Marruecos: ¿El Israel africano?

El Sáhara Occidental es considerado por las Naciones Unidas como el último territorio no autónomo del continente africano debido a que su proceso de descolonización nunca se completó. España lo administró como colonia hasta 1975, pero al retirarse no organizó el referéndum de autodeterminación que las resoluciones internacionales exigían para que el pueblo saharaui decidiera su futuro.

Tras la salida española, Marruecos ocupó gran parte del territorio –80% – y Mauritania, que también lo reclamaba por vínculos históricos derivados de la Gran Mauritania histórica, terminó retirándose en 1979. Desde entonces, el Frente Polisario —liderado actualmente por Brahim Ghali—, reconocido por la ONU como representante legítimo del pueblo saharaui, reclama la independencia, mientras Marruecos mantiene el control militar y administrativo sobre la mayor parte del territorio.

A diferencia del resto del continente, donde los procesos de descolonización concluyeron durante el siglo XX, el Sáhara Occidental quedó en una situación anómala: figura aún en la lista de territorios pendientes de descolonizar de la ONU porque el derecho del pueblo saharaui a decidir mediante urnas sigue sin cumplirse. Por esta razón, se le considera el último caso pendiente de autodeterminación en África.

Similitudes entre la ocupación marroquí en la RASD y la ocupación israelí en Palestina

La ocupación marroquí del Sáhara Occidental se puede comparar con la ocupación israelí de los territorios palestinos debido a unos paralelismos políticos y jurídicos clave. En ambos casos, se trata de territorios que la comunidad internacional no reconoce como parte legítima del Estado ocupante, y que figuran en resoluciones de la ONU como sujetos a un derecho pendiente de autodeterminación.

Tras la retirada de España en 1975, Marruecos ocupó militarmente gran parte del Sáhara Occidental, construyó un muro defensivo y promovió el asentamiento de miles de colonos marroquíes en el territorio. Israel, por su parte, ha mantenido desde 1967 una política similar en Cisjordania y Jerusalén Este, acompañada de la construcción de muros y la instalación de colonias, consideradas ilegales por el Derecho Internacional y amplificadas desde 2023 en Gaza.

En ambos escenarios, las potencias ocupantes justifican su control alegando razones de seguridad y de “vínculos históricos”, mientras los pueblos afectados —los saharauis y los palestinos— reivindican su derecho a la autodeterminación y sufren limitaciones en sus derechos políticos, sociales y económicos. Tanto en el Sáhara Occidental como en Palestina, la ONU ha aprobado multitud de resoluciones exigiendo soluciones negociadas y el respeto al derecho, aunque sin resultados efectivos.

Así pues, la ocupación marroquí y la israelí comparten una misma lógica: la consolidación de hechos consumados sobre el terreno, el bloqueo de procesos de autodeterminación y una extensa impunidad internacional que mantiene abiertas dos de las disputas coloniales más persistentes en nuestros tiempos.

Contexto histórico

El Sáhara Occidental, situado en el noroeste de África, fue formalmente incorporado al sistema colonial español a finales del siglo XIX, tras la Conferencia de Berlín de 1884-1885, que reguló la repartición de África entre potencias europeas. España estableció su control administrativo y militar, explotando recursos pesqueros y minerales, pero nunca desarrolló una colonización de asentamiento masivo ni una colonización agresiva. Durante gran parte del siglo XX, el territorio fue conocido como Sahara Español, manteniendo una administración colonial muy parcial y algunas bases militares, pese al intento fallido durante la década de 1950 de convertirlo en provincia española, pero con una presencia muy limitada de población española y una explotación muy modesta, focalizada en la presencia simbólica y el control político.

A mediados de la década de 1970, el contexto de la comunidad internacional y las presiones regionales llevaron a España a replantearse su presencia en el territorio. En 1975, Marruecos lanzó la Marcha Verde. Dicha marcha fue un movimiento masivo en el que cerca de 350,000 civiles marroquíes motivados por el discurso de Hassan II, muchos de ellos menores,  entraron en el Sáhara Occidental, acompañados de militares, con el objetivo de reclamar la soberanía del territorio. España, debilitada políticamente por la transición y la inminente muerte de Francisco Franco, firmó los Acuerdos de Madrid en noviembre de 1975, mediante los cuales transfería la administración del territorio a Marruecos y Mauritania, sin consultar al pueblo saharaui ni organizar un referéndum de autodeterminación, como exigía la ONU.

