La crisis anglófona de Camerún: conflicto, crisis humanitaria y resiliencia comunitaria

«Si educas a un hombre, educas a un individuo. Si educas a una mujer, educas a una nación.» 

— Proverbio africano

Cuando pensamos en los conflictos africanos que dominan la agenda internacional, la mirada suele dirigirse hacia Sudán, el Sahel o el este de la República Democrática del Congo. Sin embargo, desde 2016 Camerún vive una guerra interna que ha dejado miles de muertos, más de dos millones de personas desplazadas o refugiadas y una fractura política e identitaria profunda, sin apenas ocupar espacio en los titulares internacionales. El Norwegian Refugee Council situó a Camerún en 2025 a la cabeza de su lista anual de crisis de desplazamiento más olvidadas del mundo, señalando la falta de financiación humanitaria, la escasa atención mediática y el limitado compromiso político para poner fin al conflicto.

Durante una colaboración reciente como voluntario con una organización que trabaja en la región anglófona del país, tuve la oportunidad de acercarme a esta realidad desde un ángulo poco habitual: no el de la guerra en sí, sino el de la reconstrucción cotidiana que intentan sostener las comunidades, y en particular las mujeres, en medio de ella. Ese contacto sirve aquí como punto de partida para un análisis más amplio de las raíces históricas, políticas y humanitarias de lo que se conoce como la crisis anglófona.

¿Por qué Camerún?

Durante décadas, Camerún fue presentado como una rara isla de estabilidad relativa en una región marcada por golpes de Estado, guerras civiles e insurgencias yihadistas. El país está gobernado desde 1982 por Paul Biya, quien en octubre de 2025 fue reelegido para un octavo mandato a los 92 años, con el 53,66% de los votos, convirtiéndose en el jefe de Estado en ejercicio más longevo del mundo y en el líder africano con más años en el poder después del presidente de Guinea Ecuatorial.

Camerún ocupa además una posición geoestratégica relevante en el golfo de Guinea y en el eje Sahel-Lago Chad, limita con seis Estados (Nigeria, Chad, República Centroafricana, Congo, Gabón y Guinea Ecuatorial) y combina una notable diversidad étnica y lingüística con una población de unos 28 millones de habitantes. Esa diversidad incluye una característica singular en el continente: es uno de los pocos países africanos oficialmente bilingüe, resultado de su historia colonial compartida entre potencias francesas y británicas. La población anglófona, concentrada en las regiones del Noroeste y Suroeste, representa en torno al 16-20% del total nacional, frente a una amplia mayoría francófona que domina la administración, la judicatura y el poder político central.

El origen de la crisis

Para entender la crisis actual es necesario remontarse más de un siglo atrás. A finales del siglo XIX, el territorio que hoy es Camerún formaba parte del protectorado alemán de Kamerun. Tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles repartió el territorio entre las potencias vencedoras: Francia recibió aproximadamente 430.000 km², mientras que el actual Reino Unido obtuvo una porción mucho más pequeña, unos 88.000 km² divididos en Camerún del Norte y Camerún del Sur, administrados como mandatos de la Sociedad de Naciones y, más tarde, como fideicomisos de Naciones Unidas.

Esa repartición sentó las bases de dos administraciones coloniales completamente distintas, cada una con su propio idioma oficial, su sistema jurídico (derecho civil francés frente a common law británico) y su modelo educativo. Cuando ambos territorios franceses y británicos alcanzaron la independencia a comienzos de los años sesenta, se plantearon plebiscitos separados: el Camerún británico del Norte votó por unirse a Nigeria, mientras que el Camerún británico del Sur optó por unirse a la recién independizada República de Camerún francófona.

La Conferencia de Foumban de 1961 debía sentar las bases constitucionales de una federación equilibrada entre ambas partes. Sin embargo, ese equilibrio resultó frágil desde el inicio. En 1972, un referéndum abolió la estructura federal y convirtió el país en una república unitaria centralizada, eliminando de facto la autonomía política y administrativa que había sido la condición de entrada del antiguo Camerún Meridional británico. En 1984, Paul Biya restauró además el nombre “República de Camerún” —el mismo que tenía la parte francófona antes de la unificación—, y la reforma constitucional de 1996 eliminó toda referencia jurídica a la existencia histórica de un territorio con gobierno propio y fronteras reconocidas llamado Camerún Meridional Británico.

Sobre ese terreno se fue acumulando, durante décadas, un sentimiento de marginación entre la población anglófona: percepción de infrarrepresentación en la administración pública y judicial, imposición progresiva del sistema jurídico y educativo francófono en las regiones del Noroeste y Suroeste, y una sensación extendida de que la identidad cultural, lingüística e institucional heredada del Camerún británico estaba siendo sistemáticamente erosionada. En diciembre de 2016, los arzobispos anglófonos del país remitieron una carta a Paul Biya en la que definían formalmente el “problema anglófono” como el resultado del incumplimiento reiterado, desde 1961, de los compromisos constitucionales que debían proteger la especificidad institucional del antiguo Camerún Meridional.

