Bukele, ¿dictador?

El pasado 8 de agosto, la diputada opositora Claudia Ortiz –partido Vamos– presentó ante la Corte Suprema de El Salvador una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma constitucional aprobada el 31 de julio por la Asamblea Legislativa –dominada por el oficialismo– que habilita la reelección presidencial indefinida y amplía el mandato de cinco a seis años.

Ortiz argumentó que la medida viola el principio de constitucionalidad de alternancia del poder. La reforma también unifica las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y elimina la segunda vuelta electoral.

Diversas organizaciones de derechos humanos y la CIDH calificaron la reelección indefinida como un retroceso democrático y pidieron reconsiderar la reforma. Bukele, popular por su ofensiva contra las pandillas salvadoreñas pero cuestionado por su régimen de excepción, ya había sido reelegido en 2024 gracias a un fallo judicial favorable pese a la prohibición constitucional vigente en ese momento. La cuestión es ¿Estamos ante un nuevo régimen dictatorial? ¿Es Bukele un nuevo Maximiliana Hernández?

Veamos el origen cronológico

En 2019, Nayib Bukele llegó a la presidencia de El Salvador rompiendo con el histórico bipartidismo entre los partidos ARENA y FMLN. Con un estilo directo y un gran dominio de las redes sociales, se presentó como un líder ágil, pragmático, diferente, centrado en combatir la violencia y modernizar su país.

En marzo de 2022, tras una cadena de homicidios atribuidos a las pandillas, el gobierno decretó el régimen de excepción, suspendiendo varias garantías constitucionales, como el derecho a la defensa inmediata y la necesidad de orden judicial para llevar a cabo arrestos. Bajo esta medida, se detuvieron a más de 80,000 personas, lo cual, redujó drásticamente los casos de violencia. Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales han denunciado abusos, detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos humanos. 

En 2021, la Sala de lo Constitucional –renovada por una Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo– reinterpretó la Constitución para permitir la reelección presidencial inmediata, hasta entonces prohibida. Gracias a esa decisión, Bukele pudo competir en las elecciones de 2024, que ganó con amplía mayoría.

El 31 de julio de 2025, el Congreso, dominado casi por completo por el oficialismo de Bukele, aprobó en trámite exprés una reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida, amplía el mandato de cinco a seis años, unifica las elecciones y elimina la segunda vuelta electoral. La oposición, con apenas tres diputados, no pudo hacer nada.

Tanto partidos opositores como organizaciones de derechos humanos han calificado estos cambios como un golpe a la democracia y a la alternancia de poder. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la reelección indefinida representa un serio retroceso para el Estado de derecho en El Salvador. Bukele, por su parte, sostiene que sus decisiones responden al mandato popular y a la necesidad de mantener la seguridad alcanzada durante su administración.

Punto jurídico-legal y constitucional

Analizando la situación actual desde la perspectiva del derecho constitucional salvadoreño, la legalidad vigente y la jurisprudencia relevante, para entender por qué la reelección indefinida es tan controvertida, podemos observar que:

Desde el marco constitucional original: La Constitución de la República de El Salvador de 1983 establecía límites claros para evitar la concentración del poder en el Ejecutivo:

• Art. 152: No pueden ser candidatos a la Presidencia quienes hayan ejercido el cargo en el período inmediato anterior.

• Art. 154: El período presidencial dura cinco años, y comienza y termina en fecha fija.

• Art. 88: La alternancia en el ejercicio de la Presidencia es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno. La infracción de esta norma obliga a la insurrección.

  
  

Estos artículos fueron redactados para impedir la reelección inmediata y blindar la alternancia, en respuesta a la experiencia histórica salvadoreña de dictaduras militares.

Asimismo, la Sala de lo Constitucional había emitido sentencias reiteradas (2003. 2014..) en las que interpretó que:

• El presidente debía esperar al menos diez años –dos períodos presidenciales– para volver a postularse.

• La prohibición era directa y no podía modificarse mediante interpretación judicial ordinaria, solo mediante proceso de reforma constitucional siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 248.

  
  

En consecuencia, en mayo de 2021, la Asamblea Legislativa –dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas y aliados– destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General sin seguir el procedimiento establecido para la remoción. Esto fue ampliamente criticado como una ruptura del orden constitucional y una afectación a la independencia judicial.