La ocupación marroquí y mauritana provocó la reacción del pueblo saharaui, que ya venía organizándose políticamente. En 1973 se fundó el Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario), cuyo objetivo era la independencia del Sáhara Occidental. Tras la retirada de Mauritania en 1979, el Frente Polisario continuó la lucha contra Marruecos, estableciendo campos de refugiados en Tinduf, Argelia, y consolidando estructuras políticas y militares que representaban al pueblo saharaui.

En 1976, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reivindicando la soberanía del territorio y buscando el reconocimiento internacional. La RASD fue admitida en la Organización para la Unidad Africana —actual Unión Africana– en 1982 y mantiene un gobierno en el exilio en los campamentos de refugiados saharauis, ejerciendo control efectivo sobre parte del territorio conocido como la zona liberada.

Política de España hacia el Sáhara Occidental

Desde la firma de los Acuerdos de Madrid, todos los gobiernos españoles —de distinto signo político— han mantenido una política ambigua respecto al Sáhara Occidental, caracterizada por:

1. Reconocimiento formal de la soberanía marroquí en la práctica, sin renunciar completamente a la responsabilidad histórica de España como potencia colonizadora.

2. Apoyo diplomático limitado a procesos de negociación de la ONU y al derecho a la autodeterminación saharaui, evitando tensiones directas con Marruecos.

3. Preservación de intereses económicos y estratégicos, especialmente relacionados con la pesca, recursos minerales y relaciones comerciales con Marruecos.

Si bien el gobierno de Felipe González apoyó el proceso de mediación de la ONU, en el cual se incluía un referéndum promovido por la MINURSO, al mismo tiempo, España no desafío abiertamente a Marruecos. Madrid se centró en la cooperación económica y de seguridad con Rabat, pese a que se promovió el reconocimiento internacional del Frente Polisario como interlocutor legítimo de forma cautelosa.

En la misma línea, José María Aznar, consolidó una política de acercamiento a Marruecos, apoyando formalmente la solución negociada bajo la ONU, pero sin presionar por el referéndum de autodeterminación. Seguidamente, José Luis Rodríguez Zapatero, apoyó al pueblo saharaui en algunas de sus declaraciones, pero igualmente sin confrontar a Marruecos, con quien se buscaba un mayor acercamiento mediante políticas fallidas de “buena vecindad”. 

Llegado el gobierno de Mariano Rajoy, se le dió prioridad a Marruecos, especialmente por temas de inmigración y seguridad, apoyando los planes de las Naciones Unidas sin un impulso decisivo hacia el referéndum o presión directa sobre Rabat. En último lugar, el presidente Pedro Sánchez, reconoció oficialmente el plan marroquí de autonomía como base para una solución en 2023, interpretable como un giro hacia el reconocimiento de facto de la soberanía marroquí sobre el territorio, pese a las declaraciones del gobierno a favor de la negociación bajo la ONU. Además, Sánchez continúa todavía más la cooperación en seguridad y economía con Marruecos, manteniendo un equilibrio prácticamente roto entre responsabilidades históricas y relaciones bilaterales cada vez más estrechas con Rabat.

Ocupación y construcción de muros

Tras la retirada de España, Marruecos comenzó a consolidarse en el territorio. La ocupación se realizó mediante una combinación clara: presión militar y asentamiento civil.

En primer lugar, Rabat envió tropas para asegurar el control sobre las principales ciudades —El Aaiún, Dajla, Smara, Bojador o Tifariti– y rutas estratégicas — carretera El Aaiún-Dajla, ruta costera El Aaiún a Bojador y Dajla, rutas hacia Tinduf…—. Así pues, la presencia militar buscaba desalentar cualquier tipo de resistencia organizada o insurgencia, así como protección a los nuevos colonos marroquíes.

