Líbano en 2026: crisis política, sistema confesional, sectarismo y conflicto geopolítico en Oriente Medio

Desde su independencia de Francia en 1943, el Líbano ha sido uno de los países más peculiares de Oriente Medio debido a su diversidad étnica y religiosa. Esta riqueza cultural ha dado lugar a un sistema de gobierno único en el mundo, el cual busca garantizar la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo. No obstante, en las últimas décadas, el modelo se ha visto debilitado y tensionado por los acontecimientos regionales, así como por las influencias geopolíticas que los diversos grupos nacionales proyectan sobre él.

Se trata de un país compuesto por un crisol religioso de 18 confesiones. Los cristianos representan el 30,5 % de la población, destacando los maronitas, en comunión con el Papa de Roma, aunque gozando de autogobierno. A ellos se añaden griegos ortodoxos, griegos católicos, armenios católicos, armenios ortodoxos, siríacos ortodoxos, siríacos católicos, asirios, caldeos, coptos, protestantes evangélicos y católicos romanos. Por su parte, los musulmanes (64 %) se dividen entre suníes (31,2 %), chiíes (32,2 %) y otras ramas (0,6 %). Por último, los drusos representan en torno al 5,5 % de la población.

Previo a su independencia, el país formó parte del Mandato francés de Siria y Líbano, cuyas raíces históricas se encuentran en las disputas entre Francia y el Imperio otomano durante el siglo XIX y la Primera Guerra Mundial, proclamándose el Estado del Gran Líbano en 1920. En dicha entidad, los maronitas fueron un actor privilegiado al ser considerados por los franceses como sus iguales en Oriente Medio. Por ello, gozaron de una gran autonomía e importantes puestos de poder en detrimento de los musulmanes. Esto se derivó de una interpretación sesgada del artículo 95 de la Constitución de 1926, que abordaba la representación equitativa, constituyendo uno de los orígenes de los conflictos sectarios en el país.

En cuanto a la representación parlamentaria, se aplicaba la regla de seis diputados maronitas por cada cinco musulmanes. Cabe destacar que los suníes gozaban de una porción mayor de influencia con la intención de frenar sus ambiciones irredentistas sirias, llegando a ocupar puestos como el de presidente del Consejo de Ministros (primer ministro), de menor rango legal que el de presidente de la República, reservado a los maronitas. Respecto a los chiíes, estos se encontraban marginados, pues su participación se limitaba a la administración local del valle de la Becá y del sur del país, bajo el control de funcionarios cristianos o suníes, con una presencia mínima en el Parlamento y supeditada a los intereses de los terratenientes (zaims). Finalmente, a la minoría drusa se le reservaba cierta cuota de poder en los puestos relacionados con la defensa y el orden público.

El sistema político libanés: confesionalismo político y equilibrio de poder

Debido a la herencia colonial, que perdura hasta la actualidad mediante el sistema político surgido de la Constitución de 1926, la estructura institucional del Líbano se basa en un frágil equilibrio de poder entre las religiones predominantes: suníes, chiíes y maronitas. En consecuencia, el presidente de la República debe ser maronita, el presidente del Consejo de Ministros (primer ministro), musulmán suní, y el presidente de la Cámara de Diputados, musulmán chií.

La independencia del país en 1943 supuso el punto de consolidación para este sistema equilibrista. Ese mismo año se firmó el Pacto Nacional, un acuerdo verbal entre los cristianos maronitas, liderados por Bishara al-Khuri, y Riad al-Solh, representante de los musulmanes suníes. No hubo participación chií en la negociación, lo que profundizó su marginación en las estructuras institucionales del Estado y se convirtió en fuente de futuros conflictos.

Esta negociación se produjo en un contexto marcado por los miedos mutuos entre ambas comunidades, a lo que se sumaba una visión de alteridad derivada de posturas contrapuestas sobre el futuro del territorio. Por un lado, los musulmanes suníes buscaban la arabización del Estado y una hipotética unión con Siria, germen del panarabismo, temerosos de que el país continuara en la órbita de influencia francesa. En contraposición, los maronitas ansiaban la protección de Francia para evitar dicha absorción y preservar así su identidad propia.

