Islas Marshall: cómo las pruebas nucleares de EE. UU. convirtieron el archipiélago en un laboratorio humano de la Guerra Fría

La historia de la radiación en las Islas Marshall es, frente a todo, la historia de un territorio remoto convertido en “conejillo de indias”. Desde 1946 hasta 1958, los Estados Unidos ejecutaron en el archipiélago un total de 67 pruebas nucleares –entre ellas algunas de las más grandes de la historia, como Castle Bravo, Castle Yankee, Castle Romeo, Castle Nectar o Ivy Mike– equivalentes a unas 7,233 bombas del tipo “Little Boy” de Hiroshima.

Aunque se suele narrar este episodio como un capítulo técnico de la Guerra Fría; “un campo de pruebas lejano” necesario para la seguridad global; lo cierto es que las pruebas se realizaron, más allá de por objetivos militares necesarios en el contexto, sin consentimiento local, generando uno de los mayores laboratorios de experimentación nuclear del mundo, lo cual, se ha plasmado en el desarrollo futuro del país. El caso marshalés es el ejemplo de cómo una potencia militar puede manipular geografías periféricas y poblaciones de baja visibilidad para sostener sus proyectos e intereses militares, inclusive cuando la urgencia bélica ya no se encuentra sobre la mesa.

De la posguerra al laboratorio militar: la geopolítica paradisíaca de las islas “perdidas”

Las Islas Marshall quedaron bajo administración de los EEUU al finalizar la Segunda Guerra Mundial como parte del Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico, acabando con el previo mandato japonés que había administrado las islas desde 1914, tras la firma del Tratado de Versalles. En teoría, este régimen internacional debía promover la autodeterminación. En la práctica, normalizó un conjunto de decisiones unilaterales: desplazamientos forzados, clausura de atolones y reorganización espacial del archipiélago para servir a objetivos militares. Washington definió a las islas como un espacio “vacío”, pese a su larga historia de asentamiento humano, navegación tradicional y vínculos directos culturales con el mar.

El argumento fundamental para seleccionar la región fue su “aislamiento”. Ese mismo, sin embargo, no era una propiedad natural sino más una estrategia discursiva: etiquetar un territorio remoto y poco conocido como remoto facilitaba su transformación en zona sacrificable –contextualizando que el racismo sistemático seguía existiendo, pese a que la Corte Suprema ya había declarado la inconstitucionalidad y comenzaban a surgir; en la metrópolis; los primeros movimientos por los derechos civiles que cuestionaban estas injusticias profundamente arraigadas– de la segregación escolar. Las distancias geográficas se convirtieron, así, en distancias morales. La vida marshallesa podía ser perturbada sin que ello afectara al cuerpo político estadounidense. La América continental se mantenía segura; el daño se externalizaba hacia un pueblo pequeño, poco conocido y sin representación dentro de la “democracia” que los administraba –los marshalleses no eran ciudadanos estadounidenses, por lo que no tenían derecho a votar ni a escoger representantes en el gobierno, puesto que las islas habían quedado bajo fideicomiso estadounidense para “preparar la autodeterminación del territorio”–.

Causas estructurales e inmediatas: más allá de los errores técnicos

El discurso histórico que ha predominado sostiene que eventos como Castle Bravo –mayor detonación nuclear estadounidense, con 15 megatones–, fueron resultado de fallos de cálculo. Si bien hubo errores científicos, reducir la tragedia  incompetencia técnica oculta el marco político en el que se encontraban esos errores: la convicción de que la seguridad nacional justificaba exponer a poblaciones sin poder de negociación. Documentos desclasificados, análisis médicos y archivos históricos muestran que los planificadores conocían la posibilidad de reacciones más intensas en los combustibles de litio empleados. Aún así, se siguió adelante con las pruebas.

