Etiopía vuelve a la guerra: Tigray y la crisis del acuerdo de Pretoria

Durante casi cuatro años, el acuerdo de Pretoria fue la referencia jurídica para evitar que se repitiera lo que ocurrió en Tigray especialmente entre 2020 y 2022, si bien las tensiones políticas comenzaron dos años antes. Su firma, sin embargo, no resolvió los desacuerdos sobre el control regional, cómo aplicar el desarme o hasta dónde llegaría la autoridad del Estado federal. Esas tensiones jamás desaparecieron, ni siquiera al firmar el acuerdo. Es por ello que, en septiembre de 2026, el deterioro de la seguridad y lo recientemente acontecido ha vuelto a ponerlas en primer plano, pero esta vez hay algo distinto: la organización de una alianza contra el Gobierno de Abiy Ahmed por parte de los distintos grupos armados (Unión Africana, 2022; Unión Africana, 2026).

El 23 de septiembre, el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) anunció que había entrado en una «guerra defensiva» contra el Ejército etíope. El comunicado llegó en medio de la activación de los combates y de la toma de los aeropuertos de Mekelle, Axum y Shire, forzando a que Ethiopian Airlines suspendiera temporalmente los vuelos a las tres ciudades. Para una población que llevaba la carga reciente de la guerra activa en 2022, el primer signo de una escalada con efectos visibles más allá del mero movimiento de tropas ya los mantiene en alerta (Europa Press, 2026a).

Determinar el desencadenante de esta nueva fase resulta, quizá, menos claro. El TPLF acusa al Ejército de atacar Tigray con drones y artillería, presentando sus operaciones como respuesta (de ahí el término previamente mencionado), mientras que dirigentes como Getachew Reda, asesor de Abiy Ahmed, sostienen que es la otra parte quienes lanzaron una ofensiva contra posiciones gubernamentales en Afar y Amhara (Europa Press, 2026a). Las versiones son opuestas e intentan explicar su actuación como una defensa legítima a la respuesta del otro. Sin embargo, hay hechos irrefutables que permiten vislumbrar este cruce de acusaciones: La Unión Europea señala que el Ejército federal llevó a cabo varios ataques con drones las semanas anteriores, mientras que la toma de aeropuertos fue denunciada por la Unión Africana. Además, Naciones Unidas ha informado sobre la intensificación de combates en Tigray y las hostilidades que han ido alcanzando zonas vecinas con el paso de las horas. La guerra ha regresado. Ahora hay que vislumbrar hasta dónde, quiénes y hasta cuándo.

Pretoria: la paz que debía impedirlo

En noviembre de 2022, el Gobierno de Etiopía y el TPLF firmaron en Pretoria un acuerdo para poner fin a dos años de guerra, pretendiendo cesar las hostilidades, proteger a la población civil, facilitar la ayuda humanitaria y resolver las controversias políticas mediante el diálogo. También había otras cuestiones mucho más escabrosas, como el desarme de los combatientes del TPLF, el regreso de la autoridad federal a Tigray y la creación de una administración regional provisional. Estos últimos puntos se antojaban, desde un inicio, bastante complicados de aplicar (Unión Africana, 2022, arts. 3-10).

Otro tema importante es que el ataque haya sido reportado en un aeropuerto, porque el artículo 8 de este acuerdo establece que son las fuerzas federales las que tienen el control de las instalaciones, por lo que su toma por las fuerzas tigriñas viola los acuerdos de Pretoria. Sin embargo, aquí no hay bando libre de pecado, ya que el texto obligaba al Gobierno federal a detener las operaciones militares contra el TPLF, por lo que el ataque con drones señalado por la UE podría constituir otra vulneración más del acuerdo, aunque esto último no ha sido señalado. Así, cada parte toma parte del acuerdo para atacar y denunciar a la otra, a la vez que monta su propio relato defensivo (Unión Africana, 2022, arts 7 y 8). 