El Pacto Nacional concluyó con compromisos para ambos actores. La parte árabe renunció a la unificación del Líbano con otro Estado, aceptando las fronteras actuales, así como la soberanía y la independencia nacional. Por su parte, los maronitas desistieron de sus ambiciones favorables a la influencia francesa, reconociendo la identidad árabe del país. Se mantuvo la regla de representación de seis escaños maronitas por cada cinco musulmanes, la cual perduró hasta los Acuerdos de Taif de 1989. Esta proporción fue fruto del censo oficial de 1932, el cual determinó que la población cristiana, en todas sus ramas, representaba entre el 51 % y el 54 % del total.

En torno a este contexto se conformaron los principales partidos políticos del Líbano. En el bloque maronita destacaron las Falanges Libanesas (1936), de inspiración fascista, el Bloque Nacional (1943), de corte institucional y legalista, y el Partido Nacional Liberal (1958), nacido como respuesta a la influencia del presidente egipcio Nasser.

En el lado opuesto, las fuerzas antimaronitas eran heterogéneas, ilustrando la diversidad ideológica y religiosa de la época. Entre ellas se encontraban el Partido Socialista Progresista (1949), representante de los drusos y la izquierda, el Movimiento Al-Mourabitoun (1957), de carácter suní y panarabista, y el Partido Social Nacional Sirio (1932), de militancia pluriconfesional, que abogaba por la unificación de Siria y Líbano bajo un marco corporativista que rechazaba el socialismo árabe. A su vez, el Partido Comunista Libanés (1924), escindido del Partido Comunista de Siria y Líbano en 1944, buscaba superar las disputas étnicas basándose en la teoría marxista y la influencia de la Revolución rusa. Por último, en representación de los chiíes, se fundó en 1974 el Movimiento de los Desposeídos, justo antes del estallido de la guerra civil, con su correspondiente brazo armado: Amal.

Gracias a dicho acuerdo de convivencia, el país fue denominado la "Suiza de Oriente Medio" por su estatus de próspero centro financiero, su alta estabilidad económica y su diversidad cultural. Sin embargo, tras esta fachada se escondían problemas estructurales de inmensa gravedad. El reparto rígido de cuotas provocaba un profundo inmovilismo político. El veto se utilizaba como arma de bloqueo ante cualquier intento de reforma que pudiera mermar el poder de las diferentes facciones, paralizando cambios institucionales y provocando años de estancamiento con gobiernos en funciones. Aun así, es importante señalar que, antes de la guerra civil (1975-1990), el presidente maronita gozaba de amplios poderes y podía nombrar ministros a voluntad, lo que otorgaba mayor agilidad al sistema al concentrar la autoridad en una sola figura.

A lo anterior se suma la carencia de una ciudadanía unificada, evidente en el artículo 9 de la Constitución. Aunque formalmente existe una "ciudadanía libanesa", el país carece de un código civil único para los asuntos personales. Un ejemplo de ello es la inexistencia del matrimonio civil, delegando el Estado el control de la vida privada a las instituciones confesionales. Además, el acceso a servicios básicos como la sanidad, la educación o el empleo está fuertemente vinculado al liderazgo de las sectas, pues los ciudadanos deben acudir al zaim, líder de la facción, para obtener asistencia a cambio de lealtad y votos. Esta dinámica impide la consolidación de una identidad nacional laica, perpetuando la fragmentación social.

Para concluir este apartado, debido a la estructura mencionada y a la privilegiada posición geopolítica del país, limitando al norte con Turquía, al este con Siria, al sur con Israel y al oeste con el mar Mediterráneo, las diferentes sectas han sido históricamente instrumentalizadas por potencias extranjeras como proxies.

Durante la Guerra Fría, la disputa enfrentó a las fuerzas panarabistas, apoyadas por Egipto, con las facciones prooccidentales, respaldadas por Estados Unidos y Francia. Esto motivó la Operación Blue Bat en 1958, un desembarco de marines estadounidenses en Beirut para evitar que el país cayera bajo la influencia egipcia. En la actualidad, como herencia del pasado y de la guerra civil, se observa el apoyo de Irán a Hezbolá (chií) para proyectar poder hacia Israel y el Mediterráneo, las alianzas de Arabia Saudí con el bloque suní para frenar a Teherán, y los vínculos históricos de Estados Unidos y Francia con los sectores cristianos.

