Mundial 2026: migración, fronteras y los límites políticos de la cooperación entre Estados Unidos, México y Canadá

La candidatura conjunta de Estados Unidos, México y Canadá fue presentada como algo más que una candidatura deportiva. En este sentido, se pretendía proyectar una imagen de cooperación regional, de capacidad de organizar un gran evento entre diferentes países y de apertura internacional de tres Estados con realidades políticas y problemas internos bastante distintos. Sobre el papel, el proyecto simbolizaba una plataforma de encuentro entre sociedades diferentes, economías interdependientes e incluso de sistemas políticos formalmente aliados. No obstante, la práctica está alejándose de lo previsto, pues lo que debía funcionar como escaparate está sirviendo para destapar ciertas incomodidades: concretamente la de una región políticamente fragmentada, atravesada por fronteras, tensiones internas y prioridades nacionales que se alejan del mismo horizonte.

La cuestión migratoria aparece como el síntoma más visible de esa fractura. Un torneo que necesita movilidad, circulación internacional y confianza institucional se desarrollará en un contexto donde el cruce de fronteras, la concesión de visados o la entrada al territorio se han convertido en temas prioritarios y politizados, que embarran la visión de unidad que el deporte pretende difundir.

Por eso, una buena lectura inicial del Mundial de 2026 es precisamente analizar de qué manera pueden estudiarse las relaciones y las diferencias entre Estados cuando organizan un evento. Si bien es cierto que en un torneo de este calibre se evalúa la capacidad organizativa de los anfitriones -de la que no se duda, ya que el Mundial será organizado por segunda y tercera vez en Estados Unidos y México respectivamente-, también habrá que observar qué contradicciones salen a flote cuando un proyecto global se apoya sobre realidades muy diferentes. La FIFA debe presentar el torneo bajo los valores de la deportividad, la diversidad y el respeto no solo sobre el papel, sino también sobre la forma de gestionar candidaturas multipaís. Por eso, más que confirmar una supuesta unidad norteamericana, el Mundial puede terminar mostrando los límites prácticos de esa unidad.

La promesa original de 2018: el Mundial de Norteamérica

Para comprender el trasfondo político de la gestión del torneo, es necesario regresar a su punto de origen: el momento en que Estados Unidos, México y Canadá se impusieron como candidatura conjunta en junio de 2018. En aquel momento, el Congreso de la FIFA eligió la candidatura multipaís por delante de Marruecos en una votación en la que no sólo se tenía en cuenta dónde se jugaría el torneo, sino también qué se quería proyectar con él. Además, cabe destacar que esta será la primera edición de un mundial con 48 selecciones, lo cual obligaba a exigir mucho más a quien acogiera el torneo.

Precisamente, por ello la candidatura norteamericana era una opción cómoda. No porque estuviera exenta de problemas -ninguna candidatura así existe-, sino porque podía ofrecer algo importantísimo en el mundo actual, sobre todo para este tipo de eventos globales: infraestructura, mercado, economía y previsibilidad. Estados Unidos, México y Canadá se mostraban como opciones sólidas, tranquilas y estables, pues presentaban estadios existentes, experiencia, grandes ciudades conectadas, aeropuertos internacionales, tasas de turismo elevadas y una capacidad comercial frente a la cual Marruecos por ejemplo no podía competir. Frente a una Copa del Mundo ampliada, con más selecciones, partidos, aficionados, turistas, delegaciones y medios, la lógica de la candidatura multipaís cobraba fuerza, pues si el torneo crecía, la capacidad de sostenerlo también debía hacerlo. 

Tampoco era una novedad en sí la idea de una candidatura conjunta, ya en 2002 Corea del Sur y Japón albergaron el torneo con resultados positivos. El objetivo de la candidatura multipaís no es otro que repartir cargas, ampliar mercados y dar al torneo también una visión continental, en la cual la imagen de la CONCACAF saliera beneficiada. Ahí se encontraba el valor añadido de United 2026, en tanto que traía perfiles diferentes pero complementarios e integrados bajo una misma dirección. Todos tenían algo distinto que aportar para que fuera una candidatura lo más completa posible, y que además entraba de forma bastante holgada en los requisitos propuestos por la FIFA para ser sede. 

Es necesario detenerse en el hecho de que el organismo no valoraba únicamente el peso simbólico de las sedes, sino una serie de condiciones muy específicas: cumplimiento de los requisitos de candidatura, riesgos generales del proyecto y evaluación técnica. Esta última incluía aspectos como estadios, instalaciones para equipos y árbitros, alojamiento, transporte, telecomunicaciones, costes de organización, ingresos por entradas, hospitalidad, medios de comunicación y marketing. La FIFA busca, en el fondo, una especie de seguro de vida organizativo en el que un país con experiencia pueda sostener un Mundial con más países. 

