Ceuta y Melilla ante la tensión entre España y Marruecos: soberanía, migración y cooperación bilateral

«Tenemos una política sobre este expediente que requiere respirar mucho. Marruecos se aferra a su territorio, y el expediente necesita paciencia, y queremos resolverlo mediante el diálogo». - Abdellatif Ouahbi, ministro de Justicia de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. (Serrano Montero, 2026). 

Hay declaraciones que, pronunciadas en otro momento, probablemente habrían terminado como una más dentro de la larga lista de desencuentros entre España y Marruecos. El problema es que estas palabras han llegado en mitad de una crisis todavía abierta en Ceuta, pocos días después de una entrada masiva de 80.000 personas -entre las cuales hay ya más de 1.400 menores registrados- desde territorio marroquí, con una amenaza de una posible repetición en unos días. Por tanto, estas palabras llegan en un momento en el que la frontera vuelve a demostrar hasta qué punto la cooperación entre ambos países puede pasar de funcionar a convertirse en un problema en cuestión de horas.

La reclamación marroquí no es nueva. Presentarla como tal sería exagerar bastante lo ocurrido. De hecho, forma parte de una tradición territorial mucho más amplia que tuvo una de sus expresiones más conocidas en la idea del Gran Marruecos, popularizada por el nacionalista Allal al-Fassi después de la independencia y que imaginaba unas fronteras marroquíes considerablemente mayores que las actuales, extendidas hacia el Sáhara Occidental, Mauritania y otros territorios de la región (Pennell, 2000). 

Esta no es una doctrina precisamente nueva, pero sí sirve para entender el trasfondo histórico de las aspiraciones que afirma Ouahbi. Tampoco es la primera vez que Rabat cuestiona la soberanía de las dos ciudades autónomas. Sin ir más lejos, en diciembre de 2020, el entonces jefe del Ejecutivo, Saadeddine El Othmani, ya situó públicamente a Ceuta y Melilla como una cuestión territorial pendiente para Marruecos, provocando incluso la convocatoria de la embajadora marroquí por parte de Exteriores. Lo verdaderamente novedoso de lo expuesto por Ouahbi es la existencia de una política a largo plazo declarada públicamente que necesita paciencia y pretende resolverse mediante el diálogo. Además, la última frase plantea el hecho de que el gobierno de España conoce estas reclamaciones: «en cada reunión que tenemos con España planteamos la cuestión». (Serrano Montero, 2026). 

Cuando una frase deja de ser una frase

Los matices son los que hacen de ésta una cuestión distinta. Un ministro marroquí en ejercicio está describiendo públicamente la soberanía de dos ciudades españolas como un expediente pendiente, una política a futuro y asegurando que forma parte habitual de las conversaciones con Madrid. Marruecos no ha cambiado de posición en ningún momento, es la forma tan explícita, unido al momento tan crítico que están viviendo estas dos ciudades debido a la crisis migratoria recientemente sucedida, lo que ha cambiado el tono.

Apenas unos días antes, Ceuta había sufrido una entrada masiva desde Marruecos que desbordó temporalmente buena parte de sus capacidades. Desde Naciones en Ruinas ya hemos analizado cómo la cooperación marroquí convierte la frontera en un posible instrumento de presión cuando deja de funcionar. Europa tiene incluso un término para situaciones de este tipo: instrumentalización de migrantes, cuando un tercer país facilita movimientos hacia la frontera con el objetivo de presionar o desestabilizar a un Estado miembro. La normativa europea ya contempla expresamente ese escenario (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2024). Eso no demuestra que Marruecos organizara la entrada del pasado 30 de julio. A día de hoy no hay información pública suficiente para afirmar algo semejante y mezclar sospechas con hechos terminaría debilitando el argumento. Sí existe, en cambio, un precedente bastante cercano. La utilización de la frontera durante la crisis de Ceuta de 2021 ha sido estudiada posteriormente como un episodio de migración coercitiva destinado a aumentar la presión sobre España.

Las reacciones no tardaron en llegar. El presidente de Ceuta rechazó las palabras de Ouahbi afirmando que «no tienen ningún fundamento» y lo resumió después en cuatro palabras: «Ceuta es España (...) Lo quieren los ceutíes. Todos los ceutíes. Recen como recen y se llamen como se llaman». Ceuta no es únicamente una frontera frente a Marruecos o una pieza dentro de una disputa diplomática. Es una ciudad española cuyos habitantes forman parte de sus instituciones, son frontera exterior de la UE, son Schengen y han expresado reiteradamente su voluntad de continuar haciéndolo. Vivas insistió precisamente en que la historia, el derecho y, sobre todo, los propios ceutíes sostienen esa realidad.

Exteriores respondió unas horas antes en términos igualmente claros. Fuentes del Ministerio dirigido por José Manuel Albares señalaron que «la españolidad de Ceuta y Melilla está fuera de toda duda» y añadieron: «Ceuta y Melilla forman parte de la integridad territorial de España reconocida internacionalmente. La integridad territorial de España ni se ha tratado ni se tratará nunca con nadie». (Yagüe, 2026). Esto muestra una contradicción manifiesta entre lo declarado por el Ejecutivo español y marroquí con dos versiones que no encajan.

No sabemos qué ocurre exactamente dentro de unas reuniones diplomáticas que no son públicas. Sí sabemos lo que cada Gobierno ha decidido contar sobre ellas. Si la versión marroquí es correcta, Rabat estaría introduciendo periódicamente una reivindicación territorial en sus contactos con Madrid. Si atendemos a la española, el Gobierno ni siquiera ha permitido que esa soberanía se convierta en materia de negociación. Más que la enésima reclamación marroquí sobre Ceuta y Melilla, algo que tiene décadas de recorrido, lo verdaderamente llamativo está en que dos gobiernos que presumen de mantener una relación estrecha describan de forma tan distinta qué hablan cuando se reúnen.

