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Crisis entre Estados Unidos y Sudáfrica: aranceles, G20 y refugiados tensan la relación bilateral en plena era Trump

  • Foto del escritor: Javier Angulo Perojil
    Javier Angulo Perojil
  • hace 1 día
  • 9 Min. de lectura

Sudáfrica y Estados Unidos a día de hoy han entrado en unas relaciones en punto muerto, siendo éste uno de los momentos más complicados de las relaciones bilaterales entre los dos países desde el final del apartheid. Lo que durante décadas era cooperación estratégica, diálogo político y convergencia en torno a valores democráticos ha derivado en una dinámica de desconfianza y malos gestos de alto impacto simbólico. 


Los hechos acaecidos en los últimos meses, como la ausencia deliberada de EE. UU. en la cumbre del G20 en Johannesburgo, o el allanamiento a un centro de procesamiento de refugiados vinculados a un programa estadounidense por parte de las autoridades sudafricanas, demuestran que más que episodios anecdóticos, presentan una crisis más profunda, estructural y prolongada, en la que confluyen diferencias ideológicas, choques de narrativa y tensiones sobre soberanía.


 Estos sucesos no deben ser analizados sólo en clave bilateral, pues en términos internacionales puede suponer una transformación del panorama regional e internacional de África Austral en general, y del papel de Sudáfrica como potencia media representante de los BRICS en el G20 en específico.


Los fundamentos históricos de las relaciones bilaterales entre Sudáfrica y EE.UU.

Para entender la profundidad de la crisis actual, es necesario analizar de dónde proceden las relaciones entre ambos países y situarlas en un marco histórico. Tras el fin del apartheid en 1994, Estados Unidos comenzó a tener bastante importancia como socio político y comercial en la nueva Sudáfrica democrática. Washington apoyó activamente una transición política, promoviendo programas de cooperación en salud, educación y seguridad, respaldando su reconocimiento en la comunidad internacional, dando una imagen de actor responsable, alternativo, comprometido con el derecho internacional y capaz de ejercer influencia en África Austral como actor y potencia principal de la región.


Durante las dos primeras décadas post-apartheid, la relación fue de equilibrio pragmático, evitando confrontaciones abiertas y directos con Estados Unidos, pero siguiendo una política exterior independiente, marcada por el no alineamiento en conflictos y la cooperación Sur-Sur. Si bien, a pesar de estas relaciones pragmáticas basadas en la no confrontación directa, sí hubo desacuerdos, como por ejemplo en torno al papel de Estados Unidos dentro de la guerra de Irak, o respecto a su relación con Cuba, pero no eran actos que no pudieran ser solucionados en canales diplomáticos tradicionales bajo la cordialidad y la puesta en común de perspectivas.


Sin embargo, el equilibrio comenzó poco a poco a deteriorarse a partir de la segunda mitad de la década pasada. Todo ello fue en parte causa del fortalecimiento de los BRICS, que trajo relaciones más intensificadas con China y Rusia, y su postura crítica hacia ciertas políticas occidentales en foros multilaterales. Sin embargo, una vez sale Donald Trump de la Casa Blanca, estas tensiones quedan contenidas hasta su regreso, momento en el que alcanzan un carácter mucho más explícito.


El retorno de Trump y el cambio de tono de la política estadounidense

El segundo mandato de Donald Trump ha supuesto un endurecimiento significativo del enfoque estadounidense hacia países considerados “discordantes” o insuficientemente alineados con sus intereses. En este marco, Sudáfrica dejó de ser tratada como un socio estratégico con autonomía relativa para convertirse en un objeto de crítica pública y presión política. Trump ha utilizado reiteradamente a Sudáfrica como ejemplo en su discurso sobre inseguridad, migración e injusticias raciales.