Del conflicto político a la guerra abierta

El detonante inmediato de la crisis actual se sitúa en octubre-noviembre de 2016, cuando abogados y profesores de las regiones anglófonas iniciaron huelgas y protestas pacíficas para denunciar la designación de jueces y docentes francófonos, con escaso dominio del inglés o del common law, en tribunales y aulas de las regiones angloparlantes. Lo que comenzó como una reivindicación gremial y profesional se transformó rápidamente en un movimiento social más amplio que exigía el reconocimiento del federalismo o, en su versión más radical, la secesión.

La respuesta gubernamental fue una represión progresivamente más dura: detenciones masivas de líderes sindicales y activistas, cortes de internet en las regiones anglófonas durante meses y un empleo creciente de la fuerza contra manifestantes. Esa represión, lejos de contener la protesta, catalizó su radicalización. En 2017 emergieron los primeros grupos armados separatistas, entre ellos las Ambazonia Defence Forces, que el 9 de septiembre de ese año llevaron a cabo su primer ataque armado contra una base militar en Manyu. El 1 de octubre de 2017, coincidiendo simbólicamente con el aniversario de la reunificación de 1961, una coalición de movimientos separatistas proclamó unilateralmente la independencia de la autodenominada "República Federal de Ambazonia". Ese mismo día, la represión de las manifestaciones causó al menos veinte muertos según fuentes independientes. Semanas después, el Gobierno declaró formalmente la guerra a lo que denominó "terroristas secesionistas" y desplegó al Ejército en las regiones del Noroeste y Suroeste.

Las consecuencias humanitarias: una crisis que se agrava en 2026

Casi una década después de su inicio, la crisis anglófona ha dejado de ser un episodio de violencia localizada para convertirse en una emergencia humanitaria. Según el Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas para 2026, unas 2,9 millones de personas necesitan asistencia humanitaria y protección en Camerún, en un contexto marcado por la persistencia del conflicto, las inundaciones recurrentes y la inseguridad alimentaria. La Unión Europea calcula que la violencia ha desplazado forzosamente a más de 2,2 millones de personas en todo el país, entre desplazados internos, refugiados y retornados.

Centrándonos específicamente en las regiones anglófonas, el conflicto ha provocado el desplazamiento de más de 580.000 personas dentro del propio Camerún y ha empujado a más de 76.000 personas a cruzar la frontera hacia Nigeria en busca de refugio. El informe de situación de OCHA correspondiente al primer trimestre de 2026 documenta más de 1.700 incidentes de protección en el Noroeste y Suroeste, nuevas oleadas de desplazamiento forzado en divisiones como Donga Mantung, Bui y Menchum, y un deterioro continuado del acceso humanitario debido a bloqueos impuestos por grupos armados no estatales.

El impacto sobre la educación es uno de los indicadores más elocuentes de la magnitud de la crisis. Según Amnistía Internacional, en 2025 permanecían cerradas 14.829 escuelas en las regiones afectadas, una cifra en aumento respecto a las 14.364 del año anterior, lo que ha interrumpido la educación de más de tres millones de niños y niñas. UNICEF ha alertado de que, hasta marzo de 2025, 2.533 de las 5.517 escuelas de las regiones anglófonas —cerca de la mitad— permanecían no operativas, afectando a 1,4 millones de menores y aumentando drásticamente su vulnerabilidad ante el matrimonio infantil, el reclutamiento por grupos armados y la explotación. Para 2026, Naciones Unidas estima que 933.000 niños y niñas en edad escolar en las regiones en crisis —Noroeste, Suroeste y Extremo Norte— requerirán apoyo educativo de emergencia.

El impacto sobre las mujeres y las niñas merece una atención particular. Un informe del International Crisis Group, titulado significativamente "Rebeldes, víctimas, constructoras de paz", documenta el triple papel que las mujeres han asumido en el conflicto: como víctimas de violencia sexual y de género, como actoras dentro de las estructuras armadas y comunitarias, y como agentes activas de mediación y reconstrucción del tejido social. Datos del sistema de gestión de información sobre violencia de género (GBVIMS) indican que el 65% de los casos reportados en el Extremo Norte, Noroeste y Suroeste corresponden a violencia infligida por parejas íntimas, y el informe "Voices from Cameroon" —elaborado por UNFPA, el Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y la Familia y otros socios— recoge que el 92% de los grupos focales consultados identificaron la violencia de pareja como especialmente agravada en contextos de crisis. 

