Intervención de EE.UU. en Venezuela: Nicolás Maduro y Cilia Flores capturados y reacciones internacionales

El inicio del año 2026 comienza mediante una operación militar llevada a cabo por los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela el día 3 de enero, constituyendo uno de los episodios internacionales más importantes en el hemisferio occidental desde el final de la Guerra Fría, y, sin duda, uno de los eventos que marcarán el nuevo año. No se ha tratado de un ataque puntual ni de una acción militar aislada, sino de una decisión estratégica de alto nivel, adoptada en el seno de la administración estadounidense, que ha combinado fuerza militar, cálculo político y construcción narrativa. Como ocurrió en Panamá en el año 1989 o en las operaciones norteamericanas en Pakistán contra Bin Laden durante la primera década del siglo XXI, el objetivo no parece haber sido ni una guerra convencional ni la ocupación territorial, sino la alteración inmediata del equilibrio de poder interno mediante un “shock”, rápido, limitado y tremendamente simbólico.

Ataque durante la madrugada del 3 de enero de 2026

Desde las primeras horas de la madrugada (02:00 am hora local en Caracas), las informaciones sobre explosiones y ataques sobre Caracas y en otros puntos claves del país hispanoamericano, cortes de electricidad, interferencias en las comunicaciones y sobrevuelo de aeronaves indicaron un patrón operativo claro: acción nocturna, simultánea y de corta duración, diseñada para desorganizar y paralizar el aparato estatal chavista. La Casa Blanca ha definido la operación como “limitada” y “quirúrgica”, habiendo confirmado el supuesto fin de los ataques desde prácticamente las nueve de la mañana (hora española peninsular). Mientras, el gobierno venezolano califica los hechos como una agresión directa e inaceptable. Más allá de la disputa retórica, el diseño de la operación parece responder a una lógica consolidada en la doctrina militar posterior a Irak y Afganistán: golpes de alta precisión, protagonismo de fuerzas especiales y retirada rápida, evitando el despliegue masivo de militares, la ocupación territorial o el coste político y humano de una intervención prolongada.

La selección de los objetivos atacados refuerza la interpretación mencionada. Los indicios disponibles apuntan a centros de comando y control militar, instalaciones vinculadas a la seguridad del Estado, nodos de comunicaciones y complejos logísticos esenciales para una respuesta coordinada (de momento capitalizada por la prudencia en las declaraciones de Diosdado y las acusaciones de Delcy Rodríguez; a quien ha pillado la intervención en Rusia). El propósito no era destruir infraestructuras civiles ni derrotar al conjunto de las fuerzas armadas venezolanas, sino interrumpir la capacidad de mando, aislar a la cúpula del régimen y facilitar operaciones de captura o neutralización de alto valor, como ha sido la detención de Nicolás Maduro y su mujer. Esta lógica de “decapitación” política remite de forma directa a la Operación Causa Justa en Panamá, cuando EEUU neutralizó en cuestión de horas la capacidad operativa del régimen de Manuel Noriega (curiosamente arrestado también un 3 de enero, pero de 1990), dejándolo políticamente aislado y militarmente imponente.

Figuras clave: más allá de Donald Trump

El elemento decisivo de la operación no reside en la mera ejecución militar, sino en la voluntad política que la ha impulsado, personificada de manera clara en la figura de Donald Trump. El estilo del Presidente norteamericano –previsible desde su primera administración– se ha caracterizado por el rechazo al gradualismo con Venezuela, la desconfianza hacia la diplomacia prolongada y la preferencia por acciones visibles, directas y de fuerte impacto. Desde esta perspectiva, Venezuela representa un caso paradigmático de lo que Trump considera un fracaso de la política tradicional: décadas de sanciones, aislamiento diplomático y apoyo a la oposición, hechos que no lograron desalojar al chavismo del poder ni modificar sustancialmente su comportamiento, derivando en un gasto de miles de millones para las arcas estadounidenses.

La decisión de recurrir a la fuerza debe interpretarse –todavía con incógnitas–, por tanto, como una ruptura consciente con la estrategia de contención indirecta. En la lógica de Trump, mantener el status quo equivale a aceptar una derrota estratégica y proyectar debilidad. Como en el caso de la eliminación de Qasem Soleimani en 2020, la administración asume el riesgo de escalada y de críticas internacionales a cambio de un mensaje inequívoco: EEUU está dispuesto a actuar unilateralmente cuando percibe que su credibilidad o su seguridad estratégica están en juego, similar a la Doctrina Monroe o el posterior Corolario Roosevelt –hecho curioso, teniendo en cuenta que la narrativa política de Trump se ha caracterizado por la ruptura ante estas políticas tradicionales–. La intervención en Venezuela encaja de tal forma en una visión del poder internacional más transaccional, menos normativa y profundamente personalista.