En septiembre de 2021, la nueva Sala emitió una resolución inédita interpretando que el pueblo tiene derecho de reelegir al presidente de forma inmediata si así lo decide, y que el único impedimento sería que alguien ejerza la presidencia por más de dos períodos consecutivos. Este fallo contradijo toda jurisprudencia anterior y fue la base legal para que Bukele se presentara en 2024.

Así pues, la actual reforma enfrenta ciertos problemas legales. En concreto, el artículo 248 establece que las reformas a la Constitución deben aprobarse en dos legislaturas distintas y no pueden reformarse ciertos artículos, entre ellos los relacionados con la forma y el sistema de gobierno –lo que incluiría la alternancia en el poder–. De igual forma, la reforma fue aprobada en una sola legislatura y afecta a principios considerados “cláusulas pétreas” por la doctrina constitucional salvadoreña. Por tanto, existe un argumento sólido para afirmar que esta modificación es inconstitucional de origen.

En tal forma, el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –Opinión Consultiva OC-28/21–, ha señalado que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano y su habilitación puede ser contraria a la Convención Americana, ya que limita la alternancia y favorece la concentración de poder. Esto significa que, incluso si la reforma fuera aceptada internamente, podría ser impugnada en el sistema interamericano.

¿Realmente es dictatorial?

Una buena que hemos de cuestionarnos es si realmente esta reforma se puede considerar “autoritaria” o legítima. No basta con comparar un único aspecto, sino que hay que ver el contexto completo: las instituciones, el respeto a la ley, la independencia de los poderes y los derechos humanos. En tal forma:

Países como España, Irlanda o Noruega no tienen límite para la cantidad de mandatos que un jefe de Estado o de Gobierno pueden cumplir, pero esos casos funcionan en unos contextos distintos:

• España: El Jefe del Estado es el rey, y el presidente del gobierno no tiene límite formal, pero está sujeto a la confianza del Parlamento y elecciones periódicas libres y competitivas.

• Irlanda y Noruega: No hay límite formal para la reelección, pero el sistema parlamentario implica que el Ejecutivo depende del apoyo legislativo, hay alternancia y control político real.

  
  

En resumen, la reelección indefinida no es mala per se, pero es la calidad institucional la que determina si se mantiene la democracia o se deriva hacia un régimen autoritario. Así pues, el actual problema principal en El Salvador no es lo la reelección, sino que:

• La independencia judicial está cuestionada por la destitución irregular de magistrados.

• La Asamblea Legislativa está controlada casi por completo por el oficialismo.

• Se han reducido las garantías democráticas, como eliminar la segunda vuelta.

• Existen denuncias de violaciones a los derechos humanos bajo régimen de excepción.

• La oposición política es muy limitada en representación y acción.

  
  

Estos elementos suman un patrón donde la reelección indefinida puede facilitar la perpetuación en el poder sin controles efectivos, lo que es típico de regímenes autoritarios o dictatoriales.

No todos los gobiernos con problemas de democracia son dictadores, pero cuando se concentran todos los poderes en un solo actor o partido, se eliminan los controles y equilibrios, restringen las libertades y derechos fundamentales o se manipulan las reglas electorales para favorecer a un grupo, existe un riesgo alto de que la democracia se convierta en autoritarismo.

Países como los mencionados, Alemania, Reino Unido, Canadá, Australia, Italia o Israel, tampoco cuentan con límites a la reelección presidencial. Además, países como España, Israel o Reino Unido están sufriendo graves ataques y derivas que pueden erosionar gravemente la calidad democrática, especialmente por la falta de un sistema parlamentario fuerte, la independencia judicial, la persecución o limitación a medios de comunicación o la corrupción sistemática. Por lo tanto, El Salvador no es un caso aislado, ni mucho menos, tan solo uno de los más populistas y conocidos por la figura que los lidera.

