La “ola naranja” en América Latina: el giro político hacia la derecha populista

La política latinoamericana ha mostrado una recurrente tendencia a alinearse en ciclos macro-políticos donde múltiples naciones eligen de manera casi simultánea gobiernos de orientaciones ideológicas afines. Es a través del concepto de “olas”  o “mareas” como se trata de explicar los reordenamientos político-ideológicos a escala continental que marcan y definen el devenir de toda una región (Winter, 2025) (The Economist, 2026). 

En su entrevista para Bloomberg, el analista James Bosworth apunta que Latinoamérica se encuentra experimentando una “ola naranja” describiendo así el proceso acelerado de realineamiento electoral e ideológico que ha desplazado el mapa político de América Latina hacia la derecha y la ultraderecha populista (Brooks et al., 2026) (Pinto, 2026). 

Pese a que la denominación “naranja” alude explícitamente al tono de piel y a la identidad gráfica asociada a Donald Trump y al movimiento Make America Great Again (MAGA), el término sintetiza tres dinámicas interconectadas. 

En primer lugar, se refiere a la consolidación de alianzas estratégicas, militares y diplomáticas entre los nuevos gobernantes y la administración estadounidense. Asimismo, son esta nueva camada de líderes latinoamericanos quienes han adoptado explícitamente la estrategia y el estilo político-populista de Trump haciendo suyas las estrategias de comunicación y políticas del presidente estadounidense (Ceballos & Linthicum, 2026) (Solano, 2026). 

Y, por último, el hecho de encontrarse en una nueva “ola” o “marea” –la ola naranja– significa el fin del anterior período político-ideológico que se desvanece con la llegada de la nueva ola que tratará de romper con lo anteriormente establecido. Por tanto, esta nueva ola representa el paso definitivo de la hegemonía de la izquierda progresista de comienzos de siglo—con su “marea rosa” o pink tilde— hacia una fase de hegemonía de la derecha y la ultraderecha populista (Pinto, 2026) (Solano, 2026). 

El reciente éxito electoral de Abelardo de la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú  refuerza el “club selecto” de los nuevos liderazgos —los Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador o José Antonio Kast en Chile— que desplazaron tanto a la izquierda como a la derecha tradicional conservadora en sus respectivos países ensanchando la lista de gobiernos de derecha en Latinoamérica hasta doce, en comparación con los siete gobiernos de izquierda democráticamente elegidos. 

Las claves para la conquista de la región: los elementos electorales determinantes

La llegada al poder de estos gobernantes no responde a un fenómeno unidimensional, sino a la convergencia de dinámicas socioeconómicas, crisis institucionales y transformaciones en la comunicación política que han aupado a la casa presidencial a líderes que, si bien responden a familias ideológicas diversas, comparten una serie de puntos que mantienen a sus diferentes gobiernos cohesionados. 

El catalizador electoral primario no ha sido necesariamente un giro ideológico o doctrinario en la ciudadanía, sino una intensa racha de antiincumbencia y voto castigo derivada de las secuelas de la pandemia del Covid-19, el aumento del coste de la vida y el estancamiento económico bajo las administraciones previas pertenecientes a la “marea rosa”, erosionando la base electoral de los gobiernos progresistas. 

La mecánica del “voto castigo” terminó por ejecutarse tras el descubrimiento de diferentes casos de corrupción sistémica como la Operación Lava Jato que, sumados a tramas de corrupción local, terminaron por deslegitimar a los partidos tradicionales de izquierda y derecha generando una pérdida generalizada de confianza en las élites gobernantes (Swissinfo, 2026) (Haynes, 2022)

La grave crisis de seguridad —evidenciada en que América Latina concentra el 30% de los homicidios globales a pesar de representar un 8% de la población mundial— junto con la expansión del crimen organizado transnacional convirtieron a la seguridad en una demanda electoral prioritaria para los votantes (Winter, 2025) (Newton et al., 2026). 

En consecuencia y con el objetivo de contrarrestar la crisis de seguridad, el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele basado en la suspensión de garantías, confinamiento masivo y estados de excepción se transformó en la principal plataforma electoral de la nueva derecha donde presidentes como Daniel Noboa en Ecuador, José Antonio Kast en Chile y Abelardo de la Espriella en Colombia buscarán replicar en sus respectivos contextos (Paredes, 2024) (Zibell, 2026) (Minero, 2026). 

En tercer lugar, los expertos señalan a la constitución de los propios sistemas presidenciales latinoamericanos quienes facilitan que candidatos outsiders puenteen a los partidos tradicionales desacreditados tras sus años de mal gobierno. Como resultado, la nueva derecha sustituyó las estructuras partidarias por la personalización de la política, apoyándose en la "política del espectáculo", la comunicación emocional y campañas hiperactivas en redes sociales (Solano, 2026). 