Este giro no se puede atribuir únicamente a Trump como individuo, sino que se inserta en una línea política coherente dentro de su administración, donde figuras como Marco Rubio –Secretario de Estado– han desempeñado un papel central. Rubio ha sido durante años uno de los principales arquitectos ideológicos de la política dura hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua, construyendo un marco imperativo que presenta al chavismo no solo como un régimen autoritario –que lo es–, sino como un Estado criminal, vinculado al narcotráfico, al crimen organizado y a actores extra-hemisféricos hostiles a EEUU. Su influencia ha sido clave para convertir Venezuela en un asunto estructural de la seguridad hemisférica, no en una mera crisis política regional.

En este sentido, Rubio cumple una función similar a la de los grandes “halcones” de la Guerra Fría: no ejecuta la acción militar, pero prepara el terreno político, moral y discursivo que la hace posible. La operación del 3 de enero no ha surgido del vacío, sino tras años de acumulación narrativa, sanciones, denuncias y construcción de consensos parciales en Washington. Cuando Trump decide actuar, el marco ya está definido: no se interviene contra un gobierno legítimo, sino contra una amenaza sistémica.

Junto a Trump y Rubio, la operación revela una coordinación estrecha entre el poder político, el aparato de seguridad nacional y la comunidad de inteligencia. El protagonismo de fuerzas de operaciones especiales –como la Delta Force–, apoyadas por inteligencia satelital, cibernética y aérea, indicando que el objetivo principal no era militar en sentido clásico, sino político y psicológico. Estas unidades se emplean casi exclusivamente en misiones de alto valor estratégico: captura de líderes, neutralización de objetivos críticos y operaciones de extracción. Su uso en Venezuela refuerza la idea de que el centro de gravedad de la operación era la cúpula del régimen, no del territorio.

Derecho Internacional y similitudes históricas

La afirmación estadounidense de que Nicolás Maduro y parte de su entorno habrían sido capturados y trasladados fuera del país constituye el elemento más disruptivo del episodio. De confirmarse, el paralelismo con Manuel Nogueira sería muy similar: captura de un jefe de Estado en ejercicio, traslado a territorio estadounidense y eventual judicialización. No obstante, la falta de pruebas públicas concluyentes sugiere que la ambigüedad puede ser deliberada. Desde el punto de vista estratégico, la incertidumbre desorganiza, divide y paraliza: dificulta la articulación de una respuesta coherente, alimenta luchas internas y aumenta la presión sobre manos intermedios que deben decidir rápidamente a quién obedecer. 

Desde la visión y análisis del Derecho Internacional, la operación presenta y plantea profundos debates y problemas. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza salvo en legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad, supuestos que no parecen concurrir en este caso. EEUU ha recurrido, como en otros casos, a una interpretación ampliada de la legítima defensa: cuando un Estado es incapaz o no está dispuesto a neutralizar amenazas, la acción unilateral se vuelve legítima. La diferencia crucial es que, en Venezuela, el objetivo no es un actor no estatal, sino un gobierno reconocido internacionalmente, lo que grava el precedente y profundiza la erosión del orden jurídico internacional en favor de una lógica de poder.

Así pues, la narrativa contra el narcotráfico seguida por la administración estadounidense durante los últimos meses ha desempeñado un papel fundamental como marco legitimador de la operación. Especialmente, el denominado “Cartel de los Soles”, ha presentado a un chavismo autoritario y criminal, integrado en redes de narcotráfico transnacional, la administración Trump pudo desplazar el foco desde una intervención contra un Estado soberano hacia una acción de seguridad contra una amenaza criminal. Este encuadre, impulsado durante décadas por sectores como el de Rubio y consolidado en acusaciones judiciales formales y sanciones, ha permitido justificar políticamente el uso de la fuerza ante la opinión pública estadounidense y reducir el coste narrativo internacional, situando la operación más cerca de una acción policial de alto nivel que de un guerra clásica.

Según la Fiscal General de los EEUU, Pamela Bondi, Nicolas Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York por diversos delitos graves, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra EEUU. Asimismo, ha sostenido que ambos enfrentarán a la justicia estadounidense en tribunales de EEUU.

Aunque EEUU no ha reconocido a Maduro como presidente legítimo y sí respalda a otro líder, como lo fue Juan Guaidó o los actuales Edmundo González y María Corina Machado, esto no anula la soberanía de Venezuela ni legitima directamente la captura militar de Maduro en su territorio. La emisión de acusaciones criminales en tribunales estadounidenses es legal y permite medidas como alertas internacionales o congelamiento de activos, pero intervenir directamente en Venezuela sin cooperación internacional sería una violación del derecho intrnacional y de la inmunidad de jefes de Estado en funciones –puesto que no se acusa a Maduro por crímenes penales internacionales graves–. En la práctica, EEUU solo podría haber actuado legalmente si Maduro se encontrara en un país dispuesto a colaborar en su extradición, manteniendo así el respeto formal a la soberanía y las normas internacionales, hecho que no se ha dado.