La guerra civil libanesa (1975-1990) y la renovación del consenso en los Acuerdos de Taif

El mito de la "Suiza de Oriente Medio" se derrumbó en 1975 con el estallido de la guerra civil libanesa (1975-1990). Las raíces del conflicto residían en el crecimiento demográfico de la población musulmana, especialmente de los chiíes, que se sentían infrarrepresentados al basarse el reparto de escaños en el obsoleto censo de 1932. En paralelo, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), expulsada de Jordania en 1970 tras el "Septiembre Negro", se asentó en Líbano y utilizó el sur del país para atacar a Israel. Esto generó un fuerte rechazo en los sectores maronitas, que percibían a la OLP como un "Estado dentro del Estado" que amenazaba su soberanía y estabilidad. En cambio, los musulmanes y la izquierda libanesa veían en la presencia de la milicia palestina una herramienta de presión para forzar reformas en el sistema dominado por los maronitas.

El detonante oficial del conflicto fue el ataque de milicias cristianas de las Falanges Libanesas contra un autobús repleto de palestinos en Beirut, asesinando a 27 personas en represalia por un atentado previo de la OLP. A partir de entonces, aunque se producirían numerosas fracturas internas, se conformaron dos grandes coaliciones. Por un lado, el Frente Libanés, formado por las Falanges Libanesas y el Partido Nacional Liberal, cuyo objetivo era mantener las cuotas políticas maronitas y la alineación del país con Occidente. Por otro, el Movimiento Nacional Libanés, integrado por el Partido Socialista Progresista druso, el Partido Comunista Libanés y los suníes de Al-Mourabitoun, fuertemente respaldado por la OLP y el Movimiento de los Desposeídos (chií), que buscaba abolir el confesionalismo y arabizar el Líbano.

Durante los dos primeros años de guerra (1975-1976), Beirut quedó dividida por la Línea Verde en un sector musulmán y otro cristiano. Tuvo lugar la conocida como "guerra de los hoteles", en la que las milicias combatían planta por planta en los grandes edificios de la capital, y se perpetraron masacres sectarias como la de Karantina, por el Frente Libanés, y la de Damour, por el Movimiento Nacional Libanés. Cabe apuntar que Siria intervino en 1976 para evitar que la OLP provocase una guerra directa entre Líbano e Israel, aunque pronto cambió de bando y se alió con los musulmanes. Esto derivó en una ocupación militar de facto de gran parte del territorio, como el valle de la Becá, otorgando a Damasco el control de la política libanesa hasta la Revolución de los Cedros de 2005.

Aunque la contienda enfrentó principalmente a estos dos bloques, también se produjeron encarnizadas luchas internas por el liderazgo ideológico y militar. Un claro ejemplo fue la guerra de los campamentos (1985-1988), en la que Amal, heredera del Movimiento de los Desposeídos, masacró a palestinos de la OLP con el apoyo de Siria. El Gobierno sirio veía en Yaser Arafat a un competidor por el dominio del Líbano y buscaba impedir a toda costa que los palestinos se hicieran con el poder.

La hostilidad entre los chiíes y la OLP no surgió de forma espontánea. Derivó de la táctica palestina de utilizar a la población chií del sur del Líbano como escudo humano para sus lanzamientos de cohetes contra Israel. Esta dinámica había provocado la Operación Litani en 1978, una invasión israelí para garantizar la seguridad de sus fronteras que desplazó a cientos de miles de chiíes libaneses. Más tarde, en 1982, Israel avanzó hasta Beirut, forzando el exilio de Arafat a Túnez e iniciando una ocupación militar del sur del país que se mantendría hasta el año 2000, cuando se estableció la Línea Azul.

