Elecciones Uganda: autoritarismo, crisis democrática y estabilidad sin alternancia en África Oriental

El año 2026 se configura en África como en el resto del mundo, pleno de procesos electorales, siendo un año sumamente crucial del presente ciclo político mundial en general, y en África específicamente, con  hasta 18 países celebrando procesos presidenciales y legislativos y decenas de millones de ciudadanos llamados a las urnas. Estas elecciones no sólo determinan gobiernos en África, sino que ponen a prueba la calidad democrática y la capacidad de los Estados africanos de canalización pacífica de la competencia política. 

Sin embargo, el elevado número de procesos electorales que observamos agendados en el continente no tiene porqué significar un síntoma de calidad democrática elevada, al contrario, suele reflejar tensiones internas entre sistemas dominados por líderes de largo mandato, presiones sociales por reformas profundas en democracias nuevas y choques sociales ante cambios estructurales. 

El escenario regional africano invita a la reflexión, en una década marcada por retrocesos democráticos en algunos países de la zona, golpes de Estado, reformas constitucionales controvertidas y una creciente brecha entre legalidad electoral y legitimidad política, acrecentada desde el año 2021, con procesos aún abiertos de guerras, juntas de transición militares e intentos de golpes de Estado en numerosos países, especialmente en el Sahel y África Occidental, como son el caso de Malí, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Benín, Camerún o Níger. Esto ha tenido varios efectos clave sobre los procesos electorales de 2026, como la normalización del discurso anti-democrático en ciertos contextos, donde las elecciones son vistas como una mera formalidad sin esperanzas de cambio; un refuerzo del autoritarismo preventivo con gobiernos civiles endureciéndose para evitar rupturas; y una reducción de la presión internacional en la zona por el temor de una mayor desestabilización, que conlleva muchos factores que no podríamos entrar a analizar en este artículo.

Por ello es que, aunque África continúa celebrando elecciones de forma regular, múltiples informes internacionales coinciden en que, en numerosos países éstas se desarrollan en entornos cada vez más hostiles y restrictivos, con un uso intensivo del aparato estatal para reducir de forma progresiva el espacio cívico sistemáticamente. Todo ello, sumado a que la enorme cantidad de países africanos se encuentran en una fase de crecimiento exponencial de su población y una juventud que cada vez engloba más masa social siendo gobernada por personas de edad avanzada con liderazgos eternos, como son el caso de Camerún, Guinea Ecuatorial o Uganda.

El caso de Uganda, que celebra elecciones generales el 15 de enero, sintetiza muchas de las mismas: continuidad de un liderazgo de larga duración, oposición desactivada aunque moviéndose dentro de sus limitaciones, juventud movilizada con un papel clave de la Generación Z, instituciones electorales cuestionadas y una comunidad internacional dividida entre cooperación estratégica y preocupación por la legitimidad democrática.

África Oriental: estabilidad relativa, autoritarismo y tensiones latentes

Resulta imposible comprender el caso ugandés sin antes haber entrado a analizar su entorno regional, al que pertenece y en el que se inscribe no sólo en términos geográficos, sino de evolución político-social. África Oriental se ha consolidado en las últimas dos décadas como una de las regiones más destacables del continente africano desde el punto de vista geopolítico, económico y de seguridad internacional. Países como Uganda, Kenia, Tanzania, Ruanda, Etiopía o Sudán del Sur, si bien con sus diferencias, ocupan rasgos y retos ciertamente similares en términos, por ejemplo, de lucha contra el terrorismo regional (especialmente contra Al-Shabaab), las rutas comerciales del Índico, la gestión de refugiados y flujos migratorios (que proceden de flujos entre ellos mismos, Somalia y Sudán en este caso), cooperación regional en términos militares y de acceso a recursos naturales estratégicos (energía, minerales o tierras agrícolas). 

Por otro lado, a diferencia del Sahel, donde los patrones tienen otras características y han generado rupturas institucionales abiertas, África Oriental presenta regímenes formalmente constitucionales, pero con rasgos persistentes de autoritarismo electoral, destacados por liderazgos prolongados, reformas constitucionales diseñadas para perpetuar gobiernos, elecciones periódicas con fuerte represión de la oposición social y política (como se pudo observar en el proceso electoral de Tanzania) y la restricción progresiva del espacio cívico y mediático. En este caso, Uganda encaja con esta narrativa junto a casos como Ruanda o el previamente explicado de Tanzania, donde la estabilidad ha sido priorizada sobre la competencia política real y la eficiencia democrática.