Seguidamente, miles de ciudadanos fueron llegando al Sáhara Occidental en un proceso conocido como “recolonización de facto”. Se crearon ciudades y zonas agrícolas bajo administración marroquí, consolidando hechos consumados sobre el terreno. Hoy en día, se estima que hay cerca de 400,000 colonos marroquíes en el Sáhara Occidental, de un total de unas 612,000 personas censadas en el territorio.

El Frente Polisario respondió con una guerra de guerrillas, atacando posiciones marroquíes y protegiendo a la población saharaui de áreas rurales. Se establecieron campos de refugiados en Tinduf, Argelia, donde la RASD mantiene hoy su gobierno en el exilio.

En cuanto a la construcción de muros y barreras defensivas o fortificaciones, Marruecos ha construido el Muro del Sáhara Occidental o Berm. Dicho muro tiene más de 2,700 km de longitud y está fortificado con torres de vigilancia, minas terrestres y alambradas. Divide el territorio en dos zonas: la zona ocupada por Marruecos y la zona liberada controlada por el Frente Polisario.

Proteger los asentamientos marroquíes y los recursos naturales, como los fosfatos y la pesca, son el principal objetivo marroquí con la construcción del muro. Así como, limitar los movimientos del Frente Polisario y consolidar la presencia de Rabat en la zona.

Esta situación, ha provocado restricciones de movilidad, separación de familias y aislamiento de comunidades. La comunidad internacional lo considera un muro que es símbolo de la ocupación y de la imposibilidad de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación justo y efectivo.

Represión, deportaciones y detenciones

Tras la Marcha Verde, Marruecos ha estado implementando diversas medidas coercitivas para consolidar su poder y control en el Sáhara Occidental, muchas de ellas con un alto costo para la población local:

Represión política

Cualquier manifestación u organizaciones sindicales o asociaciones culturales en contra de Marruecos o a favor del Frente Polisario y la independencia es duramente reprimida. Líderes activistas saharauis han sido arrestados, encarcelados y sometidos a juicios irregulares. Casos como el arresto de Brahim Dahane o Mohamed Daddach, condenados por manifestarse pacíficamente o documentar abusos plasman la implacabilidad marroquí ante los opositores.

Detenciones arbitrarias y torturas

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado casos de detenciones arbitrarias, interrogatorios violentos y torturas de presos políticos. Muchos de los detenidos son jóvenes activistas, especialmente de El Aaiún, que participan en protestas pacíficas o movimientos de defensa de los derechos humanos.  Se han reportado tratos inhumanos en prisiones, condenad en aislamientos prolongafos, falta de atención médica, castigos físicos, asfixia, privación de sueño y amenazas y tortura psicológica.

Deportaciones y desplazamientos forzados

Durante la ocupación, Marruecos ha llevado a cabo expulsiones de familias de saharauis y ha restringido la movilidad dentro del territorio. Algunas comunidades han sido trasladadas para facilitar el asentamiento de colonos marroquíes en zonas estratégicas, como parte de la política de recolonización.

Desde la llegada de Rabat, más de 173,000 personas saharauis residen en el exilio, obligadas forzosamente a vivir fuera de sus tierras. En 1975, 40,000 personas fueron desplazadas hacia el interior desértico, donde se tuvieron que adaptar a vivir en campamentos sin recursos, donde muchos murieron por las condiciones y la falta de medios.

Limitaciones a la libertad de expresión y asociación

La prensa independiente, asociaciones civiles y ONGs saharauis enfrentan restricciones constantes. Activistas que denuncian violaciones de derechos humanos son frecuentemente acosados, detenidos o expulsados del territorio.

Las restricciones a la libertad de expresión en Marruecos no son nuevas: en 2018, Marruecos detuvo al periodista Taoufik Bouachrine del diario Akbar Al Youm, condenándolo a 15 años de prisión por cargos de agresión secxual y trata de personas sin un juicio justo. De igual forma, en 2021, el sucesor de Bouachrine, Suleimán Raisuni, quien fue detenido en 2020 y condenado a cinco años en prisión en 2021 por cargos similares. También curioso el caso de Omar Radi, periodista de investigación, arrestado en 2020 y condenado en 2022 a seis años de prisión, señalado como un caso de silencio a periodistas críticos.