Previo al enfrentamiento entre Amal y la OLP, el bloque chií se había fracturado profundamente en 1982. Por una parte, quedó Amal, de corte institucionalista, que controlaba el sur y parte de Beirut, anhelaba un Líbano secular reformado y era el principal aliado de Siria. Por otra parte, surgió Hezbolá, una fuerza revolucionaria financiada por Irán que juró lealtad a su líder supremo y cuya prioridad no era el Estado libanés, sino la guerra santa contra Israel y la instauración de un orden islámico. Esta brecha ideológica y la férrea oposición de Hezbolá a la guerra de los campamentos, considerándola perjudicial para la unidad árabe contra el sionismo, desembocaron en la "guerra de los hermanos" (1988-1990) entre ambas milicias chiíes. El conflicto fratricida concluyó con el Acuerdo de Damasco, en el que se repartieron áreas de influencia y se pactó un alto el fuego.

El término de la guerra civil llegó con los Acuerdos de Taif de 1989, firmados en Arabia Saudí. El texto redefinió la estructura política, otorgando mayor peso a los musulmanes y reduciendo las prerrogativas presidenciales maronitas. El pacto implicó la marginación definitiva de la OLP, un reajuste del sistema confesional, sin abolirlo, y la consolidación de un bloque de poder chií entre Hezbolá y Amal, el cual condiciona actualmente las relaciones internacionales del país. No obstante, el nuevo orden no trajo la independencia real, sino que sumió al Líbano bajo una hegemonía siria que perduró quince años, hasta 2005.

La Revolución de los Cedros (2005) y el fin de la influencia siria en Líbano

El advenimiento de la Revolución de los Cedros en 2005 supuso el fin de la injerencia de Damasco sobre Líbano, iniciada en 1976 y legitimada por la Liga Árabe bajo el amparo de la Fuerza Árabe de Disuasión, compuesta casi íntegramente por tropas sirias. Desde 1990, Siria había actuado como el poder fáctico en el país mediante la llamada Pax Syriana, institucionalizada a través del Tratado de Hermandad de 1991. Durante todo ese periodo, el gobierno sirio ejercía una influencia determinante en la designación de los presidentes y ministros en Beirut, manteniendo a su vez a 30.000 soldados estacionados en suelo libanés.

Los motivos de esta influencia foránea son diversos, pero se pueden sintetizar en ideología, geoestrategia e intereses económicos. Históricamente, ambos territorios estuvieron unidos durante el periodo colonial, debido a esto, sectores irredentistas y el propio gobierno de Hafez al-Ásad consideraban al Líbano como una parte integral de la "Gran Siria". En el plano geoestratégico, al estar en constante conflicto con Israel, Siria usaba al país vecino como barrera defensiva y como base de operaciones para atacar mediante proxies, principalmente a través de Hezbolá. A nivel económico, los puertos de Trípoli y Beirut, junto con el opaco sistema bancario libanés, resultaban vitales para que Damasco evadiera las sanciones internacionales.

La Revolución estalló tras años de creciente malestar en gran parte de la sociedad civil, que consideraba la ocupación siria como una violaciónde su soberanía. El detonante fue el magnicidio del ex primer ministro Rafiq Hariri el 14 de febrero de 2005, provocado por la detonación de un coche bomba en el centro de Beirut. El asesinato se atribuyó a su firme oposición a la injerencia siria, pese a haber colaborado con ella en la década anterior, y a su rechazo a la enmienda constitucional impuesta en 2004, la cual prorrogaba ilegalmente el mandato del presidente prosirio Émile Lahoud.

A lo largo de los primeros años de los 2000, Hariri, el principal referente político suní, se había convertido en el mayor obstáculo para Damasco. Perfilado como claro favorito para ganar las siguientes elecciones, planeaba articular una coalición parlamentaria suní-druso-cristiana con la intención de expulsar a Siria de los asuntos internos y acercar el país a Occidente, contando con el respaldo diplomático de Estados Unidos y Francia. Asimismo, Hariri había tenido un papel clave en el impulso de la Resolución 1595 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exigía la retirada de todas las fuerzas extranjeras y el desarme de milicias como Hezbolá.

