Intento de golpe de Estado en Benín: señales de inestabilidad y las grietas de una democracia bajo presión

La madrugada del 7 de diciembre podría ser resumida con una palabra: volatilidad. Benín descubrió esa misma mañana que el modelo ampliamente celebrado por la comunidad internacional de estabilidad y modelo democrático podía saltar perfectamente por los aires en un segundo. Soldados fuertemente armados irrumpían en la televisión estatal para anunciar la disolución del gobierno, la suspensión de su Constitución y la caída del presidente Patrice Talon. 

El golpe fracasó, sí, pero su fracaso no indica para nada una solidez democrática. Las palabras del ministro del Interior beninés, quien aseguró que “un grupúsculo de soldados protagonizó un motín con el objetivo de desestabilizar el Estado y sus instituciones", y que “las Fuerzas Armadas beninesas y su cúpula, fieles a su juramento, han permanecido republicanas. Su respuesta les permitió mantener el control de la situación y frustrar la maniobra”, si bien pueden parecer tranquilizadoras en primera instancia, muestra que el estado beninés mantiene fisuras estructurales considerables, y que este episodio indica un síntoma de desgaste, en el que el poder, el cual mismamente negaba previamente que pudiera suceder algo así, tembló.

Benín: un país que fue instalándose en una calma paulatina

Los primeros años del camino de Benín como república independiente fueron bastante convulsos, pues estuvieron plagados de subidas en tasas de desempleo, descontento social, convulsiones políticas y golpes de Estado. Entre 1963 y 1972, se produjeron diversos cambios de gobierno por medios militares, lo cual marcó décadas de inestabilidad e intervenciones constantes de las fuerzas armadas. En 1974, se proclamó la República Popular de Benín, con fases nacionalistas basadas en el marxismo-leninismo, una fase socialista, y una fase de apertura hacia Occidente y el liberalismo económico.

Precisamente, el deterioro económico, la presión social y la urgencia de reformas estructurales en el país africano, llevó a una profunda transformación democrática a finales de la década de los 80. La Conferencia Nacional de 1990 sentó las bases del nuevo orden constitucional y abrió la puerta a las primeras elecciones libres en 1991, que inauguraron un periodo de alternancia política relativamente pacífica.

A pesar de que durante los años 90 y principios de los 2000 el país fue considerado un referente democrático regional, ese prestigio comenzó a erosionarse progresivamente a partir de la llegada al poder de Patrice Talon en 2016. Su administración impulsó un proceso de reconfiguración institucional que, aunque presentado oficialmente como una modernización del Estado, ha sido interpretado por expertos y observadores internacionales como un giro restrictivo del pluralismo político. Reformas electorales que aumentaron dramáticamente los requisitos para registrar partidos, ajustes legislativos que redujeron la participación de la oposición y una creciente concentración de poder en la figura presidencial generaron un debate intenso sobre la calidad real de la democracia beninesa. 

Informes de organizaciones internacionales y de análisis político han señalado también un deterioro de la independencia judicial, especialmente por la cercanía de magistrados clave al entorno gubernamental y por decisiones consideradas desfavorables para candidatos y figuras opositoras. Aunque el marco institucional continúa funcionando formalmente bajo principios democráticos, es considerado un régimen híbrido por indicadores como el Índice de Democracia de The Economist (con una puntuación de 4.84 sobre 10, y un puesto alrededor del 104).

En paralelo, el desempeño económico del país exhibió avances significativos que contribuyeron a sostener la imagen de estabilidad. Durante las dos últimas décadas, Benín mantuvo tasas de crecimiento relativamente altas impulsadas por el comercio regional, el dinamismo del puerto de Cotonú, la agricultura y la expansión progresiva de actividades industriales y de servicios. Informes del Banco Mundial registraron mejoras en indicadores básicos de desarrollo: incremento del ingreso nacional bruto per cápita, reducciones moderadas en la pobreza, mejoría en la esperanza de vida y ampliación del acceso a la educación. Sin embargo, este crecimiento coexistió con características estructurales de vulnerabilidad que continúan sin resolverse: una economía profundamente informal, limitaciones persistentes en infraestructuras, disparidades sociales entre regiones urbanas y rurales, así como escasa diversificación productiva. Todos estos factores han alimentado un sentimiento de fragilidad socioeconómica que no siempre coincide con los indicadores macroeconómicos positivos.

