Sudán del Sur: guerra civil, crisis humanitaria y escalada de violencia

Sudán del Sur, tras años de negociaciones, proclamó su independencia en 2011, convirtiéndose en el país más joven del mundo, título que aún ostenta en la actualidad, con la premisa de crear nuevos comienzos tras décadas de constantes conflictos. No obstante, esta esperanza se verá opacada por una sucesión de conflictos internos que, desde sus primeros años como Estado independiente, han alimentado la inestabilidad política y han alterado gravemente el orden social. Lejos de consolidarse como un proyecto unificado con vistas a prosperar, el país ha estado marcado por conflictos internos, rivalidades entre élites políticas y profundas fracturas étnicas que han debilitado sus instituciones desde sus primeros años.

En este contexto, el aumento de la violencia en Sudán del Sur actualmente no se encuentra inconexo respecto a su pasado más reciente y a su realidad en los últimos años, sino que se ha convertido en una variable constante a analizar que afecta de manera directa a la población civil y agrava una de las crisis humanitarias más severas del continente africano. Enfrentamientos armados, desplazamientos internos e inseguridad generalizada reflejan no sólo la incapacidad del Estado para ser garante de orden interno, sino también las consecuencias de un proceso de independencia que no resolvió las tensiones históricas existentes.

El territorio actual de Sudán del Sur fue parte del Sudán Anglo-Egipcio y, posteriormente, de la República de Sudán desde su independencia en 1956. Hay que tener en cuenta la coyuntura social de Sudán en este momento, pues contaba con una zona norte, árabe y musulmán, y una sur, habitada por múltiples etnias nilóticas cristianas y animistas, que quedó subordinada a la zona norte. 

Desde la proclamación en 1956 de la independencia de Sudán hasta la secesión de su región sur pasan 39 años, en los cuales habrá dos guerras civiles y más de 30 años de conflicto continuado hasta que, el 9 de enero de 2005, en la ciudad keniana de Naivasha, el gobierno sudanés permitió la autonomía de Sudán del Sur, que posteriormente, bajo esta misma premisa, será utilizada para crear un gobierno y una constitución propias. Ello aceleró el referéndum de independencia en 2011. 

Sin embargo, dos años después de su independencia, estalló la Guerra Civil sursudanesa, concretamente en diciembre de 2013, tras una profunda crisis política interna dentro del partido gobernante, el Movimiento Popular de Liberación de Sudán (SPLM), marcada por la fuerte rivalidad entre Salva Kiir, presidente, y su entonces vicepresidente, Riek Machar, por disputas relativas al control del poder, agravadas por la debilidad institucional ya de por sí existente, y la falta de mecanismos efectivos de resolución pacífica de controversias. Resulta relevante destacar que, si bien el detonante fue político, pronto adquirió una dimensión étnica entre los grupos dinka y nuer, lo que contribuyó a la fragmentación social y a la escalada de violencia.

Así, las fuerzas gubernamentales y los grupos rebeldes fueron acusados de cometer graves violaciones de derechos humanos, como violencia sexual, reclutamiento de niños soldado, ejecuciones extrajudiciales o ataques sistemáticos. 

La guerra se prolongó entre 2013 y 2018, aunque la declaración de paz fuera efectiva a partir de 2020. Sin embargo, las negociaciones comenzaron en Addis Abeba a finales de 2014, y obtuvo diversos intentos fallidos, como el intentado por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2016, o el alto al fuego en 2018, colapsado reiteradamente. Durante este periodo, el país colapsó por la destrucción de la infraestructura básica, la paralización del desarrollo de otras actividades económicas y la paralización a la explotación petrolera. Así, el conflicto causó aproximadamente 400.000 muertes directas e indirectas, y provocó el desplazamiento interno de más de cuatro millones de personas en un país que en 2013 tenía una población superior a los 11,1 millones de personas.

El sistema político sursudanés

Sudán del Sur se organiza bajo una república presidencialista con una amplia concentración de poderes por parte del Presidente, que ostenta el cargo de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Comandante Jefe de las Fuerzas Armadas, configurando una fehaciente centralización del poder. 

Esta configuración de poderes quedó vigente desde la aprobación de la Constitución interina de 2011, adoptada tras la independencia y posteriormente modificada en el marco del Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en 2018. Ésta definió la forma de Estado que pretendía establecer Sudán del Sur, definiéndose como una «entidad multiétnica, multicultural, multilingüe, multirreligiosa y multirracial», y estipulando la separación entre Iglesia y Estado y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el marco teórico y constitucional. En la práctica, ha sido el instrumento de validación para una separación de poderes débil, con un poder legislativo limitado y fiscalizado y un poder judicial con una independencia condicionada por las interferencias políticas y la falta de recursos, configurando un sistema sin una rendición de cuentas efectiva, y que valida y empodera al Ejecutivo respecto a los otros poderes del Estado.