En último lugar, otro factor regional es la juventud y presión social, pues, sin ir más lejos, en países como Uganda más del 70% de la población tiene menos de 30 años, lo que introduce variables interesantes en términos de expectativas de movilización social, desempleo juvenil estructural, mayor activismo en redes y mayor sensibilidad a abusos de poder y corrupción sistemática,

Todo este escenario político, social y económico ha incrementado las tensiones estructurales entre los intereses de estabilidad defendidos por actores internacionales y las demandas internas de apertura democrática, generando una condición real en los procesos electorales próximos en la zona en 2026.

Uganda: antecedentes históricos y formación del sistema político actual

La Uganda actual tampoco puede comprenderse sin una lectura de su trayectoria post colonial caracterizada primeramente por la violencia, posteriormente por la militarización, y finalmente por la consolidación de un régimen que, aún habiendo erosionado la democracia, ha conseguido la estabilidad que años antes le faltaba a Uganda. El proceso electoral de 2026 es el resultado acumulado de más de seis décadas de tensiones no resueltas.

Tras su independencia en 1962, Uganda heredó un Estado débil, profundamente fragmentado por divisiones étnicas, regionales y administrativas exacerbadas durante el periodo colonial británico. Las primeras experiencias de gobierno civil no lograron consolidar instituciones estables ni un consenso nacional sobre el ejercicio del poder. La política pronto se vio absorbida por luchas internas, intervenciones militares y una creciente personalización del liderazgo. 

Posteriormente, el golpe de Estado de 1971 que llevó al poder a Idi Amin supuso una ruptura total del orden institucional. Durante su régimen, Uganda se convirtió en uno de los ejemplos más extremos de autoritarismo militar en África, con asesinatos masivos, exilios forzados, colapso económico y aislamiento internacional. La violencia sistemática destruyó la confianza ciudadana en el Estado y dejó una huella duradera en la relación entre poder y sociedad. Principalmente por todo ello fue que la caída de Amin en 1979 no implicase una transición democrática ordenada. La década siguiente estuvo marcada por guerras civiles, gobiernos efímeros y disputas armadas entre facciones, lo que reforzó la percepción social de que la política era sinónimo de caos, una narrativa que más tarde sería instrumentalizada por el régimen posterior para justificar la centralización del poder.

El acceso al poder de Yoweri Museveni en 1986 representó finalmente un punto de inflexión histórico, el fin de las idas y venidas del sistema ugandés. Tras liderar una insurgencia armada exitosa, Museveni se presentó como un reformador pragmático que era capaz de restaurar el orden, reconstruir el Estado y evitar el retorno a la violencia y a la inestabilidad circular y endémica previa. En sus primeros años de hecho su gobierno contaba con amplia legitimidad y apoyo social tanto interno como internacional, especialmente por esa retórica previamente deslizada sobre la disciplina institucional y la reconstrucción nacional. 

El nuevo régimen de esta forma priorizó la seguridad, la estabilidad macroeconómica y la reconstrucción administrativa, permitiendo así avances significativos en indicadores básicos de crecimiento y gobernabilidad, sentando las bases de un sistema donde la estabilidad es el valor añadido supremo del país, por encima de la transición a una apertura democrática. De esta forma, el Movimiento de Resistencia Nacional (NRM) no sólo era un partido, se veía como un proyecto de Estado, un presente y un futuro, fusionando la estructura partidaria con el aparato gubernamental y militar. Esta fusión estructural precisamente explicará la dificultad posterior para separar competencia política y control institucional.

Durante la década de 1990, Uganda fue presentada como un modelo de “buen gobierno africano”, especialmente por organismos financieros internacionales. Sin embargo, este reconocimiento convivía con un sistema político profundamente controlado. El modelo de “democracia sin partidos” restringía la actividad partidaria bajo el argumento de evitar divisiones sectarias, pero en la práctica eliminaba la competencia real.

La adopción de la Constitución de 1995 formalizó un sistema presidencialista fuerte, con garantías de derechos fundamentales, pero también con amplias facultades para el Ejecutivo. A partir de los años 2000, el equilibrio entre estabilidad y apertura comenzó a romperse definitivamente. La eliminación del límite de mandatos presidenciales en 2005 y del límite de edad en 2017 marcó el tránsito hacia una presidencia sin horizonte de alternancia, consolidando un modelo de poder personalista sostenido por reformas legales, disciplina partidaria y control de las fuerzas coercitivas del Estado.