Uno de los elementos más polémicos ha sido la insistencia del presidente estadounidense en denunciar una presunta persecución sistemática contra la minoría blanca sudafricana, particularmente los afrikaners. Estas afirmaciones, difundidas desde la presidencia y amplificadas por sectores conservadores estadounidenses, han sido categóricamente rechazadas por el gobierno sudafricano y por múltiples organismos independientes. Pretoria considera que esta narrativa no solo carece de base empírica, sino que constituye una distorsión deliberada de la realidad social sudafricana y una instrumentalización política del pasado racial del país.


Este uso selectivo del discurso de derechos humanos ha generado un profundo malestar en Sudáfrica, donde se percibe como una forma de injerencia simbólica que socava la legitimidad de su marco constitucional y su soberanía política. Más aún, la insistencia en una lectura racializada de la violencia y la desigualdad ha sido interpretada como una banalización de las heridas históricas del apartheid y un desprecio hacia los esfuerzos de reconciliación nacional.


Uno de los ejemplos de esta nueva visión de la política exterior estadounidense por parte de Trump ha sido la imposición de aranceles “recíprocos” del 30% sobre todos los bienes sudafricanos que ingresen al mercado estadounidense a partir del 1 de agosto de 2025. Esta decisión se tomó en el marco de un paquete arancelario dirigido a decenas de países que mantienen “prácticas comerciales injustas” o “desequilibrios permanentes” según la administración de Washington, alegando que la relación comercial no era suficientemente recíproca. Cabe recordar que estas prácticas han sido demostradas como ilegales por parte de otros países como España, a la cual la OMC el pasado 19 de diciembre de 2025 falló en favor respecto a este caso, autorizando represalias contra Estados Unidos por esta práctica.


Ramaphosa respondió señalando que los precios de los productos a los que se refiere Trump han sido calculados desde una metodología cuestionada, entrando el 77% de las exportaciones estadounidenses a Sudáfrica con arancel cero, siendo el arancel promedio sobre bienes estadounidense es de apenas 7,6%, lo cual contrastaba fuertemente con ese 30% anunciado por EE. UU. Hasta antes del anuncio, los datos de comercio entre ambos países mostraron cifras relevantes: en 2024, Estados Unidos importó desde Sudáfrica unos 14.7 mil millones de dólares en bienes, mientras que exportó unos 5.8 mil millones de dólares (con un déficit de cerca de 8.8 mil millones para Estados Unidos).


Además, antes de estas medidas, Sudáfrica disfrutaba de acceso preferencial al mercado estadounidense bajo la African Growth and Opportunity Act (AGOA), que otorga desgravaciones arancelarias a miles de productos originarios de países africanos, entre ellos vehículos, minerales, frutas y textiles. El anuncio del arancel general y del incremento del 25% específico para vehículos complicó gravemente este acceso preferencial y ha tenido efectos en la industria automotriz sudafricana, que tradicionalmente exporta importantes volúmenes de vehículos y partes a Estados Unidos. 


Ramaphosa y Trump: dos visiones de la política internacional confrontadas

El enfrentamiento político y diplomático entre Cyril Ramaphosa y Donald Trump no puede entenderse únicamente como un choque de estilos personales, sino como la manifestación de dos visiones profundamente divergentes sobre la soberanía estatal, el comercio internacional y el funcionamiento del orden global. 


Desde la perspectiva sudafricana, la defensa de la soberanía nacional constituye un eje central de la política exterior de Ramaphosa. Ante las reiteradas críticas de Trump a políticas internas como la reforma agraria o las acusaciones de una supuesta “persecución” a comunidades blancas, el gobierno sudafricano ha insistido en que estas cuestiones se rigen por un marco constitucional sólido y por procesos institucionales democráticos. Ramaphosa ha advertido que la difusión de narrativas simplificadas desde el exterior no solo carece de base empírica, sino que resulta potencialmente desestabilizadora. Si bien es cierto que Sudáfrica tiene importantes desafíos sociales, económicos y políticos que lidiar, como ciertas desigualdades sociales e históricas latentes, pues es un Estado, ello no da legitimidad a la injerencia ideológica o comercial de un Estado dentro de las dinámicas de otro.