A esta tensión militar debe sumarse la disputa por el control regional. En mayo de este año, el TPLF recuperó el control de la administración de Tigray, algo no reconocido por Adis Abeba (Europa Press, 2026). Así, el proceso de paz iba cada vez debilitándose más a medida que iban discutiendo sobre quién debía ejercer el poder mientras planificaban escenarios posibles de guerra. La UA, la ONU y la UE, mientras tanto, siguen reclamando que vuelva el marco de Pretoria, pero remarcar la vigencia del acuerdo no basta para aplicarlo: debe haber una voluntad de sometimiento que ambas partes no tienen y, además, una visión de desarme y seguridad entre las partes, irresoluto desde 2022.

Como la otra vez, pero organizados

No fue casual que tres días antes del regreso de los combates en la ciudad, siete organizaciones anunciasen la creación de la Alianza de Fuerzas Populares Etíopes para la Supervivencia. El comunicado de adhesión lo firman el Movimiento Nacional de Amhara Dano, el Ejército de Liberación Oromo, el TPLF y otras organizaciones en Ogadén, Afar, Benishangul y Gumuz (Alianza para la Supervivencia, 2026). La composición de la alianza dice bastante de cómo está Etiopía actualmente, sobre todo teniendo en cuenta que grupos como Amhara Fano lucharon junto al Gobierno federal contra el TPLF durante la guerra en 2020, y ahora vemos su firma en una declaración dirigida contra Abiy Ahmed (Reuters, 2026). Esto no significa que hayan resuelto sus diferencias para nada, sólo se observa la prioridad de la lucha contra el enemigo común.

El texto responsabiliza al Partido de la Prosperidad sobre la inseguridad, los desplazamientos y el empobrecimiento del país, asumiendo por parte de los firmantes la «responsabilidad histórica de derrocar a este régimen» y anunciando que han acordado «coordinar nuestras capacidades populares y organizativas». Su propuesta para después es establecer «un gobierno de transición inclusivo» y abrir un diálogo popular y constitucional (Alianza para la Supervivencia, 2026). Así, no se ve como un escrito simplemente de queja: hay un plan expreso para sustituir al Ejecutivo y reclama a otras organizaciones, e incluso a miembros de fuerzas armadas, sumarse a este objetivo para poder culminar con el proceso. 

Además, relativo al acuerdo de Pretoria, también se obligaba al TPLF a no colaborar con otros grupos armados ni intentar un cambio inconstitucional de Gobierno (Unión Africana, 2022, art. 7), algo que es susceptible de incumplimiento cuando suscriben la alianza, generando un agravamiento de la tensión respecto al acuerdo. En términos más amplios, el conflicto ya no gira solo alrededor de la relación entre Tigray y Adís Abeba: la declaración intenta reunir agravios y fuerzas de distintas regiones en un desafío al poder federal. Que ese proyecto llegue a funcionar como una fuerza militar coordinada es una cuestión todavía abierta. El comunicado prueba la voluntad de unirse, pero no basta para demostrar que hayan superado sus diferencias o que puedan operar juntos sobre el terreno.

La evolución de las próximas semanas dependerá de si las partes vuelven a negociar bajo un marco jurídico común o profundizan una escalada que ya ha alcanzado zonas colindantes a Tigray. La Unión Africana ha pedido conversaciones directas, mientras que la nueva alianza abre un horizonte extraño: si sus integrantes logran coordinar sus fuerzas, aumentará la presión militar sobre el Gobierno federal y el riesgo de que los combates se extiendan.

«Nunca ha existido una nación que se haya beneficiado de una guerra prolongada»

(Sun Tzu. El Arte de la Guerra, capítulo II).

Para la población etíope, prolongar el conflicto significaría tener muchas dificultades para acceder a servicios básicos y ayuda. También agravaría la situación de las mujeres, que, como ya explicamos en nuestro vídeo de redes, se encuentra en una posición de derechos ampliamente vulnerados. Pretoria además reconocía expresamente la necesidad de protegerlas frente a la violencia sexual y atender las necesidades humanitarias (Unión Africana, 2022, arts. 4 y 5), por lo que salirse de ese marco legal implica otras consecuencias mucho más allá de escaladas militares. Naciones en Ruinas seguirá analizando y actualizando la información conforme evolucione el conflicto.