El problema en este caso es que la fotografía prevista, como ocurre en muchas ocasiones en eventos de gran calibre, era más ordenada sobre el papel que en la práctica. Esa misma lógica explica las tensiones actuales. Como es más que evidente, organizar un mundial no consiste únicamente en asignar partidos, sedes y que comience el pitido inicial; implica coordinar fronteras, visados, seguridad, movilidad, gasto público, prioridades, problemas o contextos sociales que no siempre responden igual. Por ello, la gran promesa de 2018 ahora se empieza a tornar en un reto para la región.

Problemas comunes, tensiones diferentes

A partir de ahí, el Mundial de 2026 comienza a mostrar una brecha que no se había planificado en su momento: la candidatura conjunta no elimina los problemas internos y comunes de los Estados, los coloca en el mismo foco, los amplifica y los retransmite de forma mundial. El Mundial resulta especialmente relevante este año por ese mismo motivo: el torneo es uno, pero los problemas que lo rodean no responden a una única lógica.

El primer problema común es la seguridad. En cualquier Mundial existe una preocupación evidente por proteger estadios, aeropuertos, hoteles, delegaciones, zonas de aficionados o desplazamientos. Sin embargo, en 2026 esta cuestión adquiere una dimensión mayor por la escala del torneo, por la cantidad de sedes y por la dispersión territorial, además de por las dinámicas globales, que incluso en torneos deportivos o culturales se hacen notar. Deben coordinarse operativos en tres Estados diferentes, con autoridades nacionales, regionales y locales que no funcionan de la misma manera y que incluso no tienen las mismas competencias. La seguridad deja así de ser un asunto técnico para convertirse en un problema político: quién coordina, quién paga, quién decide, qué margen se da a la protesta y hasta qué punto el orden público puede condicionar la imagen del torneo.

En Estados Unidos, este tema aparece de una forma más extensa que en el resto de sedes. Al acoger la mayor parte de los partidos y albergar la mayor parte de sedes, es el país que asume también el mayor peso logístico y securitario. Hace semanas, Reuters informó de que las autoridades estadounidenses habían advertido de riesgos vinculados a amenazas extremistas, posibles ataques contra infraestructuras de transporte y disturbios asociados al clima político interno, al mismo tiempo que se habían producido retrasos en la entrega de 625 millones de dólares en fondos federales de seguridad para las ciudades sede. De hecho, incluso el país anfitrión con mayor capacidad económica y organizativa también queda expuesto ante tensiones institucionales, en las que se observa que el país arrastra también una política interior compleja marcada por la polarización, el control migratorio y la dificultad de coordinar agencias federales, estatales y locales en un mismo dispositivo.

México presenta un problema diferente. Allí el Mundial no solo se interpreta como una celebración futbolística o como la tercera vez que organizan un Mundial tras 1970 y 1986. También funciona como un escaparate ante el que distintos colectivos han decidido colocar sus demandas. El caso de la CNTE es el más importante. El País informó de que la reunión entre el Gobierno mexicano y la coordinadora sindical, convocada para intentar evitar protestas durante la inauguración, terminó sin un acuerdo claro tras ocho horas de negociación. La cuestión no era realmente nada relacionado con el torneo, pues tenía relación con una mejora en las pensiones, en las condiciones laborales y en protesta al incumplimiento de promesas políticas, pero que el país estuviera envuelto en la organización de algo tan grande provocaba que esto fuera en sí un altavoz internacional que antes no tenía para defender su causa. Reuters también señaló que, durante la apertura en Ciudad de México, familias de desaparecidos, activistas y otros grupos utilizaron la atención mundial para hacer visibles problemas internos que llevan años atravesando al país. 

Canadá, por su parte, muestra una tercera dimensión del problema. En este caso, la controversia no se concentra tanto en la protesta social o en el control del orden público, sino en la legitimidad del gasto. Según la Oficina Parlamentaria de Presupuesto, el apoyo gubernamental total para los partidos del Mundial en Canadá se estima en 1.066 millones de dólares canadienses, de los cuales 473 millones procederían del Gobierno federal. Además, el propio informe calcula un coste aproximado de 82 millones por partido, ya que Canadá acogerá trece encuentros entre Vancouver y Toronto. Estos datos han alimentado una discusión bastante lógica: hasta qué punto merece la pena financiar con dinero público un evento del que FIFA obtiene la mayoría de los beneficios comerciales -aunque esto queda claro desde el momento en el que se acuerda el anfitrión-. 

