Eritrea: la celda sin muros

Eritrea, ubicada en el Cuerno de África, es un país de aproximadamente tres millones y medio de personas, con Asmara como capital y lenguas oficiales diversas, como el tigrinya, el árabe o el inglés. Su diversidad religiosa combina comunidades cristianas ortodoxas coptas y musulmanas –alrededor de un 45% de la población cada una–. La posición geográfica estratégica de Eritrea, con fronteras compartidas con Etiopía, Sudán y Yibuti, y una extensa costa sobre el Mar Rojo, la convierte en un actor clave para la estabilidad regional y el comercio marítimo, aunque su historia más reciente le ha marcado un camino de aislamiento y tensiones.

Este artículo analiza la historia política reciente, la situación económica, social y de derechos humanos, así como las relaciones internacionales de Eritrea, ofreciendo una visión que pretende ser lo más integral posible sobre un país que combina un pasado reciente con desafíos contemporáneos más que significativos.

Contexto general del país

Eritrea tiene una superficie de unos 121,144 kilómetros cuadrados y su población se distribuye entre centros urbanos como Asmara o Assab y zonas rurales con economías de subsistencia. La arquitectura de Asmara, heredada de la colonización italiana, refleja la historia y huella que el país europeo plasmó, mientras que la vida cotidiana se ve profundamente marcada por el sistema de servicio nacional obligatorio y las restricciones políticas.

Su ubicación ha sido históricamente relevante: el Mar Rojo le otorga potencial estratégico añadido, debido al comercio y la proyección militar y de seguridad, mientras que sus fronteras con Etiopía y Sudán son un escenario de conflictos prolongados, punto débil del Estado, junto a sus altas temperaturas, las cuales llegan a registrar temperaturas superiores a los 50ºC en la zona del desierto del Danakil y la depresión de Kobar.

Historia política reciente

Eritrea fue colonizada por Italia hasta la Segunda Guerra Mundial, luego administrada por Gran Bretaña y finalmente anexada por Etiopía en 1962. Esta anexión desencadenó una guerra de independencia de 30 años liderada por el Frente Popular para la Liberación de Eritrea –EPFL–. 

En 1991, el EPFL logró derrotar al régimen de Mengistu Haile Mariam en Etiopía, y dos años después, en abril de 1993, se celebró un referéndum supervisado por la ONU que aprobó la independencia con un 99,83% de votos a favor. Desde entonces, Isaias Afwerki ha liderado el país como presidente, sin elecciones nacionales y manteniendo un sistema de partido único apoyado por el Frente para la Democracia y Justicia del Pueblo –FDJP–. La Constitución de 1997 –aprobada durante el transcurso de la guerra con Etiopía– nunca se implementó, consolidando un régimen caracterizado por la centralización del poder y la falta de libertades políticas.

El conflicto fronterizo con Etiopía entre 1998 y el 2000 dejó decenas de miles de muertos y desplazados. Aunque un acuerdo de paz se firmó en 2018, las tensiones resurgieron en 2025 en el contexto del conflicto en la región del Tigray, donde Eritrea ha sido acusada de intervenir militarmente y violar los derechos humanos.

En consecuencia, el poder legislativo reside en una Asamblea Transicional compuesta por 150 diputados –todos ellos miembros del FDPJ–, quienes escogen al presidente de forma unilateral. De tal forma, no ha habido comicios electorales en el país desde su independencia, ya que tal demostración democrática fue aplazada de forma indefinida en 2001. Tampoco existen más partidos políticos, ya que no hay una ley elaborada sobre partidos, pese a que sí está aprobado el principio de “pluralismo político”, paradójicamente. De tal forma, Eritrea se configura como un sistema unipartidista y autoritario, ubicado en el puesto 152 de 167 en el Índice de Democracia Global.

Situación económica

La economía eritrea se encuentra restringida por el completo control estatal y el aislamiento internacional. Sus principales recursos incluyen minerales como el zinc, el oro y el cobre, así como la pesca en el Mar Rojo o la agricultura –la cual emplea al 80% de la población activa y contribuye al 12% del PIB–. Sin embargo, las lluvias estacionales, la falta de infraestructura, las sanciones internacionales y la práctica del servicio nacional obligatorio han limitado el desarrollo industrial y de calidad en el país, abocándose a subsistir de exportaciones primarias como el algodón.

Una gran parte del PIB eritreo depende directamente de las remesas de los habitantes en el exterior. De hecho, casi un tercio del PIB está constituido por remesas y transferencias privadas –30% del total–. Según fuentes públicas de la ONU, un mínimo de 802,822 eritreos se encuentran fuera de su país –datos de 2020–. En total, un cuarto de la población nacional estaba fuera de su Estado de origen, lo que se estima que en 2025 sea cercano al 30-35% de la población debido a los incrementos cercanos al 30% anuales en números de emigrantes. Esta situación, se da en parte –más allá de la dictadura–, por el hecho de que el servicio nacional obligatorio puede prolongarse indefinidamente, desviando mano de obra de la agricultura y la industria hacia funciones militares y estatales, provocando la emigración masiva hacia países vecinos y terceros.