Trump, en contraste, ha adoptado un enfoque que instrumentaliza el lenguaje de los derechos humanos como herramienta de política exterior. Desde su administración, la identificación de supuestos agravios contra grupos específicos se presenta como una justificación válida para la imposición de medidas diplomáticas o comerciales, aún cuando dichas acusaciones sean ampliamente contestadas por datos oficiales e informes independientes. Este choque epistemológico —datos institucionales frente a narrativas morales— revela concepciones incompatibles sobre la legitimidad de la crítica internacional.


La divergencia se amplía en el ámbito económico. Trump ha promovido una política de “reciprocidad estricta”, en la cual cualquier país que no abra completamente sus mercados a bienes estadounidenses debe enfrentar tarifas equivalentes o superiores, mientras que Ramaphosa sostiene que la relación comercial entre ambos países es esencialmente complementaria y beneficiosa para ambas economías. 


En el plano multilateral, actualmente Estados Unidos proyecta una visión condicional de la gobernanza global, frente a la apuesta sudafricana por un multilateralismo inclusivo acorde con un mundo cada vez más multipolar


El plantón estadounidense en la cumbre del G20

Uno de los episodios más recientes que refleja las tensiones entre ambos países lo comprende el acaecido en noviembre de 2025, respecto a la Cumbre del G20 organizada en Johannesburgo, pues constituía un acontecimiento de gran valor simbólico para Sudáfrica y en conjunto de todo el continente africano, pues la presidencia rotatoria del G20 y la celebración de la cumbre en el país daba mayor importancia al Sur Global, situándose en el centro de un espacio clave de coordinación económica a nivel mundial.


En este contexto, la decisión de la Administración Trump de no enviar delegación oficial a Johannesburgo fue percibida como un gesto de ruptura y de desinterés sin precedentes. No hubo ningún representante estadounidense, ni presidente, ni ministros, ni autoridades relevantes. Esto fue muy perjudicial, sobre todo, para alcanzar consensos económicos. Un organismo que se basa en la continuidad institucional y la igualdad formal entre sus miembros no puede recibir el plantón de una de las economías más grandes del mundo sin afectar a su legitimidad.


Más allá del daño institucional de este plantón dentro del contexto del G20, todo ello tiene un trasfondo político más profundo. Diversos observadores interpretaron la decisión del presidente estadounidense como una respuesta directa al perfil diplomático independiente de Sudáfrica y de sus posicionamientos en conflictos geopolíticos sensibles para EE. UU. entre ellos haber sido el primer país que interpusiera una denuncia por delitos de genocidio, en el contexto de la guerra en Gaza, contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, siendo leído como una forma de “castigo” simbólico. 


Desde Pretoria, la reacción fue firme pero contenida. El presidente defendió el derecho a ejercer liderazgo internacional por parte de Sudáfrica sin someterse a presiones externas, advirtiendo que un sistema multilateral basado en castigos selectivos socava su propia credibilidad. En su discurso, además, destacó que el G20 no es un club condicionado por afinidades ideológicas, sino que, más allá, es una plataforma para gestionar problemas globales.


Un episodio reciente que enciende las alarmas: el Centro de Procesamiento de Refugiados

La tensión diplomática se ha intensificado aún más si cabe entre el 16 y el 17 de diciembre de 2025, momento en el cual autoridades sudafricanas allanaron un centro de procesamiento de refugiados en Johannesburgo, vinculado a un programa de reasentamiento estadounidense. 


La operación resultó en la detención y deportación de siete trabajadores de Kenia por violaciones en la legislación migratoria sudafricana y trabajar sin permisos adecuados, y fue utilizada por Sudáfrica para destacar su cumplimiento a la ley en una operación rutinaria. Sin embargo, Washington la calificó de hostigamiento y exigió explicaciones formales. Según el Departamento de Asuntos Internos de Sudáfrica, los siete kenianos además habían ingresado al país con visados de turismo pese a que solicitudes previas de permisos de trabajo fueron denegadas. Al encontrarlos trabajando, fueron detenidos, emitidos con orden de deportación y sujetos a una prohibición de reingreso por cinco años. No se arrestaron funcionarios estadounidenses, sólo dos fueron retenidos y liberados.


