífico “no quieren convertirse en víctimas pasivas del cambio climático, sino en actores de su propio destino”.

Los visados climáticos pueden ofrecer una vía de seguridad, pero la verdadera justicia climática exige reducción de emisiones, financiamiento para la adaptación sostenido y respeto por la autodeterminación y soberanía de los pueblos insulares.

Si el siglo XXI se definirá por cómo respondemos a las crisis climáticas, Oceanía será su espejo más honesto: un recordatorio de que la supervivencia de algunos depende de la responsabilidad y voluntad de todos.

Créditos foto: Facebook de Simon Kofe. miembro del Parlamento de Tuvalu.