Ecuador: el país más peligroso del mundo

La crisis de seguridad en Ecuador comenzó a tomar unas dimensiones alarmantes a partir del año 2020, cuando el país empezó a registrar un crecimiento sostenido en la tasa de homicidios. Hasta ese momento, Ecuador era considerado uno de los países más seguros de la región, con una tasa de homicidios que rondaba los 7 por cada 100 mil habitantes en 2017. Sin embargo, el deterioro acelerado de los indicadores de seguridad pública ha transformado totalmente la percepción. La combinación de factores como el debilitamiento institucional, la penetración del narcotráfico, la crisis carcelaria y el impacto socioeconómico de la pandemia han configurado un cóctel explosivo que se desató con fuerza en los años siguientes.

En Ecuador, la violencia marca capítulos inéditos en la historia reciente. Grupos como Los Choneros, que comenzaron como bandas locales, se han transformado en estructuras criminales con poder real: controlan rutas de narcotráfico, extorsionan, secuestran y dominan las cárceles. La población civil ha sido la más golpeada: miles de familias han abandonado sus hogares por amenazas, extorsiones o el riesgo de que sus hijos sean reclutados a la fuerza.

Desde que el presidente Noboa declaró el “conflicto armado interno” en enero de 2024, las Fuerzas Armadas operan de manera permanente en varios barrios bajo estados de excepción. Sin embargo, las denuncias de organizaciones de derechos humanos apuntan a graves violaciones cometidas por militares y policías: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas.

Paralelamente, nuevas leyes han blindado a los uniformados investigados por estos hechos, lo que ha generado cuestionamientos. Si bien, la situación ecuatoriana impide que los hechos puedan tratarse con el mismo miramiento que en casos occidentales, hecho por el que pecan muchas organizaciones, puesto que la violencia sistemática ha escalado hasta el punto de desbordar al Estado y sus fuerzas del orden hacia una situación desesperada.

Los últimos meses han dejado hechos que reflejan la magnitud de la crisis. En julio, el líder de los Choneros, José Macías, fue extraditado a EEUU, un golpe simbólico para la organización criminal. Un mes antes, en mayo, un ataque en Alto Punino, provincia de Orellana, dejó once militares muertos y un herido durante una operación contra la minería ilegal. Según versiones, los uniformados habrían sido traicionados, ya que los atacantes los esperaban en lo que se presume fue una emboscada planificada.

Mientras tanto, la violencia armada no da tregua en las ciudades: tiroteos en bares, discotecas y espacios públicos se repiten con frecuencia, dejando un saldo constante de víctimas inocentes.

Uno de los últimos hechos ocurrió en Manta, donde fue secuestrada la esposa de un hombre conocido como “Carta Negra” —asesinado hace unos dos años—, quien estuvo vinculado al lavado de dinero en la ciudad. Hasta ahora, no se ha confirmado un pedido de rescate y se desconoce el paradero de la mujer, lo que mantiene expectante a la  población local.

2020-2021: el inicio del todo

El confinamiento por la pandemia de COVID-19 no detuvo a las bandas criminales. Por el contrario, les permitió expandir sus actividades en territorios antes poco disputados, aprovechando las “distracciones” del Estado y la fragilidad económica de la población. El desempleo y la falta de oportunidades sirvieron como caldo de cultivo para el reclutamiento de jóvenes en las filas de grupos delictivos. 

En 2020, los homicidios aumentaron un 30% respecto al año anterior. Pero no fue hasta 2021 cuando el país se estremeció ante las primeras masacres carcelarias que dejaron más de 300 internos asesinados en el año en la Penitenciaría del Litoral y la Cárcel de Turi. Las imágenes de cuerpos desmembrados en las cárceles de Guayaquil y Cuenca mostraron la magnitud de la violencia y evidenciaron la incapacidad del Estado para controlar su propio sistema penitenciario.

Principales líderes delictivos durante estos años

• Jorge Luis Zambrano (muerto), alías “Rasquiña” o “JL”: Se convirtió en líder de los Choneros después de la detención del fundador “Teniente España”. Desde prisión aumentó su influencia reclutando a bandas como Ñetas, Latin Kings y Vatos Locos, y consolidando una federación delictiva que se extendió por todo Ecuador. A pesar de estar preso, ha seguido manejando operaciones criminales. 

• José Adolfo Macías Villamar, alías “Fito”: Mano derecha de Rasquiña. Tras su asesinato en 2020, Macías tomó el liderazgo de Los Choneros y controló las cárceles desde la Regional del Litoral, actuando como “gerente” de la banda. Disfrutaba de privilegios dentro de la cárcel: celda de lujo, internet satelital, celebraciones y hasta grabó un videoclip. Se fugó en enero de 2024, lo que provocó una crisis de seguridad, motines y violencia masiva. Su recaptura en junio de 2025 y posterior extradición hacia EEUU resaltan su enorme influencia.