La mayor parte de eritreos se encuentran en Sudán –unos 221,000– y Etiopía –192,000–, mayoritariamente en campos de refugiados y en condiciones deplorables. Sin embargo, un buen número de los mismos se encuentran en Alemania –65,000–, EEUU –51,000–, Suecia –44,000–, Suiza –38,000–, Noruega –23,000–, Emiratos Árabes Unidos –20,000– e Italia –17,000–. De la mayor parte de los países mencionados, junto a otros como; Australia, Egipto, Países Bajos, Canadá, Reino Unido, Dinamarca, Catar o Francia; provienen la mayor parte de remesas, destinadas a la subsistencia de familiares ubicados en el país.

Además, la economía tampoco se ve beneficiada de los constantes conflictos internacionales y fronterizos que mantiene Eritrea con países como Etiopía o Sudán, los cuales se estiman que han movilizado a cerca de un millón de trabajadores desde 1998. Donde se ha constatado la participación eritrea, ingiriendo en otros Estados. 

El nakfa, la moneda nacional, no es convertible, y el acceso a internet es extremadamente limitado, restringiendo la integración del país en la economía global. Según datos de la ONU, Eritrea tiene uno de los niveles más bajos de inversión extranjera directa, causa directa de su complejo sistema de requisitos para operar en el país y un PIB per cápita entre los más bajos del continente y el mundo.

Con todo este panorama económico no es de extrañar que el FMI catalogue al país en déficit fiscal. En concreto, Eritrea se encuentra inmersa en un déficit derivado del gasto en defensa y por problemas derivados de la deuda externa, los cuales no se han solucionado pese a ligeros signos de emprendimiento de reformas por parte del Gobierno debido al control estatal del sector económico.

Respecto a los socios comerciales, Eritrea exporta principalmente hacia China, EAU, Corea del Sur, Italia y Croacia –todos ellos por un valor cercano a los 650 millones de dólares. En cambio, sus importaciones provienen en un tercio de las mismas de EAU –32% –, un 21,2% de China y en menor medida de Turquía, Estados Unidos y Sudáfrica –todos juntos por valor de unos 230 millones de dólares–.

Sociedad y derechos humanos

Eritrea es conocida por su sistema de servicio nacional obligatorio para habitantes entre los 18 a 40 años –de por vida en la práctica para muchos–, descrito por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional como una forma de trabajo forzoso y de esclavitud. Los ciudadanos no pueden organizar partidos políticos, medios de comunicación libres o asociaciones independientes, y se han documentado detenciones arbitrarias notables, torturas y desapariciones forzadas. 

El Gobierno sigue sin aplicar las recomendaciones de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas relativas a investigar los crímenes de derecho internacional, denegando la entrada al país al relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, país acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. 

El impacto social de estas políticas es significativo: miles de ciudadanos han buscado refugio en Sudán, Egipto, Etiopía –donde han sufrido abusos contra los derechos humanos– o en terceros países, especialmente en EEUU y Europa, como Suecia, Noruega, Alemania y Suiza. La represión limita la expresión cultural, educativa y religiosa, afectando particularmente a jóvenes que ven bloqueadas sus oportunidades de desarrollo académico, personal y profesional.

Asimismo, el gobierno eritreo considera prueba de traición solicitar asilo en otros países, y toda persona devuelta al país puede ser detenida, dándose casos de tortura y asesinato. Se han documentado casos en los que autoridades eritreas han cruzado fronteras internacionales para controlar a políticos en la diáspora y exilio o para silenciar a activistas y periodistas en favor de los derechos humanos, la democracia o la libertad de expresión. En Sudán, numerosas mujeres y niñas eritreas que se encontraban en campos de refugiados han sido violadas o esclavizadas a manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Mientras, Turquía viola el derecho legal a recibir protección de cientos de eritreos que se encuentran en el país, deportándolos a pesar de los datos sobre el peligro que corren. Así pues, en el ámbito internacional, en 2024, el Departamento de Estado de EEUU, declaró que las fuerzas de defensa eritreas cometieron crímenes de guerra en el conflicto de Tigray, lo que refleja la seriedad de las violaciones documentadas. 

Respecto a la educación, cerca del 45% de los menores en edad de cursar enseñanza primaria no están escolarizados, mientras que solo un 4% de los hombres y un 3% de las mujeres han logrado inscribirse en la enseñanza superior o universidad. 