La reelección no es necesariamente mala ni sinónimo automático de dictadura. Puede ser perfectamente compatible con las democracias sólidas. Pero para ello, El Salvador va a tener que mantener unas instituciones fuertes e independientes, controles y contrapesos efectivos, respetar los derechos humanos y las libertades civiles, permitir la existencia de una competencia política real y elecciones libres, transparentes y justas. Por ahora, el gobierno de Bukele viola o vulnera todos los puntos, justificando la efectividad pragmática administrativa frente a los procesos burocráticos.

Opinión pública salvadoreña

Lo cierto es que Bukele goza de una alta aprobación, principalmente porque su gobierno ha reducido muy significativamente la violencia y la criminalidad, uno de los mayores problemas que afectan al país desde hace décadas.

La llamada “guerra contra las pandillas” ha generado sensación de seguridad en amplios sectores de la población, quienes ven en Bukele una figura de líder fuerte que no se achanta ante las amenazas.

Asimismo, muchos salvadoreños están cansados de la corrupción, la ineficacia y los abusos que los partidos tradicionales habían cometido previamente. Bukele se presenta como un “outsider” y un cambio frente a esa política. En consecuencia, El Salvador nos deja una reflexión vital: Hemos de reclamar que los partidos y los políticos no abusen de su poder, ya que el descuido del sistema puede desencadenar reacciones imprevistas y a veces peligrosas.

Para una parte de la población, la seguridad y la estabilidad pesan más que las preocupaciones sobre límites democráticos o libertades políticas. El sacrificio de ciertas libertades puede ser visto como un mal necesario para garantizar la paz y el progreso, especialmente en un país que estaba sumergido en décadas de violencia y corrupción. 

Asimismo, existen medios de comunicación y redes sociales que apoyan o están influenciadas por los oficialistas de Bukele, lo que genera una narrativa oficial favorable que minimiza las críticas. Esto limita las opiniones y la posibilidad de un debate amplio y equilibrado, el cual tampoco se daba previamente.

Bukele ha impulsado proyectos simbólicos y de infraestructura que generan orgullo nacional y sensación de progreso. Su imagen juvenil y comunicativa conecta bien con sectores urbanos y jóvenes.

Muchos ven en Bukele un líder que puede mantener la estabilidad y continuar con proyectos que consideran positivos. Temen que la alternancia lleve a un retroceso en seguridad o corrupción, percibiendo la reelección como una forma legítima si la ciudadanía la aprueba.

Conclusión y reflexiones finales

El caso de El Salvador no es ni único ni aislado; es el resultado de décadas de atraso, crisis institucional y fracaso de las élites políticas tradicionales que dejaron al país sumido en inseguridad, corrupción y falta de oportunidades. La reelección indefinida aprobada por Nayib Bukele responde a un contexto complejo donde la ciudadanía, cansada de violencia y desorden, buscó en una figura un cambio radical y un proyecto de estabilidad, aunque esto implique riesgos para la democracia y la institucionalidad.

Sin embargo, esta concentración del poder y debilitamiento de contrapesos no es una solución sostenible a largo plazo. Una figura política que no logra dejar un legado institucional sólido simplemente es eso: una figura. Cuando esa persona se vaya, sin un sistema robusto, el país puede enfrentar de nuevo crisis y desorden, como ha ocurrido en muchas naciones con liderazgos personalistas.

Por eso, aunque el contexto salvadoreño justifica en parte las medidas adoptadas y la popularidad de Bukele, no se puede considerar “correcta” o saludable la vía de la reelección indefinida en un ambiente de debilidad institucional y falta de alternancia real. Aun así, tampoco las vías tradicionales –con partidos plagados de corrupción y violencia– ofrecían una alternativa viable para el desarrollo y la paz social que busca la población.

Finalmente, Bukele es también objeto de ataques de políticos en parte por su estilo populista y su capacidad para conectar directamente con la gente, lo que incomoda a muchos líderes y grupos de poder. Estos críticos a veces exageran o se ceban en sus errores, mientras que ellos mismos enfrentan cuestionamientos serios. Esto muestra que, detrás del debate sobre reelección y democracia, también hay luchas políticas e intereses en juego, que complican aún más la situación y la solución.

En resumen, El Salvador vive una encrucijada donde la búsqueda de seguridad y desarrollo choca con la necesidad urgente de fortalecer las instituciones democráticas para evitar que la concentración del poder derive en autoritarismo y crisis futuras.