Tras su trágico asesinato, la sociedad libanesa se fracturó de nuevo en dos grandes coaliciones políticas: la Alianza del 14 de Marzo, de corte soberanista y antisiria, y la Alianza del 8 de Marzo, estrechamente vinculada al eje prosirio. El 16 de febrero, el entierro de Hariri se transformó en una masiva protesta contra la ocupación. Días más tarde, el 21 de febrero, decenas de miles de personas desafiaron la prohibición gubernamental y acamparon en la plaza de los Mártires, iniciando meses de desobediencia civil. En respuesta, Hezbolá y Amal lograron movilizar a 500.000 simpatizantes el 8 de marzo en una concentración de agradecimiento a Siria, dando nombre a su alianza. La contrarréplica soberanista no se hizo esperar: el 14 de marzo, la facción contraria logró reunir a 1,2 millones de manifestantes.

La presión popular y exterior forzó, tanto al Ejército sirio como a su servicio de inteligencia (Mukhabarat), a retirarse progresivamente. En marzo, evacuaron el norte del Líbano y abandonaron sus posiciones clave en Beirut entre los abucheos de la población. En abril se replegaron del valle de la Becá, región que Siria consideraba vital para su seguridad nacional. Finalmente, la evacuación concluyó el 26 de abril de 2005 con una rápida ceremonia en la base aérea de Rayak entre el general sirio Ali Habib y el comandante libanés Michel Suleiman. Tras el acto, un último convoy de 14.000 soldados cruzó la frontera.

Aunque esta retirada devolvió formalmente la soberanía al Líbano, propició colateralmente el auge de Hezbolá. Ante la marcha de sus valedores sirios, la milicia se integró de lleno en las instituciones democráticas para blindar su arsenal y su estatus, pasando de ser un grupo guerrillero a convertirse en el partido político más poderoso e influyente de la nación. Sin el arbitraje político de Damasco en la política interna, el país volvió a transformarse en un Estado profundamente fragmentado, caracterizado por los bloqueos constantes y a una grave parálisis administrativa.

El nuevo periodo bipolar, polarización y violencia política: desde la Revolución de los Cedros hasta la actualidad

En los años posteriores a la revolución, la Alianza del 14 de Marzo, con Fuad Siniora a la cabeza, ganó las elecciones y asumió la jefatura del Gobierno. Mientras, Amal y Hezbolá, junto a la Alianza del 8 de Marzo, se erigieron en la principal fuerza de oposición política y armada gracias al patrocinio de Irán. Sin embargo, para respetar el reparto confesional y evitar una nueva guerra civil, se permitió la entrada de ministros de la Alianza del 8 de Marzo en el Ejecutivo. Lejos de aportar estabilidad, su participación se tradujo en una estrategia de bloqueo institucional: vetar cualquier decisión contraria a sus intereses o a los de Siria, bloqueando el desarme de Hezbolá y torpedeando la creación del Tribunal Especial para el Líbano, impulsado para investigar el asesinato de Hariri.

En este turbulento escenario se desataron una serie de asesinatos, entre 2005 y 2008, contra periodistas e intelectuales críticos con Siria, como Samir Kassir, ideólogo de la Revolución de los Cedros, y Gebran Tueni, director del periódico An-Nahar, los cuales generaron un clima de intimidación en la coalición gobernante. La situación colapsó en noviembre de 2006, cuando los ministros del 8 de Marzo dimitieron en bloque argumentando que el Gobierno no respetaba el pacto de coexistencia. A modo de protesta, organizaron una acampada frente al Palacio de Gobierno que se prolongó durante 18 meses, paralizando la economía del centro de Beirut.

Un antecedente directo que agravó esta ruptura fue la guerra entre Israel y Hezbolá del verano de 2006. Tras la captura de dos soldados israelíes por parte de la milicia chií en una operación transfronteriza, se desencadenó un conflicto bélico de 34 días. El Gobierno libanés condenó duramente la acción de la milicia, acusándola de secuestrar la soberanía estatal para arrastrar al país a una guerra unilateral. El alto el fuego se logró mediante la Resolución 1701 de la ONU, que reforzó el despliegue de los "cascos azules" (FPNUL) en el sur de la frontera, aunque fracasó en su exigencia de desarmar a Hezbolá.

