Brasil: Bolsonaro en jaque

La trayectoria política de Jair Messias Bolsonaro es digna de casi una telenovela brasileña: marcada por giros dramáticos, episodios de violencia, ascensos impensables y caídas pasadas por juicio. Hoy, ya con 70 años y una reciente condena de 27 años de cárcel a cuestas por planear un golpe de Estado, el excapitán del Ejército y expresidente enfrenta su momento más delicado. La gran cuestión es si esta nueva sentencia será el punto y final del “Trump brasileño”.

De soldado a congresista

La relación de Bolsonaro con la justicia comenzó mucho antes de que llegara al poder como presidente. Durante la década de los ochenta, fue sancionado en un cuartel militar por conspirar contra sus superiores en una protesta salarial y acusado –aunque absuelto en segunda instancia– de planear atentados con bombas a la edad de treinta y un años. Tras abandonar el ejército brasileño, inició una carrera de tres décadas en 1988, afiliándose al Partido Democrático Cristiano (PDC), manteniendo un perfil bajo, primero como concejal en Río de Janeiro y después como diputado federal desde 1991.

Bolsonaro construyó su figura no por sus logros legislativos, sino por declaraciones incendiarias en programas de televisión: defendía abiertamente la dictadura militar, atacaba a minorías y parecía fantasear con un golpe de Estado. Durante la década de los noventa, Bolsonaro cambió varias veces de partido para adaptarse a las alianzas políticas y aumentar su viabilidad electoral, pasando por el Partido Progresista y finalmente por el Partido Social Liberal. En 1999 llegó a afirmar, de forma hipérbola que, de ser presidente, “asesinaría a 30,000 personas”, en el diario Folha de Sao Paulo, “comenzando” por el entonces mandatario Fernando Henrique Cardoso. 

Durante años fue considerado casi un bufón sin opciones reales de poder. Pero en un Brasil débil y golpeado por la recesión, el desgaste de la clase política –como el caso de encarcelamiento de Lula da Silva entre 2018 y 2019 pese a tener una sentencia de 12 años por la que luego sería liberado por decisión del Supremo, al considerar que el juez Sérgio Moro actuó con parcialidad en su enjuiciamiento— y la corrupción revelada por la operación Lava Jato, ese outsider se convirtió en la figura del cambio.

La Operación Lava Jato fue una extensa investigación de corrupción en Brasil iniciada en 2014, centrada en sobornos y lavado de dinero dentro de la petrolera estatal Petrobras y grandes empresas constructoras nacionales. Destapó que políticos, empresarios y ejecutivos se beneficiaban de contratos inflados y pagos ilegales, afectando a varios partidos políticos y altos funcionarios, incluidos expresidentes, siendo el mayor escándalo de corrupción de la historia reciente de Brasil.

La operación alcanzó a políticos de todo el espectro político, tanto de izquierda como de derecha. Entre los destacados, Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva –Partido de los Trabajadores, izquierda– fueron condenados inicialmente por corrupción o afectados por impeachment, aunque luego las sentencias lo anularon. También se vieron implicados miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño –centro-derecha– y del Partido Social Liberal –derecha–, así como empresarios y ejecutivos de grandes constructoras como Marcelo Odebrecht o compañías como Camargo Correa o Andrade Gutierrez.

Dentro del partido de Bolsonaro, durante la campaña de 2018, algunos miembros también se vieron salpicados por investigaciones relacionadas o irregularidades, aunque en menor escala que la izquierda entonces. Se investigó a Flávio y Eduardo Bolsonaro, hijos del presidente, por desvío de fondos públicos, uso de “funcionarios fantasmas”, presión política y contactos irregulares con el gobierno de EEUU. No obstante, pese a que estos hechos han sido mencionados durante el juicio de su padre y pueden desvincularse más de la Operación Lava Jato, no ha habido más que acusaciones, de momento.

El ascenso y la puñalada que lo hizo héroe

El 6 de septiembre de 2018, mientras hacía su campaña electoral, un hombre -Adélio Bispo de Oliveira– apuñaló a Bolsonaro en el estómago durante un mitin en la ciudad de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. Las imágenes de Bolsonaro herido, envuelto en la camiseta de la selección nacional, recorrieron el país. Sobrevivió, y aquel ataque fue realmente el que lo transformó en un símbolo de resiliencia para millones de ciudadanos.

Su victoria en las urnas fue un terremoto. Un partido pequeño, sin apenas experiencia administrativa y rodeado de militares consiguió llevar a la derecha brasileña hacia un movimiento de masas. En las elecciones de octubre de 2018, Bolsonaro venció a Fernando Haddad –Partido de los Trabajadores–, obteniendo el 55,13% de los votos en segunda vuelta –unos 57,8 millones de personas—, 10 puntos por encima de su contrincante. Se alineó con Trump, debilitó las protecciones ambientales y abrazó a los sectores más conservadores.

Pero la verdadera prueba llegó con la pandemia. El líder restó importancia al virus –al que llamó “gripecita” –, rechazó medidas sanitarias, se negó a vacunarse y retrasó la compra de vacunas. En consecuencia, más de 700,000 personas perdieron la vida en el país debido a su gestión. Pese a ello, siguió conservando un gran apoyo popular, sobre todo entre las comunidades evangélicas, los militares y las clases medias descontentas.

Choque con la justicia y derrota

El principal contrapeso a su poder no vino de la oposición, sino del Supremo Tribunal Federal, y en particular de un juez: Alexandre de Moraes –pese a que proviene de un trasfondo conservador y de centro-derecha, siendo un ejemplo de imparcialidad y lealtad institucional–. Bajo su supervisión se investigaron campañas de desinformación y amenazas a la democracia. Bolsonaro, en respuesta, lo insultó en mítines y llegó a decir que solo dejaría la presidencia “muerto, arrestado o victorioso”.

