Autoritarismo competitivo en Serbia: democracia, poder y erosión institucional

Democracias, tiranías, autoritarismos, dictaduras, son algunas de las denominaciones utilizadas para caracterizar distintas formas de gobierno que han surgido a lo largo de la historia. Sin embargo, desde finales de la Guerra Fría el mundo ha adoptado una nueva peculiaridad en este aspecto, y es que ningún gobierno encaja estricta y puramente en los parámetros de estos conceptos. Por el contrario, se han establecido formas que combinan elementos de distintos sistemas. Así lo explican el profesor de gobierno en la Universidad de Harvard, Steven Levitsky, y el profesor de ciencias políticas de la Universidad de Toronto, Lucan A. Way, en su ensayo El Aumento del Autoritarismo Competitivo (2002), cuando refieren que la década de 1990 estuvo marcada por la proliferación de regímenes políticos híbridos, donde gran parte de África, Eurasia postcomunista, Asia y América Latina combinaron normas democráticas con gobernabilidad autoritaria.

Por ello mismo hoy es muy común encontrar artículos que cuestionan las formas supuestamente democráticas que algunos países han tomado, y es que el mundo se ha configurado bajo nuevas reglas por las cuales se intenta alcanzar los estándares de cooperación, inclusión, representatividad y protección de los derechos humanos típicos de las formas de gobierno democráticas, sin perder algunas ventajas que otras formas pueden proveer. Es así que muchos académicos las han considerado democracias incompletas o de transición; mas lo que establecieron los previamente citados estudiosos es que ese es un deseo demasiado optimista, e incluso se preguntaron por cuánto tiempo sería posible mantener esa supuesta transición sin concluir (Levitsky y Way, 2002). 

Ante esto, surgieron distintas formas de clasificar a los regímenes híbridos. Algunos hablan de “repúblicas exclusivas”, donde las instituciones democráticas son sólidas pero las leyes civiles son muy restrictivas (Levitsky y Way, 2002). Otros utilizan el concepto de “democracias tutelares o guiadas”, es decir, regímenes donde “actores no democráticos (como el ejército o las autoridades religiosas) tienen poder de veto” (Levitsky y Way, 2002, p. 9). En cambio, Levitsky y Way propusieron un nuevo concepto para describir a estos gobiernos híbridos: el autoritarismo competitivo.

El autoritarismo competitivo: el limbo entre la democracia 

Esta forma particular de régimen se define como aquel donde “las instituciones democráticas formales son el principal medio para obtener y ejercer la autoridad [pero] los gobernantes violan estas reglas tan a menudo y a un grado tal, que el régimen no cumple con las normas convencionales mínimas de la democracia” (Levitsky y Way, 2002, p. 7). Dicho esto, es un sistema que se diferencia de las democracias modernas y los autoritarismos puros al contener características de ambos, produciendo un balanceo y desbalanceo constante entre uno y otro. En otras palabras, se trata de la fina línea entre democracia y autoritarismo, donde las instituciones democráticas existen formalmente, pero están sujetas a ciertas condiciones que devienen de la concentración ilícita del poder.

Explicando esto, en primer lugar, cabe establecer que el autoritarismo competitivo no es una democracia en tanto las violaciones a los criterios democráticos mínimos alteran las condiciones de gobierno y a la oposición, generando situaciones de desigualdad. Por ejemplo, las elecciones se celebran con regularidad y sin fraude (rasgo democrático), pero no se le permite a la oposición la cobertura mediática adecuada y se hostiga a los partidos contrarios (mediante espionaje, amenazas y ataques), además de que suelen estar acompañadas de un mal uso de los recursos del Estado (rasgos autoritarios) (Levitsky y Way, 2002).

Por su parte, como se decía, tampoco es un autoritarismo pleno, pues aunque las autoridades puedan “manipular las normas formales de manera habitual, son incapaces de eliminarlas o reducirlas a meras apariencias” (Levitsky y Way, 2002, p. 8). En tal sentido, lo que ocurre en estos regímenes híbridos es que, aunque el modelo sea favorable para el gobierno en funciones, la persistencia de instituciones democráticas también abre camino para que las fuerzas opositoras puedan plantear retos de importante calibre, por lo que obliga a tomar en serio las normas democráticas, aunque sean defectuosas (Levitsky y Way, 2002). De tal manera, los movimientos autoritarios deben ser sutiles, variando generalmente entre el soborno, la cooptación y el acoso, sin llegar a ser abiertas formas de represión.

Cómo detectar un autoritarismo competitivo: el caso de Serbia

Conforme a lo anterior, Levitsky y Way establecieron cuatro arenas que determinan si un régimen es o no un autoritarismo competitivo, y que a la vez, conforman los espacios por donde la oposición puede derrocar a la autoridad regente.

