Marruecos: el pulso de los jóvenes

Entre finales de septiembre e inicios de octubre de 2025, Marruecos ha estado experimentando las mayores manifestaciones juveniles en su historia reciente. El detonante fue la muerte de ocho mujeres embarazadas en el hospital Hassan II de Agadir tras cesáreas fallidas, un caso que ha expuesto la precariedad sanitaria pública del país. La indignación se ha traducido en el nacimiento de GenZ212 –generaciones entre 1997 a 2012 + 212, código telefónico marroquí–, un movimiento digital que en cuestión de días ha pasado de los foros de Discord, Instagram y TikTok a las calles de las principales urbes marroquíes.

De la indignación al estallido

El 29 de septiembre se produjeron las primeras marchas pacíficas en Rabat. Sin embargo, tras la prohibición oficial de nuevas manifestaciones, la tensión ha derivado en enfrentamientos constantes entre manifestantes y fuerzas de seguridad, extendiendo rápidamente las protestas. En apenas cuatro días, se han registrado disturbios en al menos 17 provincias, incluyendo Rabat y su zona metropolitana, Casablanca, Marrakech, Agadir, Tánger, Salé, Temara y Oujda.

Las cifras varían según la fuente, pero se habla –de momento– de entre 2 y 3 jóvenes –armados con cuchillos– fallecidos por disparos policiales en “legítima defensa” durante un –supuesto y oficial relato según autoridades– intento de asalto a un cuartel en Lqliaa para robar armas y municiones –Agadir–, más de 350 heridos –263 policías y entre 20 y 90 manifestantes– y alrededor de 409 detenidos, de los cuales unos 190 ya enfrentan algún tipo de proceso judicial, relacionados con el desorden público, los cuales empezarán el próximo martes en Rabat para 37 de los detenidos. A los daños humanos se suman los desperfectos notables: vehículos policiales –unos 142– y bancos incendiados, comisarías atacadas, comercios saqueados, espacios públicos deteriorados, contenedores quemados, etc.

Las protestas han solido darse tras caer la noche, por lo que las fuerzas quedan, en la práctica, desbordadas, tanto por medios como por efectivos: cerca de 20,000 agentes de las Fuerzas Auxiliares no han podido con los manifestantes en todas las áreas, pese al apoyo de la policía o la Gendarmería Real –unos 33,000 agentes– en áreas rurales.

El mensaje de GenZ212

Lejos de reivindicar la violencia, los organizadores insisten en que se trata de un movimiento pacífico, centrando en exigir mejoras en sanidad y educación públicas, acceso universal a la cobertura médica, mejores precios en medicamentos y oportunidades laborales. También cuestionan el gasto multimillonario destinado al Mundial de Fútbol de 2030, en contraste con la falta de inversiones en hospitales y centros educativos. Se estima que Rabat destine entre 50,000 y 60,000 millones de dirhams al Mundial –unos 5,500 millones de euros–, además de otros 18,600 millones destinados a proyectos estratégicos en infraestructuras deportivas, mejoras en telecomunicaciones, energía, transporte, urbanismo, etc. Mientras, en 2025 el presupuesto en educación y sanidad juntos no alcanzan ni los 11,000 millones de euros para un país con más de 8 millones de estudiantes.

A lo largo de sus comunicados, GenZ212 ha pedido la dimisión del gobierno de Aziz Akhannouch, así como la liberación inmediata de los manifestantes detenidos. Como consecuencia de la represión gubernamental, las manifestaciones han ido tendiendo hacia la violencia, cada vez mayor, tanto por manifestantes como por fuerzas de seguridad. 

Hoy en día, la tasa de desempleo juvenil –15 a 24 años de edad– en Marruecos es cercana al 47%, según datos registrados en el segundo trimestre de 2025. Además, dicha generación representa una cuarta parte de la población de un país de 37 millones de habitantes, por lo que unas 4,347,000 personas –jóvenes– se encontrarían en situación de desempleo.