A esa respuesta, aunque con un tono menos diplomático y más propio, se sumó la ministra de Defensa, Margarita Robles. En su visita a Ceuta, aseguró que «Ceuta y Melilla no es que sean españolas, es que son españolísimas. Y no se tocan». Estas declaraciones son significativas en tanto que viene de otra cartera distinta del Ejecutivo español, que además ha mantenido una posición más dura en esta crisis hacia Marruecos que la mostrada por Exteriores, quien sigue abogando por la cooperación con Rabat. De hecho, Robles ya había pedido investigar a Rabat «hasta el final» sobre qué ocurrió durante la entrada masiva. La ministra fue mucho más allá al presentar cualquier agresión contra las ciudades como una agresión a España en su conjunto, disipando cualquier distancia conceptual entre la defensa de Ceuta y Melilla y la del resto de ciudades del territorio nacional. 

Y mientras Madrid intentaba cerrar filas sobre la soberanía mediante declaraciones con tonos diversos, Ouahbi fue nuevamente protagonista abriendo otro frente. El mismo 12 de agosto, aseguró a la agencia EFE que Marruecos estaba estudiando «la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo de extradición entre Marruecos y España», alegando incumplimientos españoles en determinadas entregas solicitadas por los tribunales marroquíes (Agencia EFE, 2026). A pesar de no tener relación directa con la soberanía ceutí y melillense, sí es una nueva forma de tensar por otro lado la cuerda- España y Marruecos cuentan con un convenio bilateral de extradición firmado en Rabat en 2009 y plenamente en vigor desde septiembre de 2012. Su artículo primero establece el compromiso recíproco de entregar, bajo las condiciones previstas en el propio acuerdo, a personas procesadas por determinados delitos o buscadas para ejecutar penas privativas de libertad (BOE, 2009; BOE, 2012).

Por ahora Marruecos no ha denunciado formalmente el convenio. Ouahbi se ha limitado a plantear una posible suspensión de su aplicación, mientras que el propio tratado prevé otra vía para ponerle fin: cualquiera de las dos partes puede denunciarlo mediante una comunicación escrita por vía diplomática, con efectos un año después de su envío. La relevancia en estos términos es más el momento para introducirla que una ruptura inminente. En pocos días, la relación bilateral ha acumulado nuevos focos de fricción de diversa índole, en este caso en materia judicial. Ouahbi sostiene que algunas extradiciones acordadas no llegan a ejecutarse, por lo que puede existir un problema, pero hacerlo público en mitad de esta crisis, le añade inevitablemente una dimensión política (Caraballo, 2026).

Y ahí aparece un problema más amplio. La relación entre España y Marruecos depende de una cooperación constante en inmigración, seguridad, lucha antiterrorista, delincuencia organizada y coordinación policial y judicial. Desde 2019 ambos países cuentan, además, con un convenio específico que abarca terrorismo, tráfico de drogas, trata de seres humanos e inmigración irregular, entre otros ámbitos (BOE, 2022). Cuantos más elementos de esa cooperación entren al mismo tiempo en disputa, más difícil es tratar cada episodio como una crisis aislada y no como un conflicto de intereses holístico.

Ceuta y Melilla no están solas

Conviene aclarar una cuestión que reaparece cada vez que las relaciones con Marruecos se tensan. Ceuta y Melilla son dos ciudades con un encaje particular en el espacio Schengen. El propio Código de Fronteras Schengen mantiene para ambas ciudades reglas específicas y España aplica un doble control: uno en la frontera con Marruecos y otro para determinados desplazamientos desde las ciudades hacia la Península por mar o aire (Unión Europea, 2016; La Moncloa, 2026).

Por otro lado, la cobertura de la OTAN sobre Ceuta y Melilla exige algunos matices. Los artículos 5 y 6 del Tratado del Atlántico Norte no permiten afirmar que la defensa colectiva se aplicaría a ambas ciudades, ya que la delimitación geográfica del segundo no incluye expresamente los territorios españoles situados en el norte de África. 

Esto no significa que España carezca de mecanismos de respuesta. El artículo 4 permite solicitar consultas entre aliados cuando un Estado considere amenazada su integridad territorial, independencia política o seguridad. Por otro lado, en el ámbito nacional, el artículo 8.1 de la Constitución encomienda directamente a las Fuerzas Armadas garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial. A ello se suma una garantía europea bastante menos mencionada: el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que obliga a los demás Estados miembros a prestar ayuda y asistencia si uno de ellos sufre una agresión armada en su territorio, si bien es cierto que es una cláusula pensada para un escenario mucho más grave que una crisis migratoria o unas declaraciones. (Unión Europea, 2012; OTAN, 1949; Constitución Española, 1978).

Desde Naciones en Ruinas continuaremos analizando más allá sobre lo ocurrido en Ceuta y hemos insistido desde el inicio en que la cooperación migratoria no puede convertirse bajo ningún concepto en un medidor de presión sobre el país vecino. Defender una frontera y respetar la dignidad humana de quienes la cruzan es perfectamente compatible; utilizar seres humanos como instrumento de presión, siempre y cuando sea manifiesto, no.

Sobre nuestras ciudades autónomas hay aún menos margen para la confusión. Se puede discutir la gestión de la crisis, la política del gobierno o el tono de las relaciones bilaterales. Pero la soberanía de las dos ciudades, jamás. Ceuta y Melilla han sido, son y seguirán siendo españolas. Que Marruecos tenga reivindicaciones no hace que España reconozca que exista nada que negociar.