Uganda en la actualidad: un sistema autoritario, coercitivo y con un Partido de Estado

La arquitectura formal del estado ugandés se define de forma constitucional como una república presidencial con separación de poderes, en la cual el presidente concentra jefatura de Estado, Gobierno y Fuerzas Armadas, siendo el Parlamento unicameral un órgano legislativo y de control, y con un Poder Judicial formalmente independiente. Si bien es cierto que en la práctica el sistema funciona bajo una lógica de dominación del poder ejecutivo, donde el parlamento se encuentra ampliamente dominado por el NRM y donde la independencia judicial no se cumple de facto, encontrándose limitada por presiones políticas, nombramientos estratégicos y autocensura institucional. Las instituciones clave (la Comisión Electoral, Fiscalía, fuerzas de seguridad del Estado y organismos reguladores y recaudatorios) entran dentro de un sistema que favorece de forma permanente al poder impuesto en el gobierno.

La figura de Yoweri Kaguta Museveni constituye el elemento central del sistema político de Uganda, hasta el punto de que el régimen vigente es difícilmente comprensible sin su liderazgo personal. En el poder desde 1986, su liderazgo se ha consolidado a través de una combinación de legitimidad histórica —derivada de su papel en la pacificación del país tras décadas de violencia—, control institucional y capacidad para adaptar el marco legal a las necesidades de continuidad del régimen. Museveni actúa, además, como garante último de la estabilidad interna y regional, un rol que ha reforzado su posición tanto dentro de Uganda como ante socios internacionales. Su liderazgo ha sido clave en la proyección de su país como actor relevante en seguridad regional, lo que ha contribuido a amortiguar las críticas externas sobre la calidad democrática del país. En términos internos, la centralidad de Museveni ha generado un sistema altamente personalizado, en el que la lealtad política, militar y administrativa converge en su figura. Esta personalización del poder plantea interrogantes estructurales sobre la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, especialmente en ausencia de un proceso claro y consensuado de sucesión, convirtiendo la cuestión en un desafío estratégico para el futuro del Estado ugandés.

Dentro de este entramado tiene un papel relevante el NRM, que funciona como un partido hegemónico, con acceso privilegiado a recursos públicos, redes clientelares y estructuras administrativas en todo el territorio nacional. Esta posición le permite movilizar apoyo político incluso en zonas rurales donde el Estado es el principal proveedor de servicios, y con una oposición que opera en condiciones estructuralmente desiguales, con limitaciones financieras, restricciones administrativas y una exposición constante a la coerción estatal. Este desequilibrio convierte las elecciones en procesos competitivos solo en apariencia, donde el resultado está condicionado por el entorno institucional previo más que por la libre competencia de programas.

Otro de los pilares centrales del sistema político ugandés es el papel de las fuerzas armadas y policiales. Su presencia en la vida pública va mucho más allá de funciones de seguridad, extendiéndose al control de protestas, la regulación de campañas políticas y la disuasión de la movilización ciudadana. Durante periodos electorales, la militarización del espacio urbano se intensifica, enviando un mensaje claro sobre los límites de la disidencia. Esta lógica ha contribuido a una cultura política donde el miedo y la autocensura son factores determinantes en la participación ciudadana.

Teniendo en cuenta todos los factores previamente explicados sobre la funcionalidad interna de Uganda como Estado, podemos entender de forma clara que es una autocracia electoral con partidos pero compitiendo bajo una desigualdad evidente. Freedom House por ejemplo califica a Uganda como “Not Free” con baja puntuación en derechos políticos y libertades civiles, con una puntuación global de 34/100 en 2025. Fue calificado con un 4.49 sobre 10 en el índice de democracia de The Economist 2024, manteniéndose en niveles similares a los años anteriores en todas sus categorías y convirtiéndolo en un régimen híbrido según sus criterios. Los principales déficits identificados incluyen la falta de independencia en la Comisión Electoral, el uso de leyes para limitar la oposición, la criminalización de la protesta y las restricciones claras a la libertad de prensa y expresión.

Elecciones generales de 2026: estructuras, dinámicas y un aviso de la ONU

Las elecciones generales previstas para enero de 2026 incluyen la elección presidencial y parlamentaria. Con más de 21 millones de votantes registrados, el proceso representa uno de los mayores ejercicios electorales en África Oriental. La Comisión Electoral es responsable de la organización, aunque su independencia ha sido cuestionada reiteradamente por partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil.

En este proceso, los candidatos son Yoweri Museveni, quien se presenta nuevamente como garante de la estabilidad para resolver su próximo mandato, llevando este mismo año 40 en el poder, con un discurso que apela al miedo al retorno del caos, enfatizando su experiencia y el papel de Uganda como actor regional clave; y Robert Kyagulanyi, más conocido como Bobi Wine, quien encarna la ruptura generacional, el descontento juvenil,  urbano y digital, con un programa que presenta reformas institucionales, lucha contra la corrupción, empleo activo juvenil y respeto por los derechos humanos.