El punto de máxima tensión llegó en mayo de 2008. El Ejecutivo del 14 de Marzo intentó desmantelar la red privada de telecomunicaciones por fibra óptica de Hezbolá, pilar fundamental de su "Estado paralelo", y destituyó al jefe de seguridad del aeropuerto, vinculado a la milicia. En respuesta, Hassan Nasrallah, líder del grupo chií, calificó el acto como una declaración de guerra. En cuestión de horas, sus combatientes tomaron por la fuerza el sector oeste de Beirut, demostrando una superioridad armada abrumadora frente a las mermadas fuerzas estatales.

Para evitar un derramamiento de sangre generalizado, las facciones políticas firmaron los Acuerdos de Doha (2008) en Qatar. El pacto claudicó ante el bloque chií otorgándole un derecho de veto oficial en el Consejo de Ministros y designando a Michel Suleiman, entonces jefe del Ejército, como presidente de consenso. Esto institucionalizó legalmente la parálisis del país, impidiendo aprobar cualquier ley sin la autorización de Amal y Hezbolá. En 2009, Saad Hariri, hijo del dirigente asesinado, fue nombrado primer ministro, cargo que ocupó hasta 2011, cuando los miembros del 8 de Marzo forzaron la caída del Gobierno al negarse Hariri a romper vínculos con el Tribunal Especial de la ONU, que preparaba la imputación de milicianos de Hezbolá por el atentado contra su padre.

Tras este quiebre, el 8 de Marzo logró imponer a su propio candidato, Najib Mikati, a través de una compleja maniobra parlamentaria. Se formó así el primer gobierno sin participación prooccidental desde 2005, dominado en su totalidad por Hezbolá y sus aliados. Dicho Ejecutivo sufrió un duro aislamiento por parte de la comunidad internacional y de las monarquías árabes, siendo percibido como un aliado estratégico de Irán y Siria, a lo que se agregan las fuertes tensiones internas. Terminó por implosionar en 2013 por la guerra civil siria: Hezbolá exigía el apoyo militar abierto a Bashar al-Ásad, mientras que Mikati pretendía mantener una estricta política de neutralidad.

A Mikati le sucedió Tammam Salam mediante un consenso in extremis. Su mandato estuvo marcado por el bloqueo: el 8 de Marzo paralizó el Parlamento durante más de dos años para impedir la elección de un nuevo presidente de la República hasta que su candidato, Michel Aoun, fue aceptado. Este vacío se rompió en octubre de 2016 gracias al Pacto Aoun-Hariri. Ambas coaliciones acordaron repartirse el poder: Saad Hariri ocuparía el cargo de primer ministro y Michel Aoun la presidencia. Este acuerdo legitimó en la práctica el control dual del país, mientras Hariri gestionaba las instituciones burocráticas, Hezbolá conservaba su poder de veto y el control efectivo de las fronteras. En noviembre de 2017, la anomalía del sistema se hizo mundialmente visible cuando Hariri, convocado por Arabia Saudí para exigirle que frenase a Hezbolá, anunció por sorpresa su dimisión desde Riad. Tras semanas en las que el Gobierno libanés denunció que su primer ministro estaba secuestrado, Hariri regresó a Beirut gracias a la mediación de Francia y retiró su renuncia.

En mayo de 2018, la Alianza del 8 de Marzo ganó las elecciones legislativas con mayoría absoluta, afianzando el poder de veto de Hezbolá, aunque mantuvo a Hariri en la presidencia del Gobierno. Este gabinete se topó de frente con la Revolución del 17 de Octubre de 2019. Lo que comenzó como una protesta por la imposición de una tasa sobre el uso de la aplicación WhatsApp derivó en un levantamiento masivo de la sociedad civil contra la corrupción endémica de toda la clase política. Hariri se vio obligado a dimitir, dando paso a un gabinete técnico apoyado únicamente por la Alianza del 8 de Marzo, liderado por Hassan Diab. Su mandato coincidió con el devastador colapso económico de 2020: el Líbano entró en default (impago de la deuda soberana) por primera vez en su historia. A la ruina financiera y a la hiperinflación se sumó en agosto la catastrófica explosión del puerto de Beirut. Ante el clamor popular, Diab dimitió y se inició un salvaje asedio judicial por parte de Amal y Hezbolá para impedir que los tribunales investigaran las responsabilidades administrativas de sus propios ministros en la explosión.