• Junior Alexander Roldán Paredes (muerto), alías “JR”: Facción armada de Los Choneros después de la muerte de Rasquiña. Desde prisión, dirigía la banda “Los Águilas” y tenía influencia en prisiones como Turi, Guayas, Sucumbíos y Loja. Fue imputado por múltiples asesinatos y operó dentro de los penales con gran poder para introducción de contrabando y ejecución de violencia.

• Wilmer Geovanny Chavarría, alías “Pipo”: Reconocido en prisión como un astro emergente delictivo. Lideró Los Lobos, inicialmente brazo armado de Los Choneros, ganando poder en cárceles de Cuenca y Guayaquil entre 2011 y 2013. Tras la muerte de Rasquiña, rompió con Los Choneros y formó una alianza criminal, la Nueva Generación, junto con Tiguerones y Chone Killers, apoyada por el financiamiento de Leandro Norero.

• William Joffre Alcívar Bautista, alías “Negro Willy”: Exfuncionario penitenciario que se convirtió en jefe criminal de la banda Tiguerones. Desde prisión, controló la organización y su evolución criminal.

• William Humberto Poveda Salazar (muerto), alías “El Cubano”: Llamado “el asesino de directores”, tenía fuerte influencia en La Roca y el sistema penitenciario de Guayaquil. Incluso llegó a dominar rutas de cocaína dentro y fuera de prisión.

• Alan Gustavo Arellano, alías “Doble A”: Tras la muerte de JR en 2023, Arellano asumió el liderazgo de Los Águilas, una facción de Los Choneros. Opera principalmente desde fuera de prisión y mantiene relaciones con el Cártel de Sinaloa.

• Antonio Benjamín Camacho, alías “Ben 10” y Terry Israel Camacho, alías “Trompudo”: Líderes de Los Chone Killers, una facción que surgió tras la fragmentación de Los Choneros. Están vinculados al CJNG y operan en la ciudad de Durán. 

• Federico Gómez, alías, “Fede”: Líder de Los Águilas, actualmente en libertad.

• Jacobo Bucaram: Hijo del expresidente Abdalá Bucaram, fue detenido en 2024 durante una fiesta organizada por Celso Moreiro, alías “Patucho Celso”, líder de Los Chone Killers. Aunque no lidera una banda, la presencia evidencia una posible influencia en el ámbito delictivo y vínculos con altos cargos ecuatorianos.

2022: centros penitenciarios como epicentro

El año 2022 consolidó a las prisiones ecuatorianas como el centro de operaciones de diversos grupos criminales. Las masacres en Guayaquil, Santo Domingo y Latacunga exhibieron no solo la brutalidad de las bandas, sino también la penetración de la corrupción en las fuerzas de seguridad y en la administración penitenciaria. Testimonios de familiares y organizaciones de derechos humanos denunciaron que los internos vivían bajo el mando de líderes criminales que controlaban armas, drogas y comunicaciones desde sus celdas. En paralelo, en las calles la violencia escaló: sicarios a plena luz del día, extorsiones masivas y disputas territoriales en barrios enteros se convirtieron en escenas cotidianas. La tasa de homicidios se disparó a 25 por cada 100 mil habitantes, posicionando a Ecuador entre los países más violentos de Hispanoamericana, un título que nunca había ostentado.

2023: la guerra en las calles

En 2023, la violencia se disparó. Con más de 8,000 homicidios, Ecuador alcanzó la tasa de violencia más alta de su historia contemporánea: 45 por cada 100 mil habitantes. Este récord lo colocó por encima de países tradicionalmente más violentos, como Colombia o México. Ese mismo año, la violencia dejó de ser un fenómeno restringido en cárceles y zonas marginales para expandirse a espacios públicos. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio —del partido Movimiento Construye—, los ataques contra fiscales y jueces, y los atentados con coches bomba en zonas urbanas marcaron un punto de no retorno. 

La criminalidad había infiltrado no solo las cárceles y las calles, sino también el sistema político y judicial. Informes de inteligencia internacional confirmaron que organizaciones extranjeras como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación –ambos mexicanos— habían establecido alianzas estratégicas con bandas locales, transformando Ecuador en un eslabón crucial de las rutas de narcotráfico hacia Europa y Estados Unidos.

2024: el año de la militarización

Ante la magnitud de la crisis, el presidente Daniel Noboa  –en el cargo desde 2023– declaró en enero de 2024 el “conflicto armado interno”. Miles de militares fueron desplegados en las calles para recuperar territorios dominados por pandilleros. Se llevaron a cabo operativos en barrios populares de Guayaquil, Durán y Esmeraldas, así como incursiones en centros penitenciarios.

Aunque las operaciones lograron golpes puntuales contra líderes criminales, los homicidios se han estado manteniendo altos y los grupos delictivos se han reconfigurado, adaptando sus estructuras y expandiendo sus fuentes de financiamiento. Si bien, el gobierno de Noboa ha intentado revertir la situación, todavía es preocupante pese a los considerables golpes de efecto del líder del Partido Renovador Ecuatoriano.