La primera, claro está, es la arena electoral. En los sistemas de autoritarismo competitivo, las elecciones se celebran con regularidad, de acuerdo con las normas constitucionales y estándares internacionales, y son altamente competitivas, a diferencia de los autoritarismos plenos donde pueden ser afectadas o incluso inexistentes (Levitsky y Way, 2002U). Por lo común, en estos casos habrá abuso a gran escala, cobertura sesgada de los medios de comunicación y una fuerte campaña de acoso y ataques a candidatos y activistas de la oposición; lo cual a veces también se acompaña de falta de transparencia. Sin embargo, la intensidad de la disputa y la presencia de observadores internacionales (a los cuales no se los suele obstaculizar), funcionan como contrapesos y evitan que pueda cometerse fraude electoral, haciendo que todos, oficialismo y oposición, deban tomárselas seriamente.

En este sentido, resulta interesante el análisis del caso de Serbia, país que se encuentra en los puestos más bajos del ranking de integridad electoral dentro de Europa, siendo solo sucedido por Bielorrusia y Rusia, y cuyo presidente Aleksandar Vučić, permanece en funciones desde 2017.

Gracias a la participación de la Oficina para Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE como observadora durante las elecciones parlamentarias de 2023, se pudo demostrar que en este país, los procesos electorales estuvieron técnicamente bien organizados y se puso a disposición de los votantes una cantidad suficiente de alternativas políticas entre las cuales elegir (ODIHR, 2024). Por consiguiente, hasta este punto parecería que sigue las normas democráticas. No obstante, lo que resaltó la Oficina en su respectivo informe es que la participación decisiva del presidente, las ventajas estructurales del partido gobernante, el sesgo mediático, la presión sobre empleados públicos y el uso de recursos estatales llevaron a que las condiciones de competencia fuesen injustas (ODIHR, 2024).

Por tanto, hay elecciones, hay oposición y hay posibilidad de competir, pero no en igualdad de condiciones.

La segunda arena para determinar si un régimen es o no un autoritarismo competitivo es la arena legislativa. Aquí, el poder legislativo es débil pero puede convertirse en un punto focal de la actividad opositora (Levitsky y Way, 2002). En el caso serbio, desde que el Serbian Progressive Party (SNS), llegó al poder en 2012, la mayoría parlamentaria redujo las capacidades de la oposición, por lo que sucede el conocido efecto parlimanertary rubber stamp, donde el legislativo, a pesar de tener poder legal en términos teóricos, en la práctica dista mucho de ello, con una concentración del poder en manos del oficialismo que, al bloquear el debate sobre propuestas de la oposición convierten a la institución en una máquina ratificadora de las decisiones del ejecutivo (Think Tank European Parliament, 2019).

Sin embargo, la institución sigue allí, con una oposición presente que busca cambiar el rumbo del juego. Por ende, y como respuesta a los bloqueos, se han producido boicots durante los debates plenarios, como el ocurrido en febrero de 2019 cuando el bloque opositor se negó a participar de la Asamblea: “no participaremos hasta que las demandas de los manifestantes “Uno entre cinco millones” se cumplan y se creen las condiciones para unas elecciones libres y justas”, anunció la Alianza por Serbia (SZS) (European Press, 2019).

Por su parte, en un régimen autoritario competitivo también ocurre un fenómeno conocido como State capture, donde las élites (sobre todo políticas) logran manipular los mecanismos políticos, jurídicos y económicos de una nación, favoreciendo a grupos específicos en detrimento del interés público y actuando en contra de las normas democráticas (State Capture Accountability Project, s.f.). Cuando esto sucede en la esfera judicial, entonces la situación responde a la tercera esfera propuesta por Levitsky y Way (2002): la arena judicial. 

Aquí, el Ejecutivo intenta someter permanentemente a esta rama del poder por medios de cooptación como la acusación, el soborno, la extorsión. No obstante, esta arena, como las anteriores, no deja de gozar de cierta independencia formal; por lo que los jueces disidentes tienen alguna oportunidad contra el Ejecutivo para afectar su legitimidad interna e internacional, aunque ello pueda conllevar castigos debido a la fuerte presencia gubernamental. 

El gobierno de Vučić, por ejemplo, se ha caracterizado por la fuerte presencia política dentro de los tribunales, demostrado por la pasividad de la fiscalía al abordar casos políticamente delicados y por la presencia del gobierno sobre el poder judicial (Burazer, 2024). A fin de contraponer esto, en 2021 comenzó una reforma judicial que tenía como fin reducir la  influencia política en el poder judicial mediante el nombramiento de “abogados prominentes” en los órganos encargados de nombrar jueces y fiscales, el Consejo Superior de la Judicatura y el Superior de la Fiscalía, respectivamente (Burazer, 2024). Sin embargo, el proceso de nombramiento no siguió el mecanismo habitual de dos tercios de Serbia, sino que se optó por uno que eludía la necesidad de generar consenso político (Burazer, 2024). 

Además de ello, muchos jueces también han comentado haber  recibido algún tipo de presión y/o amenaza al trabajar en cuestiones que comprometían a líderes políticos (Freedom House, 2024). De hecho, dos fiscales fueron protagonistas de esto último cuando fueron trasladados fuera de la Unidad de Anticorrupción tras haber llevado a cabo varias detenciones en el marco de un caso de corrupción de alto nivel (Burazer, 2024). 

