La importancia estratégica de Puerto Rico para los objetivos militares de Estados Unidos en Venezuela

Puerto Rico ha logrado consolidarse como uno de los enclaves estratégicos más relevantes dentro del marco de operaciones estadounidenses en el Caribe. Su posición geográfica, entre la República Dominicana y las Islas Vírgenes, y próximo a las rutas marítimas de América del Sur, lo convierte en un punto de gran valor para la proyección de poder de Washington. El propio presidente norteamericano, Donald Trump, ha subrayado en múltiples ocasiones la importancia de este territorio, siendo un elemento clave en la reciente misión para capturar a Nicolás Maduro. Esta acción no solo refleja la relevancia geográfica de Puerto Rico, sino también la función que podría desempeñar como plataforma de despliegue en operaciones de mayor alcance.

Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha incrementado de manera significativa su presencia en el mar Caribe, especialmente en las zonas marítimas cercanas a Colombia y Venezuela. Actualmente, el despliegue supera en número de efectivos al registrado durante la Guerra del Golfo, contando ya con más de 15.000 militares, la presencia de bombarderos B-52 y con la incorporación del mayor portaaviones de propulsión nuclear de la Armada estadounidense, el USS Gerald R. Ford. La magnitud del despliegue refleja la importancia que la Casa Blanca concede al control de la zona, así como la necesidad de disponer de bases logísticas confiables para operaciones prolongadas.

La ubicación de Puerto Rico lo convierte en una base de apoyo logístico esencial para la gestión de recursos militares hacia Venezuela y el Caribe en general. Históricamente, la isla ha desempeñado un papel crucial en otros conflictos globales. Durante la Segunda Guerra Mundial, albergó la base naval de Roosevelt Roads, en el municipio de Ceiba. Esta base fue operativa entre 1943 y 2004, cuando fue desmantelada debido a la presión de la población local contraria a la presencia militar. Durante la Guerra Fría, Puerto Rico volvió a ocupar un lugar estratégico en la proyección de poder norteamericano en el Caribe, particularmente por su cercanía a Cuba y su capacidad para albergar una infraestructura militar avanzada, incluyendo aeródromos, radares y puertos para la flota naval.

El estatus de Estado Libre Asociado permite a Estados Unidos desplegar sus fuerzas en la isla sin implicar una ocupación formal, otorgando una flexibilidad diplomática que facilita la logística militar. En el marco de la campaña contra el narcotráfico, Puerto Rico ha visto reforzada su relevancia operativa de tal manera que, desde hace meses, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y la base aérea Muñiz se utilizan para almacenar cazas F-35 operativos, mientras que la antigua base de Roosevelt Roads funciona como eje de apoyo logístico y punto de reabastecimiento para la flota desplegada en el Caribe. Esta infraestructura permite a Estados Unidos mantener operaciones de vigilancia y control del espacio marítimo con rapidez y eficacia.

La opinión de la población local ante este incremento de la presencia militar estadounidense no es homogénea. Por un lado, la mayor parte de la sociedad puertorriqueña percibe la llegada de personal militar y la ampliación de la infraestructura como una oportunidad económica, debido a los empleos directos e indirectos que genera, así como los beneficios asociados con la inversión federal en servicios, transporte y seguridad. Por otro lado, existen ciudadanos más críticos que perciben con recelo la militarización actual por los posibles impactos ambientales y las acciones llevadas a cabo por la administración Trump contra múltiples embarcaciones en el Caribe.

Precisamente, uno de los aspectos más controvertidos dentro de este despliegue ha sido la neutralización de embarcaciones supuestamente vinculadas con el narcotráfico. Hasta la fecha, Estados Unidos ha informado de haber atacado ya más de 20 embarcaciones, lo que ha provocado la muerte de decenas de personas. Sin embargo, no se han publicado pruebas concretas sobre la carga que transportaban ni la identidad de los tripulantes, más allá de las afirmaciones de que podrían estar vinculados con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles. Estas acciones han generado debate sobre la legalidad internacional y sobre si pudieran considerarse crímenes de guerra, dado que la evidencia pública sobre la participación de los tripulantes en actividades delictivas es bastante limitada. Las operaciones han sido dirigidas por el secretario de defensa Peter Hegseth, quien ya ha mantenido algunos momentos de disonancia con los procedimientos de Trump.

