Crimen organizado y corrupción política en México: amenazas a la democracia y las instituciones

En México, cada vez son más los casos que el país enfrenta en materia de corrupción política. Esto afecta a la población, ya que la sucesión de secuestros, asesinatos y amenazas contra ciudadanos y candidatos dificultan cada vez más la libertad de voto, influyendo así en los resultados electorales, donde el narcotráfico juega una gran baza.

Este tipo de corrupción es facilitada por el sistema de partidos políticos en el Estado norteamericano, ya que carece de mecanismos totalmente transparentes en el proceso de selección de candidatos o en la toma de decisiones.

Asimismo, en el origen y uso de recursos públicos y privados, se observa el mismo problema. La dependencia de la financiación externa y los datos ocultos mejoran las condiciones para la proyección y control político de las mafias, obstaculizando y dopando el sistema demcrático al manipular los procesos, imponer candidatos o eliminar opositores.

Según diversas fuentes, el país destina grandes cantidades de dinero a través de intermediarios, mientras que los propios ciudadanos o empresas deben realizar pagos de sobornos, lo cual merma en gran medida los derechos civiles de los mexicanos, más allá del impacto socioeconómico y psicológico del hecho.

Entre las elecciones de 2021 y 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció que la violencia causada por los narcotraficantes limitó la democracia en multitud de municipios, siendo más de 90 los candidatos que fueron asesinados durante el proceso electoral, una cifra alarmante. Solo en 2024, organizaciones como Data Cívica registraron 138 agresiones a candidatos, 10 secuestros, una desaparición, 41 atentados y 14 ataques armados, además de 40 asesinatos.

De cara a las futuras elecciones de 2027, los partidos y las autoridades han reconocido el problema, lo que deja con declaraciones como las de Arturo Chávez: “La delincuencia organizada no tiene ideología política, busca infiltrarse allí donde sea posible, independientemente del color partidista”.

Para intentar “lavar” las elecciones, se producirá una verificación de candidaturas voluntarias por parte de los partidos políticos, los cuales entregarán al INE listas de sus candidatos para la investigación de riesgos para la soberanía.

Pero la violencia no es la única forma de influencia que ejerce el crimen organizado, ya que su objetivo también pasa por conseguir el control de las instituciones. A través de amenazas, sobornos o financiación ilegal, los grupos criminales pueden intentar influir en funcionarios y autoridades locales para facilitar sus actividades, obtener información o garantizar que sus intereses no sean obstaculizados.

De esta forma, el problema deja de ser únicamente una cuestión de seguridad ciudadana y pasa a afectar directamente al funcionamiento de las instituciones y a la capacidad del Estado para ejercer su autoridad.

Mientras esto ocurre constantemente, el 3 de octubre de 2026, en Chiapas, detuvieron a 21 personas, entre ellas al alcalde, mandos policiales y personal del ámbito judicial, en el marco de la Operación Enjambre, coordinada por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas, Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, una clara muestra del deterioro y la putrefacción institucional que atraviesa la nación.

Por otro lado, la Fiscalía investiga desde mayo de este mismo año al menos ocho ayuntamientos del estado de Morelos por su vinculación con el crimen organizado, al cual habría financiado campañas de funcionarios públicos. A causa de un contenido audiovisual difundido en febrero de 2025 en redes sociales, ya había pruebas de estas relaciones, ya que se veía cómo los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, además de otro grupo de funcionarios, se reunían con el líder del Cártel de Sinaloa, alias “El Barbas”, cuyo nombre real es Júpiter Araujo Bernard, lo cual demuestra que no son casos aislados.

Todo ello demuestra que la presencia del crimen organizado no se limita a la violencia en las calles, sino que también supone una amenaza directa para las instituciones y para la propia democracia mexicana, así como para el bienestar institucional y social del país.