El Insight Crime calificó a Ecuador como el país más violento de Hispanoamérica, con una tasa de 38 homicidios por cada 100 mil habitantes. La militarización, si bien generó una sensación temporal de control, no ha resuelto las causas estructurales de la violencia. La falta de coordinación entre instituciones, la carencia de recursos y las dudas sobre la transparencia en las compras públicas –como las relacionadas con chalecos antibalas defectuosos— alimentaron la percepción de improvisación y de falta de medios propios.

La crisis entre México y Ecuador como punto de inflexión

La crisis entre ambos países destaca en 2024, que derivó en la ruptura temporal de relaciones diplomáticas tras el asalto policial a la embajada mexicana en Quito para detener a Jorge Glas, estuvo indirectamente relacionada con la situación de violencia en Ecuador. Desde 2023, el país enfrentaba una situación de violencia que era insostenible, situación que llevó al presidente Noboa a implementar un plan de guerra contra la violencia, enfocado en combatir bandas criminales, de narcotráfico y el control de prisiones.

Glas, refugiado en la embajada mexicana, era considerado por Ecuador como un fugitivo relevante en este contexto de redes de corrupción y crimen organizado, lo que motivó la operación policial. Aunque México interpretó el asalto como una violación de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, la decisión ecuatoriana estuvo impulsada por la necesidad de neutralizar a líderes vinculados a la violencia estructural del país, mostrando cómo la lucha interna contra el crimen influyó directamente en un conflicto diplomático internacional.

La crisis entre ambos gobiernos tuvo repercusiones en América Larina, generando preocupación sobre la inviolabilidad de las embajadas y el respeto al derecho internacional. Varios países condenaron el asalto a la misión diplomática mexicana, mientras que la región observó cómo la violencia interna de un país podría desencadenar conflictos bilaterales. En consecuencia, Nicaragua, Honduras y Venezuela retiraron a sus embajadores y personal diplomático, Colombia condenó la violación y solicitó medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de Jorge Glas, México rompió las relaciones con el país, aislando diplomáticamente al país. De tal forma, otros gobiernos se rehusaron a mandar ayuda directa a Ecuador, lo que desencadenó que la ayuda extranjera no llegase de forma efectiva ante la ola de violencia. 

2025: Una violencia sin tregua

En lo que va de 2025, Ecuador registra un promedio de un asesinato cada 58 minutos. En los primeros 50 días del año, la cifra de muertes violentas alcanzó las 1,300, un 40% más que el año previo. Entre las víctimas se cuentan decenas de menores de edad, incluidos bebés, lo que refleja una verdadera crueldad y la violencia que atraviesa el país. Escenas de horror se repiten en distintos puntos del territorio: sicarios que asesinan a un hombre mientras se baña en una playa turística, ataques armados en barrios residenciales de Samborondón, o masacres en zonas urbanas que dejaron a niños atrapados entre las víctimas colaterales. En paralelo, el secuestro del director del hospital Teodoro Maldonado, Rony Camba, desde el 31 de enero, exhibe la vulnerabilidad de las instituciones frente a la criminalidad. Frente a este panorama, el Gobierno ha solicitado ayuda militar extranjera a países aliados, como asistencia estadounidense, la empresa Blackwater de seguridad privada o el apoyo de Colombia y Perú para fortalecer el control de fronteras, aunque hasta ahora no ha revelado qué naciones han mostrado interés en enviar tropas especiales.

Factores estructurales

La crisis de seguridad no se explica únicamente por la presencia de bandas armadas. La corrupción en las instituciones judiciales, policiales y penitenciarias ha permitido que el crimen opere con relativa impunidad. La ausencia de oportunidades económicas, el abandono de programas sociales y la debilidad en los sistemas de educación y salud han creado un terreno fértil para que miles de jóvenes encuentren en las pandillas una opción de subsistencia. Además, la ubicación geográfica de Ecuador, con puertos estratégicos y fronteras porosas, lo ha convertido en un punto clave del narcotráfico internacional. El Ecuador de Noboa responde con medidas de choque más efectivas que las de sus predecesores, pero sin una estrategia integral que combine seguridad, justicia y políticas sociales por falta de recursos, aislamiento internacional y un contexto influido por bandas extranjeras.

Conclusión

En apenas cinco años, Ecuador pasó de ser un país percibido como relativamente seguro a convertirse en uno de los más violentos de América Latina. Detrás de las cifras hay familias enteras que sufren pérdidas irreparables y comunidades que viven bajo miedo constante. El reto no es solo de las autoridades: como sociedad, urge reclamar transparencia, exigir instituciones fuertes y fortalecer la solidaridad entre ciudadanos. Solo así se podrá recuperar la esperanza y construir un futuro donde la vida tenga más valor que la violencia.