En el ámbito regional, Benín enfrenta una situación geopolítica compleja. Su posición estratégica en la costa occidental africana lo convierte en un corredor comercial relevante, pero también en un territorio expuesto a tensiones transfronterizas. La vecindad con países sometidos a golpes de Estado recientes, como Guinea-Bissau, Malí o Burkina Faso, crisis políticas recurrentes o presencia de grupos insurgentes y fundamentalistas ha incrementado la presión sobre las fuerzas de seguridad y ha obligado al gobierno a adoptar medidas de vigilancia reforzada. Esta dinámica regional, sumada a los efectos colaterales de crisis económicas y movimientos migratorios, ha contribuido a un clima de incertidumbre que se ha infiltrado tanto en la percepción ciudadana como en las decisiones gubernamentales. Por ello es que cualquier cambio en la región de África Occidental, seguida de cerca por organismos internacionales como la Unión Africana, la CEDEAO o incluso ECOWAS en términos económicos y comerciales, despierta la atención internacional, sobre todo si se tratan de países con tradición democrática o una calma en la contemporaneidad.

Los momentos previos al 7 de diciembre

Durante las semanas previas al intento de Golpe de Estado eran observables diversas señales de tensión política y militar que pueden llegar a explicar el escenario previo que se respiraba en Benín, y que el hecho no fue aleatorio ni aislado, sino que fue el punto de ebullición de desavenencias latentes. 

Diversos medios de comunicación (Al-Jazeera), documentaron malestar en sectores de las fuerzas armadas, rumores y testimonios sobre divisiones internas sobre la gestión de la seguridad en regiones fronterizas del norte. Por otro lado, el calendario electoral tensó evidentemente el ambiente: las elecciones próximas de abril de 2026 pusieron en relieve el debate de la sucesión presidencial y acusaciones de concentración de poder en torno al poder ejecutivo, lo cual generaron quejas y protestas en sectores de la oposición.

A todo ello debemos sumar, como previamente ha sido comentado, el clima de “contagio” político de la región de África Occidental. La sucesión reciente de golpes de Estado exitosos en países (véase Guinea-Bissau) y la percepción de éxito en resultados políticos por parte de movimientos militares en ciertos casos, alentaron narrativas que concebían la intervención armada como solución a problemas de seguridad y gobernanza. 

La tentativa de golpe de Estado

En la madrugada del 7 de diciembre de 2025, la República de Benín vivió uno de los episodios más críticos de su historia reciente. Un grupo de militares, autodenominado Comité Militar para la Refundación (CMR) y bajo la supuesta dirección del teniente coronel Pascal Tigri, irrumpió en la escena política nacional con el objetivo declarado de “refundar” el Estado. La sublevación se manifestó inicialmente a través de la ocupación simbólica y estratégica de la televisión pública nacional, donde los amotinados leyeron un comunicado anunciando el derrocamiento del presidente Patrice Talon, la disolución de las instituciones, la suspensión de la Constitución y el cierre temporal de fronteras. La acción se articuló como un mensaje político de emergencia, diseñado para proyectar control y legitimidad ante la población y la comunidad internacional. Si bien las primeras horas fueron de informaciones cruzadas y contradictorias en forma, la situación es cierto que no iba a ser prolongable ya que contaban con bajo apoyo militar, territorial e institucional, por lo que parecía una suerte de delirio de cambio.

Durante las primeras horas, se registraron enfrentamientos armados limitados en varios puntos de la capital, Cotonú, incluyendo las proximidades del palacio presidencial y otras zonas estratégicas. Estos hechos generaron alarma y confusión entre la ciudadanía, así como preocupación entre misiones diplomáticas extranjeras, que emitieron alertas preventivas a sus nacionales. 