Se podría argumentar que, con un cinismo helador, la toma de decisiones de EEUU en las Islas Marshall se encuadraba y “justificaba”en la fría lógica político-militar de la Guerra Fría: qué importa que familias enteras fueran desplazadas, que niños jugaran con la lluvia radiactiva o que los atolones quedaran inhabitables durante generaciones, si el objetivo era asegurar la supremacía nuclear y la defensa continental estadounidense. ¿Qué valor puede tener la vida de un “puñado” de micronesios de las Islas Marshall frente al equilibrio estratégico global? desgraciadamente, esta planificación, sostenida sobre un tablero de pruebas donde cada explosión era un cálculo de poder, y cada desplazamiento, una “medida operativa necesaria”, fue algo común, un hecho que hubiera dado el mismo resultado si la Unión Soviética –en el mismo contexto– hubiera interferido en las islas; así como si otra potencia del momento, como Francia o Reino Unido, a los que más tarde podríamos añadir a China y, en el caso no nuclear a Japón –que también incluiríamos durante la Segunda Guerra Mundial–.

La negligencia posdetonación refuerza nuestra crítica. A varios atolones afectados por lluvia radioactiva se les evacuó tarde, a pesar de testimonios sobre irritación cutánea, caída de cabello y náuseas. El retraso no fue meramente operativo; respondió a una jerarquización de prioridades: primero la evacuación militar, después la integridad humana. A ello se suma el retorno prematuro de habitantes a zonas aún contaminadas, una decisión que se puede interpretar como parte de un conjunto de “experimentos de seguimiento”, destinados a observar los efectos de la exposición prolongada.

Asimismo, muchos soldados y personal estadounidense desplegados en las Islas Marshall no tenían conocimiento completo de los riesgos ni de la magnitud de la radiación a la que estaban expuestos y exponiendo a los locales. La información sobre la intensidad de la radiación y los riesgos para la salud era estrictamente confidencial, muchos miembros de la Marina, del Ejército y contratistas civiles recibieron instrucciones vagas, como “mantener distancia” o “usa equipos de protección estándar”, sin saber que las nubes radiactivas podrían cubrir centenares de kilómetros. Según el Department of Veterans Affairs, al menos entre 50 y 100 veteranos murieron prematuramente por exposición prematura a radiación durante las pruebas en las Islas Marshall, aunque las cifras podrían ser más altas considerando enfermedades tardías no registradas. En cuanto a locales, algunas estimaciones sitúan entre 200 y 500 muertes atribuibles a la radiación directa e indirecta, especialmente en Rongelap y Utirik en una población de unos 14,703 –datos de 1960– habitantes en la época –lo que se traduce en un 3,40% de población asesinada por causa de las pruebas nucleares–.

Radiación como experiencia: cuerpos, tierras y temporalidades

El impacto de la radiación sobre las marshalleses no puede reducirse a meras estadísticas médicas, aunque estas mismas sean ya per se graves: el aumento de cánceres tiroideos, infertilidad, abortos espontáneos, malformaciones congénitas y enfermedades crónicas relacionadas con la alteración hormonal, entre muchas. Más decisivo es comprender cómo la radiación ha afectado a la relación entre pueblo y territorio. En un país donde la identidad cultural está anclada a islotes específicos, genealogías particulares y prácticas de subsistencia, la contaminación equivalió a una forma de desposesión cultural.

En las Islas Marshall, la incidencia de cáncer de tiroides es entre 10 a 20 veces mayor que en países que no han estado expuestos a radiación nuclear. Otros cánceres como la leucemia o el cáncer gastrointestinal también muestran un mayor grado frente a otros Estados de la comunidad internacional. El 80% de los adultos marshalleses presentan sobrepeso y obesidad, y alrededor del 40% tienen diabetes, cifras extremadamente altas frente a un promedio global cercano al 11%. También hay prevalencia de hipertensión y enfermedades cardíacas, como consecuencia de la obesidad, la diabetes y los cambios en la dieta tradicional. Otro elemento a tener en cuenta es el aumento de la infertilidad y de abrtos espontáneos, con malformaciones congénitas por encima de las medias globales.

La radiación no solo destruyó ecosistemas; destruyó certezas. Los alimentos tradicionales –coco, pandanus (planta tropical) y pescado– se volvieron sospechosos. El mar, fuente de mitología y sustento, pasó a ser un posible afluente de enfermedades. Esta erosión de la confianza en el entorno natural generó una ruptura difícil de reparar. La dependencia de alimentos importados, inicialmente una medida de emergencia, evolucionó hacia la transformación estructural del modo de vida, con efectos posteriores de obesidad, diabetes y desigualdades económicas.