El sistema de partidos políticos se encuentra dominado por el SPLM, un partido de ideología socialdemócrata surgida del movimiento armado que lideró la independencia. Las divisiones internas del SPLM dieron lugar hasta a 5 facciones diferentes, una de ellas en oposición al gobierno, y bastantes con estructuras militares propias. Esto último ha derivado en una politización de las fuerzas armadas, y en una dinámica interna basada en el personalismo y en la lógica de lealtades armadas más que por una competencia programática.

El sistema político gira entorno a la figura del actual presidente del partido y de Sudán del Sur simultáneamente desde 2011, Salva Kiir Mayardit, ejerciendo un liderazgo personalista con una influencia considerable respecto a su poder político y militar sin contrapesos, y debido al hecho de que es un país que, en 15 años de existencia, nunca ha celebrado elecciones nacionales tras su independencia. La última vez que se realizó una elección general fue en 2010, cuando la región era parte de Sudán.

Asimismo, también es necesario analizar la condicionalidad de la gobernanza del país por los desafíos estructurales profundos que presenta, entre los que destaca la dependencia económica casi exclusiva del petróleo como principal fuente de ingresos estatales en una economía nulamente diversificada, lo que ha provocado prácticas clientelares, disputas por el control de recursos y una capacidad limitada del Estado para diversificar la economía y fortalecer la provisión de un sistema de servicios públicos, combinando elementos formales de un régimen presidencial, con prácticas de poder informales, personalistas y militarizadas, lo que dificulta la consolidación de un orden político estable e institucionalizado.

La escalada de violencia reciente: al borde de una guerra civil

El proceso de paz en Sudán del Sur, cimentado en el Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto (R-ARCSS) de 2018, fue el que sentó el marco político y de seguridad negociado entre el gobierno de Sudán del Sur y los principales grupos opositores armados, con la mediación del IGAD (Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo), cuyas premisas eran la formación de un gobierno de transición, reformas constitucionales, un alto al fuego permanente y compromisos en materia de gobernanza y preparación de elecciones. No obstante, su implementación fue tardía y parcial debido a desacuerdos políticos, falta de recursos, persistencia de violencia local y a las debilidades estructurales del Estado. Todo ello permitió que su efecto fuera diluyéndose poco a poco, aumentando progresivamente el clima de tensión interna dentro del país africano, y evidenciando la grave erosión en los últimos años del sistema de transición.

Así, el detonante de la vuelta a las hostilidades fue el ataque del Ejército Blanco, milicia vinculada a la oposición armada, atacara una guarnición gubernamental en marzo de 2025 sobre la ciudad de Nasir, lo que llevó al arresto de Riek Machar, principal figura de la oposición y vicepresidente desde su regreso del exilio en el marco de la firma del Acuerdo de Paz Revitalizado. Poco antes, ya se habían notado tensiones entre ambos grupos, después de la destitución por parte de Kiir de varios de sus altos ministros y altos funcionarios vinculados a Machar. Ésto significó un retroceso bastante significativo en materia de búsqueda de una paz prospera, sobre todo tras la firma del pacto de seguridad entre ambas partes en 2022, y el anuncio de la Presidencia en 2024 de la convocatoria de elecciones para el 22 de diciembre de 2026.

Este contexto ha provocado una escalada de violencia desde hace más de diez meses, agravado por otras dos circunstancias externas: las inundaciones masivas derivadas de la crisis climática que dejaron más de un millón de afectados en octubre de 2025, y la guerra civil en Sudán, vigente desde 2023 y que ha dejado la mayor crisis de desplazamiento del mundo, siendo Sudán del Sur el principal país receptor de refugiados.

Así, la situación actual desde finales de diciembre de 2025 revela una escalada significativa de violencia militar, particularmente en el Estado de Jonglei, donde se han desarrollado operaciones ofensivas a gran escala entre el Ejército regular (South Sudan People’s Defence Forces, SSPDF) y las fuerzas leales a la oposición (Sudan People’s Liberation Army‑In Opposition, SPLA‑IO). Las autoridades han anunciado un plan ofensivo denominado “Operation Enduring Peace” con el objetivo declarado de recuperar territorios controlados por la oposición y “restablecer el orden público”.