La respuesta del Estado

El Ejecutivo marroquí ha lamentado los hechos y asegura estar abierto al diálogo, aunque mantiene la prohibición de manifestaciones. El portavoz del Ministerio del Interior, Rachid El Khalfi, afirmó que la prohibición era “necesaria para garantizar el equilibrio entre el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente y el de la sociedad a la seguridad y a la estabilidad”. Mientras, medios afines al gobierno intentan asociar al movimiento juvenil con el vandalismo, señalando denuncias de vecinos de Oujda o Inezgane quejándose de los destrozos. El primer ministro Akhannouch, bajo presión, busca contener la crisis sin ceder demasiado terreno.

Organizaciones de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias y un uso excesivo de la fuerza, mientras que ministros del Ejecutivo y los partidos opositores, incluidos los islamistas moderados, piden calma para intentar contener a los manifestantes. En consecuencia, diversas voces políticas –como el ex-altos cargos del ministerio de Interior– piden la destitución de Mohamed Saad Baranda, Ministro de Educación, y, Amine Tahraoui, Ministro de Sanidad –ambos muy afines al actual primer ministro Akhannouch, quien es la segunda fortuna nacional, tras el monarca Mohamed VI–. 

Un tsunami global

La BBC y otros medios internacionales enmarcan lo ocurrido en Marruecos dentro de una ola de protestas juveniles globales, con similitudes más que notables a los hechos ocurridos en Indonesia, Perú, Kenia, Nepal o Madagascar. Lo que distingue al movimiento marroquí, es la falta de líderes visibles y la edad de los participantes –un 70% son menores de edad–, un patrón que está dificultando la represión y negociación con las autoridades políticas y policiales.

Marruecos es un país profundamente autoritario, pese a su imagen internacional “moderada”. La concentración real del poder por parte del monarca ha generado un clima de corrupción, clientelismo y desigualdades que marginan las demandas ciudadanas. Las protestas evidencian la falta de inversión en servicios básicos, pero también la impunidad de un aparato gubernamental que prioriza su imagen en megaproyectos como el Mundial mientras ignora la miseria y el desempleo juvenil, que alcanza niveles alarmantes. 

La represión, detenciones y censura mediática muestran un patrón de control social que simula a las dictaduras, mientras la corrupción enquistada en instituciones y empresas estatales se perpetúa ante gobiernos corruptos. En este contexto, el descontento cuestiona la legitimidad de un régimen que se presenta como constitucional, pero opera, de facto, como un Estado autocrático. 

Memorias de…¿la Primavera Árabe?

Marruecos revive un escenario que recuerda al Movimiento del Rif en 2016 y la Primavera Árabe de 2011, aunque actualmente con un elemento clave: una generación hiperconectada que convierte las protestas en un fenómeno viral, informado y globalizado.

Lo que comenzó como indignación por la muerte de ocho mujeres embarazadas se ha transformado en el grito de una generación que exige futuro, dignidad y oportunidades menos desiguales. Marruecos se enfrenta, de tal forma, al desafío de atender no solo a una crisis inmediata, sino a una demanda de cambios estructurales firme, profunda y compleja que, de momento, será difícilmente silenciable.

Las protestas presentan similitudes con la Primavera Árabe de 2011. Como entonces, la chispa inicial fue un hecho que evidenció la negligencia y desigualdades del Estado. Además, en ambos casos, la juventud ha sido central, desafiando a la censura y la represión. Las demandas tampoco quedan lejos: acceso a servicios sanitarios básicos, empleo, justicia social y rechazo de la corrupción. En consecuencia, la represión y la concentración de poder bajo élites políticas, económicas o el monarca recuerdan al contexto de 2011, donde la falta de respuesta institucional provocó las protestas masivas. De igual forma, las manifestaciones tienen un carácter descentralizado y horizontal, sin liderazgos formales, lo que dificulta la negociación y aumenta la imprevisibilidad de los eventos, cada vez más calientes.