Reacción de la población venezolana

En contra del Derecho Internacional, para la población venezolana, los efectos inmediatos han sido dispares: miedo, confusión, disrupción y alegría. Aunque no se ha tratado de bombardeos masivos, incluso las operaciones “quirúrgicas” genean impactos sociales significativos, especialmente en un país que sufre de una crisis humanitaria y económico profunda, derivada del régimen chavista. La experiencia histórica muestra que estos efectos tienden a intensificarse después del golpe inicial, cuando emergen problemas de gobernabilidad, seguridad y control territorial. Se conocen casos de declaraciones populares masivas y celebraciones contra Maduro, en favor de la intervención y la detonación de fuegos artificiales en urbes como Caracas o la celebración de los hechos en ciudades como Miami o Madrid.

Diversos periodistas han recalcado que la población venezolana se encuentra esperanzada ante un posible cambio, temerosa del futuro inmediato. Asimismo, han criticado la falta de apoyo firme de algunos gobiernos que, como el español, no han mostrado el suficiente soporte a una población de centenares de miles de nacionales de ambos países en cada Estado respectivamente. Bajo el gobierno dictatorial de Maduro, Venezuela ha sufrido el colapso económico, la violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, la hiperinflación y una escasez generalizada, erosionando la calidad de vida de su población extremadamente. La represión política y la persecución de opositores han debilitado las instituciones democráticas. Además, la corrupción y la mala gestión han agravado la crisis humanitaria, forzando la migración masiva de más de nueve millones de venezolanos.

El papel de la oposición venezolana tras los ataques

En dicho contexto, la oposición venezolana se enfrenta a una oportunidad histórica tan grande como convulsa. María Corina Machado (vista por última vez en Oslo; Noruega; tras recibir el Premio Nobel de la Paz) aparece como la figura con mayr credibilidad y legitimidad social interna, construida a lo largo de años de discurso firme, coherente y frontal contra el chavismo. Sin embargo, su desafío es delicado: capitalizar el colapso del régimen sin quedar excesivamente asociada a una intervención extranjera, lo que podría erosionar su autoridad moral y su capacidad de liderazgo a medio y largo plazo, vital cara a una transición estable. Sin embargo, Donald Trump ha sido prudente hacia el apoyo a Machado y González, afirmando que las negociaciones involucrarán a Delcy Rodríguez, puesto que “está dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para que Venezuela vuelva a ser grande”. Lo seguro, es que Marco Rubio y Pete Hegseth, secretarios de Estado y de Guerra de la administración Trump mantengan una figura central en la transición venezolana. Mientras, el panorama para Diosdado Cabello, Vladimiro Padrino y los hermanos Rodríguez parece nublarse cada vez más.

Edmundo González, por su parte, encarna un perfil algo distinto: menos carismático, pero más institucional y diplomático, potencialmente más aceptable para actores internacionales y sectores moderados del chavismo. En escenarios de transición, figuras como la de González suelen desempeñar un papel clave como puentes entre la ruptura política y la reconstrucción institucional, aunque carezcan de empuje movilizador de líderes más carismáticos, los cuales, pueden lograr llegar al poder democráticamente posteriormente.

Los precedentes históricos ofrecen lecciones claras. En Panamá, la oposición se benefició de la caída de Noriega, pero el proceso estuvo fuertemente condicionado por Washington. En Pakistán, las operaciones acabaron con amenazas concretas, pero no fortalecieron de forma sostenible el sistema político local. Venezuela corre el riesgo de reproducir ambos patrones: liberación política acompañada de tutela externa y fragilidad institucional. Sin embargo, no nos encontramos en 1989 y Venezuela, nunca será Panamá.

En cuanto al futuro, los escenarios oscilan entre la transición tutelada con fuerte influencia estadounidense, un gobierno civil con autonomía limitada, una fragmentación interna si el aparato militar se divide, o una reinstitucionalización gradual apoyada por la comunidad internacional. La variable decisiva será la capacidad de los actores venezolanos para transformar una oportunidad geopolítica en legitimidad política propia.

Las reacciones internacionales; oposición, silencio y apoyos

Las reacciones internacionales han sido rápidas y marcadamente reveladoras de las fracturas del sistema global. Rusia, Bielorrrusia, Irán, Nicaragua y Cuba han denunciado de formas casi inmediata la violación del Derecho Internacional y de la soberanía venezolana, reafirmando un discurso jurídico que contrastas con su tolerancia –o práctica– de intervenciones unilaterales en sus respectivas áreas de influencia. De igual forma, facciones políticas afines al chavismo alrededor del mundo se han posicionado en contra del intervencionismo, algunos ejemplos son: el Partido Comunista de la India; EH Bildu, Izquierda Unida, SUMAR, ERC y Podemos en España; el Frente Nacional en Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá; etc. Otros países, como China y Yemen,  se mantienen en silencio, posiblemente a esperas de las declaraciones de Trump esta tarde, pero con un previsible apoyo hacia el régimen de Maduro. 