Tras la tragedia del puerto, el Líbano soportó más de un año de vacío ejecutivo bajo la enorme presión de la comunidad internacional, liderada por Francia, para que se ejecutaran reformas inmediatas. En septiembre de 2021, Najib Mikati logró armar un nuevo gobierno apoyado pragmáticamente por ambos bloques para tratar de frenar el colapso. Sin embargo, las ansiadas reformas estructurales quedaron en papel mojado debido al boicot incesante de Hezbolá, que paralizó nuevamente el Consejo de Ministros con el fin de exigir la destitución del juez Tarek Bitar, encargado del caso del puerto.

Las elecciones parlamentarias de 2022 confirmaron el profundo hartazgo ciudadano, dejando una cámara altamente fragmentada con la irrupción de numerosos diputados independientes. Las continuas disputas generaron un vacío de poder total que obligó a Mikati a gobernar de forma interina. La parálisis institucional no se desbloqueó hasta enero de 2025, cuando un acuerdo de mínimos entre facciones permitió nombrar presidente de la República a Joseph Aoun, antiguo comandante del Ejército, y primer ministro a Nawaf Salam, expresidente de la Corte Internacional de Justicia. El nombramiento de figuras de este perfil buscaba desesperadamente alejar al país de la trifulca partidista para acometer las reformas económicas de las que dependía la supervivencia nacional.

La guerra de Irán y el conflicto Hezbolá-Israel: Líbano ante la encrucijada

Como quedó en evidencia durante la crisis de 2006, el Líbano es el principal escenario donde las potencias globales y regionales como Israel, Arabia Saudí, Irán, Estados Unidos y, antiguamente, Siria, dirimen sus disputas hegemónicas. Tras los atentados perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, la tensión entre Israel y Hezbolá se recrudeció exponencialmente, dando lugar a un intercambio diario de artillería a través de la frontera sur, dinámica que se intensificó notablemente con la escalada bélica entre Irán e Israel en junio de 2025.

No obstante, fue el estallido de la guerra directa entre Irán y Estados Unidos, iniciada el 28 de febrero de 2026, el que marcó el punto de no retorno. Devolviendo al país al paradigma bélico de 2006, las Fuerzas Armadas israelíes iniciaron el 16 de marzo de 2026 una invasión terrestre en el sur del Líbano. Su objetivo declarado es establecer a la fuerza una zona de amortiguación o seguridad que se extienda desde la frontera hasta el río Litani, erradicando así la infraestructura operativa de Hezbolá. Esta campaña militar supone una rotunda violación de la soberanía libanesa, a la vez que quebranta la Resolución 1701 de la ONU. Dicha norma, que delimitaba una franja completamente desmilitarizada entre la Línea Azul y el río Litani, ha sido vulnerada de forma sistemática y reiterada por ambos contendientes.

En este crítico contexto, el eterno debate sobre la imperiosa necesidad de desarmar a Hezbolá ha acaparado de nuevo el tablero político nacional. En virtud de los Acuerdos de Taif (1989), se ordenó la disolución de todas las facciones paramilitares del país, exceptuando al grupo chií, al cual se le concedió el estatus de "fuerza legítima de resistencia" para combatir la ocupación israelí de la franja sur, vigente en aquel momento. Quienes claman hoy por su desmilitarización sostienen que el arsenal de Hezbolá atenta gravemente contra la esencia misma del Estado al arrebatarle el monopolio de la violencia y usurpar sus funciones en materia de defensa nacional, involucrando al país entero en conflictos exteriores sin autorización parlamentaria. Para las comunidades cristiana y suní, resulta evidente que, mientras la milicia prosiga operando al margen de la ley, ni el chantaje político doméstico ni las asfixiantes sanciones internacionales que han sepultado la economía llegarán a su fin.