Aun así, este último problema no es exclusivamente canadiense. La legitimidad presupuestaria es uno de los problemas más comunes de este torneo. La FIFA construye el torneo en torno a una lógica de enorme rentabilidad, pero buena parte de los costes prácticos acaban recayendo en administraciones públicas que luego no acaban recibiendo ingresos similares por tales inversiones. A esto se le suma otra cuestión común: el acceso ciudadano al torneo. Los altos precios de las entradas han convertido el Mundial en un evento difícilmente accesible, lo cual ha desembocado en investigaciones como las realizadas por las Fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey sobre prácticas de venta de FIFA.

Conviene añadir además que las relaciones actuales entre los tres países no atraviesan precisamente su mejor momento. La candidatura nació bajo una imagen de cooperación, pero el Mundial llega en un contexto marcado por tensiones comerciales, la revisión del T-MEC, disputas arancelarias, políticas migratorias bastante diferentes de Canadá y México respecto a Estados Unidos y una relación cada vez más bilateralizada entre socios que, en teoría, comparten un mismo marco regional. El Mundial, a pesar de funcionar como una fotografía de unidad, no deja de involucrar tampoco las tensiones que se van viviendo de forma simultánea a la celebración del torneo.

Migración y fronteras: la brecha principal del torneo

Si algo necesita un mundial es movilidad en todos los sentidos. Futbolistas, aficionados, periodistas, árbitros, cuerpos técnicos, trabajadores, creadores de contenido, patrocinadores y delegaciones federativas deben moverse bajo las mismas condiciones en todos los territorios en los que se organice el evento para poder trabajar correctamente. A efectos prácticos, un torneo así solo puede funcionar si los Estados que lo acogen permiten una cierta fluidez de entrada, tránsito y permanencia. Pero se organiza en un lugar que convierte la entrada y permanencia en el país en objeto de disputa política. El problema no son las candidaturas multipaís: Corea del Sur y Japón son dos Estados con fronteras, políticas e intereses diferenciados y no ocurrieron altercados en 2002 relativos al tema.

Por otro lado, cabe destacar que no existe una “visa FIFA” que coloque automáticamente a jugadores, árbitros, periodistas y cuerpo técnico por encima de las normas de cada Estado. Existen visados para deportistas, trabajadores, periodistas y otros perfiles muy concretos, pero en ningún caso significan un salvoconducto mundialista capaz de suspender la decisión de un Estado de acogerlo o no. De igual forma, una entrada puede permitir acceder al aficionado al estadio pero no al país. Ante esto, es cierto que Estados Unidos ha impulsado el sistema FIFA PASS para agilizar citas consulares de aficionados con entradas oficiales, pero el procedimiento sigue siendo igualmente tedioso. FIFA organiza el calendario, las fechas, las sedes e incluso en cierto punto la publicidad del torneo, pero la frontera sigue dependiendo del Estado.

En este punto, es necesario destacar la actuación de Estados Unidos en la materia, apareciendo como el anfitrión más políticamente sensible y a la vez más estricto. Canadá mantiene también sus propios requisitos de entrada, y México no deja de tener los suyos, pero la gran presión migratoria se concentra en Washington, tanto por el número de partidos como por el contexto interno del país. Al mismo tiempo que sucede el Mundial, la Administración Trump ha endurecido su agenda migratoria hasta convertirla en uno de los pilares de su política interior, con una nueva financiación de 70.000 millones de dólares para ICE y la Patrulla Fronteriza, que se suma a una cifra total de 240.000 millones destinados a su campaña de deportaciones, por lo que la práctica política en el Mundial se preveía igualmente implacable. 

El caso de Irán es el que muestra mejor estas tensiones. Su selección, finalmente, se ha acabado instalando en Tijuana aunque sus partidos son en Estados Unidos. Esto viene debido a problemas con visados y, sobre todo, el contexto de tensión diplomática en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos e Irán. Precisamente, por eso mismo han intentado que sean los menos posibles los que viajen a los partidos que deban jugar en territorio estadounidense. Algunos miembros administrativos y federativos quedaron fuera. Incluso se llegó a hablar de que el equipo tendría que cruzar y regresar el mismo día de los partidos, aunque después las autoridades estadounidenses matizaron que podrían entrar el día anterior. 

