Costa Rica bajo el asedio del narcotráfico: ¿puede un país sin ejército enfrentar la nueva violencia?

Costa Rica ha sido durante décadas una anomalía en América Latina. En una región marcada por dictaduras, conflictos armados y golpes de Estado, el edén centroamericano construyó su identidad sobre la decisión de abolir su ejército en 1948, prefiriendo apostar a la educación y la salud de sus ciudadanos. Desde entonces, Costa Rica se presentó ante el mundo como una democracia estable, un referente de paz y un destino de “pura vida” en medio de una región convulsa.

Hoy, mientras el mundo admira sus playas y selvas, esta imagen empieza a resquebrajarse. En los últimos años, el narcotráfico ha convertido al país en una ruta clave para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y Europa. Su ubicación estratégica, entre los grandes productores de cocaína en Sudamérica y los principales mercados de consumo, en el norte del continente, ha hecho el país un punto de tránsito atractivo para organizaciones criminales transnacionales. El narcotráfico parece ser el tema estrella de la agenda regional estos días. Tanto así que, incluso, el presidente Donald Trump parece ya saber ubicar San José (Capital del país) en el mapa, luego de que este lo incluyera en un listado publicado el 15 de septiembre del 2025 sobre los peores países del mundo en materia de seguridad.

Dejando de lado las opiniones del líder, la realidad es que Costa Rica ha experimentado un aumento sin precedentes de la violencia a partir del año 2023, considerado el año más violento de la historia nacional con 907 crímenes para una tasa de homicidio del 17,2 por cada 100 mil habitantes. Durante el 2024, Costa Rica comenzó a aparecer junto a países como Honduras y Guatemala en los registros regionales de narcotráfico. Para dimensionar lo que esto implica, Honduras se ha posicionado como el país más violento de Centroamérica según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lo que evidencia la gravedad del fenómeno,  

  La paradoja es evidente: un país sin ejército enfrenta una guerra que no declaró. Una guerra sin frentes definidos, sin enemigos visibles y sin una estrategia militar clásica. El narcotráfico no solo atraviesa el territorio, sino que erosiona el tejido social, desafiando la autoridad del Estado y pone en entredicho, en un escenario regional cada vez más inestable, uno de los pilares fundamentales del proyecto costarricense: la seguridad sin militarización. 

De la guerra civil al “Pura Vida”: el país que cambió soldados por escuelas 

Fue en un contexto dominado por la lógica belicista de la Guerra Fría, y en plena reconfiguración geopolítica, cuando José Figueres Ferrer- líder de la Revolución de 1948- abolió el ejército al término de la Guerra Civil y ordenó dinamitar el cuartel Bellavista frente a una multitud emocionada y un tanto dudosa. Esa guerra civil, que duró solo 44 días entre marzo y abril de 1948 pero dejo unos 3,000 muertos en un país de menos de 1 millón de habitantes en ese entonces, enfrentó a fuerzas lealistas del gobierno de Teodoro Picado, aliadas a comunistas del Partido Vanguardia Popular, contra los rebeldes de Figueres, que luego de haber sido expulsado del país en 1942 por impulsar protestas del sector empresarial alemán y germano-costarricense que estaban siendo sometidos por medidas represivas de parte del gobierno, regresa en 1944 convertido en líder político de los sectores opositores al gobierno de Picado y Rafael Calderón Guardia.

Las elecciones de 1948 enfrentaron a Otilio Ulate, candidato de la oposición y compañero de José Figueres, contra Calderon, reflejando la polarización política arrastrada durante los años anteriores. Las elecciones dieron como vencedor a Ulate, pero su resultado debía ser ratificado por el Congreso Nacional, entonces dominado por republicanos y comunistas. El informe electoral presentado al Congreso, acompañado del voto disidente de un magistrado, derivó en la anulación de los comicios. Esta decisión se convirtió en el detonante de la Guerra Civil de 1948, que comenzó el 12 de marzo con el alzamiento armado liderado por Figueres.

Motivado por el trauma que dejó el conflicto armado interno, el temor a que Costa Rica repitiera el ciclo de golpes militares que azotaron a gran parte de América Latina y la convicción de que un ejército pequeño y altamente politizado representaba una amenaza interna mayor que una garantía de defensa externa, Figueres apostó el 1 de diciembre de 1948 por desmantelar ese poder antes de que se convirtiera en un factor de inestabilidad. Esta medida quedó consagrada en la Constitución Política de 1929 art. 12. aboliendo permanentemente las Fuerzas Armadas. La decisión no sólo redefinió el modelo de seguridad del país convirtiéndolo en el primer país del mundo en no tener ejército, sino que desde entonces todo el gasto militar por ley se traspasó a la educación y salud pública, estimadamente entre el 4% y el 7% del producto interno bruto de la época. Con ello, Costa Rica establece los cimientos de un Estado de bienestar social orientado a la prevención estructural de la violencia.  