El Domo de Runit: símbolo de la modernidad tóxica

El Domo de Runit es sinónimo del legado de la Guerra Fría, un cráter lleno de desechos radiactivos sellado con una capa de concreto de los años setenta. Concebido como solución temporal, quedó como monumento permanente a la irresponsabilidad técnica y al abandono político. Su base carece de barrera impermeable, permitiendo filtraciones en el suelo y en el océano; mientras el aumento del nivel del mar y las tormentas tropicales y terremotos amenazan con fracturas más severas. El dom encarna la tensión entre una infraestructura pensada para gestionar un desastre y otra que, en sí misma, se convierte en parte del desastre.

Más que una simple infraestructura defectuosa, el Domo es un producto de una lógica pseudo-colonial moderna: se construye una solución mínima, barata y provisional, un “parche”, porque el lugar donde se instala queda fuera del imaginario de la protección del poder que la edifica. En otras palabras, si ese reservorio nuclear estuviera en suelo estadounidense, su diseño, mantenimiento y supervisión serían francamente incomparables.

Impactos socioeconómicos: la construcción de una dependencia

El colonialismo nuclear no terminó con el cese de las pruebas militares. Su legado modela la economía marshellesa contemporánea. El desplazamiento forzado hacia islas superpobladas, la pérdida de tierras cultivables y la ruptura de actividades tradicionales generaron una dependencia sistemática de ayuda externa. Esta dependencia se consolidó a través de los acuerdos de Libre Asociación, que, aunque permiten migración y asistencia económica, también refuerzan una relación asimétrica donde los marshalleses deben negociar reparaciones y ayudas dentro de un marco diseñado por su antiguo administrador.

La diáspora creciente, sobre todo hacia EEUU y Guam, es otra consecuencia. Muchos emigran no por oportunidades simplemente, sino porque su territorio ya no les puede sostener. La migración se convierte en estrategia de supervivencia, aunque fragmenta familias y altera la cohesión sociocultural del país, más allá de lo que un Estado con las características propias de las Islas Marshall ya tenía que afrontar.

Más allá de la historia: justicia nuclear

La justicia nuclear en las Islas Marshall rebasa la compensación económica. Implica reconocer la dimensión cultural y social perdida, el impacto intergeneracional y las responsabilidades éticas de quienes administraron el territorio durante las pruebas. Es también una cuestión de narrativas: ¿quién cuenta la historia?,¿desde qué marco la analizamos?, ¿qué voces silenciamos?

El caso marshalés exige una crítica más amplia al orden internacional que permitió este tipo de prácticas. Tristemente, ese orden, liderado por Moscú y Washington ha cambiado, ha pasado, por lo que nos queda recordar y reforzar otra parte oscura de la historia humana, obviando más allá del mero mal hacer de la administración estadounidense y la mala fe con la que se actuaba entre Estados durante la Guerra Fría –algo similar a lo que ahora denominamos multilateralismo–. 

Conclusión

Las Islas Marshall son un territorio dañado y un espacio de resistencia. Pese a las huellas del colonialismo nuclear, el país se ha convertido en una voz influyente en los debates internacionales sobre el desarme y cambio climático. La radiación no solo ha dejado cicatrices, ha generado una conciencia que cuestiona los desequilibrios del sistema global.

Analizar este caso no es un solo ejercicio histórico, debe ser una llamada contemporánea. La historia nuclear del Pacífico recuerda que el desarrollo sin responsabilidad puede convertir regiones enteras en zonas de sacrificio. Reconocer esta verdad es el primer paso para una comunidad internacional justa, donde todos los territorios cuenten con valor, algo que todavía no hemos conseguido. El futuro puede que sea imposible que no se construya sobre la vulnerabilidad de los otros, pero hemos de marcar líneas rojas, como la experimentación sistemática nuclear sobre población civil, como una de ellas.