En 2022, se enfrentó a Luiz Inácio Lula da Silva –quien pudo participar tras su encarcelamiento debido a la devolución de los derechos políticos derivados de la falta de imparcialidad del juez que lo sentenció– en unas elecciones marcadas por la polarización. Bolsonaro puso en duda el sistema de votación electrónica y sus aliados intentaron bloquear carreteras el día de la segunda vuelta. Lula ganó por un margen muy estrecho –50,90% de los votos frente a un 49,10% de Bolsonaro. Bolsonaro nunca reconoció la derrota y se marchó a Orlando, Florida, antes de la investidura de Lula. Volvió a Brasil tres meses después, con la intención de liderar la oposición al gobierno de da Silva.

El 8 de enero de 2023, sus seguidores asaltaron el Congreso, el Supremo y el palacio presidencial, en una escena que recordó directamente a las escenas del Capitolio estadounidense. Aunque él negó su implicación, las pruebas apuntaban a una conspiración más amplia para impedir la toma de posesión de Lula. 

El juicio y la condena

El 11 de septiembre de 2025, el Supremo Tribunal Federal condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión por encabezar una conspiración golpista. El tribunal presentó pruebas suficientemente abundantes: mensajes de WhatsApp, borradores de decretos, correos electrónicos, reuniones documentadas con jefes militares en días previos donde se discutieron planes para declarar el estado de emergencia y anular las elecciones, audios, vídeos e incluso un croquis que planeaba asesinar a Lula, a su vicepresidente y al juez Moraes.

La jueza Carmen Lúcia Antunes Rocha recordó que el propio expresidente había firmado la ley que tipificaba como delito la abolición violenta del Estado de derecho: “Sabían exactamente lo que hacían”. Moraes, por su parte, sentenció que se trataba de una “organización criminal encabezada por el presidente”. Testimonios de funcionarios añadieron que el expresidente alentó a sus seguidores a movilizarse y bloquear vías de comunicación y transporte, mientras que documentos impresos por asesores dentro del Palacio Presidencial describen planes de acciones violentas contra altos funcionarios y autoridades.

Junto a Bolsonaro, varios generales y policías recibieron penas de entre 16 y 26 años. Entre ellos, al almirante de la Marina, Almir Garnier Santos por delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado y deterioración de patrimonio histórico. También destacables las sentencias emitidas que han remitido a la Justicia Militar, determinando la pérdida de los cargos a Alexandre Ramagem –exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia– y Anderson Torres –exministro de Justicia–. El fallo envió un mensaje claro: la impunidad quedaba por finalizada.

El dilema del futuro

Bolsonaro está bajo arresto domiciliario en el condominio Solar de Brasilia, en el barrio del Jardín Botánico de Brasilia, mientras sus abogados –Celso Vilardi y Paulo de Cunha Bueno– apelan a problemas de salud para evitar la prisión –crisis gastrointestinal y episodios de hipo persistente, secuelas de la puñalada de 2018–. Según la ley, difícilmente pasará más de seis años entre rejas. Sus aliados en el Congreso ya maniobran para aprobar una amnistía, aunque el Supremo dejó claro que el golpismo no es perdonable. Ahora, el juez Alexandre de Moraes tiene la última palabra sobre la solicitud de arresto domiciliario, pero la defensa de Bolsonaro busca apelar tanto la condena como la sentencia ante el pleno del Tribunal Supremo de 11 jueces.

Pese a la condena, el “bolsonarismo” sigue vivo. Su esposa Michelle, sus hijos Flávio y Eduardo, y figuras como el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disputan su herencia política. Una encuesta reciente sugiere que Lula vencería a Bolsonaro por 12 puntos en 2026, pero también muestra que el 45% de los brasileños cree vivir bajo una “dictadura judicial”, mostrando un creciente descontento y hartazgo político ante una casta política brasileña corrupta.

Punto y aparte…¿o punto final?

Para 2026, Bolsonaro estará inhabilitado, pero su voz aún influirá en la definición del candidato de la derecha brasileña. La condena debilita su legitimación, pero no la borra: en Brasil, un país de resurrecciones políticas improbables, la figura del excapitán podría reaparecer a través de su familia, sus aliados o incluso de un eventual indulto mediante amnistía.

Para que el Congreso Nacional de Brasil apruebe una ley de amnistía que beneficie a Bolsonaro, se requiere de una mayoría absoluta en ambas cámaras: la de Diputados y el Senado. Esto significa el apoyo de al menos la mitad más uno de los miembros de cada cámara. Actualmente, el Congreso tiene una mayoría conservadora que ha mostrado una disposición creciente para avanzar en esta iniciativa.

Sin embargo, la aprobación de una amnistía enfrenta varios obstáculos políticos y legales. El Supremo ha indicado que una amnistía que beneficie a quienes cometieron crímenes contra la democracia sería inconstitucional. El juez Alexandre de Moraes, miembro del Supremo, ha señalado que “no hay lugar” para una amnistía en estos casos. Asimismo, un 54% de los brasileños se opondría a una supuesta amnistía para el expresidente.

La historia reciente del país muestra que nada es permanente. La caída de Bolsonaro es, sin duda, un triunfo para la democracia brasileña, pero también un recordatorio de que su sombra seguirá proyectándose sobre la política nacional de un Estado que mantiene a día de hoy fuertes limitaciones democráticas y una política nacional influenciada por la corrupción y los casos judiciales.

Crédito foto: Brasília - DF, 07/09/2022) Desfile Cívico-Militar por ocasião das Comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil. Foto: Alan Santos/PR