Por otro lado y de forma conclusiva, no existe ningún tipo de medio de comunicación privado en Eritrea. La prensa libre ha quedado desmantelada por completo desde 2001, año en el que el gobierno detuvo a 15 políticos –Grupo de los 15– y a 16 periodistas que los apoyaban, después de que reclamaran al presidente Afwerki la aplicación del proyecto constitucional y la celebración de comicios electorales abiertos. Nunca se supo más de ellos. En consecuencia, la libertad de expresión es un tema crítico, probablemente el peor o de los más graves del planeta.

Política Exterior y relaciones internacionales

Las relaciones con los vecinos han definido en gran parte la política exterior eritrea. De hecho, son un eje central por el cual el país ha sufrido diversos impactos, especialmente socioeconómicos:

• Etiopía: ambos países, tras la independencia de Eritrea en 1993, entraron en guerra en 1998 por la disputa fronteriza de Badme; aunque el conflicto terminó en 2000 con el Tratado de Argel y una comisión internacional que otorgó la ciudad a Eritrea, Etiopía rechazó esa decisión y mantuvo la ocupación, generando una “paz congelada” con choques esporádicos. En 2018, con el liderazgo del primer ministro Abiy Ahmed, se firmó el acuerdo de paz que fue visto como un gran avance, pero en la práctica las tensiones persisten, ya que la delimitación fronteriza nunca se aplicó plenamente y la colaboración entre ambos países sigue marcada por la desconfianza, agravada por la participación eritrea en el conflicto de Tigray –Etiopía–.

• Sudán: históricamente tensas, con acusaciones mutuas de apoyo a grupos rebeldes. Desde el estallido del conflicto armado en Sudán, el gobierno de Eritrea se ha posicionado a favor del ejército sudanés liderado por el General Burhan, lo cual ha posicionado directamente al país respecto a uno de sus vecinos más poderosos en términos militares globales.

• Yibuti: la relación entre ambos países ha sido tensa y ha estado marcada por conflictos fronterizos. En 2008 estallaron enfrentamientos armados entre ambos países por la disputa territorial en la región de Ras Doumeira, un área estratégica en la costa del mar Rojo. Estos conflictos provocaron decenas de muertos y miles de desplazamientos, lo que llevó a la intervención de la Unión Africana y la ONU, que desplegaron fuerzas de paz para evitar una escalada. Aunque en 2010 se alcanzó un acuerdo de mediación con Catar como garante, la paz es frágil y las tensiones no están resueltas. Además, Etiopía mantiene una estrecha relación con Yibuti –el 90% de las exportaciones e importaciones de Etiopía pasan por el puerto de Yibuti, puesto que el primero no tiene salida al mar–, lo que no ayuda a la relación entre Asmara y Yibuti. 

• Somalia: durante mucho tiempo, Eritrea fue acusada de apoyar a grupos insurgentes somalíes, incluido Al-Shabaab. Sin embargo, a partir de 2018, con el acercamiento regional promovido por Etiopía, Eritrea y Somalia –Acuerdo de Asmara–, ambos países han fortalecido lazos políticos y de seguridad. Desde entonces, Eritrea ha entrenado a miles de soldados somalíes para reforzar el ejército nacional frente a Al-Shabaab, aunque la cooperación ha sido polémica por falta de transferencia y denuncias de abusos.

Eritrea está actualmente sujeta a varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU –2009, 2011 y 2012– las cuales, imponen sanciones militares y económicas, ante la consideración de haber apoyado a grupos armados de oposición en la región, en especial a la insurgencia islamista en Somalia y en asuntos internos de Etiopía.

Respecto a las conexiones internacionales eritreas, son en esencia escasas. Por un lado, cuenta con dos puertos principales: Massawa y Assab. El primero, cuenta con una capacidad de almacenamiento de 275,320 metros cuadrados y una capacidad de carga de 385,930 toneladas, siendo el mayor del país. En cuanto al de Assab, cuenta con siete muelles de carga seca y 3 terminales de petróleo. Aproximadamente el 95% de la carga manejada en Assab está destinada a Etiopía, lo que ha mejorado la relación entre ambos países debido a la dependencia de puertos extranjeros por parte de Addis Abeba. 

Por otra parte, Eritrea cuenta con solo un único aeropuerto internacional: el Aeropuerto Internacional de Asmara –ASM– de carácter público/militar. Sus operaciones aéreas son limitadas y apenas unen el país con vuelos directos actuales a cinco destinos: El Cairo, Jeddah, Dubái,  Estambul y Puerto Sudán –estacionalmente–. Habitualmente, habían vuelos a la capital etíope –Addis Abeba– pero por el momento siguen cancelados debido a las tensiones. En el pasado, la única aerolínea nacional –Eritrean Airlines, que cuenta con tan solo un avión– contaba con vuelos a Karachi, Lahore, Jartum y Roma.