La reacción de las fuerzas de seguridad leales al gobierno fue rápida y coordinada. La Guardia Republicana y otras unidades fieles recuperaron el control de la televisión pública y de los accesos claves de la capital en cuestión de horas, contaron con ayuda del ejército de Nigeria, quienes entraron en el país y tomaron el control aéreo para ayudar a desalojar a los golpistas de la televisión nacional y de un campamento militar donde se habían reagrupado, restaurando la normalidad institucional y procediendo a la detención de más de una docena de militares implicados en la sublevación, aunque algunos líderes lograron escapar temporalmente. También ha sido revelado que Francia ha realizado un “apoyo en materia de vigilancia y observación y apoyo logístico” a las fuerzas armadas de Benín, a petición de Cotonou, de forma similar a Nigeria. El domingo se entrevistó Emmanuel Macron con su homólogo de Benín, con Nigeria y Sierra Leona en representación de la CEDEAO, para efectuar una rápida respuesta que ayudara a que Benín rechazara el intento de golpe.

El presidente Talon reapareció en la escena pública compareciendo esa misma noche del 7 de diciembre ante la nación, reafirmando que la situación estaba plenamente controlada y que los responsables serían procesados conforme a la ley, afirmando que “esta aventura no quedará impune”. La rapidez y eficacia de esta respuesta impidió que el golpe se consolidara, demostrando que, a pesar de los signos de tensión acumulada, el control institucional del Estado permanecía intacto.

En su mensaje televisado, los amotinados del CMR justificaron la acción argumentando la existencia de una crisis institucional profunda y una supuesta incapacidad del gobierno para garantizar seguridad, tanto de la población general como de los efectivos militares y sus familias. Denunciaron negligencia respecto a los soldados caídos o excombatientes y el abandono de regiones fronterizas, particularmente en el norte, donde la inseguridad ha sido histórica y donde se concentran desafíos de gobernanza complejos. Los golpistas plantearon la necesidad de una “refundación” bajo un “nuevo orden republicano”, que implicaba no solo un cambio de liderazgo sino también una transformación de la estructura política y administrativa del Estado, señalando lo que consideraban fracturas críticas entre la ciudadanía y las instituciones.

El análisis político posterior señaló que la intentona no puede entenderse únicamente como un reclamo por seguridad o justicia social. El contexto de la sucesión presidencial prevista para abril de 2026, con el eventual relevo de Talon por un candidato oficialista, creó un escenario de incertidumbre que algunas facciones militares interpretaron como amenaza a sus intereses y posición dentro del sistema político. La sublevación, en este sentido, reflejaba tanto preocupaciones estructurales como la intención de incidir en un proceso político clave, mezclando reivindicaciones de carácter social con la búsqueda de poder político e institucional.

Las consecuencias y reacciones internacionales

Si bien es cierto que el Golpe de Estado se desvaneció con relativa rapidez y fue declarado fallido con cierta celeridad, tuvo consecuencias evidentes, más allá de la detención de más de una docena de soldados sublevados.

En primer lugar, es evidente que la exposición del sistema a un intento de toma de poder reveló vulnerabilidades latentes en la estructura de seguridad y en la percepción pública sobre la estabilidad institucional. La restitución rápida del control y la intervención coordinada de las fuerzas leales permitió que las instituciones continuaran funcionando, pero puso de manifiesto la necesidad de fortalecer la cohesión interna, la confianza ciudadana, los mecanismos de supervisión y control sobre las fuerzas armadas y por supuesto la protección de instalaciones críticas, así como el establecimiento de sistemas de alerta temprana entre autoridades militares, políticas y civiles ante potenciales suspicacias y disidencias.

La reacción internacional al intento de golpe de Estado en Benín fue inmediata y enérgica, reflejando tanto la preocupación por la estabilidad interna del país como la importancia estratégica de la región para la seguridad y la gobernabilidad de África Occidental.