En 2016, Pierre Le Beau y Martin Weill, periodistas franceses de Canal +, fueron detenidos y expulsados del país mientras investigaban las agresiones a homosexuales en Marruecos. De igual forma, Quentin Muller y Therese di Campo fueron expulsados por cubrir temas sobre represión y la monarquía marroquí. En el caso de los saharauis, un suceso destacable fue la detención de Nazha El Khalidi, de Equipe Media, detenida y maltratada en 2018 mientras cubría unas manifestaciones en El Aaiún.

Falta de presión internacional

Pese a que la ONU y organizaciones de derechos humanos han condenado las prácticas y reiterado la necesidad de respetar el proceso de autodeterminación, la presión no es suficiente. La comunidad internacional no presiona suficientemente a Marruecos, quien consigue finalmente un control efectivo sobre la mayor parte del territorio de forma abusiva.

Entre los países que reconocen la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental o apoyan la propuesta marroquí de autonomía se encuentran:

• EEUU: Reconoció oficialmente la soberanía marroquí en 2020.

• Francia: Apoya a Marruecos diplomáticamente, especialmente en la ONU y la UE.

• EAU, Egipto, Arabia Saudí y Jordania: apoyan mediante respaldo político y económico.

• srael: Apoya explícitamente a Marruecos dentro de acuerdos bilaterales y el reconocimiento de la soberanía marroquí.

• La Liga Árabe: tras rechazar la propuesta argelina de adhesión de la RASD a la organización.

• Algunos países africanos: Senegal, Costa de Marfil o Gabón apoyan a Marruecos frente al bloque encabezado por Sudáfrica y Argelia en la Unión Africana.

• Ciertos países latinoamericanos: Si bien ha sido una región pro-RASD, algunos países como Guatemala o El Salvador se han alineado en los últimos tiempos con Rabat.

• España: el actual gobierno encabezado por el socialista Pedro Sánchez se ha mostrado a favor de los planes de autonomía marroquíes, rompiendo con la ambigüedad histórica española respecto al tema. De forma similar, también lo defendió Bélgica y Alemania.

Por otro lado, algunos de los países que respaldan la plena autodeterminación del Sáhara Occidental y el derecho del pueblo saharaui a celebrar un referéndum son:

• Argelia: Principal apoyo político, logístico y militar al Frente Polisario.

• México, Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia: reconocieron oficialmente la RASD.

• Países africanos en la UA: Muchos, como Nigeria, Sudáfrica y Ghana, apoyan a la RASD.

• Algunos países asiáticos: Vietnam, Siria o Corea del Norte.

Mientras Marruecos intenta penetrar cada vez más en áreas geográficas históricamente favorables a la RASD, algunos países y organizaciones internacionales se mantienen críticos o neutros. Son los casos de Canadá, Japón, China, el discurso de la oposición española, Italia, Brasil, la mayor parte de países UE, la ONU o Rusia.

Derecho Internacional

El Sáhara Occidental es considerado un territorio no autónomo, pendiente de descolonización. Su estatus ha sido objeto de numerosas resoluciones de la ONU, pronunciamientos del Consejo de Seguridad, opiniones de la Corte Internacional de Justicia y decisiones de tribunales europeos.

Derecho Internacional General

Según la Carta de las NNUU y la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de 1960 sobre la descolonización, los pueblos bajo dominio colonial tienen derecho a la autodeterminación y a elegir libremente su estatus político. La ocupación de un territorio por otra potencia no le confiere soberanía legítima mientras no exista consentimiento del pueblo afectado.

Resoluciones de la ONU

La ONU ha aprobado más de 40 resoluciones relacionadas con el Sáhara Occidental desde 1965, reafirmando que:

• España sigue siendo responsable de la descolonización histórica.

• Marruecos y Mauritania no pueden reclamar soberanía plena sin un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui.

El Consejo de Seguridad, por su parte, ha instado repetidamente a la reanudación de negociaciones bajo mediación de la ONU, promoviendo soluciones políticas justas, duraderas y mutuamente aceptables. Asimismo, se reconoce explícitamente al Frente Polisario como interlocutor legítimo del pueblo saharaui.