Dentro de este aumento de violencia, la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur denunció este viernes un aumento calificado como “inaceptable” de un 20% en secuestros y un 7%  violencia sexual contra niños y mujeres en Sudán del Sur, según publicó en el último informe trimestral sobre Derechos Humanos de la UNMISS, que merece una mención especial. Este documento informa el grave deterioro de la seguridad y protección de los civiles en los estados de Equatoria Central, Jonglei, Unity, Alto Nilo, Bahr el-Ghazal Occidental y Equatoria Occidental, debido a los enfrentamientos armados generalizados.

Posteriormente, el portavoz militar de la oposición, Peter Lam Gabriel, confirmó la existencia de una nueva alianza que abarca a todas las facciones antigubernamentales, coordinadas para derrocar al régimen y establecer un gobierno civil que «refleje la voluntad popular». Esta nueva alianza tomó a mediados de enero de 2026 el control de una zona estratégica cercana a la ciudad oriental de Bor, capital del estado de Jonglei, a 150 kilómetros de Yuba y vital para las rutas de suministros que conectan el centro y el este de Sudán del Sur. De forma simultánea, y a más de 250 kilómetros de allí, la oposición atacó Kapoeta, en el sureste, lo que provocó el desplazamiento de miles de civiles.

Dentro de este marco temporal, el 18 de enero la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Sudán del Sur advirtió de una escalada de violencia catastrófica, justo cuando los combatientes tomaban el control de Pajut, violando de forma significativa el alto al fuego desde que se firmara el Acuerdo de Paz Revitalizado de 2018, declarando que la escalada suponía una gran erosión al mismo y exponía a la población civil a riesgos de muerte, desplazamiento y privaciones, e instando a la desescalada inmediata y al cese de las hostilidades en las zonas pobladas por civiles, incluidos los ataques aéreos, las ofensivas terrestres y las operaciones militares.

Tras ello, lejos de calmarse la situación, el aumento de las tensiones no ha cesado, tanto en el discurso como en los hechos. En el primer caso, cabe destacar unas declaraciones del general Johnson Olony, del Ejército de Sudán del Sur, quien ordenó a los militares que “no perdonen vidas, ni a una persona mayor, ni a las gallinas, a ver si nos dejan de molestar". durante la inminente ofensiva que están preparando para eliminar a las milicias que operan en la región de Jonglei, las cuales han concentrado en la zona a más de 10.000 efectivos y han prometido contraatacar las posiciones militares, mientras que la población ha huido masivamente de la zona, con hasta 200.000 desplazamientos forzosos estimados. De forma similar, el jefe del Ejército, el general Paul Nang Mahjong, desde la localidad de Bor, declaró: "Estáis aquí para una misión. Os doy solo siete días para terminarla: para aplastar la rebelión en las zonas donde exista, y recuperar el control de las mismas”. No sólo en discursos militares se observa esta palpable tensión, sino que en comunicados oficiales también se observa este lenguaje urgente y agresivo, como el emitido el pasado 24 de enero “"Se recomienda encarecidamente a los residentes de Duk, Panyigor, Puktap y Bor que permanezcan en sus hogares, ondeen banderas blancas, eviten portar armas o equipo militar y se mantengan a una distancia prudencial de las bases e instalaciones del Ejército sursudanés".

En otra instancia, las tensiones van más allá de discursos y comunicados, y trasciende lo militar, político y humanitario. A principios de la semana del 18 de enero, Kiir destituyó a la esposa de Machar de su cargo como ministra de Interior en el gobierno de unidad, y la sustituyó por alguien de su propio partido, mientras que la presidenta de la UNMISS denunció ataques aéreos en diversos lugares de Jonglei, que han matado y herido a diferentes civiles. Asimismo, declaró la muerte de un trabajador de la ONU que estaba detenido desde el 15 de diciembre de 2025 en la ciudad de Wau, considerando “imperativo que se respete la seguridad del personal de la ONU”, calificándolo de “inaceptable”.

Esta situación se une al brote de cólera que ha provocado más de 3 muertes y 25 enfermos, provocando la evacuación del personal esencial de Médicos Sin Fronteras del condado de Akobo por la falta de seguridad reciente. Esta misma asociación denunció semanas atrás la falta de recursos y la imposibilidad de realizar su trabajo en el estado de Jonglei ante las restricciones de acceso por la escalada de violencia, que ya en 2024 acabaría con la vida de un miembro de su personal, teniendo que suspender las actividades en algunos lugares. A ellos se une Cruz Roja Internacional, que instó a garantizar el tránsito seguro de ayuda, pidiendo respeto al tratamiento y protección de heridos, enfermos y detenidos.