Además, no solo acabaron en México por cercanía, sino porque específicamente Irán mantiene sus relaciones diplomáticas suspendidas desde 2012 con Canadá, con Ottawa manteniendo una línea muy dura contra el régimen iraní mediante sanciones y acusaciones vinculadas a la seguridad internacional, derechos humanos y apoyo a actores considerados terroristas. Por eso, la base en Tijuana recobra una importancia doble en este contexto. Irán no llega únicamente como selección nacional, sino como representación de un Estado atravesado por tensiones diplomáticas, rechazo de parte de su diáspora y acusaciones de instrumentalización del deporte.

Otro caso polémico fue el del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, considerado uno de los mejores del continente africano. Sería el primer colegiado somalí en participar en la Copa del Mundo, pero fue rechazado al intentar entrar en Estados Unidos, pese a contar con todos los visados en regla y un pasaporte diplomático en vigor. Al pertenecer Somalia a la lista de países con prohibición de entrada a Estados Unidos, las autoridades alegaron problemas con la verificación de antecedentes para no dejarle entrar. La FIFA intentó mediar, pero terminó reconociendo sus límites: no decide sobre inmigración ni sobre seguridad nacional. Después, UEFA y CAF lo designaron para arbitrar la Supercopa de Europa, un gesto que funcionó casi como una reparación simbólica, pero el daño para el árbitro, para la imagen del torneo y para la propia credibilidad de la organización ya estaba hecho.

A esto se suman otros como el del delantero iraquí Aymen Hussein, que fue retenido durante horas en el aeropuerto de Chicago, mientras que un fotógrafo de su selección acabó siendo rechazado, o el del presidente de la Federación Palestina, Jibril Rajoub, quien también denunció que no recibió visado estadounidense para asistir al torneo pese a estar en México durante la inauguración. Incluso los nuevos actores del fútbol global -influencers- han quedado atrapados en esta lógica, en el momento en que Estados Unidos ha advertido a los creadores de contenido extranjeros que no pueden entrar con visa de turista y producir contenido remunerado durante el Mundial, porque eso sería considerado trabajo.

Además, todas estas circunstancias no dejan de formar parte de un debate interno en Estados Unidos, donde el ICE se ha convertido en una de las grandes fracturas sociales. Las denuncias por fallecimientos bajo custodia, las críticas a las condiciones en centros de detención, retiradas de ciudadanía a migrantes naturalizados y la falta de supervisión sobre los fondos migratorios no han cesado, ni tan siquiera con el inicio del torneo. Además, Estados como California han denunciado a la Administración Trump por estos hechos recientemente, sobre todo para evitar la construcción y apertura de otro centro sin la preceptiva supervisión. Muchas comunidades incluso ya miran al torneo con cierto recelo y vigilancia debido al endurecimiento progresivo de estas políticas. 

Al final de todo, la migración es la que mejor resume la contradicción política del Mundial de 2026, vendido como una fiesta global, abierta y diversa, pero en la que los Estados actúan desde la soberanía, la seguridad y el control propio sobre quién entra y bajo qué condiciones. El Mundial es cierto que exige una cierta movilidad común, pero no han logrado hacer una política coordinada, aunque no exista frontera común. No obstante, no se ha verificado ninguna acusación cruzada entre los diferentes países sobre la gestión migratoria del torneo, ya que el debate está en la calle y en los particulares, no en los despachos. De hecho, Marco Rubio y Roberto Velasco han reforzado la cooperación en esta misma materia de forma simultánea a la celebración del evento. Eso sí, la candidatura podrá ser conjunta, pero el relato de unidad norteamericana sigue deteriorándose debido a estas grandes diferencias de gestión.

Aquí queda totalmente expuesto el talón de Aquiles de la FIFA. Durante años, el organismo ha construido una imagen de poder prácticamente global, capaz de convertir un torneo deportivo en una operación económica de alcance mundial. Sin embargo, 2026 plantea el aprendizaje del límite de la organización: funciona mientras no choque con la soberanía estatal, ante la cual no es autoridad alguna. El tema migratorio lo muestra perfectamente, pues la FIFA deja aquí de comportarse como una autoridad o un canal de comunicación, para pasar a depender exclusivamente de la voluntad, la gestión y la imagen de los organizadores, siendo totalmente fluctuante ante la política estatal -esto se comienza a dar en otros mundiales como Qatar 2022 o Rusia 2018 de manera más sutil, aunque sin tener que ver con el tema migratorio-. Su discurso puede ser universalista, pero su margen de actuación no lo es. Por eso este Mundial está siendo tan incómodo en ciertos aspectos: el mundo sigue partido por fronteras que se doblan hacia los intereses de quien las gestiona.