La respuesta venezolana ante este despliegue fue variada. Por un lado, se intensificaron las campañas de propaganda sobre las capacidades defensivas del país, mostrando material militar, personal de maniobras y la movilización de civiles para recibir instrucción militar. Por otro lado, el ya expresidente Nicolás Maduro buscó desarrollar un discurso de desescalada. Sin embargo, como se ha podido demostrar recientemente, estas acciones no han tenido ningún éxito. La combinación de estas dinámicas internas y externas configura un escenario regional complejo, donde la estabilidad política, económica y social de Venezuela se encuentra directamente condicionada por la capacidad de Estados Unidos de proyectar su influencia desde posiciones estratégicas como Puerto Rico.

A pesar de la reciente captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, acusado de fomentar y liderar el narcotráfico en la región, Puerto Rico continuará siendo muy relevante para los intereses de la Casa Blanca en la zona. A continuación, se presentan una serie de escenarios prospectivos en los que la isla continuaría ejerciendo como base de operaciones:

Escenario con posibles nuevas intervenciones militares limitadas

En este escenario, la marina y la fuerza área continuarían realizando ataques selectivos contra el Tren de Aragua, el Cártel de los Soles y otras redes criminales, combinados con operaciones terrestres puntuales para debilitar sus capacidades logísticas y de transporte. Estas operaciones, que podrían realizarse en territorio venezolano y colombiano, aumentarían la tensión diplomática con ambos gobiernos y podría reforzar el apoyo residual al régimen chavista al presentarse como la víctima de una agresión externa. Puerto Rico desempeñaría un papel de centro de mando y apoyo logístico, ofreciendo aeropuertos, bases y almacenes para coordinar las operaciones con un riesgo mínimo para el territorio continental estadounidense.

Escenario de acción militar a gran escala

La captura de Maduro no implica necesariamente el fin de la presencia militar norteamericana en la zona. Estados Unidos podría aprovechar este despliegue sin precedentes para asegurarse un nuevo equilibrio favorable en la región. La intervención incluiría campañas aéreas, bloqueos navales, operaciones terrestres y el control de infraestructuras estratégicas, con el objetivo de desarticular las capacidades remanentes del régimen y limitar la influencia de aliados externos como Irán, Rusia y China. Este escenario, aunque militarmente viable, implicaría un alto coste económico y humano, y conllevaría riesgos significativos de escalada regional y desgaste internacional. En este contexto, Puerto Rico funcionaría como retaguardia estratégica, suministrando soporte logístico, alojamiento de tropas y mantenimiento de aeronaves, además de servir como centro de operaciones de inteligencia y comunicaciones.

Escenario de prolongación del despliegue y gestión de la transición venezolana

En este caso, Estados Unidos optaría por mantener un despliegue militar prolongado en el Caribe, evitando una intervención directa a gran escala, pero utilizando su presencia naval y aérea como herramienta de contención, disuasión y presión sobre Venezuela. La presencia militar prolongada en el Caribe permitiría a Washington influir directamente en el desarrollo de la transición venezolana, incluyendo acciones sobre el terreno si fuera necesario. El mantenimiento de fuerzas navales y aéreas facilitaría el control de rutas marítimas, la protección de infraestructuras energéticas y la supervisión del flujo de recursos en un momento crítico para el país latinoamericano. Al mismo tiempo, esta estrategia podría combinarse con apoyo diplomático y económico, así como la planificación de asistencia humanitaria. Puerto Rico desempeñaría un papel clave como plataforma logística permanente y punto de apoyo para la rotación de fuerzas, así como para la planificación de escenarios de estabilización y ayuda humanitaria en caso de colapso gubernamental. Aunque este enfoque permitiría a la Casa Blanca minimizar los costes políticos y humanos de una intervención directa, también entraña riesgos significativos, como la posibilidad de una crisis social prolongada, episodios de violencia interna o una extensión indefinida del conflicto sin una resolución clara.

En cualquier caso, Puerto Rico continuará siendo un elemento clave para la proyección del poder estadounidense en el Caribe. Su infraestructura militar, las capacidades logísticas, la proximidad geográfica a zonas de interés y la estabilidad social lo convierten en una posición esencial para cualquier operación regional de Estados Unidos. La importancia estratégica de Puerto Rico se mantiene tanto en el presente, a través del despliegue actual, como en el futuro, al servir de base para operaciones militares de distinto alcance que la Casa Blanca pueda considerar en función de la evolución política y social de Venezuela y del Caribe.