Todas estas circunstancias y condicionantes han generado que el gobierno de Sudán del Sur califique de una seria amenaza para la paz, destacando al avance militar de la oposición, liderada por el SPLA-IO, instándoles a cesar las hostilidades para restaurar el orden público y proteger a los civiles, y adviertiendo que la escalada del discurso de odio está alimentando peligrosas tensiones étnicas, lo que implica riesgo contra civiles. Además de ello, ordenó a todos los civiles y a todo el personal de Naciones Unidas en Jonglei evacuar Jonglei en aras de una operación militar contra las fuerzas de la oposición.

Reacciones internacionales: la comunidad internacional condena la escalada de violencia, pide el cese de las hostilidades y muestra preocupación

La intensificación de la violencia en la República de Sudán del Sur ha provocado un conjunto amplio de respuestas por parte de la comunidad internacional. Dichas reacciones, emanadas de organismos multilaterales, agrupaciones regionales, misiones de paz de la ONU, agrupaciones de cooperación subregional y gobiernos con presencia diplomática en Juba, establecen un panorama de creciente preocupación por la seguridad de la población civil, la protección de derechos humanos, la estabilidad política y el respeto del derecho internacional humanitario.

En primer lugar, como previamente ha sido expuesto, la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) ha expresado una preocupación sostenida por el impacto de la violencia en la población civil, haciendo un llamado explícito al cese de hostilidades y a la protección de los no combatientes en todo el territorio. y.

Complementariamente, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, un órgano independiente respaldado por el Consejo de Derechos Humanos, ha advertido que la retórica incitadora y los discursos de mandos militares que parecen alentar ataques indiscriminados contra poblaciones civiles pueden constituir no solo una grave violación del derecho internacional humanitario, sino también una forma de responsabilidad penal individual bajo el marco de responsabilidad de mando. En su declaración, la Comisión instó a un inmediato cese de tales mensajes y al compromiso con el desarme y la disciplina de mando dentro de las fuerzas enfrentadas.

El Secretario General Adjunto de Naciones Unidas ha reiterado, asimismo, la urgencia de que las partes en conflicto respeten los compromisos del Acuerdo Revitalizado de Resolución del Conflicto en Sudán del Sur (R-ARCSS) de 2018, destacando que la permanencia de la violencia amenaza con revertir los avances formales alcanzados en ocho años de proceso de paz y con poner en riesgo la organización de elecciones previstas para finales de 2026.

La Unión Africana (UA), a través de su Presidente de la Comisión, H.E. Mahmoud Ali Youssouf, ha expresado profunda alarma por la actual escalada de tensiones y violencia en Sudán del Sur, especialmente en áreas como el estado de Jonglei donde se han registrado enfrentamientos recurrentes y desplazamientos masivos. En un comunicado oficial emitido el 27 de enero de 2026, la UA instó a todas las partes a desescalar inmediatamente, a respetar las obligaciones del R-ARCSS y a evitar discursos y acciones que puedan incitar a mayor violencia, particularmente contra mujeres y niños, sectores más vulnerables.

Simultáneamente, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), agrupación que históricamente ha facilitado las negociaciones de paz en Sudán del Sur, emitió una declaración en la que condena todas las formas de violencia dirigidas contra civiles, lamenta las violaciones persistentes de los acuerdos de alto al fuego y hace un llamado firme a la inmediata reanudación del diálogo político entre las partes beligerantes. Asimismo, IGAD reafirma su compromiso de trabajar en estrecha coordinación con socios regionales e internacionales para fomentar una salida negociada y pacífica al conflicto.

Por último, diversos gobiernos con presencia diplomática en Sudán del Sur y en el exterior han emitido declaraciones conjuntas denunciando la escalada de violencia y reafirmando su apoyo a un proceso de paz sostenible. Un ejemplo pertinente es el “Joint Statement on Violence and Humanitarian Access” firmado por las embajadas de Canadá, Francia, Alemania, Japón, los Países Bajos, Noruega y Suiza, entre otros países, en Juba el 20 de enero de 2026. En este comunicado, los firmantes condenan los ataques indiscriminados, piden el respeto inmediato del derecho internacional humanitario, y solicitan que el Gobierno sudsudanés permita el acceso sin restricciones de la asistencia humanitaria a las poblaciones afectadas por el conflicto.

Escenarios posibles

A la luz de los hechos más recientes, ampliamente denunciados y atendidos de cerca por la comunidad internacional, cabe destacar que, considerando la evolución reciente del contexto político, social, étnico, militar y humanitario en Sudán del Sur, pueden identificarse varios escenarios probables a corto y medio plazo, cuya materialización dependerá de las decisiones de los actores nacionales y del grado de coherencia y presión sostenida y constante de la comunidad internacional.