El proceso pre electoral ha sido ciertamente tenso, con Bobi Wine denunciando al inicio de la campaña electoral, el 7 de diciembre, una agresión perpetrada por las fuerzas de seguridad en la ciudad de Gulu, al norte del país, donde también afirmó que las fuerzas de seguridad habían entrado previamente en una oficina de su partido, la Plataforma de Unidad Nacional. Hubo disturbios, dispersiones y temor tanto aquel día como el resto de la campaña. Tal fue así que el gobierno de Uganda anunció el 5 de enero la prohibición de la emisión en directo de disturbios, actos y procesiones ilegales o “incidentes violentos” de cara a las elecciones presidenciales en sus últimas dos semanas de campaña, contando con diversas denuncias de organismos como Amnistía Internacional, quien ese mismo día denunció arrestos arbitrarios, torturas, represión ilegal con fuerza innecesaria y excesiva, y una campaña de represión contra la oposición y sus partidarios. Además, el mismo 13 de enero, la Comisión de Comunicaciones de Uganda ha ordenado el bloqueo temporal del acceso público a internet a dos días de las elecciones generales “por motivos de seguridad” 

Tal es el clima de represión y de tensión, que la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un informe el viernes previo a las elecciones (9 de enero) en el que declara que “las autoridades ugandesas deben garantizar que todos los ugandeses puedan participar de forma libre y segura en las elecciones, tal y como es su derecho según el Derecho Internacional (...) deben, entre otras cosas, garantizar que no se hace un uso desproporcionado o innecesario de la fuerza, incluida fuerza letal, para dispersar a manifestantes pacíficos” según ha declarado Volker Turk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Así, los días previos a las elecciones se viven sin acceso a internet, sin conocer lo que ocurre dentro del país, con informes evidentes de represión sistemática contra la población que ejerce su derecho de reunión, manifestación y libre expresión, con un país con cada vez más presión demográfica de una población muy joven gobernada por un líder con más de 80 años y con grandes retos sociales, económicos y políticos, y con una comunidad internacional que revisa muy de cerca la situación electoral, denunciada por Amnistía Internacional y alertada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

¿Qué impacto post-electoral podría haber en Uganda? Estabilidad sin democracia

La más que probable renovación del mandato de Yoweri Kaguta Museveni en el poder consolidaría nuevamente un sistema que, sí bien formalmente contiene separación de poderes y es constitucional, ha derivado hacia una autocracia electoral personalista plenamente estabilizada, que garantizaría previsibilidad a corto plazo al precio de profundizar la erosión de la legitimidad democrática interna. Su continuidad conviene a ciertos actores internacionales interesados en seguridad regional, control migratorio o explotación de recursos naturales, pero sin duda para el país de forma interna es algo evidentemente negativo, y que además no es apoyado por un grueso poblacional evidente.

Sin embargo, el riesgo no sólo reside en la perpetuación en el poder, sino en la normalización de que un sistema político vea la alternancia como un peligro desestabilizador y una amenaza a su construcción nacional en lugar de un principio básico en la democracia, y que unas elecciones no deben confirmar siempre un poder existente, sino ser un mecanismo de rendición de cuentas ante el pueblo.

De esta forma, un resultado ampliamente cuestionado —como ya ha ocurrido en ciclos electorales anteriores— podría detonar protestas significativas, especialmente entre una juventud urbana que se siente sistemáticamente excluida del sistema político y económico. Estas movilizaciones no deben interpretarse como un fenómeno desestabilizador en sí mismo, sino como el síntoma inevitable de un sistema que ha cerrado sus canales de participación efectiva. La respuesta del Estado a este tipo de contestación será determinante. Una estrategia basada en la represión, la militarización del espacio público y la criminalización del disenso no solo agravaría las tensiones internas, sino que aceleraría la desconexión entre Estado y ciudadanía, profundizando una fractura social que ningún aparato de seguridad puede contener indefinidamente. Al haber precedentes ya de este tipo de acciones, es algo bastante probable que desencadenaría en inestabilidad interna.

Uganda se encuentra hoy ante una disyuntiva profunda: seguir gestionando el poder como un recurso a preservar o transformarlo en un mandato sujeto a la voluntad ciudadana real. El problema ya no es únicamente Museveni ni su permanencia en el poder, sino un sistema político que ha sido diseñado para sobrevivir sin alternancia y sin rendición de cuentas efectiva.

La pregunta central que plantea el proceso de 2026 no es quién ganará las elecciones, sino si Uganda es capaz —o está dispuesta— a reconectar estabilidad con democracia, autoridad con legitimidad, seguridad con derechos. Hasta ahora, el sistema ha optado sistemáticamente por aplazar esta reconciliación en pro de su supervivencia, pero es momento de ser capaces de renovarse democráticamente sin colapsar.