Un informe reciente de Human Rights Watch, publicado en junio de 2026, documenta además cómo la violencia económica —privación de acceso a ingresos, tierra, vivienda y seguridad social— actúa como mecanismo estructural que atrapa a las mujeres en relaciones abusivas, en un país donde el Código de Familia lleva más de veinte años pendiente de reforma. A ello se suma el recorte de financiación internacional: en 2025, la suspensión de fondos estadounidenses obligó a UNFPA a reducir a la mitad su respuesta humanitaria en Camerún, dejando sin acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva y de violencia de género a más de 140.000 personas.

El desarrollo como respuesta: fortalecer la resiliencia económica

Aunque la respuesta internacional a crisis como esta suele asociarse casi exclusivamente a la ayuda humanitaria de emergencia —alimentos, refugio, atención médica—, existe otra dimensión de la respuesta, menos visible pero igualmente decisiva a medio plazo: el fortalecimiento de la resiliencia económica de las comunidades afectadas. En contextos donde el conflicto ha debilitado gravemente las instituciones formales, el acceso al crédito bancario tradicional y las redes de protección social, los mecanismos comunitarios de ahorro y microfinanciación adquieren un peso estratégico como herramienta de estabilidad social y de empoderamiento, particularmente para las mujeres, que constituyen el grueso de la población que permanece en las comunidades rurales mientras los hombres emigran en busca de trabajo hacia zonas más seguras.

Uno de esos mecanismos es el conocido como table banking o banca de mesa. Se trata de un modelo comunitario de ahorro y crédito rotatorio, popularizado en países como Kenia desde 2009, en el que grupos de entre 15 y 35 mujeres se reúnen periódicamente, depositan sus ahorros sobre una mesa común y acceden de forma inmediata a pequeños préstamos con intereses reducidos para financiar actividades generadoras de ingresos, como la agricultura, la costura o el pequeño comercio. Con el tiempo, los intereses cobrados y el ahorro acumulado incrementan el fondo rotatorio del grupo, permitiendo préstamos de mayor cuantía a medida que la confianza y la disciplina financiera colectiva se consolidan.

En contextos de conflicto como el de las regiones anglófonas de Camerún, mecanismos de este tipo no solo generan ingresos: reconstruyen tejido social y capacidad de decisión colectiva en comunidades donde la guerra ha fracturado la confianza interpersonal y donde las instituciones bancarias formales han dejado de ser accesibles o seguras. Se trata, en última instancia, de una forma de construir paz desde la base, complementaria —y no sustitutiva— de la respuesta humanitaria de emergencia.

¿Qué es el Table Banking?

Modelo comunitario de ahorro y crédito rotatorio en el que un grupo reducido de personas (habitualmente mujeres) se reúne periódicamente para depositar ahorros y conceder pequeños préstamos entre sus propios miembros, con intereses bajos definidos por el propio grupo. El fondo común crece con el tiempo, permitiendo préstamos de mayor cuantía y reduciendo la dependencia de la banca formal, particularmente relevante en zonas rurales o afectadas por conflictos donde el acceso al crédito tradicional es limitado o inexistente.

Una experiencia de aprendizaje

Durante mi colaboración como voluntario de Naciones Unidas, participé en la elaboración de documentación técnica destinada a fortalecer un proyecto de empoderamiento económico dirigido a mujeres rurales del noroeste de Camerún, en pleno corazón de las regiones afectadas por la crisis anglófona.

Esa experiencia, permitió entender de primera mano algunas cuestiones que rara vez se aprecian desde fuera. La primera es la importancia del diseño técnico de un proyecto de cooperación: detrás de cada indicador, cada matriz de marco lógico o cada línea presupuestaria hay decisiones que determinan si una intervención llega o no a las personas que más lo necesitan. La segunda es que, detrás de cada partida presupuestaria, hay siempre personas concretas —mujeres que organizan turnos de reunión pese al riesgo de desplazamiento, comunidades que reconstruyen escuelas quemadas, familias que reinventan sus medios de vida tras perderlo todo—. Y la tercera, quizás la más significativa, es el simple hecho de descubrir la existencia de un conflicto que, pese a su magnitud y a casi una década de duración, permanece prácticamente invisible en la conversación pública internacional.

Reflexión final

En Camerún, mientras la guerra continúa ocupando titulares solo de forma esporádica, miles de mujeres siguen sosteniendo escuelas, economías familiares y redes comunitarias que permiten a sus comunidades resistir. Quizá esa sea una de las lecciones más silenciosas del conflicto: que la paz no empieza únicamente cuando callan las armas, sino también cuando quienes permanecen encuentran los medios para reconstruir su futuro.