Mohammed VI: en la mira

Tras más de cinco días de protestas, cientos de manifestantes están comenzando a quemar retratos del monarca marroquí, cada vez más cuestionado por la falta de liderazgo ante la situación. Si bien el derrocamiento del rey aún suena muy lejano, lo cierto es que Marruecos vive una ola de violencia y crispación atípica desde hace más de catorce años. 

Pese a denominarse como “monarquía constitucional”, lo cierto es que el rey mantiene un papel central como símbolo de unidad nacional y garante de estabilidad, siendo el encargado de escoger al primer ministro. La presión organizada y cada vez más crítica  podría minar la percepción de que el monarca es capaz de velar por el bienestar nacional, especialmente en áreas tan sensibles como la salud o educación.

En caso de que el Ejecutivo siga sin responder adecuadamente –se le demanda la destitución de Akhannouch–, la opinión pública podría culpabilizar indirectamente al monarca, ya que los ministros son percibidos como sus aliados cercanos. Ante esta situación, el monarca podría tener que ser forzado a intervenir, nombrando un nuevo gabinete o impulsando reformas.

Asimismo, Marruecos busca proyectarse como un país moderno, estable y confiable, especialmente por el criticado proyecto coorganizado del Mundial de 2030. La violencia y represión pueden dañar su reputación, afectando a la inversión extranjera, el turismo y la cooperación internacional, incluido el mencionado evento.

Históricamente, Mohamed VI ha respondido a las crisis mediante reformas selectivas. Esta vez, para recuperar la legitimidad y prevenir que la revuelta digital se traduzca en un levantamiento civil, probablemente tendrá que destituir al primer ministro, lo que si no se gestiona adecuadamente, puede generar inestabilidad temporal o disputas de poder dentro de las élites políticas.

En un supuesto caso extremo en el que la monarquía o el rey Mohamed VI cayeran, Marruecos enfrentaría una crisis políticas severa: la caída del pilar central de legitimidad del país generaría un vacío de poder, con riesgo de enfrentamientos entre partidos, élites económicas y fuerzas de seguridad; las protestas juveniles podrían intensificarse y extenderse, mientras actores externos e internacionales vigilarán de cerca la transición o intervendrán directa e indirectamente. Por ello, el país tendría que definir rápidamente un nuevo marco constitucional y de gobernanza para garantizar la estabilidad, derechos y continuidad económica, lo que podría durar meses o incluso años y conllevar un alto riesgo de conflictos internos, guerras civiles o fragmentaciones y desigualdades mayores.

Asimismo, la caída del monarca podría ser utilizada para revivir las tensiones entre el Frente Polisario y el país, quienes podrían apoyarse en Argelia, históricamente partidaria de la independencia saharaui, pudiendo incrementar su influencia o apoyo logístico, elevando el riesgo de una confrontación directa, una nueva “Marcha Verde Inversa” o una intervención. De igual forma, potencias extranjeras, actores internos y movimientos sociopolíticos secesionistas podrían resurgir ante la falta de un nexo de unión: territorios como el Rif podrían movilizarse en favor de la independencia, la cual podría ser apoyada por países con tensiones con la actual Marruecos, como Rusia, Argelia o la mayor parte de la Liga Árabe, debido al posicionamiento del país, favorable a Occidente –sobre todo a EEUU, Francia e Israel–, la cuestión Palestina y su constante opresión sobre el Sáhara y conflictos vecinales, entre muchos otros.

¿Cómo puede afectar a España la situación?

Las revueltas en Marruecos pueden tener repercusiones en nuestro país, tanto a nivel social como político o económico. España comparte vínculos comerciales y migratorios muy profundos con el país: más de 900,000 marroquíes residen en territorio español, muchos manteniendo lazos comerciales y familiares con su país de origen. Por ello, la escalada de violencia y la inestabilidad podrían generar un aumento de migración irregular hacia España, especialmente a través de Ceuta, Melilla, las costas andaluzas y las Islas Canarias, añadiendo presión a los ya sobreexplotados sistemas de acogida y seguridad.