A continuación, adjuntamos un enlace en el que se pueden visualizar, consultar y contemplar las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental, realizado por la Universidad de Santiago de Compostela, actualizados en junio de 2024: Resoluciones ONU sobre el Sáhara Occidental.

Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia

La CIJ fue consultada en 1975 sobre los lazos históricos entre Marruecos, Mauritania y el Sáhara Occidental antes de la descolonización española, concluyendo que:

• No existían vínculos de soberanía que impidieran la autodeterminación saharaui.

• La decisión final sobre el estatus político debía ser tomada mediante consulta libre de los habitantes, no mediante acuerdos entre potencias o países vecinos.

Esta opinión matiza cualquier intento de justificar la anexión por supuestos derechos históricos de Marruecos, los cuales, no tienen validez histórica ni jurídica.

Tribunales Europeos

Varios tribunales de la UE, incluida la Corte de Justicia de la Unión Europea, han señalado que:

• Acuerdos comerciales y pesqueros entre la UE y Marruecos no pueden aplicarse automáticamente al Sáhara Occidental, ya que no forma parte de Marruecos según el Derecho Internacional.

• Cualquier explotación de recursos naturales debe respetar el consentimiento del pueblo saharaui, en línea con su derecho a la autodeterminación.

Estas decisiones subrayan que, aunque Marruecos ejerza control efectivo, no legitima su soberanía bajo el derecho internacional. Distinguiendo entre control u ocupación de fcto y soberanía legal. 

Paralelismos con Palestina

El Sáhara Occidental y Palestina comparten una dinámica de ocupación y control territorial no autorizada por la comunidad internacional. En ambos, las potencias ocupantes han establecido un control efectivo sobre parte del territorio sin reconocimiento de soberanía legal. Este control se consolida mediante la creación de asentamientos y el traslado de población civil proveniente del país ocupante, alterando la composición demográfica y política y estableciendo hechos consumados que dificultan cualquier proceso de autodeterminación. Además, la presencia militar y las barreras físicas, como muros o zonas fortificadas, buscan separar a las comunidades locales y proteger los intereses políticos y económicos de los ocupantes.

Paralelamente, ambos contextos se caracterizan por la represión sistemática de la disidencia, que incluye detenciones, restricciones de la libertad de expresión y violaciones documentadas a los derechos humanos. La explotación de recursos naturales —como fosfatos y pesca en el Sáhara Occidental, o agua y tierras en Palestina— se realiza principalmente en beneficio de la potencia ocupante, con escaso retorno para la población local. Finalmente, la situación se ve reforzada por el apoyo o complicidad de otros actores extranjeros, que facilitan la ocupación mediante el respaldo diplomático, económico o militar, consolidando un estatus de facto que contrasta con el derecho internacional y limita las posibilidades de resolución pacífica de conflictos.

Resistencia y solidaridad

La resistencia saharaui se articula principalmente a través del Frente Polisario, que desde 1973 ha liderado la lucha por la independencia del Sáhara Occidental. Tras la ocupación marroquí, el Frente Polisario estableció estructuras políticas y militares, mantiene el control parcial sobre la zona liberada y representa internacionalmente la voz política del pueblo saharaui ante organizaciones como la ONU o la UA. Su actividad incluye tanto la defensa nacional como la promoción de la causa saharaui en foros internacionales, diplomáticos o de derechos humanos.

Paralelamente, los campos de refugiados en Tinduf, albergan a decenas de miles de saharauis desplazados, convirtiéndose en centros de vida comunitaria, educación y organización política. A nivel internacional, diversos movimientos de solidaridad han surgido de Europa, especialmente de España, América y África, promoviendo campañas de sensibilización, apoyo humanitario, como el programa “Vacaciones en Paz”; y presión diplomática para la resolución del conflicto. Esta combinación de resistencia local y apoyo externo refuerza la visibilidad de la causa saharaui y subraya la dimensión global del conflicto, poniendo de relieve la conexión entre derechos humanos, autodeterminación y justicia internacional.