A su vez, el uso intensivo de plataformas digitales ha profundizado la polarización afectiva, reduciendo la capacidad de consenso e impulsando identidades políticas construidas a partir de la antipatía visceral hacia el adversario (Solano, 2026) (Pinto, 2026). 

Por último, conviene destacar el nuevo rumbo tomado por los líderes de la “ola naranja” en lo relativo a la “guerra cultural” pues, su programa electoral se ha articulado explícitamente sobre ejes morales y culturales que consideran “en peligro” o sobre “grave amenaza” (Kestler, 2026). 

En concreto, se consolidó un marco narrativo donde la izquierda no es leída como un competidor legítimo, sino como una “amenaza existencial” o un mal supremo al que se debe erradicar que ha atraído una cultura dañina para la sociedad tradicional; esto es la cultura “woke” (Bubola et al., 2026). En el plano cultural también es relevante destacar la expansión del cristianismo neopentecostal, convirtiéndose en un pilar sociopolítico e institucional determinante para el ascenso de la "ola naranja" en América Latina (Kestler, 2026) (Paredes, 2024) (Winter, 2025). 

El auge del neopentecostalismo se entiende gracias al desgaste de los partidos políticos tradicionales quienes han dejado un vacío cultural donde las estructuras eclesiales han sabido suplir la falta de intermediación partidaria, canalizando el descontento social y movilizando un bloque de votantes altamente disciplinado e identitario (Brooks et al., 2026) (Winter, 2025). 

Por tanto, la narrativa religiosa dota a los candidatos de una aureola de "renovación cristiana" o mandato providencial—utilizado, por ejemplo, por Jair y Flávio Bolsonaro en Brasil— e incluso políticos como el presidente argentino, Javier Milei, han apelado a los “valores judeocristianos” para explicar políticas emprendidas por su gobierno (Presidencia de la Nación, 2026) (Winter, 2025). 

El diablo está en los detalles: ¿comparten todos los gobiernos los mismos objetivos y valores?  

Asumir una homogeneidad ideológica en este fenómeno constituye una generalización inexacta que lleva al análisis fácil y rápido de los gobiernos de la “ola naranja”. Si bien estos liderazgos coinciden en tácticas discursivas y en la impugnación a las élites tradicionales, se distinguen hasta tres corrientes principales con fundamentos teóricos y metas divergentes (Kestler, 2026). 

En primer lugar, el “libertarismo” y el “antiestatismo radical” es representado conceptualmente por Javier Milei en Argentina, cuyo objetivo central es la erradicación del déficit fiscal, la eliminación de la burocracia y la desregulación económica (Alonso, 2023) (Kestler, 2026).

Inspirado en la Escuela Austríaca de Economía, el libertarismo encarnado por el presidente argentino prioriza la libertad de mercado y suele mostrar indiferencia o pragmatismo frente a temas de moral privada, como el consumo de drogas o un menor énfasis en el nacionalismo étnico. 

Seguidamente, el “populismo punitivo de mano dura” lo ejemplifica claramente el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y es adaptado por figuras como Daniel Noboa (Ecuador) o Abelardo de la Espriella en Colombia  (Ceballos & Linthicum, 2026) (Lozano, 2023). 

En particular, el “modelo Bukele” pone el foco exclusivo en la seguridad pública, la militarización y la contención del crimen mediante mega cárceles y estados de excepción. De modo que, a diferencia del “libertarismo antiestatal”, el modelo punitivo requiere un aparato estatal fuertemente centralizado, hipertrofiado e intervencionista (Bubola et al., 2026) (Kestler, 2026). 

En tercer y último lugar, Kestler (2026) expone la existencia de una corriente basada en el “conservadurismo cultural” y “fundamentalismo religioso” expresado por actores como Jair Bolsonaro en Brasil, José Antonio Kast en Chile o Keiko Fujimori en Perú. La agenda no es eminentemente fiscal, sino valórica, encontrando el combate a la "ideología de género", la defensa del modelo de familia tradicional y la alianza con la Iglesia neopentecostológica en el centro de sus prioridades nacionales (Arenas, 2026). 

No obstante, aun dentro del conservadurismo cultural, la actitud hacia las instituciones democráticas es dispar; mientras José Antonio Kast ha demostrado respeto por las normas republicanas al reconocer derrotas electorales, Jair Bolsonaro impulsó acciones antidemocráticas e intentos de desestabilización tras perder comicios (Quero, 2025). 