Sumado a ello,  en 2026 se sancionaron enmiendas legales que han creado formas viciadas de autonomía para la fiscalía anticorrupción de Serbia y que han debilitado la independencia del aparato judicial (Vasques, 2026). Esto mismo alertó a la opinión internacional y puso al gobierno de Vučić en el punto de mira. En palabras de la comisaria de Ampliación de la Unión Europea, Marta Kos: "Estamos cada vez más preocupados por lo que está ocurriendo en Serbia. Desde leyes que socavan la independencia del poder judicial hasta la represión de los manifestantes y la recurrente intromisión en los medios de comunicación independientes" (Vasques, 2026).

Por tales motivos, no es sorpresa que el Índice de Estado de Derecho (más conocido por su nombre en inglés: Rule of Law Index) le otorgue a Serbia una puntuación de 0,47 en una escala de 0,0 a 1,0, lo que la coloca en el puesto 96 de 143 países de la comunidad internacional y 11 de 15 a nivel regional (World Justice Project, 2025). 

Finalmente, la cuarta arena es la mediática, punto clave para los regímenes autoritarios competitivos dada la capacidad de los medios de comunicación de actuar como vigilantes del gobierno, legitimizar sus acciones y/o revelar sus malversaciones (Levitsky y Way, 2002). Por esto mismo, los sistemas de autoritarismo competitivo tienden a usar formas sutiles de manipulación para sofocar a los medios independientes y poder controlarlos, como sobornos, asignación selectiva de propaganda del Estado, manipulación de impuestos y otras deudas contraídas por el medio, fomento de los conflictos entre los accionistas y leyes de prensa restrictivas que faciliten el procesamiento de los periodistas independientes y de oposición (Levitsky y Way, 2002).

En ese sentido, esta es una de las cuestiones que más se le han criticado a Serbia, cuyo índice de libertad de prensa lo deja en el puesto 104 de 180 países (Reporteros Sin Frontera, 2026). Razón para ello no falta: Freedom House, por ejemplo, reportó acerca del entorno hostil que existe en el país para el periodismo crítico y resaltó la asignación injusta y la políticamente motivada otorgación de licencias de radiodifusión nacionales (Burazer, 2024). También destacó las prohibiciones selectivas en recintos oficiales y las presiones editoriales por políticos y dueños de medios conectados con la política (Burazer, 2024), a pesar del marco legal existente que garantiza la libertad de prensa y opinión en Serbia (Freedom House, 2024). 

Por su parte, Amnistía Internacional también remarcó el hostigamiento y la intimidación continua que los manifestantes, las organizaciones civiles y los periodistas sufren por parte del Ejecutivo, llegando a denunciar la vigilancia ilícita con el software espía Pegasus que el gobierno realizó sobre periodistas que investigaban situaciones de corrupción, como fue el caso de “Bogdana”, relatado en el reporte Journalists Targeted with Pegasus Spyware (Amnistía Internacional, 2025; y Amnistía Internacional, 2026). 

Por consiguiente, como en los casos anteriores, las formas democráticas existen (periodismo crítico e independiente), pero se ven obstaculizadas por un Estado muy presente, donde la política pone en juego la labor periodística y mueve el tablero en su propio interés. 

La fina linea

Resumiendo todo lo anterior, la teoría de Levitsky y Way muestra un caso de régimen híbrido, donde tendencias autoritarias pueden “convivir” con normas democráticas, utilizándolas para catapultarse y cumplir con los estándares internacionales contemporáneos, pero sin dejar atrás los beneficios que los sistemas más restrictivos y de concentración de poder otorgaban. 

Serbia es un caso de ello. Si bien no resulta correcto decir que Vučić es un líder autoritario, si está claro que ha aprovechado y reforzado debilidades institucionales preexistentes. Y aunque ello le pueda parecer una ventaja, la realidad es que mantener un régimen como es el autoritarismo competitivo puede perjudicarle su política exterior (más allá de acrecentar la disidencia nacional), especialmente en lo relativo al ingreso del país a la Unión Europea. 

Ilustrándolo, para que un nuevo país ingrese a la UE, es necesario que demuestre un comportamiento ejemplar y acorde con las normas y valores de la organización (para profundizar más en ello, leer: La adhesión de Ucrania a la Unión Europea: desafíos jurídicos, políticos y estratégicos del proceso de ampliación). El régimen que está manteniendo Serbia, contrario a todo ello, hace peligrar la adhesión que viene persiguiendo desde 2009. Por ejemplo, hacia abril de 2026, los eurodiputados estuvieron debatiendo la suspensión de los 1.500 millones de euros de financiación de la UE para Serbia, preocupados por las polémicas reformas judiciales y el Estado de Derecho (Vasques, 2026).  De hecho, Marta Kos alertó sobre las presiones al poder judicial, las restricciones a la libertad de prensa y la represión de las protestas (Vasques, 2026). 

De esta manera, el estudio del caso de Serbia no solamente sirve como ejemplo para explicar el régimen detallado por Levitsky y Way en 2002, sino que también demuestra que mantener sistemas como el autoritarismo competitivo puede tener fuertes consecuencias.