La UE ha optado por una condena matizada, apelando al Derecho Internacional y a una solución negociada, sin apelar a los ataques, similar a la de declaraciones como las del Gobierno del Reino de España. Por su parte, Portugal ha pedido que sus nacionales en Venezuela permanezcan en casa. El resto de países europeos parecen posicionarse en favor de las declaraciones de la Unión, lideradas por la narrativa española: no apoyar a Maduro pero tampoco ir en contra del Derecho Internacional, aunque de forma tibia.

En América Latina, las respuestas son dispares: Colombia –a quién Trump ha llamado la atención por las declaraciones de Petro, las cuales ha mencionado que deberían de ser más cautelosas– y México se han mantenido en una narrativa contraria al intervencionismo estadounidense y en favor del Derecho Internacional (art. 2.4 de la Carta de NNUU), de igual forma que el Presidente saliente Boric, en Chile o el expresidente izquierdista hondureño Manuel Zelaya. En el caso mexicano, Claudia Sheinbaum se ha posicionado en favor del cese de agresión contra el gobierno y pueblo venezolano, en favor del diálogo y la mediación, mediante instituciones como la ONU. Mientras, países como Argentina, Ecuador o El Salvador han respaldado las acciones. Otros países, tales como: México, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay, el Presidente electo chileno (Kast) o Bolivia no se han pronunciado al respecto, aunque se espera un apoyo de la mayor parte de gobiernos ante las acciones o una respuesta tibia en el caso de Brasil o Uruguay, más relacionada con el respeto al DI y la desescalada.

Conclusión

El contraste más elocuente lo ofrece la realidad sobre el terreno: mientras numerosos gobiernos internacionales o facciones gubernamentales invocan principios abstractos, imágenes y testimonios muestran a sectores muy significativos de la población venezolana celebrando en las calles la caída de Maduro, lo que pone en relieve la paradoja –cuando no el cinismo– de exigir un respeto formal a un orden jurídico que, para muchos, llevaba años funcionando únicamente para perpetuar su propia opresión.

En última instancia, la intervención estadounidense en Venezuela no es un episodio militar, sino la culminación de una cadena de decisiones políticas, trayectorias personales y doctrinas estratégicas. Trump aporta la decisión y su característico y “fanfarrón” estilo; Rubio, la coherencia ideológica; la administración, la ejecución; y la oposición venezolana, la incógnita del futuro. La historia demuestra que derrocar un régimen es relativamente sencillo; construir un Estado legítimo y estable es verdaderamente la prueba. Venezuela entra en una fase de celebración, pero de alto peso político, bajo la mirada de un sistema internacional cada vez más regido por el poder que por las normas.

Declaraciones tras la rueda de prensa de Mar-a-Lago

El Presidente Donald Trump ha comparecido media hora después de lo inicialmente indicado. El mandatario ha confirmado que se ha llevado a cabo un ataque de gran escala contra Venezuela y que el Presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido capturados y trasladados fuera del país en dirección Nueva York. Trump ha descrito la operación como sumamente exitosa y ha afirmado que contó con coordinación de las fuerzas estadounidenses durante los últimos días, aunque no ha detallado todos los componentes involucrados, indicando que se han desplegado aproximadamente 150 vehículos militares, centenares de soldados y miles de involucrados en los preparativos y operaciones. De igual forma, Trum ha defendido y presumido el poder militar, de seguridad y económico de los EEUU frente al resto del mundo: “ningún otro país podría haber hecho algo así”.

Asimismo, Trump ha anunciado que Estados Unidos dirigirá temporalmente Venezuela hasta que se establezca una “transición segura y ordenada”, afirmando que las compañías petroleras estadounidenses participen en la reconstrucción e inversión en el sector energético petrolero del país. También ha indicado que no descarta una segunda oleada militar –aunque ha planteado que de momento duda está vía– si fuese necesaria para estabilizar y garantizar la seguridad. 

La acción ha generado condenas internacionales por violaciones de soberanía y preocupaciones sobre sus implicaciones legales y geopolíticas. Varias naciones han calificado la intervención como agresión, mientras que en EEUU hay dudas sobre la autorización del Congreso para este tipo de operaciones. De tal forma, Washington ha dejado clara una cosa a Moscú y Pekín en la región: la democratización de América Latina es posible, pudiendo perder un área de influencia deteriorada para las dos potencias tras la pérdida de Bolivia y el giro conservador del continente.

Créditos foto: AFP