En el lado opuesto, los partidarios y aliados de Hezbolá esgrimen que la propia existencia del Estado libanés depende inexorablemente del armamento del grupo. Alegan que las exiguas Fuerzas Armadas regulares son incapaces de disuadir o contener los embates de Israel, un país al que no otorgan reconocimiento diplomático alguno. Esta tesis defensiva cuenta con el inquebrantable respaldo sociológico de amplísimos sectores de la población chií, que veneran a la milicia como la única muralla que los ha protegido a lo largo de las décadas. Además, Hezbolá trasciende la mera condición de facción armada, actuando como un eficaz Estado paralelo que provee servicios sanitarios, educativos e infraestructuras allí donde la precaria administración central no llega, fidelizando así el apoyo incondicional de sus bases.

En consecuencia, el Líbano afronta en estos momentos una encrucijada existencial a tenor del devenir de la actual invasión terrestre israelí y de las condiciones impuestas por las instituciones financieras globales, que vinculan cualquier paquete de rescate económico a la liquidación militar del grupo proiraní. Por su parte, el Ejecutivo liderado por Nawaf Salam ha emprendido acciones contundentes: ha ilegalizado todos los movimientos castrenses ajenos al Ejército nacional, ordenado la incautación de arsenales clandestinos e impulsado un ambicioso despliegue de tropas en el sur, gravemente obstaculizado por el avance de Israel. En paralelo, ha procedido a la detención y expulsión de agentes pertenecientes a la Guardia Revolucionaria de Irán. Hezbolá, previsiblemente, ha tachado estas maniobras estatales de alta traición, acusando al Gobierno de dejar al Líbano inerme y movilizando a todos sus efectivos sociopolíticos para sabotear el plan de desarme, lo que amenaza con desatar de forma inminente una nueva guerra fratricida.

Entre la espada y la pared: perspectivas de futuro para el Líbano

Ante la devastación financiera de 2020, la invasión del sur, la insostenible fragilidad del equilibrio interconfesional y la intrusión crónica de potencias extranjeras, Líbano atraviesa una crisis existencial sin una salida viable a corto plazo. Por una parte, un choque frontal del Gobierno contra la cúpula militar de Hezbolá prendería la mecha de una nueva guerra civil y, simultáneamente, despejaría el terreno para que Israel ejecutase sus ataques sin resistencia debido a las enormes limitaciones operativas de las Fuerzas Armadas regulares. Por otra, claudicar ante el mantenimiento del arsenal chií perpetúa el chantaje político interno y consolida la subordinación del país a los intereses geopolíticos de Irán, condenando al Líbano a un ostracismo económico irreversible.

Esta dramática encrucijada se agrava por el profundo desgaste social y el escepticismo de una ciudadanía exhausta que rechaza frontalmente la legitimidad de sus élites tradicionales y del propio entramado institucional. En la actualidad, el Estado libanés no solo brega contra milicias intestinas o invasiones foráneas, sino contra su propio desmoronamiento administrativo y moral. Si el gabinete de Nawaf Salam fracasa en su empeño por canalizar el auxilio internacional para rearmar al Ejército y, a su vez, articular una red de servicios públicos que sustituya al poderoso sistema de bienestar de Hezbolá, el país se abocará a una fragmentación territorial de facto.

En conclusión, el porvenir nacional exige una reescritura radical y valiente del contrato social vigente, un proceso que debe lograr, de forma inaplazable, la separación entre la representación política y la adscripción religiosa. Resulta evidente que esta aspiración parece quimérica bajo el estruendo incesante de la artillería en el sur y el dictado de las potencias regionales. Sin embargo, la premisa es ineludible: careciendo de un pacto firme que restituya al Estado el monopolio legal del uso de la fuerza y garantice su neutralidad fáctica ante los distintos ejes de Oriente Medio, la nación corre el severo riesgo de extinguirse como sujeto soberano para mutar en un escenario de guerra perpetua.

La supervivencia del territorio que en el pasado se enorgullecía de ser la "Suiza de Oriente Medio" ya no dependerá de la nostalgia de aquel bienestar perdido, sino de su celeridad para erigir un marco de ciudadanía plena, laica y unificada, debiendo hacerlo antes de que la inercia del conflicto y las balas dicten la sentencia final. A la vista de los precedentes históricos del país, este funesto desenlace es una posibilidad que no debe descartarse.