Todos para uno pero…¿uno para todos?: el alineamiento con el movimiento MAGA y Donald Trump

La alianza geopolítica y electoral entre los gobiernos de la “ola naranja” y la administración de Donald Trump—junto al movimiento Make America Great Again— no responde únicamente a una afinidad ideológica espontánea, sino a un intercambio transaccional de incentivos estratégicos, económicos y de legitimación electoral. 

Por su parte, Donald Trump ha roto con las convenciones diplomáticas tradicionales mediante el respaldo público a candidatos y líderes de la derecha radical como Abelardo de la Espriella en Colombia a través de Truth Social, Javier Milei en Argentina o Flávio Bolsonaro en Brasil. Este apadrinamiento fortalece el perfil ante electorados frustrados, proyectándolos como figuras con gran respaldo internacional  (Bubola et al., 2026) (Ceballos & Linthicum, 2026).

Asimismo, la alineación incondicional con Washington permite a estos gobiernos acceder a apoyo financiero crucial para sostener sus reformas de austeridad siendo un ejemplo claro el de Argentina. El caso paradigmático es la concesión de una línea de crédito de 20.000 millones de dólares a Argentina por parte del Departamento del Tesoro estadounidense para contener la crisis cambiaria de la gestión Milei (Infobae, 2026) (The Economist, 2026). 

En cuanto a la cooperación en materia de seguridad para luchar contra el auge del crimen organizado, los nuevos gobiernos encuentran en la Casa Blanca un aliado para la militarización de la seguridad interna. A través de iniciativas como el Escudo de las Américas y el Plan Patriota 2.0 en Colombia, Washington aporta inteligencia policial, entrenamiento militar y despliegue de Fuerzas Especiales para combatir a los cárteles catalogados como organizaciones terroristas (Ceballos & Linthicum, 2026) (Solano, 2026).

Sin embargo, esta alianza entre Washington y gobiernos afines no se trata de una reconfiguración geopolítica de largo plazo ya que se sustenta principalmente por la química y las buenas relaciones entre Donald Trump y cada mandatario y no por apoyarse en acuerdos institucionales entre Estados. Este hecho implica una alta volatilidad y fecha de caducidad atada al calendario político de Washington, esto es; las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026 y las elecciones presidenciales de 2029 (Solano, 2026). 

Además, la afinidad con la Casa Blanca ya ha pasado factura electoral a diferentes líderes en Latinoamérica cercanos a Washington en tanto que las amenazas arancelarias o pretensiones de intervención militar del presidente estadounidense ha provocado un repunte de aprobación en candidatos progresistas—como Lula da Silva en Brasil—y un mayor escrutinio sobre la pérdida de autonomía de los propios líderes en su país como sucedió con José Raúl Mulino en Panamá (Riaño, 2025) (Raslan, 2026). 

¿Democracia en crisis?: la supervivencia de la Democracia en la región

Conviene subrayar que, el auge de la “ola naranja”, puede significar un paso regresivo para la democracia liberal en América Latina, aunque con importantes matices que deben ser señalados. Principalmente el riesgo no deriva de la propia ideología conservadora o de derecha, sino de su convergencia con el populismo, la radicalización discursiva y escenarios de marcada debilidad institucional preexistente. 

De hecho, se tiende señalar al populismo de derecha como la causa primaria del deterioro democrático, cuando en realidad, suele ser el síntoma y la consecuencia del colapso previo de representación, la corrupción sistémica y la ineficacia de los anteriores gobiernos de izquierda y partidos tradicionales (Kestler, 2026).

A pesar de ello, los líderes de la “ola naranja” promueven una concepción según la cual la victoria electoral otorga un mandato sin restricciones, percibiendo a los contrapesos institucionales—véase poder judicial, parlamento, prensa y órganos electorales— como obstáculos burocráticos y prescindibles para la “eficiencia” de la gestión. 

La retórica y las acciones de los gobernantes llevan a que, socialmente, la “mano dura” autocrática sea aceptada con el objetivo de poner fin a la crisis de seguridad y la inflación que azota al país. Por este motivo, importantes sectores del electorado priorizan los resultados inmediatos de orden por encima del debido proceso y los derechos fundamentales, aumentando la disposición a aceptar regímenes de excepción y liderazgos autoritarios. 

La supervivencia democrática de la región no residirá en erradicar a estas nuevas opciones políticas, sino en fortalecer la resistencia de sus propias instituciones. La preservación del Estado de derecho dependerá de la capacidad de los tribunales, los parlamentos y la ciudadanía para fiscalizar el ejercicio del poder, contener la deriva autocrática y evitar que la demanda de orden vulnere el pluralismo existente.