La cuestión tiene un entendimiento más sensible y profundo, pues el centro en cuestión procesaba aplicaciones para el programa de refugiados impulsado por la administración Trump, que da prioridad a sudafricanos blancos bajo la justificación de que enfrentan persecución  sistemática.


La tensión es evidente, pues desde el punto de vista jurídico, Sudáfrica sostiene que actuó dentro de sus competencias soberanas y que el centro allanado no gozaba de estatus diplomático. Desde el punto de vista político, el episodio revela hasta qué punto la desconfianza mutua ha contaminado incluso ámbitos tradicionalmente técnicos, como la cooperación migratoria.


Este incidente se inscribe dentro de un clima de deterioro de las relaciones bilaterales, incluyendo la reducción drástica del techo anual de refugiados admitidos en Estados Unidos a 7500 personas, dando prioridad a sudafricanos blancos, y la postura crítica de Donald Trump sobre las políticas internas sudafricanas. La controversia del centro de procesamiento de refugiados puede parecer un incidente desafortunado, pero más bien ilustra un episodio más de deterioro, en el que las interpretaciones divergentes del derecho internacional y el respeto a las leyes migratorias se pueden tornar en un punto de fricción diplomática.


El futuro incierto de las relaciones bilaterales entre Sudáfrica y EE.UU.

La crisis entre Estados Unidos y Sudáfrica trasciende la relación bilateral y tiene profundas implicaciones geopolíticas tanto en África como en el contexto global. En el continente africano, los gobiernos observan con cautela esta situación, evaluando hasta qué punto Sudáfrica puede resistir presiones externas sin comprometer su autonomía política y económica. Hay que tener en cuenta que la administración Trump recientemente también ha sometido a presiones similares a países como Nigeria, lo cual hace despertar la atención en esta zona, observando hasta qué punto pueden soportar la presión de Estados Unidos los países africanos, demostrando, en caso afirmativo, cohesión interna e institucional.


A nivel global, la confrontación contribuye a la fragmentación del multilateralismo y refuerza tendencias hacia un orden internacional más polarizado, donde el alineamiento político y económico se convierte en condición de la participación en foros multilaterales. La ausencia de Estados Unidos en la Cumbre del G20 en Johannesburgo y la imposición de aranceles unilaterales representan señales de que la cooperación internacional puede ceder ante dinámicas de confrontación y competencia estratégica. Este escenario desafía la capacidad de instituciones globales para generar consensos en temas críticos, desde deuda soberana hasta seguridad sanitaria y cambio climático, debilitando la confianza en el sistema multilateral.


En el corto y medio plazo, es probable que Washington y Pretoria coexistan en un marco de conflicto permanente, caracterizado por episodios recurrentes de tensión, gestos simbólicos y ausencia de cooperación estratégica profunda, especialmente en comercio y seguridad. A largo plazo, el desenlace dependerá de la evolución del liderazgo político en ambos países, de la habilidad de los actores internacionales para reconstruir canales de diálogo inclusivos y predecibles, y, por supuesto, de potenciales cambios de gobierno en ambas partes en próximos períodos electorales. 


Hasta entonces, es difícil vislumbrar el horizonte y el rumbo de la escalada de tensión entre dos países que tradicionalmente siempre han cooperado juntos, y entre los cuales rara vez ha habido un problema estructural en sus relaciones bilaterales, algo que, por otro lado, desde que la administración Trum llegó al poder se está convirtiendo en habitual debido a la política arancelaria. Lo más importante es que no ocurran excesos de ninguna de las partes sobre la otra, respetando los principios generales del derecho internacional.

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