Cuando Fernando Volio, representante costarricense ante la ONU destacó esta experiencia como contribución pionera a la paz mundial, no recibió elogios sino cuestionamiento que tildaban al país de “sub-Estado” indigno del respecto global y comparable a un “mini-Estado” vulnerable sin capacidad defensiva. Circularon incluso rumores de que la proscripción era una fachada, con un ejército camuflado detrás de la policía civil. Sin embargo, con el tiempo Costa Rica demostró lo contrario: su neutralidad facilitó mediaciones en crisis centroamericanas, albergó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1979 y se posicionó como líder en desarme global, transformando el escepticismo inicial en admiración por la “Suiza centroamericana”. Su reputación como país pacífico y seguro se convirtió en un activo clave para el turismo a récord de 2.6 millones de visitantes en 2024, y se encuentra en el puesto 62 de 193 países del Índice de Desarrollo Humano (2023).

¿Cuándo el narcotráfico se convirtió en una amenaza para Costa Rica?  

El narcotráfico irrumpió como una amenaza grave en Costa Rica desde aproximadamente 2010, cuando los principales cárteles colombianos y mexicanos comenzaron a utilizar el país como corredor para el tránsito de cocaína hacia Estados Unidos y el Viejo Continente. La combinación de 1290 km de costas porosas, una ubicación geográfica bisagra y puertos previamente orientados a la exportación agrícola, como Limón-Moín y Puntarenas, facilitó inicialmente un tránsito relativamente discreto. Sin embargo, tras 2018, esta dinámica escaló: el Clan del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) establecieron alianzas con bandas locales, especialmente con el Caribe Sur y los Picudos, consolidando una presencia más estructurada. En 2025, los decomisos de droga alcanzaron alrededor de 60 toneladas, pero los flujos persisten, mientras el país enfrenta la presencia creciente de drogas sintéticas, como el fentanilo, que añade complejidad a la crisis.

Asimismo, también pensamos que se suman factores regionales implicando la reconfiguración de las rutas criminales. Las políticas públicas y medidas represivas implementadas en países vecinos con alta presión del crimen organizado, como Honduras, El Salvador y Guatemala, generaron un efecto desplazamiento buscando territorios menos saturados. Además, la pandemia disparó el desempleo juvenil facilitando el reclutamiento local por parte de las redes de narcotráfico y alimentando tanto el tránsito como el consumo interno.

Las debilidades estructurales del Estado han facilitado aún más la infiltración de estas organizaciones. La vigilancia limitada de fronteras con Nicaragua y Panamá, la insuficiencia de recursos de la policía y la corrupción judicial han creado un entorno donde los grupos criminales pueden operar con facilidad. Esta vulnerabilidad se evidencia en casos recientes de alto perfil. El 23 de junio de 2025, Celso Gamboa, exministro de Seguridad entre 2014 y 2025, fue capturado en San José tras una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos por cargos de conspiración y complicidad en el tráfico y distribución de cocaína. El caso Gamboa no es un hecho aislado. El 1 de julio de 2025, la Corte Suprema solicitó al Congreso retirar la inmunidad del presidente Chaves Robles para que pueda enfrentar investigaciones por corrupción. Además, se ha registrado una ola de casos que involucran a jueces, fiscales, abogados y personal administrativo presuntamente implicados en el fraude registral, apropiaciones indebidas de propiedades y lavado de dinero a través de terrenos en desuso.

Costa Rica ha dejado de ser un tránsito relativamente discreto y se enfrenta hoy a un fenómeno complejo de seguridad, económico y social de amplio alcance. Con todo esto sobre la mesa, las elecciones del 2026 serán un escenario clave donde se jugará mucho más que votos.

Bajo el fuego del crimen: un país en transformación

La tasa de asesinatos pasó de 10 por cada 100,000 habitantes en 2010 a 16,7 por cada 100,000 habitantes en 2025, con 873 homicidios registrados, mayoritariamente concentrados en las zonas de Limón, San José y Puntarenas, posicionando al país en su tercer año consecutivo con niveles históricamente altos. Entre el 60 y 70% de estos crímenes están vinculados al narcotráfico, principalmente ajustes de cuentas entre bandas. Las víctimas son mayoritariamente jóvenes entre 18 y 39 años, aunque los civiles colaterales, incluidos niños afectados por extorsiones, también sufren las consecuencias de esta violencia organizada.

La vida de los costarricenses se ha transformado completamente. Según la encuesta CIEP de 2025, el 68% de los habitantes perciben un alto nivel de inseguridad. Comercios han cerrado, escuelas han tenido que ser evacuadas por tiroteos, y en zonas bajo control de redes narco, los “toques de queda” informales regulan la vida social. La economía también resiente la crisis. El turismo, que representa aproximadamente el 8% del PIB, sufrió una caída del 5% en reservas de hoteles o servicios turísticos durante 2025 debido a robos y asaltos en playas.

La crisis del narcotráfico en Costa Rica refleja como un fenómeno transnacional puede impactar incluso a un país históricamente percibido como seguro y estable. La narrativa social y política se encuentra fracturada: el tradicional lema “Pura Vida” choca con la realidad de la “guerra narco”, generando tensiones culturales y debates políticos. El presidente Rodrigo Chaves declaró que Costa Rica enfrenta un “Estado contra las mafias” y ha propuesto medidas de políticas de mano dura. Y aunque muchos podrían encontrarse la magnitud de la crisis menor en comparación con países vecinos, su intensidad relativa es significativa, especialmente considerando se está empezando a cuestionar si la ausencia de ejército en Costa Rica, hasta ahora un símbolo de paz, sigue siendo suficiente para enfrentar los retos que impone el narcotráfico y las nuevas dinámicas del poder internacional.