Un primer escenario contemplaría una prolongación e incluso una intensificación del ciclo violento, alimentada por la fragmentación militar, social y política, así como la impunidad y la nula rendición de cuentas observable en el país y la politización de las fuerzas armadas y viceversa. La retórica incendiaria, la debilidad de mecanismos de control civil y los movimientos de militares y civiles podrían derivar en nuevas violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario, como lleva ocurriendo desde hace semanas, con un aumento de secuestros, violencia sexual relacionada con el conflicto o un aumento de los desplazamientos internos, lo cual significaría un serio retroceso del proceso político que iba en camino de cristalizar (cabe recordar que Sudán del Sur tenía elecciones programadas para diciembre de 2026) y podría compremter de forma perenne la viabilidad de las mismas, lo que se podría traducir en una mayor desestabilización de una región que ya se encuentra de por sí en problemas constantes, con tensiones y conflictos internos en Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Ruanda, o RDC, entre otros. 

Un segundo escenario contemplaría una contención parcial de la violencia, generada por la intensificación de la acción internacional en el país bajo el uso de la diplomacia preventiva regional y multilateral. En este supuesto, tendrían gran importancia la Unión Africana, e, IGAD y las Naciones Unidas para lograr una supuesta desescalada por medidas tales como el reforzamiento de los mecanismos de verificación de alto al fuego, la reducción de operaciones militares ofensivas y una reactivación del diálogo en el marco del R-ARCSS. Sí bien este escenario no resolvería las causas de fondo de este conflicto, y habría riesgo de una reaparición futura, sí permitiría una estabilización mínima que reduciría el impacto humanitario inmediato, preservando el frágil entramado institucional del proceso de paz. Sería igualmente probable, siendo los dos escenarios futuros más realistas.

Un tercer escenario, de carácter transformador pero menos probable, sería un reinicio sustantivo del proceso de paz de algún modo, acompañado de reformas estructurales en temas como seguridad, gobernanza o separación de poder. Este escenario encuentra el escollo principal de requerir la voluntad política clara de parte de los líderes sursudaneses, respaldada por una presión internacional firme y coordinada, incluyendo concesiones políticas, diplomáticas y económicas. Además, los altos costos políticos internos de este camino lo hacen más frágil y menos factible a corto plazo de forma simultánea.

Sudán del Sur: el costo humano de una violencia sostenida

La persistencia de la violencia en la República de Sudán del Sur no puede interpretarse únicamente como una crisis de seguridad o un estancamiento al proceso de paz. Es una tragedia, un fracaso moral profundo, muchas cosas que se han hecho francamente mal, que han provocado que una población retroceda nuevamente catorce años y vuelva al punto de partida, a las hostilidades, a las tensiones étnicas, a la fragmentación social y a la violencia generalizada. Todo ello ha sido sostenido por unas decisiones políticas cuestionables, por la normalización de la ausencia del rendimiento de cuentas de las élites políticas y por una desconexión alarmante entre el poder y la población civil.

Cada llamado al cese de las hostilidades no se traduce en cambios reales, y esto no hace otra cosa que provocar que se pierda fuerza, credibilidad y humanidad. La reiteración de comunicados, resoluciones y declaraciones formales contrastan con la realidad de comunidades que siguen siendo desplazadas, de mujeres y niñas sometidas a tratos inhumanos y degradantes, y a niños forzados a crecer bajo la lógica de las armas. La violencia tiene consecuencias irreversibles en las vidas de todas esas personas.

Resulta igualmente ineludible una mirada crítica hacia la comunidad internacional. La insistencia en el diálogo sin mecanismos efectivos de presión, la prolongación indefinida de procesos de paz incumplidos y la ausencia de consecuencias tangibles frente a violaciones graves han contribuido a consolidar una peligrosa sensación de impunidad estructural. Condenar sin actuar, o actuar sin coherencia, equivale a aceptar tácitamente que la vida de la población sursudanesa es negociable.

El cese de las hostilidades, en este contexto, no puede seguir siendo presentado como un objetivo gradual o condicionado. Debe entenderse como una urgencia ética absoluta. Cada día de violencia adicional profundiza el daño social, fragmenta aún más el tejido comunitario y reduce las posibilidades de una paz genuina. No hay transición política viable ni proceso electoral creíble en un entorno donde la violencia continúa siendo un recurso político aceptado. La verdadera pregunta ya no es si Sudán del Sur puede permitirse la paz, sino cuánto está dispuesto a tolerar el mundo antes de exigirla con seriedad y garantías.