A nivel regional, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) condenó la tentativa como “una subversión de la voluntad del pueblo beninés” y anunció la activación de su fuerza de reserva para apoyar al gobierno legítimo y garantizar la preservación del orden constitucional. La organización enfatizó la necesidad de proteger los procesos democráticos y subrayó que no se tolerarían alteraciones del poder por la fuerza en ninguno de sus Estados miembros. Este despliegue implicaba no sólo la movilización de tropas sino también el fortalecimiento de mecanismos de vigilancia conjunta y la coordinación entre las fuerzas armadas de los países miembros, enviando un mensaje de disuasión frente a futuros intentos de sublevación militar en la subregión.

En el ámbito continental, la Unión Africana expresó su rechazo firme y categórico al golpe, reiterando su compromiso con la gobernanza democrática y civil en todos sus Estados miembros. La UA subrayó que cualquier intento de derrocamiento militar constituye una amenaza directa a la estabilidad regional y socava los valores fundamentales de los tratados africanos sobre democracia y derechos humanos. Además, la organización instó a la comunidad internacional a brindar apoyo político y técnico para la restauración del orden, la protección de las instituciones democráticas y el fortalecimiento del Estado de derecho en Benín.

A escala global, las Naciones Unidas emitieron declaraciones de condena rotunda. El Secretario General advirtió que la sublevación militar, aunque breve y contenida, representaba un riesgo significativo para la estabilidad de África Occidental y podía generar precedentes peligrosos en la región. La ONU instó a las autoridades beninesas a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los detenidos y a reforzar los mecanismos de supervisión civil sobre las fuerzas armadas. Los gobiernos de potencias internacionales con intereses estratégicos en África Occidental, incluyendo Francia, Estados Unidos, España y la Unión Europea, emitieron comunicados de apoyo al gobierno legítimo. Precisamente, Francia también ha reforzado su apoyo político a la CEDEAO, lo cual refuerza las instituciones africanas, su eficacia y capacidad de influencia.

Todas estas reacciones fueron de ayuda al fortalecimiento del gobierno legítimo de Patrice Talon, y a la justificación de la acción nacional para sofocar la tentativa de golpe de Estado.

Un golpe que refleja un horizonte ciertamente difuso

Los hechos ocurridos el 7 de diciembre en Benín agrandan aún más la incertidumbre respecto al horizonte que maneja el país en los próximos meses y años. Como previamente ha sido comentado, el país tiene elecciones programadas para abril de 2026, en la cual el actual presidente no puede volver a concurrir a elecciones, designando a un candidato oficialista para sucederle. Esta decisión es bastante controversial, y el hecho de que en los meses previos haya existido una tentativa de golpe de Estado puede aumentar las tensiones internas, y provocar un escenario bastante más tensionado de lo que se podía imaginar. Si bien, esto tiene una doble lectura, porque la rápida intervención puede servir como garante institucional que promueva la confianza ciudadana, viendo en el nuevo candidato una posibilidad de renovación integral de la democracia de una forma más natural y paulatina.

El episodio por otro lado deja una visión bastante interesante, y es que un “grupúsculo” como declaró el Ministro del Interior beninés, basta para sacudir el orden si las tensiones y la seguridad no se abordan con total contundencia, afrontando Benín a partir de ahora este reto para que no exista un riesgo de nuevos intentos de desestabilización del país.

Por otro lado, el despliegue de la fuerza de reserva de ECOWAS y del ejército del aire de Nigeria y Francia, la condena de la UA, ONU, de países de la Unión Europea y EE. UU. implican que la comunidad internacional vigila de cerca la situación, implicando una responsabilidad interna de respeto a la legitimidad por parte del gobierno de Benín hacia sus instituciones propias y su Constitución.

El futuro inmediato del país pasa por las elecciones de 2026 como gran prueba de fuego: si el Estado logra realizar un proceso electoral limpio, una transición de poderes justa y reconstruir la confianza institucional, los benineses podrán hablar del 7 de diciembre de 2025 como un pequeño susto, pero si se reacciona con represión, corrupción o cierre autoritario, podría significar el preludio de una crisis más profunda aún. En los próximos meses se verá, además, cuán frágil es la democracia beninesa, o si puede soportar incluso tentativas de golpe de Estado de forma solvente.