El país permanece aislado en la vida política africana –pese a pertenecer a la UA, ser miembro observador de la Liga Árabe, la COMESA y la IGAD–, y los líderes regionales critican la falta de democracia y derechos humanos, aunque reconocen el potencial del país como actor de integración regional si se implementaran reformas políticas y económicas, que todavía quedan lejos.

Sistema de gobierno

En mayo de 1991 el Frente Popular para la Liberación de Eritrea estableció un gobierno provisional para gobernar el país hasta que tuviera lugar el referéndum sobre la independencia. El EPLF no permitió que participaran otras organizaciones, pero prometió que después del referéndum tendrían lugar unas elecciones libres. El referéndum tuvo lugar en abril de 1993, y Eritrea se proclamó un Estado independiente un mes después, estableciendo un gobierno de transición liderado por una cúspide formada por tres instituciones centrales:

1. Consejo Consultivo –ejecutivo, formado por los ministros, administradores regionales y otras autoridades–.

2. Asamblea Nacional –poder legislativo, formado por el comité central del EPLF, 30 miembros adicionales a las Asambleas Provinciales y 30 más elegidos por el comité central–.

3. Poder judicial.

En 1994, el Consejo Consultivo fue reemplazado por un Consejo de Estado. Se estableció un período transitorio de cuatro años de duración en que tenían que prepararse las condiciones de tránsito a un sistema político pluralista y constitucional. Sin embargo, en marzo de 1994, la Asamblea Nacional votó la alteración de su composición, punto de partida para que la asamblea pasasen a estar compuesta por 75 miembros del comité central del PFDJ y otros 75 elegidos directamente.

En mayo de 1997, tras aprobar la Constitución, la Asamblea Constituyente facultó a la Asamblea Nacional de Transición a representar el poder legislativo hasta las nuevas elecciones para una nueva Asamblea Nacional, hecho que jamás ocurrió. Isaias Afwerki –en el poder desde 1993– justificó la militarización extrema y la suspensión de libertades políticas en el país debido al conflicto coetáneo con Etiopía. El gobierno eliminó partidos, reprimió a los opositores y mantuvo al país bajo control absoluto mediante el servicio militar obligatorio e indefinido, así como la censura. Nadie le detuvo debido al aislamiento en el que se encontraba Eritrea en aquel momento: fronteras cerradas, información limitada, poca presión internacional efectiva y aliados mínimos, lo que permitió al régimen perpetuarse sin rendir cuentas. 

Casos ejemplificativos del terror hacia los eritreos

• Durante la Guerra de Independencia de Eritrea, el ejército etíope cometió múltiples atrocidades contra civiles eritreos y viceversa. Una de las más devastadoras fue la masacre de Ona, donde se asesinaron entre 400 y 800 personas. Un ataque enmarcado entre los crímenes de guerra del régimen de Mengistu Haile Mariam, buscando eliminar a la población eritrea mediante la limpieza étnica. De igual forma, sucedió en Besikdira y She´eb.

• Entre 2009 y 2025, unos 60 jugadores y deportistas, sobre todo de la selección nacional eritrea, aprovecharon torneos internacionales para desertar y solicitar asilo en otros países. En concreto, durante la Copa CECAFA de 2009 en Kenia y en las competiciones celebradas en 2012 en Uganda –17 jugadores y un médico– y, de nuevo, en Kenia. Durante los JJOO de 2012 en Londres, varios atletas desertaron y en 2015, durante un partido para la clasificación al Mundial, 10 miembros del equipo nacional pidieron asilo en Botswana. Estos hechos han provocado que Eritrea se haya retirado de las clasificaciones para los mundiales de fútbol y de otros torneos internacionales, por miedo a que jugadores y deportistas deserten ante la situación interna del país. 

• Masacres en Tigray: durante el conflicto en la región etíope de Tigray –2020-2022–, las fuerzas eritreas fueron acusadas de cometer atrocidades contra la población civil. Uno de los casos más documentados es la masacre de Axum, ocurrida en noviembre de 2020, donde cientos de civiles, incluidos niños, fueron ejecutados por tropas de Eritrea. Sobrevivientes y testigos entrevistados por Amnistía Internacional relataron ejecuciones sumarias, saqueos y ataques indiscriminados. Otras localidades afectadas por masacres fueron: Adigrat, Zalambessa, Hawzen y Mahbere Dego.

  
  

Conclusión

Eritrea representa un país como un pasado marcado por su lucha por la independencia, pero enfrenta hoy un presente marcado por el aislamiento político, la represión, la dictadura unipartidista y los desafíos económicos. La estabilidad y el desarrollo del país dependen de reformas y del respeto a los derechos humanos más básicos, que podrían convertir al país en un actor positivo en una de las regiones con más peso geopolítico del continente africano. Mientras tanto, sus políticas internas y externas continúan generando tensiones, ataques y desplazados, afectando a millones de personas, tanto dentro como fuera de sus fronteras.