Además, la tensión podría afectar a acuerdos bilaterales en comercio, pesca y seguridad fronteriza, así como en cooperación antiterrorista. Las protestas también pueden influir en la percepción pública española sobre el país, condicionando políticas migratorias y generando debates políticos y privados internos sobre los lazos económicos, el turismo, inversiones o políticas hacia Marruecos. En consecuencia, Madrid tendría que equilibrar la “solidaridad” que ha caracterizado al actual gobierno con la gestión de riesgos geopolíticos, una presión migratoria cada vez mayor –con sus desafíos implicados– y de seguridad en nuestras fronteras, junto al impacto económico para ambos lados del Mediterráneo Occidental.

¿Quién podría estar interesado en una desestabilización de Marruecos?

Diversos actores –estatales y no estatales– podrían tener interés, tanto directo como oportunista, en la desestabilización de Marruecos, sea por motivos y capacidades varios. Entre ellos, encontraríamos:

1. Argelia: ha respaldado históricamente al Frente Polisario y se ha beneficiado del debilitamiento de Rabat frente al Sáhara Occidental. Esto reconfiguraría la disputa regional y daría margen de maniobra a Argel, más allá de las rivalidades históricas por posicionarse como socio preferente de la región occidental del norte de África, así como las tradicionales rivalidades internas derivadas del apoyo estadounidense, israelí y europeo a Rabat y el ruso a Argel. 

2. Sáhara Occidental: el pueblo saharaui busca su merecida autodeterminación; cualquier vaciamiento del Estado marroquí o pérdida de poder y control en el sur sería una oportunidad para relanzar su agenda, diplomática, y probablemente militarmente, abriéndose un posible conflicto en la región –lo que añadiría más presión a las rutas migratorias del África Occidental y del Norte–.

3. Actores rusos y proxys privados: Moscú ha mostrado un cierto interés creciente en hipertrofiar su influencia en el Sahel y el Norte de África mediante empresas privadas de seguridad –como Wagner o los Afrika Korps–; la inestabilidad en Marruecos abriría espacios para extender sus capacidades de influencia, especialmente ante el flanco sur de la OTAN –España, Portugal, Francia e Italia– y erosionar la influencia occidental –estadounidense–, así como para controlar uno de los lados del Estrecho de Gibraltar.

4. Grupos extremistas: organizaciones como AQIM y redes del Sahel podrían aprovechar el colapso institucional para ganar refugio, rutas de contrabando o reclutamiento. La desestabilización facilitaría el tráfico de armas, drogas y la expansión de zonas “sin ley” en la región.

5. Redes criminales y traficantes de migración: la inestabilidad suele disparar el negocio de las mafias que trafican con migrantes; el caos reduce los controles y aumenta los beneficios, que además podrían usar la situación como arma de presión hacia Europa, de forma más potente a como lo han estado haciendo durante los últimos tiempos.

6. Actores oportunistas: países que busquen menguar la influencia occidental en África, como China, Burkina Faso, Mali o Níger podrían beneficiarse indirectamente, ofreciendo apoyos militares, diplomáticos o logísticos. De igual forma, países occidentales que busquen la estabilidad o la caída del territorio en manos opositoras podrían pretender lo contrario, esencialmente por parte de Francia, EEUU, España –especialmente los grupos de la actual oposición– y la UE –con un posible apoyo también de Israel–. 

7. Sectores internos descontentos: grupos con demandas regionales de autonomía, mejor reparto de recursos o mayores inversiones podrían intensificar sus reivindicaciones o aspiraciones secesionistas si el poder se debilita; sus intereses domésticos tendrían un gran impacto estratégico, el cual, no sería ajeno a las potencias extranjeras.